| Por Alejandro Rofman |

Iniciamos esta colaboración aclarando con precisión qué entendemos como “economías regionales”.

En un país como la Argentina, la geografía física es el espacio sobre el cual la sociedad va construyendo, con el correr del tiempo, las estructuras económicas, sociales, políticas y ambientales que define el perfil de cada espacio.

El fenómeno de la ocupación territorial se efectúa, siempre, sobre una realidad física heredada de tiempos anteriores y en su estrategia de asentamiento la población va definiendo la dinámica y el perfil de esa ocupación acorde con los diferentes procesos que concurren a efectivizarla. Así se suceden en el curso de la historia, como capas geológicas, implantaciones sucesivas en donde una modalidad de ocupación va reemplazando a la anterior o se va fundiendo con ella en una suerte de sincretismo económico y social.

Cada región constituye la síntesis del espacio contenedor con el de la sociedad que lo produce y reproduce en función del régimen de acumulación que predomina. Y, por ende, varía el perfil integral de una región con respecto a otra dependiendo de la dotación de recursos naturales, las modalidades de explotación de los mismos, la estructura económico-social que resulta de tal combinación, con leyes reguladoras propias y las modalidades de vinculación de sus principales sujetos sociales con el resto del país y del mundo.

Un mapa, entonces, de las economías regionales argentinas debe dar cuenta de las características destacadas con que cada espacio contribuye a la conformación del territorio nacional. Y su estudio y análisis pormenorizado no puede eludir la estructura social y de poder que en una sociedad capitalista supone desigual capacidad de inserción de cada segmento o fracción de clase y en donde el predominio de unos resulta en una situación subordinada de los otros.

Las desigualdades estructurales propias del capitalismo contemporáneo reproducen en cada región los perfiles esenciales del régimen a escala nacional. Hay regiones con un nivel más acentuado de desarrollo complejo de las fuerzas productivas, con niveles de productividad más elevados y otras, las más rezagadas, exhiben retraso en su nivel de desarrollo relativo debido al bajo potencial de capitalización de las actividades desplegadas por la mayoría de la población con las respectivas consecuencias negativas en su trama social.

Estos conceptos generales nos llevan a intentar presentar, en breve síntesis, cuáles son los aspectos más relevantes del proceso de construcción social de las regiones menos desarrolladas en forma relativa en nuestro país, objeto de este diagnóstico. Estas regiones, constituidas por las provincias del norte y parte del oeste del país, pueden identificarse con los siguientes atributos generales:

1) Son espacios económicos y sociales implantados en territorios que, en su gran mayoría, conservan atributos económicos y sociales, como herencias de las civilizaciones precolombinas y en donde todavía subsisten formas de organización de producción y gestión propias de tales civilizaciones. Esa es una diferencia radical con lo que sucedió y sucede en los espacios geoeconómicos y sociales de la Pampa Húmeda y, en segmentos del Oeste y la Patagonia, que son las zonas más penetradas por el capitalismo moderno. En aquellas áreas del país que integran el gran espacio que hemos denominado genéricamente “economías regionales”, la conquista española encontró una sociedad estructurada con una población importante que ocupaba desde tiempo inmemorial zonas de llanura y montaña, bajo un sistema social organizado en forma comunitaria, sin acumulación individual sino estructurado en base a la propiedad colectiva. La conquista española intentó reemplazar las modalidades históricas de ocupación territorial por las que traían en su bagaje los conquistadores a partir de la figura de la propiedad individual, la apropiación por medios violentos de los bienes colectivos, la expulsión de espacios habitados selectivos y la coacción sistemática.

La aparición del mestizaje fue el resultado de este proceso de ocupación, hoy claramente visible. Sobre este escenario originario se fueron agregando con el tiempo ingresos puntuales de inmigrantes provenientes de países europeos que incorporaron métodos de explotación de los recursos bajo condiciones de un desarrollo capitalista de reproducción ampliada. El crecimiento de las actividades de perfil agroindustrial fue el signo dominante en fines del siglo XIX y el siglo XX pero con limitado desarrollo técnico y bajo valor agregado de las actividades productivas. Estas fueron surgiendo y se afirmaron en el tiempo como procesos exportadores, preferentemente hacia la Pampa Húmeda, de materias primas y alimentos sin elaborar. Exceptuando a Mendoza, las demás provincias de la “periferia” menos desarrollada relativamente fueron expulsoras, en el siglo XX, de importantes excedentes demográficos. Es que frente a un crecimiento vegetativo más elevado que el promedio nacional surgió la imposibilidad de que las actividades productivas ofrecieran ocupación a todos y abonara a los ocupados salarios al menos similares a los de la pujante Pampa Húmeda. Este fenómeno se presentó originariamente hacia fines del siglo XIX y se acentuó durante el siglo posterior. Los problemas estructurales: dificultades de acceso a la tierra de los sectores desposeídos, limitada capacidad para demandar fuerza de trabajo en el sector privado, concentración del capital en pocas manos y niveles de oferta de salud y educación insatisfactorios, ensancharon con el tiempo la brecha de desarrollo capitalista entre la “periferia” y el “centro” (la Pampa Húmeda) con su expansiva actividad agroexportadora y su acentuada expansión industrial, luego de la crisis de los años ’30.

2) El sector público se fue convirtiendo en el espacio de refugio de las nuevas capas de población activa ante la incapacidad de demanda de empleo en las actividades rurales y urbanas existentes y en lenta creación.

Así, se conformó un amplio espacio con niveles relativamente atrasados de desarrollo capitalista, con serias carencias sociales cuyo perfil general no ha tenido cambios sustanciales desde entonces, más allá de avances indudables recientes, a partir del año 2003.

Las deudas existentes al retomarse la democracia

Hay plenas coincidencias entre los analistas y estudiosos de la cuestión regional en la Argentina en que, como resultado de la acumulación de problemas estratégicos que traban un desarrollo más acelerado que pueda ir cerrando la brecha económico-social entre las regiones periféricas del norte y parte del oeste del país con la región central, pueden identificarse los siguientes, cuyo detalle incluimos, considerando solamente los más relevantes:

1. El problema de la tierra como factor de producción. Al momento del retorno de la democracia, en 1983, era evidente la presencia de graves deficiencias estructurales en el acceso a la tierra en las zonas rurales de la periferia más pobre del país, consistente en dificultades de un segmento importante de productores en acceder a títulos de propiedad que la acrediten para su explotación racional, a largo plazo y con perspectivas de inversión transformadora. En un estudio que practicamos a inicios de este siglo en Tucumán y Chaco, los pequeños productores censados denunciaban que un 40% de ellos ocupaban de hecho y no de derecho el predio que explotaban. Tal anómala circunstancia impedía a los productores referidos poner en práctica acciones tendientes a elevar la productividad de la tierra por la inestabilidad manifiesta que detentaban.

2. Baja capacidad de acumulación. La circunstancia de que la producción familiar agrícola es dominante en toda la región periférica citada y los recursos de sus propietarios u ocupantes son limitados impide avanzar a los mismos en definir una estrategia de acumulación, pues se encuentran al límite de ingresos solo para la subsistencia. No hay excedente para estimular un proceso de inversión ni para asumir créditos con tal fin. Las relaciones de poder ubican a estos productores en posición subordinada frente a la presencia dominante de grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, en materia de precios y condiciones de pago. Una remoción de estas relaciones desiguales de poder es condición necesaria para un mejoramiento singular de las condiciones de vida de la población rural de la periferia del sistema regional argentino.

3. Sistemas de comercialización expoliatorios. Este fenómeno es causa central en la incapacidad de la mayoría de los pequeños productores rurales de disponer de ingresos suficientes para un adecuado nivel de vida y excedentes para capitalizarse. Ello sucede dado que los compradores de los productos típicos, como alimentos y materias primas (yerba mate, té, algodón, hortalizas, uva, aceitunas, frutas de pepita, cítricos, caña de azúcar, tubérculos, tabaco, etc.) son intermediarios, exportadores o industriales de gran poder de negociación que imponen condiciones de venta leoninas y precios siempre menores que los que podrían obtener si sus vendedores (la pequeña y mediana producción rural) estuviesen en condiciones de paridad en la puja por los mismos.

4. Escasa diversificación productiva. La limitada capacidad para acumular, las herencias culturales y la falta de apoyo estatal para la reconversión determina la prevalencia del monocultivo entre la mayoría de los productores, en especial los de menor tamaño, predominantes en todo el norte y parte del oeste argentino. Ello acentúa la incapacidad de compensar situaciones críticas en algunos productos con respecto a otros de mejor desempeño e impulsa el poder controlador de las estructuras intermediadoras y de transformación industrial.

5. Tamaño insuficiente en la unidad productiva para alcanzar ingresos que posibiliten capacidad para acumular. La definición de minifundio, que se impuso como visión real del pequeño productor predominante, supone la presencia de predios cuyo tamaño torna irrealizable cualquier experiencia de producción que garantice un ingreso capaz de dar satisfacción a las necesidades básicas del productor y su familia y dejar excedente disponible para acumular.

6. Endeudamiento permanente de difícil cancelación. A los productores medianos y pequeños la carga de aquellos que pueden acceder a créditos bancarios, renovada en años sucesivos, se volvió impagable en varios ciclos económicos de fuertes devaluaciones y estampidas de precios, ingresos deteriorados por recesiones y carencia de capacidad de repago ante los desmesurados aumentos de intereses. Este fenómeno fue recurrente ante la ausencia de un programa de financiamiento específico que atienda a las características propias de la actividad y la dimensión de la actividad en juego.

7. Limitada capacidad de los pequeños y medianos productores en vincularse a estructuras de agregación de valor a sus productos. Ello se advierte en la predominancia absoluta de capitales concentrados, en su mayor parte de origen externo a las regiones comprometidas, en los procesos de transformación de materias primas y comercialización. Los mismos productores están alejados, en su gran mayoría, de lograr conformar estructuras productivas que garanticen que el valor que se le agrega a su producción de insumos manufactureros o alimentos quede en manos de sus auténticos productores y, en cambio, pasen a engrosar los abultados beneficios de inversores que los acaparan en su provecho y no los coparticipan con los genuinos oferentes de materias primas o alimentos.

Al inicio del período de recuperación de la democracia se avanzó muy poco en la solución de los problemas citados. Hubo intentos aislados, como la política de apoyo a los minifundios en la década de los ’80 o a la cancelación de las gravosas deudas, pero estas iniciativas loables fueron aisladas como para impactar en todos los ámbitos socio-productivos afectados.

Recién a partir del año 2003 surgen, progresivamente, iniciativas muy valiosas que toman en cuenta los desajustes estructurales citados. Cabe citar al respecto la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar en los inicios de la segunda década de este siglo; la Ley de Promoción de la Agricultura Familiar sancionada por el Congreso en el año 2014; el programa de apoyo crediticio a los microemprendimientos rurales y urbanos, que distribuyó entre el año 2008 y el 2015 más de 550.000 pequeños créditos a tasa subsidiada y sin garantía real; el programa de Monotributo Social, que posibilitó a decenas de miles de pequeños productores incorporarse al sistema previsional y a una obra social, a partir de un fuerte subsidio estatal, y el programa Marca Colectiva, para dar identidad a la producción de pymes agropecuarias e industriales. Asimismo cabe citar tres importantes planes de desarrollo sectorial: el de la vitivinicultura, el de la producción frutícola de Río Negro y Neuquén y el algodonero del Chaco. Todas estas iniciativas, así como las herramientas generadas desde el INTA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y los programas sociales del Ministerio de Desarrollo nacional, avanzaron significativamente aunque con bajo nivel de coordinación entre ellos.

De este modo los gobiernos democráticos desde 1983 hasta nuestros días se fueron ocupando por primera vez de la problemática económica y social de las “economías regionales”, aunque los avances notorios y significativos se encararon desde el año 2003, cuando fueron complementados con ambiciosos planes de infraestructura vial y energética como nunca antes.

Estas “luces y sombras” obligan a remarcar, frente a lo hecho, las asignaturas pendientes. Las detallamos, como desafíos imprescindibles hacia el futuro:

1) Diseño de planes de desarrollo estratégicos en las diversas regiones que, coordinados entre sí, definan una política nacional de desarrollo territorial que atienda la diversidad de los procesos económicos, sociales y ambientales para elevar la calidad de vida general de la población, preparados e implementados en forma participativa y democrática.

2) Inversiones públicas acordes con los planes que apunten a elevar el nivel de calidad de vida de la población, para la dotación de capital social básico, todavía con carencias necesarias de ser eliminadas. La puesta en marcha inmediata de un Banco de Desarrollo Rural, al estilo del brasileño, que atienda las necesidades de reconversión y diversificación productiva del agro, con aporte de asistencia técnica apropiada, es una decisión aún pendiente. Impulso decidido a la industrialización local de los productos regionales, para generar valor y empleo, con fuerte participación de empresas sociales, basadas en los principios de la Economía Social y Solidaria.

3) El empoderamiento de los pequeños productores mediante apoyos firmes a la constitución de asociaciones de los mismos para negociar en un pie de igualdad con intermediarios e industriales el precio de sus productos y las condiciones de pago. En ese sentido urge imitar el ejemplo del mercado concentrador de la yerba mate misionero. La solución definitiva del problema de la tierra, normalizando jurídicamente el acceso a la propiedad por parte de los productores y respetando plenamente la organización de los pueblos originarios, que privilegian la propiedad comunitaria a la individual.

Una estrategia de este perfil, sostenida en el tiempo, y garantizando mediante la intervención del Estado ingresos justos a los productores, irá avanzando hacia el objetivo de ir cerrando la brecha de desarrollo que hoy todavía existe entre las estructuras socioeconómicas de la periferia con respecto a sus similares en las áreas de mayor desarrollo relativo del país.