| Por Patricia Redondo | La presencia insuficiente del Estado contribuye a la cristalización de circuitos educativos excluyentes para la primera infancia. El reciente anuncio del gobierno respecto de la obligatoriedad de tres años esconde una realidad distinta, en la que la obligatoriedad de cuatro –sancionada en 2015– aún está lejos de cumplirse, y en la que las medidas económicas regresivas dificultan todavía más el acceso de los sectores populares a la educación temprana.
| Por Ana Malajovich | Bajo el actual gobierno, asistimos a un retroceso de las políticas orientadas a democratizar el acceso a la educación como derecho. En este contexto, se corre el riesgo de que las posibilidades para los sectores más vulnerables queden limitadas a la asistencia, descuidando la función pedagógica y la formación integral de los chicos.
| Por Roxana Perazza | Si bien en 2006 se sancionó la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los avances en la implementación de lo establecido por esta norma son más lentos de lo esperado. En los dos últimos años, se observan iniciativas que naturalizan y reproducen la idea de una educación diferenciada, agudizando los procesos de segmentación social.
| Por Nancy Mateos | La oportunidad de desarrollo y educación de los chicos es indisociable de sus condiciones de vida y las de los adultos que están a su cargo. Desde las políticas públicas es posible impulsar el potencial socioeducativo de las comunidades y reforzar el poder cultural de los sectores tradicionalmente excluidos, generando así un mejor entorno pedagógico.
| Por Clarisa Label | Las propuestas educativas de base comunitaria surgieron desde fines de los ’80 como una respuesta generada por los ciudadanos ante la ausencia del Estado. Lejos de pensarlas como un simple lugar de asistencia, es necesario reivindicarlas como instancias de creación de trayectorias didácticas novedosas.
| Por Marina Inés Visintín | El nivel inicial, tal como lo conocemos hoy, es resultado de un devenir histórico, desde las concepciones tradicionales de la infancia como objeto de tutela hasta las actuales, que la consideran como sujeto de derecho. Así y todo, la realidad argentina muestra una insuficiente respuesta estatal al derecho consagrado de recibir educación desde el nacimiento.
| Por Rosana Ponce | Desde sus comienzos, nuestras instituciones para la primera infancia responden a una lógica que escinde entre “niños” a ser educados y “menores” a ser asistidos. En los últimos años hubo avances cuantitativos y cualitativos –por caso, la ley 26.206 de 2006–, pero se requiere un mayor desarrollo de políticas educativas para revertir la larga historia de desigualdad en el acceso a este nivel.
| Por Verónica Kaufmann y Claudia Loyola | Frente a una realidad que reproduce y profundiza las desigualdades, agravada en un contexto de restauración de políticas neoliberales, la responsabilidad de los adultos es innegable. Este número constituye una parte de nuestra apuesta ética y política por la educación de la primera infancia, entendida como derecho desde la cuna. Desde distintas perspectivas, las autoras proponen reflexiones, avances e interrogantes acerca de aspectos centrales de la cuestión.
| Por Abraham Leonardo Gak |
| Por Sebastián Torres | En tiempos en que se tiende a pensar a la educación superior bajo criterios de eficiencia y al conocimiento como un capital sujeto a intereses económicos privados y a las lógicas del mercado internacional, es necesario retomar la idea de universidad como propuesta educativa, científica, política, social y cultural, inserta en un contexto nacional y latinoamericano.