| Por Sandra Valdettaro |

En el marco del capitalismo actual, tanto a nivel global como en relación con las peculiaridades de lo nacional o lo local (que suele caracterizarse como capitalismo cognitivo, de servicios, semiocapitalismo o, incluso, capitalismo cultural), las relaciones entre políticas culturales y comunicación ocupan un lugar central. Esto adquiere especial relevancia en la problemática de la gobernabilidad en contextos urbanos complejos, con altas cuotas de diversidad cultural, en los cuales se instala la necesidad de articulación entre cultura y comunicación a los fines de intentar controlar, o disminuir, la alta conflictividad social que genera la multiculturalidad.

Lejos de cualquier posición romántica sobre el multiculturalismo, lo cierto es que la extrema cercanía de profundas diferencias culturales en contextos urbanos complejos produce, a veces, fusiones interculturales amables, aunque ocurren, simultáneamente, múltiples conflictos interaccionales y de convivencia, y más cuando se trata de sectores con alta vulnerabilidad socioeconómica. La comunicación de las políticas culturales aparece, entonces, como un tema insoslayable a la hora de generar diseños de gestión que puedan atender eficazmente, bajo una lógica de respeto a las diferencias y de desarrollo democrático, este núcleo conflictual que subyace a las diversas demandas de los actores sociales. Es por ello que política, cultura y comunicación se constituyen en dimensiones clave a la hora de reflexionar acerca de la gestión de lo social en la actualidad.

Varias acepciones son las que circulan sobre la cultura en la actualidad, las cuales suponen distintos modos de encarar las políticas culturales.

Por un lado, sigue vigente el clásico abordaje de la cultura como “sistema de las bellas artes” incluyendo el vasto desarrollo del “arte contemporáneo” que fue instalándose, progresivamente, como un fenómeno de masas. De manera general, la gestión cultural se desarrolla, en este sector, mediante una articulación de lo público con lo privado dentro del llamado “mercado del arte”, en el cual conviven artistas, coleccionistas, galeristas, curadores, críticos y públicos. En este ámbito –que, a pesar de su masividad, conserva rasgos de verdadera tribu–, las políticas culturales, en general, se ocupan de cuestiones relativas al mecenazgo, al patrimonialismo, a las estrategias de adquisición de colecciones, al armado de repertorios y grandes muestras, etcétera.

Por otro lado, a partir de una concepción socio-antropológica de la cultura como “forma total de vida”, el campo cultural aparece como plural, experiencial y controvertido; como ámbito en el cual se arbitran luchas simbólicas de definición de variadas identidades. La dimensión conflictual se torna central, en este nivel, a la hora de dilucidar los vínculos entre políticas culturales y comunicación. La creciente consolidación de diversos tipos de imaginarios –genéricos, étnicos, sexuales, generacionales, etc.–, sumada a la desigualdad social y económica, coloca a la gestión pública en la necesidad de un abordaje complejo de la relación entre cultura, política y comunicación.

Al enfocar esta segunda acepción, se advierte que toda política cultural pública –principalmente en el nivel del gobierno de las ciudades– se nutre de valoraciones generales de respeto a las diferencias, promoción de espacios de inclusión y disminución de desigualdades, intentando una sinergia con estrategias culturales autogestivas de colectivos sociales alejados de los circuitos culturales institucionalizados y situados en espacios urbanos periféricos y de alta vulnerabilidad social, bajo la premisa del fomento de ciudadanías culturales múltiples tendientes a la consolidación de una ampliación y democratización de los consumos culturales.

Dicha coexistencia de expresiones culturales informales con las políticas públicas no siempre es pacífica. Los actores culturales informales suelen evaluar las gestiones gubernamentales como rutinizadas, asistencialistas y dirigidas a sectores de clases medias dotados de amplios capitales culturales. Esta tensión recurrente puede interpretarse como un síntoma de malestar con las políticas culturales. De ahí la necesidad de evaluar el alcance real de las acciones promovidas por las redes culturales públicas, interrogando en qué medida ello facilita el acceso a la cultura de los sectores socialmente desfavorecidos. Para estipular el grado de eficacia con que los agentes culturales consiguen “comunicar” sus propuestas a la población de manera de producir efectos significativos, se torna central tomar en cuenta la importancia que la mediatización adquirió en la actualidad.

La evaluación de las políticas culturales se ocupa, en general, del diseño de parámetros generales del tipo “número de asistentes” o “cobertura mediática” de las mismas, lo cual supone indicadores estadísticos guiados por un interés cuantitativo. Aunque este tipo de apreciación es importante, lo cierto es que la posibilidad de acercarse a la eficacia real de las políticas culturales debe tener en cuenta, asimismo, criterios adicionales de tipo cualitativo integrando aspectos relativos a las modalidades específicas de impacto de las acciones culturales en temas como la inclusión social, la democratización, el respeto a las diferencias y el protagonismo de sectores vulnerados.

Es por ello que cobran importancia los diseños de procesos evaluativos constantes y sistemáticos cuya producción de información contribuye a sustentar el basamento de planes de comunicación cultural concebidos con la finalidad de aportar a los gestores de política cultural un conocimiento preciso de las diversas capas que componen el espacio cultural, junto con pautas comunicativas prácticas y mecanismos de retroalimentación que les permitan conocer la opinión de los usuarios.

Si el respeto de las diferencias y el fomento de la inclusión son los vectores que nutren toda política efectivamente democrática, entonces sus gestores deberán hacerse cargo de dicha complejidad, apelando no solo a valores de honestidad y responsabilidad, sino también a cuestiones referidas a saberes y tecnologías probadas en su eficiencia. La construcción de instrumentos e indicadores aptos para el diseño y la intervención cultural, y para la evaluación concreta de sus efectos, se torna, de este modo, ineludible para la gestión política.

Desde este punto de vista, para la gestión de políticas culturales se hace necesario también una articulación entre distintas áreas y dependencias de los gobiernos, como Desarrollo Urbano, Servicios de Salud, Atención al Vecino, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Promoción Social, Deportes, etc., lo cual resulta, habitualmente, costoso efectivizar. Lo mismo sucede con respecto a la coordinación entre acciones municipales, entidades comunitarias y operadores privados.

Uno de los instrumentos que posibilita dicha sinergia son los mecanismos de presupuestos participativos con que cuentan muchas ciudades, en los cuales las políticas culturales suelen ocupar un lugar importante.

Las consecuencias de la aplicación de los presupuestos participativos para la elección, por parte de los vecinos de los barrios, de las actividades culturales a desarrollar según sus demandas, van dotando, a pesar de los obstáculos, de un notorio dinamismo a las políticas culturales produciendo resultados concretos con respecto al reforzamiento de los procesos de inclusión. La participación, en tanto estrategia de generación de políticas, engendra modos novedosos de resemantización del tradicional espacio público como un espacio-público-común. También la apropiación del territorio por parte de los actores sociales contribuye a instaurar estas modificaciones, ya que la inscripción de los cuerpos en los lugares públicos de los barrios refuncionaliza los espacios haciendo emerger una lógica que transita, por ejemplo, del basural a la plaza pública. Es a partir del fomento de esta dimensión de las experiencias públicas institucionales que, en articulación con las del espacio cultural autogestionado, se podría plantear la posibilidad de emergencia de nuevas subjetividades sociales cuyo eje sería tornar común lo público, intentando morigerar los procesos de estigmatización y basurización simbólica.

Esta lógica supone, asimismo, modificaciones en las fisonomías culturales de las ciudades, en sus imaginarios y prácticas, ya que implica, por ejemplo, reducir la habitual preeminencia física y simbólica de los distritos centrales de las ciudades y la consecuente secundarización de los barrios periféricos. Lo urbano, en tanto proyecto pedagógico-cultural, se posicionaría, así, como un texto creativo; como espacio de aprendizaje convivencial a través de una adecuada gestión y comunicación de las políticas culturales. Tal programática involucra fomentar una concepción de ciudadanía participativa y de contacto entre los ciudadanos, esto es, un concepto dinámico de democracia guiado por un proyecto que se va construyendo de manera comunitaria.

La construcción de una imagen progresista de ciudad debe, por lo tanto, focalizar dichos desequilibrios entre áreas que aparecen como muy vistosas, y otras que se desarrollan en silencio. De ello surge la necesidad de equilibrar las ofertas de políticas culturales en el ámbito urbano en su conjunto.

La organización de los espacios culturales públicos suele desplegarse mediante clasificaciones arbitrarias y anacrónicas, generando asimetrías en la ponderación de los mismos. En dichas asimetrías subyace, básicamente, la presencia de dos maneras de entender la cultura en el discurso de la gestión pública, que son contradictorias entre sí pero actúan en simultaneidad. Por un lado, se detectan discursos que encaran la cultura de un modo vanguardista y modernizador, y que en general coinciden con la gestión de políticas correspondiente a las zonas céntricas de las ciudades; por otro lado, subsisten maneras más conservadoras y extemporáneas de pensar la cultura que, con distintos tonos, se encuentran en los ámbitos más burocratizados y esclerosados de la función gubernamental. Lo cierto es que, entre el vanguardismo y la burocratización del aparato estatal, resulta velada la comprensión de la diversidad de necesidades que circula por las zonas periféricas de las ciudades, lo cual produce desviaciones que obstaculizan la visualización del nivel de necesidades culturales de sectores alejados de los centros urbanos. Considerar estas formas de restricción y tabicamientos simbólicos supone una orientación política que se haga cargo del peso de dichas fronteras simbólicas, las cuales, sumadas a las físicas, generan circuitos negados para vastos sectores sociales. Lograr un progresivo destabicamiento de dichas fronteras vinculando los distintos espacios culturales oficiales depende, por supuesto, de una voluntad política responsable y radicalmente comprometida con la democracia. El peso de tradiciones políticas clientelistas instaladas en los aparatos institucionales que actúan guiadas por una gramática general de conspiración dificulta, por supuesto, el logro de dichos propósitos.

Desde un punto de vista técnico, la cuestión presupuestaria es clave para la gestión de políticas culturales. En muchas ciudades se advierte un gran despliegue de infraestructura y recursos humanos destinado a la cultura, que implica una importante inversión por parte de los gobiernos, pero que no siempre logra concretarse, en parte por los motivos ya señalados. Es importante, en este nivel, tener en cuenta los dichos de agentes culturales públicos, quienes suelen declarar que los presupuestos asignados a cultura nunca son suficientes, y que a dicha carencia se la contrarresta mediante la apelación a cuestiones de motivación e involucramiento personal de los propios agentes: la fuerza de la voluntad, la pasión y el compromiso con los proyectos son las condiciones en las que se asienta, muchas veces, la ejecución de los proyectos correspondientes a políticas culturales. Es un estilo militante y voluntarista el que caracteriza, en no pocas ocasiones, a los responsables de la gestión cultural, poniendo en tensión la doxa predominante acerca de las instituciones de gobierno como gran reservorio de miles de agentes improductivos.

Estas cuestiones –la discusión sobre la racionalidad presupuestaria; las tendencias a la burocratización y el clientelismo, y el imaginario público-mediático circulante acerca del sobredimensionamiento de las plantas de empleados públicos en los gobiernos de las ciudades– son algunos de los escollos que día a día enfrentan no solo los ciudadanos, sino también buena parte de los gestores culturales públicos quienes sí actúan con responsabilidad profesional y social.

Como se advierte, el carácter conflictual recorre todas las dimensiones involucradas en la gestión de políticas culturales, y es por ello que la necesidad de una adecuada comunicación de las mismas se torna central en cualquier intento de mejoramiento de la gobernabilidad de espacios urbanos.

En tal sentido aparece como variable ineludible la necesidad de incorporación, en la gestión cultural, del análisis de la relación entre los medios de comunicación, las redes sociales, la ciudadanía y las políticas culturales.

El hecho de asumir claramente el carácter mediatizado de la sociedad y, a partir de ello, poder encarar una construcción de agenda pública que no quede solo marcada por la retórica de los intereses de las empresas de medios, se constituye en un desafío central para los gestores culturales gubernamentales. Manejar la agenda pública/mediática implica una relación siempre tendencialmente conflictiva con los medios. Nuevamente aquí, la fuerza de los hechos y de la voluntad es pensada, por la mayoría de los gestores culturales, como estrategia central. Pero a esto debería sumarse de un modo más enfático una planificación estratégica de la comunicación política-cultural que garantice que, efectivamente, se produzcan efectos concretos. De la planificación de generación de impacto depende, en la actualidad, la asignación de valores por parte de la ciudadanía. Poder actuar sobre la construcción de dichos imaginarios es una tarea técnico-política central a la hora de producir efectos de legitimación de las propuestas culturales e involucramiento de los ciudadanos en las mismas. Las operaciones de visibilización de los diversos niveles que en la ciudad producen cultura dependerán, entonces, de una reconfiguración profesional de la relación con los medios en la agenda de los gobiernos. Cualquier planificación de comunicación de políticas culturales deberá tener en cuenta los dispositivos de segregación y las dificultades expuestas, la consideración de las características de las distintas zonas de vulnerabilidad, el conocimiento detallado de pautas y recursos culturales correspondientes a las diversas comunidades que interactúan en los espacios urbanos. Es por eso que el diseño de políticas culturales implica desarrollar estrategias específicas para cada sector, pero que, al mismo tiempo, tiendan a la integración, y, simultáneamente, poder comunicar y mediatizar dichas diferencias y articulaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta –como apuntábamos más arriba– la situación de los gestores culturales autogestionados, que no dependen directamente de las políticas culturales gubernamentales. Bajo distintas modalidades programáticas –ya sea como oposición a las constricciones del sistema capitalista buscando en sus propias grietas la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, o como simples agrupamientos de amistades y afinidades electivas en búsqueda de nuevas identidades–, la lógica poética-militante de dichos sectores se encuentra, en numerosas ocasiones, con el obstáculo de estigmas fuertemente instalados aun en las representaciones barriales.

Las biografías barriales, con sus imaginarios tradicionales de clases trabajadoras siempre en proceso de pauperización, se desmarcan enfáticamente de aquello que en los propios barrios aparece como una otredad radical –los “villeros”, los “negros”, etc.– demostrando hasta qué punto en nuestro país los “negros” siempre fueron un problema, y no solo para las clases aventajadas en ejercicio del poder. Imposible de suturar, esta distancia social no concede contraprestaciones simbólicas y la negociación de los espacios se torna altamente conflictual. Tanto a nivel macro como micro y local –incluso hasta en espacios de configuración de relaciones de cercanía– la cuestión de qué hacer con “los negros” y “los villeros” sigue siendo el “síntoma”, por excelencia, de nuestra “argentinidad”, cuestión que aparece de manera contundente en las políticas culturales y su comunicación. Los proyectos progresistas, inclusivos, democráticos, tienen que luchar, continuamente, con este “malestar” instalado en la temprana constitución subjetiva de nuestra nacionalidad. Y ello se cuela hasta en los detalles más fragmentarios de la organización social, como por ejemplo en la definición del modelo interno de toma de decisiones de los grupos autogestionados que necesita, para su propia legitimación, lograr una clausura que pueda deslindar, una y otra vez, algunas fronteras. El conflicto, entonces, como modus operandi típico de la vida de los grupos, podría interpretarse de manera vincular: designa, si se quiere, el trabajo normal, cotidiano, sostenido, que nutre las relaciones entre los miembros del grupo y los de afuera. Sin embargo, hay algunas experiencias que, por cierto, consiguen quebrar dichas fronteras, como por ejemplo las prácticas culturales ligadas al hip hop, un lenguaje –entre otros– en el cual se produce una fusión de expresiones con una multiplicidad expresiva que opera transversalmente a los enclasamientos tanto estadísticos como simbólicos e imaginarios, y que nutre a las comunidades jóvenes en la mayoría de las ciudades. Poder investigar las características del color local que cada apropiación regional o sectorial produzca de ello es una manera de acercarse a la actualidad de la producción cultural. Es, entonces, a partir de la promoción de este tipo de experiencias la manera de ir logrando una articulación más sustantiva entre los centros y las periferias, o, dicho más enfáticamente, entre “nosotros” y los “otros”. Dado que el público que asiste a las actividades culturales tanto institucionales como autogestivas está, en general, conformado por jóvenes de distinta procedencia, no es menor, entonces, el carácter estratégico que adquiere este tipo de expresiones. Aunque la caracterización general del público remite a “lo joven”, una mirada más detallada delimita algunos subconjuntos. Existe, en términos de los agentes gubernamentales, un público cuya identificación se produce directamente en relación con algunas instituciones, como el público-fijo. Pero también hay un público más amplio que remite a un rango de población no plenamente identificado por los gestores culturales, pero que se adjetiva como “más popular”.

Exceptuando esas experiencias puntuales, el acceso de la población de los barrios a las ofertas culturales de las zonas centrales de las ciudades sigue siendo problemática. Este consumo cultural se produce, casi siempre, a partir de gestiones planificadas de acercamiento de la gente de los barrios a las instituciones y actividades del centro, pero cuando se trata de la espontaneidad de los actores sociales, lo cierto es que su participación se encuentra fuertemente reglamentada en sus usos culturales. Por ejemplo, es habitual y constatable que los ciudadanos de los barrios periféricos concurren a los centros urbanos en ciertos días, horarios e itinerarios, los cuales se despliegan como implícitamente acordados. El tan mentado sintagma de las clases medias del centro de las ciudades de que en ciertos días y horarios “el centro es tierra de nadie”, es sólo uno de los indicadores de la supervivencia, más allá de todas las políticas culturales de inclusión, de las exclusiones.

A partir de este diagnóstico general, proponemos algunas cuestiones a tener en cuenta, desde estructurales y macro, a puntuales y técnicas:

1. La necesidad de fomentar modos de intercambios culturales plurales y democráticos; de constituir a las ciudades como aulas itinerantes de la democracia, de carácter práxico y experiencial; de profundizar el desmontamiento de las estigmatizaciones en las gestiones públicas profundizando políticas de equidad y distribución de bienes simbólicos; de hacerse cargo de la diversidad para que las ciudades puedan brindar ofertas culturales para todas las demandas.

2. La necesidad de modificar la lógica de la “visita” a los lugares culturales por una acción de apropiación comunitaria en un marco de libertad y respeto proponiendo, por ejemplo, a los museos y otros lugares de cultura como espacios de intervención, investigación y co-creación.

3. La necesidad de realizar evaluaciones sistemáticas y sostenidas en el tiempo de los efectos de las políticas culturales con mediciones precisas de consumos culturales articulando procedimientos estadísticos con abordajes cualitativos, sistematizando la información y comunicándola no sólo al sistema mediático, sino también mediante observatorios de monitoreo de políticas culturales de acceso público.

En definitiva, creemos que la delimitación de un seguimiento sistemático de las modalidades de la gestión pública, evaluando el alcance real y el grado de eficacia de la red cultural pública, y midiendo sus efectos desde distintas metodologías, articulando con información de las experiencias de autogestión cultural teniendo en cuenta sus modalidades de producción y de circulación, y focalizando las modalidades vinculares que va adquiriendo la coexistencia de expresiones culturales formales con las informales a los fines de identificar la naturaleza de las tensiones que se ponen en juego para poder intervenir con los ajustes pertinentes, y comunicando estratégicamente a los distintos sectores de la población, es una apuesta que toda gestión pública debería considerar como dimensión central para la consecución de sus políticas culturales.