| Por Abraham Leonardo Gak |

El poder que ejerce la comunicación en nuestras vidas relacionales ha sufrido modificaciones fundamentales a partir de la incorporación de nuevos criterios y tecnologías. Como se señala en este número, en los últimos 40 años se han operado grandes cambios.

La velocidad de la convergencia tecnológica plantea nuevos desafíos. Medios y contenidos conforman un panorama global incierto que se nos presenta como una verdadera caja de Pandora: nos da curiosidad, pero no sabemos qué implicancias puede tener abrirla.

Esto nos obliga a encarar este tema desde varias dimensiones, que exceden largamente la consideración de que los medios están al servicio de la comunidad.

Lejos de ser solamente simples transmisores de información, los medios de comunicación influyen y tienen un peso fundamental en la opinión pública y en la construcción social de lo que llamamos “sentido común”, al extremo de haberse convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio del poder político.

De acuerdo con la lógica de un mercado oligopólico y su poderío simbólico, sus acciones están más orientadas a la consecución de intereses económicos y políticos que al sostenimiento de las instituciones básicas de la comunicación, como son la garantía de la diversidad cultural, la libertad de expresión, la privacidad y la veracidad de la información.

En tiempos recientes, el tema ha sido objeto de debate en diversos ámbitos, por lo que podríamos suponer que la comunidad está al tanto de esta situación. Nos hemos dado cuenta tardíamente de la imprescindible necesidad de regular los usos comunicacionales.

Buena parte del modo en que percibimos la realidad se encuentra atravesada por los discursos que circulan a través de las tecnologías de información y comunicación. Es, por lo tanto, imprescindible asegurar una verdadera democratización de este ámbito.

La concientización sobre el poder de los medios no implica por sí sola que este poder se vea restringido. Es necesario que los intereses privados se vean sometidos a criterios generales cuyo cumplimiento debe garantizar el Estado.

La defensa de los aportes de los sistemas de comunicaciones populares, que no disponen de los recursos que tienen los poderosos, es esencial para conformar una sociedad democrática e igualitaria.

De nosotros depende que su desarrollo no responda únicamente a intereses sectoriales, y que se garanticen los derechos comunicacionales de los sectores más vulnerables de la población: acceso, pluralismo, diversidad y cuidado.