| Por Nancy Mateos |

Introducción

En este artículo argumentamos que las políticas que se proponen la atención de la infancia a través de acciones orientadas al fortalecimiento de las familias ofrecen interesantes oportunidades para promover procesos socioeducativos que amplíen oportunidades vitales e incidan al mismo tiempo en el desarrollo de los niños y en el de su contexto. La perspectiva se centra en el campo de la acción de los adultos en relación con las familias de los niños: representaciones y prácticas, discursos y decisiones que, por alguna razón, están directa o indirectamente relacionados con la atención infantil.

Cuando se consultan los resultados de experiencias de países tan diversos como Francia, México, Guatemala, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Cuba, Alemania, España, por nombrar solo algunos, se percibe que varios proyectos han alcanzado escala de programas de gran cobertura, como, por ejemplo, Head Start en EE.UU., o alcance nacional como Educo en El Salvador y Educa a tu Hijo en Cuba. La intencionalidad de esos programas en todos los casos se orienta a propiciar procesos de inclusión a través del fortalecimiento de las familias para la crianza y la educación de sus hijos. La Argentina ha llevado adelante algunas experiencias similares de variado alcance, grado de reconocimiento y resultados. Dada la extensión del artículo, haremos referencia al enfoque y puesta en marcha de uno de ellos, con el propósito de mostrar características y potencialidades de la estrategia.

1. El contenido de las propuestas: la normativa actual sobre la infancia

Es ampliamente reconocida la relación entre las posibilidades de desarrollo y educación infantil, por un lado, y las condiciones de vida de madres y padres, por otro. La situación de la primera infancia es una buena medida de los niveles de igualitarismo de una sociedad.

Las investigaciones, en general, muestran que las familias con mayores limitaciones cotidianas intentan variadas acciones para concretar positivamente el sostén (afectivo y económico) y la educación de sus hijos, pero sus estrategias suelen ser fallidas, con resultados que refuerzan su sentimiento de incapacidad e impotencia ante las dificultades cotidianas.

Resulta muy difícil criar y educar a un niño en condiciones de incertidumbre. Los padres necesitan predictibilidad y seguridad para llevar adelante esta tarea. Los problemas de autoestima ligados a la precariedad en la calidad de vida de los hogares generan en los niños condiciones poco propicias para su desarrollo y adecuada integración en los espacios sociales y políticos. Garantizar el acceso al hogar, a un trabajo e ingresos dignos para la subsistencia; a una salud y educación de calidad desde el nacimiento, no solo se traduce en una contribución eficaz al desarrollo humano, sino que colabora con los procesos de integración social.

Las afirmaciones anteriores comportan una serie de contenidos que cualquier política destinada a la atención de la infancia debería considerar. La normativa vigente en nuestro país lo reconoce, a través de la Convención de los Derechos del Niño, que integra la Constitución nacional desde 1994 y de sus criterios, que se concretan en la ley 26.061/05 (“Sistema de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia”). Estas leyes definen que el Estado debe desarrollar políticas públicas que garanticen su protección a través de los principios de universalidad, integralidad y no discriminación de los derechos humanos y, además, que es responsable de crear condiciones para la participación de la sociedad civil y de los niños y adolescentes en las mismas. Todas las instituciones son corresponsables por el cumplimiento de los derechos. De este modo, la norma designa al Estado, a las instituciones públicas y privadas locales, y a los miembros de la comunidad en su conjunto como responsables por la garantía de los derechos.

En el año 2005 –en el contexto en el que en la legislación de nuestro país se concretaba el pasaje del paradigma de la “situación irregular” al de la “protección integral”– se inició el Programa de Desarrollo Infantil “Primeros Años”. Subyacía la decisión política de concretar, en su diseño y en su modalidad de implementación, los criterios de la legislación antes mencionada, a través del fortalecimiento y el incremento del capital sociocultural de las familias con niños pequeños. Creado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a partir de un convenio entre los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud de la Nación (en 2009 se sumaron los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Justicia y Derechos Humanos), refrendado por sus pares en las jurisdicciones, asumía el compromiso de integrar recursos nacionales y aportar profesionales para su definición e implementación. Asimismo, apuntaba a favorecer la articulación de los recursos existentes de todo tipo (humano, comunitario, institucional) de los niveles nacional, provincial y local en la búsqueda de generar entornos protectores con marco en los derechos.

El programa estaba destinado a las familias, las instituciones, la comunidad y los niños y niñas de 0 a 4 años de las 24 jurisdicciones del país. El desafío era hacer visibles a los niños en tanto sujetos de derechos y avanzar hacia la atención integral de la infancia en edades tempranas.

La normativa nacional se constituyó en el contenido que orientó el debate político, conceptual y metodológico para su desarrollo. Sustentaba la toma de decisiones para la asignación de recursos, la planificación, la intervención, la selección y formación de equipos y la evaluación del programa. El contenido del articulado colaboraba en establecer los criterios para “medir” el tipo y la calidad, la ausencia o presencia de los distintos factores que hacen a la existencia de las condiciones que necesitan los padres para la atención de sus hijos. En otras palabras, el articulado brindaba los contenidos y orientaba la metodología para “construir” entornos protectores en los distintos contextos y espacios institucionales, sociales y políticos en los que los niños estuvieran presentes o que, por alguna razón, incidieran en su desarrollo: la casa, la calle, la escuela, el barrio, el hospital, los espacios de gestión y toma de decisiones de las políticas, los medios de comunicación, para citar solo algunos de ellos.

Dado el cambio de paradigma jurídico antes mencionado, la primera etapa se orientó a abordar prácticas y representaciones acerca de las condiciones para propiciar el desarrollo infantil en todos sus actores y en los diferentes niveles de gestión del Estado, en las instituciones y organizaciones, en las comunidades y en las familias. Las reflexiones que aquí se desarrollan se vinculan con la experiencia de implementación referida a dicho período.

2. El desafío de concretar los contenidos de la normativa en las actividades

¿Qué actividades son las más apropiadas para llegar a las familias? ¿Cuáles son las más “convocantes”? ¿Cuáles facilitan “hacer foco” en los niños, su atención y sus derechos?

Las actividades que propician procesos personales, interpersonales y comunitarios y que se conjugan con la progresiva generación de condiciones adecuadas para la atención infantil ofrecen un contexto apropiado para fortalecer el potencial socioeducativo de las comunidades, transfiriendo poder cultural hacia sectores tradicionalmente excluidos.

Propuestas accesibles y cercanas que reconozcan la complejidad de las vidas cotidianas de las familias y las inviten a participar en instancias con significación para ellas. Espacios que las hagan sentirse bienvenidas y les permitan conocer otras familias, ideas diversas, acordar, discrepar, proponer y elegir entre opciones. Que les permitan expresarse y explicitar las propias razones en condiciones donde cada cual pueda ser escuchado y reconocido. Que brinden oportunidades para imaginar, proyectar y construir alternativas para mejorar las condiciones para la atención infantil en sus comunidades.

En esos intercambios aparecen las cuestiones vinculadas con la crianza: qué hacer ante un llanto prolongando que no cesa o si un bebé no duerme durante la noche; cómo anticipar señales de alarma, identificar riesgos de accidentes en los espacios donde se vive; qué hacer si no quiere comer y sigue con bajo peso; qué hacer si el niño no “hace caso” que no se trate de castigos físicos, verbales o emocionales, entre otras. Asimismo, temas como la inmigración reciente, con las consecuencias del desarraigo y la discriminación; la crianza como “asunto” de las mujeres; las adicciones; la violencia familiar; el maltrato infantil; el desempleo y las dificultades en el acceso a las necesidades básicas; el embarazo precoz; la enfermedad, entre muchos otros que aparecerán y demandarán ampliar las líneas de intervención.

Las visitas a los hogares pueden ser una instancia inicial de contacto. Concretada una base de confianza inicial, las “mateadas” en espacios públicos, o en alguna casa, pueden propiciar los primeros acercamientos e intercambios grupales. Más adelante, actividades más ambiciosas como construir una plaza donde no la hay, arbolarla e incluir espacios de juego para los más chiquitos; reacondicionar un espacio comunitario con propuestas culturales y de juego; pintar un mural en una pared abandonada con los chicos; organizar espacios de expresión y bibliotecas en centros de salud, de jubilados. Proyecciones de películas en escuelas, clubes, sociedades de fomento. Festejos en espacios al aire libre. Y la lista puede extenderse.

Hacer “codo a codo” con otros genera lazos que fortalecen la trama social, condición necesaria para la crianza. La búsqueda de la resolución de problemáticas desde la perspectiva de los niños en tanto sujetos de derechos avanza hacia entornos más adecuados para su desarrollo, aspecto que también involucra las condiciones de vida de los adultos. Se producen, además, cambios favorables en la percepción del valor de sí mismos y de las propias comunidades en los adultos. Son todos aspectos que tienen incidencia altamente positiva en la constitución de la subjetividad infantil.

Es obvio que las acciones detalladas previamente tienen como consecuencia la identificación de vacancias en las políticas públicas y de actores institucionales y políticos a los que demandar y sumar en los procesos. Al mismo tiempo, las familias amplían su red de relaciones, incrementan saberes variados, capacidad para planificar, concretar proyectos, para gestionar, demandar a las autoridades y para hacer efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos, favoreciendo la atención de los niños.

3. El desafío de construir la integralidad en las políticas

La integralidad en la intervención permite garantizar la simultaneidad e indivisibilidad de los derechos de la infancia. El nivel local, el territorio, aparece como el más apropiado para llevar adelante el desafío. Allí están las familias y los niños en la singularidad de sus vidas, que deben ser escuchados. Sin embargo, la lógica de las propuestas no puede quedar restringida a las posibilidades del nivel local. Abordar las significativas inequidades en la condición federal de nuestro país va de la mano de concretar política y operativamente formatos para la coordinación horizontal y vertical; para la toma de decisiones y la asignación de recursos; transversalizar los temas y las condiciones para su resolución a través de los distintos niveles de gestión (local, provincial y nacional) y de las lógicas sectoriales (educación, salud, desarrollo social, justicia, planeamiento urbano, etc.); generar instancias para viabilizar la intencionalidad de las acciones en muy diversos planos y propiciar la participación activa de todos los implicados para la concreción de los objetivos.

En el caso de Primeros Años, se avanzó en institucionalizar en los niveles nacional, provincial y local espacios de toma de decisiones intersectoriales, a partir de existentes o creando nuevos si no los había, para la implementación del programa. Dichos espacios (mesas interministeriales) estaban conformados por referentes con decisión política y saber sobre la temática, con la perspectiva de cada ministerio, que se ocupaban del diseño e implementación del programa en su nivel de gestión y en permanente diálogo con los otros niveles. La Mesa Interministerial Nacional se orientaba a lograr un proceso de integración operativa para la definición de las problemáticas a abordar y las estrategias a desarrollar para concretar los objetivos. El énfasis central estaba puesto en el establecimiento de los acuerdos para que las acciones avanzaran hacia el “abordaje integral” de las problemáticas. Por un lado, se trataba de entramar la complejidad de la articulación entre los niveles nacional, provincial y municipal para la asunción de responsabilidades y asignación de recursos. En simultáneo, se trataba de generar consensos acerca de los criterios, contenidos y metodologías de abordaje.

Dicha institucionalidad requería redefinir los problemas. Por un lado, la condición de interministerialidad exigía ir más allá de las lógicas de cada sector. Por otro, la nueva legislación sobre la infancia obligaba a concretar un cambio paradigmático hacia la doctrina de la protección integral, que desafiaba las prácticas y representaciones políticas, normativas, institucionales, profesionales y personales sustentadas en la doctrina de la situación irregular. Se resignificaban los problemas y aparecían así nuevas alternativas de solución en todas las instancias de intervención.

Conformar las mesas locales y garantizar su funcionamiento regular con amplia participación de la sociedad civil y prácticas democráticas en la toma de decisiones fue otro desafío del programa. La selección y formación de profesionales y facilitadores/as colaboró en dicha tarea. Se conformaron equipos interdisciplinarios de profesionales en el nivel nacional y en cada una de las provincias, que fueron capacitados por un equipo central. A través de los mismos, el programa se orientó hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales y de las redes territoriales, la formación de facilitadores y facilitadoras y al acompañamiento a las familias en sus prácticas de crianza de las niñas y los niños.

Los/as facilitadores/as se constituyeron en figuras clave en el desarrollo del programa. Se trataba de personas pertenecientes a instituciones u organizaciones de las comunidades en donde se desarrolló Primeros Años, quienes, a partir del conocimiento de las comunidades e interés en la temática, constituían una instancia de mediación entre las familias y el programa. Eran parte interesada de las comunidades y contribuían a acercar “distancias”: comprender razones, lógicas culturales, expectativas, “traducir” sentidos para facilitar el diálogo e involucramiento de las familias y otros actores locales. Asimismo, eran quienes promovían y motorizaban el desarrollo de los proyectos, a través de su pertenencia a las instituciones y su participación en las mesas locales. Excede la extensión de este artículo dar cuenta de los resultados. Solo comentaremos que, en las comunidades en las que se desarrolló el programa, se concretaron numerosas plazas; espacios de juego y lectura en muy diversas instituciones y organizaciones sociales; miles de talleres que abordaron los temas enumerados en este texto y muchos otros a partir de las demandas locales; propuestas itinerantes; redes diversas de acompañamiento a las familias; positivos cambios en el desarrollo personal y social en todos los participantes; mejoras en la infraestructura básica, entre muchos otros.

A modo de cierre

A partir de la experiencia de Primeros Años, y sin desconocer la complejidad de los desafíos que comporta, sumamos argumentos a favor de la potencialidad de intervenciones como las que se llevaron adelante orientadas a concretar las definiciones del actual marco jurídico.

La subjetividad e identidad de cada niño se construye plenamente en un contexto de relaciones interdependientes en condiciones de corresponsabilidad a partir de los valores sociales, culturales y étnicos que expresan sus familias y comunidad. Es un derecho que los padres puedan contar con los recursos básicos y el acompañamiento necesario para poder cumplir con los cuidados que la ley les exige. Fortalecer a las familias para la atención de la infancia haciendo foco en esos derechos contribuye a avanzar hacia la justicia social a través de la participación ciudadana. Todos los aspectos antes mencionados se conjugan con la progresiva generación de condiciones adecuadas para la atención infantil.