| Por Damián Loreti y Luis Lozano |

Lo sabía el lector de Crítica, el diario que Natalio Botana fundó con dinero prestado por sus amigos conservadores. Lo sabía y lo confirmó cuando leyó la tapa del día de la asunción de Hipólito Yrigoyen para su primer mandato: “Dios salve a la República”. También en la tarde del 17 de octubre de 1945, cuando el diario tituló: “Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población”.

Lo sabía el lector de La Prensa, cuando la familia Paz le ahorró por dos meses –entre febrero y abril– el mal trago de enterarse que Juan Perón había ganado las elecciones presidenciales de 1946.

Lo sabía el lector de la revista Somos, cuando la familia Vigil le contaba que los desaparecidos estaban internados en “centros de rehabilitación para extremistas”. Y cuando Gente le explicaba que en Malvinas estábamos ganando.

Lo sabía el espectador de Tiempo Nuevo, cuando el locutor relataba la nómina de “empresas a las que les interesa el país”, quienes contribuían con su aporte a la cruzada neoliberal conducida por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona.

Las líneas editoriales –o contratos de lectura, en palabras del semiólogo Eliseo Verón– definen los límites de lo decible y dan cuenta del posicionamiento que un medio de comunicación adopta frente al público en general y frente a otros actores políticos y económicos en particular. Pero estos niveles no siempre coinciden. Es decir, no es posible desprender a partir del contrato de lectura de un medio un posicionamiento homogéneo en todos los temas y frente a todos los actores. Menos aún en los últimos años. A partir del crecimiento de los conglomerados mediáticos y su expansión hacia otros rubros de la economía muy alejados de la actividad específica vinculada a la comunicación, los propios medios son utilizados cada vez más como un negocio para hacer otros negocios. Esta dinámica llega al extremo, en muchos casos, de sostener empresas periodísticas que no son rentables en sí mismas por el solo hecho de contar con una herramienta poderosa a la hora de resguardar los intereses de otras compañías que forman parte del mismo grupo.

Puertas afuera

Las prácticas y recetas de cómo conformar oligopolios y monopolios informativos de la mano del poder político y económico han salido a la luz en los últimos años en Europa y Estados Unidos. El escándalo de las escuchas ilegales protagonizado por Rupert Murdoch y su grupo de medios, encabezado por el diario News of the World, expuso la capacidad de daño de las empresas de medios cuando no existen límites, de propiedad ni de prácticas.

En el debate que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes en 2011, el primer ministro conservador David Cameron –acusado entre otras cosas de haber contratado como director de Comunicaciones al ex editor de News of the World, de lo cual se arrepintió en público– contraatacó a los laboristas por las relaciones que sus antecesores, Tony Blair y Gordon Brown, habían tenido con Murdoch y las concesiones que habían realizado para potenciar su monopolio de la información.

Pero los británicos no fueron los únicos: el ex presidente del gobierno español José María Aznar dejó su cargo en 2004 y en 2006 asumió como miembro del directorio de News Corp. International. De esta manera se convirtió en el primer no anglófono en ocupar esa posición.

Un fenómeno de similares características tiene lugar en Estados Unidos con un conjunto de reporteros y columnistas de la cadena Fox provenientes del ala más conservadora del Partido Republicano. Como botón de muestra, alcanza la frase del periodista reconocido como uno de los escribas de discursos del ex presidente George W. Bush, David Frum: “Los republicanos originariamente pensábamos que la Fox trabajaba para nosotros y ahora estamos descubriendo que nosotros trabajamos para la Fox”.

Puertas adentro

En la Argentina, la abierta toma de posición de los principales grupos multimedia –y en particular del Grupo Clarín– en favor del lockout protagonizado por las patronales agrícolas que se oponían al esquema de retenciones móviles impulsado por el Ejecutivo en 2008, volvió a mostrar sin maquillaje los intereses de las mayores empresas informativas. A la vez, reaparecieron con especial virulencia las habituales representaciones discriminatorias y estigmatizadoras hacia los sectores populares, con foco en este caso en los actores afines al gobierno.

El reacomodamiento de las alianzas entre gobierno y medios a partir de este conflicto devolvió a la agenda pública el reclamo por la sanción de una nueva normativa que reemplazara la ley de radiodifusión de 1980 que llevaba la firma de Videla y había sido modificada en más de una docena de ocasiones –la mayoría por decreto de necesidad y urgencia– para profundizar el carácter concentrado e hiperprivatista del sistema.

Los movimientos sociales, las universidades nacionales y algunos sindicatos de la comunicación que desde el retorno de la democracia habían bregado por una nueva ley y que en 2004 formaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática y elaboraron sus “21 puntos” básicos para una nueva regulación, obtuvieron en el nuevo escenario una plataforma para hacer realidad esos antiguos anhelos.

Luego de un inédito procedimiento de consulta popular, el proceso cristalizó en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en octubre de 2009. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a un extenso derrotero judicial promovido por los principales conglomerados mediáticos y confirmó la constitucionalidad de la norma.

Evaluar la aplicación de la LSCA, en especial luego del fallo de la Corte, excede los objetivos del presente texto. Pero es necesario aclarar que, más allá de la valoración que se haga respecto de ese proceso de implementación, nada justifica las modificaciones realizadas por vía de decretos, pocos días después de la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. Esos cambios no pueden considerarse simplemente como el desplazamiento de un péndulo o una inversión de una relación de fuerzas.

El discurso celebratorio de las nuevas tecnologías, la remanida idea de la convergencia como milagro pluralizador del acceso al debate público y las referencias a Internet y el siglo XXI fueron el soporte discursivo al que apeló el gobierno de Macri para enmascarar una política pública que, tanto en su forma como en su contenido, violenta la institucionalidad republicana y los estándares internacionales de libertad de expresión. El decreto de necesidad y urgencia 267, firmado por el Presidente el 29 de diciembre de 2015, transgrede sobradamente esos aspectos y deja en evidencia que la nueva regulación de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones está hecha a la medida de sus regulados, en particular de los representantes del capital concentrado (para más información, ver “El decreto 267 y el fin de los debates”, disponible en https://es-la.facebook.com/notes/damian-loreti/el-decreto-267-y-el-fin-de-los-debates/897763896998578/).

Estas reformas permitieron arrasar en pocas semanas con el piso de garantía de derechos que aseguraba la LSCA y sin el cual se profundizan las asimetrías en el acceso al debate público. Así lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en respuesta al pedido de las organizaciones reunidas en la Coalición por una Comunicación Democrática, convocó al Estado argentino a dar explicaciones en una audiencia que se celebró el 8 de abril en la sede la CIDH, en Washington (el video completo de la audiencia está disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng). Ante las denuncias concretas de los representantes de las organizaciones –encabezados por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky–, los funcionarios del Ejecutivo evitaron argumentar sobre las medidas tomadas desde el inicio de su gestión y su incompatibilidad con los estándares del sistema interamericano. Por el contrario, se limitaron a hacer consideraciones generales sobre la situación de la libertad de expresión en la Argentina durante el gobierno anterior, combinadas con promesas de un futuro promisorio (para más información, ver “Una cuestión de contexto”, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296599-2016-04-10.html). Al término del período de audiencias, la Comisión Interamericana expresó en un comunicado su voluntad de continuar dando seguimiento a este proceso en la Argentina y le recordó al Estado la necesidad de respetar “el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Debates

Desde la asunción del nuevo gobierno, en la Argentina volvieron a quedar al desnudo los mecanismos de construcción de la política pública en función de los intereses de los grandes conglomerados mediáticos. También se actualizaron las discusiones sobre la construcción de la noticia en los medios dominantes, entendidos como actores políticos y económicos con poder de fuego como para condicionar el Estado democrático.

Esto nos obliga, una vez más, a resistir la tentación de reflotar la teoría de la aguja hipodérmica y su lógica de estímulo –respuesta para explicar las relaciones entre medios y audiencias–. Es necesario comprender que ese vínculo –atravesado por la reproducción de las estéticas y contenidos dominantes en función del rating– es complejo y multidimensional. No alcanza con revelar los intereses económicos y políticos de los grandes grupos mediáticos para desmontar sus posiciones dominantes. Tampoco con mostrar los hilos con los que se cosen, para un lado y para el otro, las noticias.

En este escenario recobran sentido los conceptos que animaron la lucha por la democratización de las comunicaciones a lo largo de los últimos 35 años para enfrentar con ellos los nuevos y viejos debates sobre el rol los medios. Desconcentración, pluralismo informativo, diversidad de voces, de estéticas, de contenidos. Acceso democrático a los medios, condiciones básicas de sustentabilidad para los comunicadores comunitarios, son algunos de los pilares sobre los que pensar una verdadera refundación comunicacional, a tono con la praxis social y política de nuestro pueblo.

Desafíos pendientes

Los primeros desarrollos teóricos y jurídicos en torno al concepto de democratización de las comunicaciones se remontan a fines de los años setenta y encontraron un hito con la publicación en 1980 del informe Un solo mundo, voces múltiples, realizado por la comisión presidida por el irlandés Sean MacBride, en el marco de Unesco. El informe introdujo por primera vez en la agenda internacional las nociones de “pluralismo”, “diversidad”, “universalidad del derecho a la comunicación y del acceso a la información”, temas hasta entonces fuera de la agenda.

Desde entonces las cuestiones en debate han ido variando, y se generaron diversas corrientes de pensamiento y discusión sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas. Al mismo tiempo, fueron constituyéndose conglomerados periodísticos con intereses fuera de la actividad específica y proliferaron las cadenas internacionales que hoy aparecen como grupos globalizados. Todo esto de la mano del desarrollo masivo de Internet y la expansión de las redes sociales.

En simultáneo, en América latina tomaron cuerpo los temas de una nueva “agenda ampliada”, que incorporó la universalidad del acceso, la problemática de la concentración y la distribución de las frecuencias de radiodifusión, entre otros. La caída de la imagen sagrada de objetividad de la información difundida, la revelación de que –además de ideologías y líneas editoriales– los negocios intra y extramediáticos tienen gravitación en la opinión pública y la pelea por la universalización de este derecho –que nació como rebeldía frente al poder estatal y hoy puede sucumbir tanto por la acción del Estado como por el obrar de actores no estatales, mediáticos o que pesen sobre ellos–, en un paisaje en el que las empresas de medios no son más esos viejos editores que enseñaban a sus hijos y discípulos el oficio periodístico.

En los días por venir seremos testigos de desafíos de importancia en materia de libertad de expresión, tales como el espionaje y las intromisiones a la privacidad y al actuar de los medios de comunicación, el acceso a la información, el acceso universal a Internet, la alfabetización y el estrechamiento de la brecha digital, los procesos de convergencia, la transición a los medios digitales, la multiplicación de las pantallas y los productores –y los retos que ello importa en cuanto a pluralismo y sustentabilidad–, la promoción de los medios comunitarios y públicos, el rol y la conformación de las autoridades de aplicación, la preservación de la actuación de los periodistas, la irrupción de los nuevos medios y las redes sociales y su reconocimiento y protección, expandiendo la vieja doctrina del orador en la esquina de la calle.

La experiencia acumulada y las lecturas recientes en la materia son suficientemente persuasivas respecto de que no hay sistema de derechos, ni sociedades con aspiración al desarrollo, ni proyectos políticamente sustentables, sin ciudadanos y pueblos que tengan garantías y oportunidades de ejercer su derecho a la comunicación y libertad de expresión, en un contexto plural y diverso. Esto es lo que los teóricos han dado en llamar la “ciudadanía comunicacional”.

Hemos comprobado cómo los países de la región que se han visto afectados por graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente presentan en la actualidad una seria carencia de confianza en la vigencia del estado de derecho. En este contexto, el mayor desafío para los actores sociales interesados en la defensa del derecho a la comunicación es contribuir a la reconstrucción de lazos allí donde el derecho a una sociedad plural y diversa aún se encuentra pendiente. Para ello, es imprescindible atender, entre otras cuestiones:

• Reforzar de manera permanente los vínculos entre libertad de expresión, de opinión, de información y de comunicación y la democracia participativa.

• Trabajar en la promoción de acciones que concentren la atención en el empoderamiento de los sectores en situación de vulnerabilidad para el ejercicio de estos derechos frente a actores estatales y no estatales.

• Remarcar la importancia de los derechos reconocidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus estándares vigentes.

• Reforzar la promoción de estándares de calidad del ejercicio del derecho a la comunicación para grupos históricamente discriminados.

• Establecer mecanismos de educación y perfeccionamiento en el ejercicio de este derecho mediante herramientas digitales y multiplataforma.

• Expandir los procesos de capacitación e incidencia en los poderes judiciales y legislativos en base a los estándares interamericanos.

• Para avanzar en la comprensión de ese universo es necesario dejar de lado los sentidos comunes impuestos por buenas o malas razones, por comodidad de conciencia o proximidad ideológica. No existe un libreto tranquilizador para quienes se interesan por el abanico de cuestiones vinculadas a la comunicación que hoy ocupan un lugar central en el desarrollo de nuestras democracias. Pero sí podemos nutrirnos de herramientas para enfocar estos fenómenos y repensar el papel del Estado, las políticas públicas, los medios y la sociedad civil.

La respuesta mercadocéntrica que hoy toma nueva forma en las políticas impulsadas en la región indicaría que el Estado debe permanecer al margen como un mero garante de reglas de juego macroeconómicas. Muy por el contrario, desde una perspectiva basada en los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado tiene mucho por hacer, pero debe hacerlo de manera inteligente. Porque desde que las mujeres y los hombres salieron a hacer oír sus voces en las esquinas de la calle, hasta el advenimiento de los medios digitales, el desafío sigue siendo el mismo: convertir a los medios de comunicación en espejos y ventanas. Espejos, para reflejar la mayor cantidad de expresiones posibles. Ventanas, para ver el mundo y que el mundo nos vea.