| Por Mercedes Biocca |

“Quieren apaciguar las aguas a través de la reparación histórica, pero el Estado no solo debe pagar sueldos. Nos hacen ser solo empleados del Estado. Nosotros estamos en una sociedad donde priman los recursos naturales y no nos quieren entregar las tierras. Sin recursos y sin territorios no tenemos futuro”. Darío, 2016

Al igual que en otros países de Latinoamérica, en la Argentina, tras la crisis de 2001 se inaugura un período crítico hacia las políticas neoliberales. En este contexto, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) comenzaron la reconstrucción del Estado implementando políticas que fomentaban una mayor intervención estatal en la economía y la inclusión social de los sectores populares que habían sido profundamente afectados por el neoliberalismo.

La reformulación del Estado supuso además una ampliación de esos sectores populares en los cuales se comenzaba a incluir ya no solo a los pobres urbanos y rurales “blancos”, sino también a las poblaciones indígenas históricamente marginadas. Uno de los primeros gestos simbólicos de esta inclusión se produjo cuando, a pocos meses de haber asumido la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner se transformó en el primer presidente argentino que asistió a la fiesta de la Pachamama, celebrada ese año en Maimará, una pequeña localidad ubicada en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.

La ampliación de los sectores populares y la inclusión de los grupos indígenas en ellos se vio plasmada, durante dichos gobiernos, en la llamada “política pública de interculturalidad” dentro de la cual se enmarcaron varias medidas tendientes a promover una mayor visibilización de estos grupos como actores políticos, sociales, económicos y culturales, así como también una mayor participación de los mismos en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

Ahora bien, paralelamente a estos procesos de inclusión, los gobiernos kirchneristas contribuyeron a la expansión y consolidación del llamado modelo extractivista asociado al avance del agronegocio y al desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas.

Si bien ambos aspectos de estos gobiernos han sido indagados, las dinámicas particulares que emergieron de esa combinación entre la exclusión propagada por el extractivismo, como pilar central para el crecimiento económico, y la inclusión parcial, tanto discursiva como material, es la que requiere de un análisis más profundo. ¿Cómo vivenciaron las comunidades indígenas estos procesos de exclusión-inclusión?, es la pregunta que este artículo se propone responder a partir de las experiencias cotidianas de una comunidad indígena de la provincia de Chaco, en el noreste de la Argentina.

Las políticas de inclusión del Estado posneoliberal

Veamos algunas de las características que asumieron las políticas de inclusión en la era posneoliberal. En primer lugar, cabe mencionar que si bien varías políticas sociales, como los programas de transferencias monetarias condicionadas, emergieron durante el neoliberalismo, los mismos fueron redefinidos y resignificados. De esta manera, durante el período posneoliberal, las políticas sociales dejaron de ser concebidas como políticas destinadas a individuos carentes, para pasar a ser entendidas como herramientas destinadas a sujetos de derecho. En este sentido, como señalaron Ariel Wilkis y Martín Hornes en su estudio sobre la monetización de las políticas sociales durante el kirchnerismo (“Negociando la inclusión al mercado de consumo: Los programas de transferencias condicionadas de dinero y el orden familiar”, en Civitas-Revista de Ciências Sociais, 2017), las transferencias monetarias condicionadas pasaron de ser entendidas como instrumentos de una “política de contención” para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida, a ser instrumentos de una “política rehabilitante” a través de la cual se buscaba incluir a los sectores populares ampliados en el mercado. Es por ello que para los gobiernos posneoliberales el incremento del consumo popular fue entendido como una señal de éxito de las políticas sociales y económicas, aun cuando este proceso de inclusión estuviera atravesado por múltiples contradicciones y no fuese sostenible en el largo plazo.

De igual forma, muchas de las políticas destinadas a las poblaciones indígenas en el posneoliberalismo estuvieron ancladas en un marco jurídico neoliberal. Tal como ha sido extensamente estudiado, uno de los principales límites del multiculturalismo neoliberal es que al presentar a las poblaciones indígenas como sujetos ahistóricos perpetuaba las diferencias económicas y sociales existentes. Sin embargo, a diferencia del multiculturalismo neoliberal, las políticas posneoliberales destinadas a los pueblos indígenas fueron en su mayoría concebidas como medios dirigidos a ampliar la participación social, económica y política de estos grupos (Claudia Briones, “Políticas indigenistas en Argentina: entre la hegemonía neoliberal de los años noventa y la ‘nacional y popular’ de la última década”, en Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 2015). Por último, cabe destacar que así como durante el neoliberalismo las políticas sociales se caracterizaron por la focalización en el individuo y la tercerización de la asistencia en las ONG, durante el posneoliberalismo se produjo una recentralización de la política social en manos del Estado y un mayor protagonismo de los movimientos sociales como destinatarios y sujetos centrales en la aplicación de las mismas a nivel territorial. Sin embargo, como veremos a continuación, la consolidación del modelo extractivista fue socavando y limitando los aspectos más radicales de esas políticas de inclusión.

Pampa del Indio, Chaco

La localidad de Pampa del Indio se encuentra ubicada en el norte del departamento General San Martín, en la provincia del Chaco, Argentina. Conforme los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, dicha localidad cuenta con una población de 11.558 habitantes de los cuales más del 50% se reconoce como qom. En términos de distribución espacial puede decirse que la población criolla vive en el casco urbano, mientras que la mayoría de las familias qom habita mayormente en los llamados parajes (Pampa Chica, Campo Medina, Campo Nuevo, Lote 4 y Campo Cacique).

Figura 1. Pampa del Indio

Históricamente los grupos indígenas que habitaban en esta zona estaban organizados en bandas y se dedicaban la caza y la recolección dentro de un territorio definido. Luego del avance del ejército, del arrinconamiento de las poblaciones indígenas y de la incorporación efectiva del territorio de Chaco, se funda la colonia agrícola Pampa del Indio en 1928. Tras la llegada de los colonos, esta zona comenzó a especializarse en la producción de algodón y la cría de ganado. Entre mediados de la década de 1940 y comienzos de la década de 1970, algunas familias indígenas recibieron pequeñas parcelas y herramientas para producir algodón y sementera baja. Paralelamente, los qom eran contratados como cosecheros por los criollos, cuyos campos también solían atravesar para realizar la “marisca” (caza de animales silvestres y pesca, así como también recolección de frutos y miel).

En 1996 se produjo un cambio importante cuando un grupo empresario, Unitec Agro SA, compró grandes extensiones de tierras. Algunas eran tierras fiscales, pero otras habían pertenecido a los productores criollos de la zona, quienes se vieron profundamente afectados por las políticas de desregulación y liberalización de la economía. En dichas tierras Unitec Agro SA fundó Don Panos, un establecimiento agropecuario que ocupa más de 100.000 hectáreas entre Chaco y Formosa. En Chaco, el establecimiento linda con los parajes Campo Medina, Pampa Chica y Campo Nuevo, todos ellos habitados por familias qom. Al poco tiempo comenzaron a surgir numerosos conflictos laborales y ambientales entre la empresa y los pobladores. Debido a que la producción era mecanizada y el cerco perimetral ahora impedía la marisca, las familias se vieron obligadas a buscar otras fuentes de sustento. Asimismo, muchos de los habitantes de Campo Medina comenzaron a denunciar problemas de salud derivados de las continuas fumigaciones que realizaba la empresa en sus cultivos.

Paralelamente, en ese tiempo se fueron implementando diversos programas de desarrollo rural y políticas sociales. Desde el 2009 casi todas las familias de la comunidad comenzaron a percibir la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). Según el RENAF (2014), en el NEA el 42% de los ingresos de los núcleos de agricultura familiar eran transferencias del Estado, el 32% se generaba en actividades y servicios extraprediales, mientras que sólo el 27% de los ingresos provenía de actividades y servicios prediales.

Durante esos años también se realizaron importantes obras de infraestructura en la zona. Así, por ejemplo, mientras que en mi primera visita en 2010 la mayoría de las calles eran de tierra, en 2016 casi todo el pueblo había sido pavimentado, al igual que las rutas 3 y 4. Además de los trabajos de pavimentación, los cuales fueron muy importantes para trasladar la producción agropecuaria, se realizaron obras para la provisión de agua corriente en el pueblo y en los parajes rurales. Entre ellas, el acueducto Unitec Agro SA-Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) inaugurado en 2013. Esta obra, cofinanciada por el Estado provincial y la empresa dueña de Don Panos, incluyó la creación de un reservorio de agua en el terreno de la empresa. Este reservorio recibe el agua del río Bermejo, la cual se utiliza tanto para alimentar el sistema de riego de la empresa, como para abastecer a los pobladores. El cofinanciamiento del Estado en este proyecto muestra no solo el apoyo al modelo de producción impulsado por dicha empresa en la región, sino también la convicción por parte del gobierno de que ese modelo, adecuadamente regulado, es la solución para los problemas estructurales de ciertos grupos sociales.

Otras obras importantes fueron la construcción del nuevo edificio para la municipalidad, la casa de las culturas y la nueva sucursal del Nuevo Banco del Chaco. Asimismo, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) se financiaron viviendas y en los parajes rurales se realizaron trabajos de electrificación a través del Programa Provincial de Servicios Agrarios (PROSAP).

Finalmente, durante el período analizado, se construyó el Complejo Intercultural Bilingüe, que permitió a los jóvenes acceder a diversas carreras, contribuyendo a la emergencia de una nueva dirigencia indígena. Es importante señalar que gran parte de los fondos nacionales y provinciales que se utilizaron para realizar este complejo provenían del Fondo Soja Solidaria, que se generó con el impuesto a las exportaciones de soja.

¿Qué dinámicas emergen en estos contextos simultáneos de desplazamiento ligado al avance del agronegocio y la inclusión promovida por el Estado? ¿Cómo reaccionaron las comunidades indígenas en Pampa del Indio a estas tensiones entre las dinámicas de inclusión y exclusión?

Las “ayudas” de ayer y de hoy

En todas mis visitas a Pampa del Indio, la “ayuda”, o su ausencia, surgía como un tema central en mis charlas con las familias qom. En muchas oportunidades al preguntarles sobre su historia personal, los qom señalaban que, a diferencia del pasado, ahora les era “muy difícil conseguir ayuda”. Francisco, un habitante de Campo Medina, me decía al respecto en 2016:

“En el ’58, cuando dejamos Misión Laishí y vinimos a Pampa del Indio, la Dirección del Aborigen nos ayudó (…) una institución que le daba ayuda, alambrado, arado, yunca, martillo, tenaza, todas las herramientas para trabajar (…) En ese año ya trabajaba la gente, sembraba algodón, papa y había mucha ayuda. La Dirección del Aborigen llegaba mucho al gobierno. No es igual que ahora que casi no hay ayuda”.

Contrariamente, en otras ocasiones, cuando hablábamos sobre los principales cambios que se notaban en la zona, la mayoría de los qom entrevistados sostenían en 2016 que ya no se veía tanta pobreza como antes porque había más “ayuda” del gobierno. Desiderio, uno de los habitantes de Campo Nuevo, decía lo siguiente:

“Anteriormente la historia es muy triste porque no se conocía ni los bizcochos, nada. La comunidad estaba abandonada. Después del 2000 ahí recién empezaron un poco a aparecer, ahí empezaron algunos a cobrar planes Jefas y Jefes de Hogar. Ahora, en las comunidades ya hay beneficios y ya pueden ayudar a los chicos. Uno tiene familia y alcanza para vestir, algunas cositas, se compran cosas que antes no tenían, por ejemplo, motos, celulares. Antes no era así, nosotros éramos sufridos, pero ahora cambiaron un poquito las cosas. Dan ayudas y se puede alimentar a los chicos, comprar vestimentas para ir a la escuela. Algunos pueden comprar útiles cuando es época de clases, algunos se pudieron comprar un freezer, por ejemplo, algunas cosas. Ya viven más o menos”.

Como puede observarse a partir de los testimonios citados, gran parte de las políticas de inclusión supuso, durante el período analizado, la incorporación al mercado de estos grupos, aunque no necesariamente en tanto productores o mano de obra rural. De esta forma, si bien esa política rehabilitante les permitía acceder a un cierto flujo de dinero e incrementar su consumo de bienes, no necesariamente facilitaba la reincorporación de estas familias a la producción agrícola.

A ese cambio en las “ayudas” del gobierno se sumaba que la relación con los criollos dueños de los campos linderos también se había modificado. Luis contaba:

“[…] Cuando surgió Perón había bastantes sembradíos, en la época de algodón. Cuando entró la provincia [la Dirección del Aborigen] los aborígenes le entregábamos los algodones ahí, los pesaban y nos daban el efectivo. Después, a partir de mayo, junio, julio, la gente armaba grupos de 15 o 20 personas y se iban a mariscar. A la caza del avestruz, porque en esos días valía mucho la pluma y de otros animales que se cazaba y vendía la piel. El recorrido de la zona era por esa estancia grande y por ahí se iban caminando, cruzando campo, monte. El que era mayordomo [cuidador] era muy bueno, un tal García, les permitía a los aborígenes cazar, mariscar, pescar, todo eso”.

De esta forma, aun cuando las familias indígenas percibiesen un ingreso por alguna de las políticas sociales, la disminución en los empleos rurales por la tecnificación del modelo de producción hegemónico y la imposibilidad de continuar con la marisca por los nuevos cercamientos generaron una creciente incertidumbre. Esta se asociaba también a la creciente inflación que se había comenzado a generar en la Argentina a partir de 2008. Como explicaba Simón, habitante de Campo Medina, en ausencia de otras políticas, la vulnerabilidad estructural que afrontaban las familias no parecía disminuir.

“Lo que estamos viendo ahora es que la ayuda social, nosotros no estamos en contra, pero el gobierno tiene también la obligación de hacer algo en las casas, así al menos podemos plantar mandioca, batatas, algo más. Además, no es suficiente, la cuenta de electricidad se lleva la mitad de la ayuda social, esa es la realidad”.

Además de la incertidumbre generada por la ausencia de políticas que les permitiesen asegurar su subsistencia en el largo plazo, muchos entrevistados sostuvieron que los beneficios sociales y los programas de desarrollo no alcanzaban a cubrir a todos los miembros de la comunidad. En parte eso se debía a la falta de acceso a la información y a la discrecionalidad con la que muchas veces se obtenían los mismos. En este sentido, varios habitantes de Pampa del Indio mencionaron que los proyectos que ellos obtenían a través de las instituciones estatales dependían de los vínculos personales que lograban establecer con los representantes del Estado. En una reunión que mantuve en 2016 con los representantes de tres organizaciones indígenas de Pampa del Indio, uno de los miembros sostuvo:

“Cuando llega la época de hacer huerta, los del INTA proponen que vayan a retirar semillas. Pero lo han hablado con algunos dirigentes nomás. Cuando estamos en asamblea nunca fue el INTA a proponer eso, sino que cuando se encuentra con alguien. Porque son conocidos, con tal o cual. Por cruce, así nomás te lo dicen en el pueblo. Pero hay días que nosotros tenemos reuniones, asambleas en Campo Medina y ellos nunca se acercan a proponer eso. Se viene diciendo que a la gente no le gusta el tema de hacer siembra, sin embargo, lo que pasa es que no es fácil conseguir semillas […] Y todo lo que se viene logrando es producto de las luchas, con el gobierno hay convenios, pero todos incumplidos. El gobierno nunca te resuelve las cosas a voluntad, sino que siempre es por intermedio de una lucha. Y lo que siempre hacemos es interrumpir la vía de tránsito. Esa es la única forma de que te escuchen”.

Este relato también señala que las políticas de inclusión posneoliberales requerían a nivel local de la organización y lucha persistente de las comunidades que, en muchos casos, se corporizaba en marchas, cortes de rutas y acampes.

Derecho a ser escuchados

Durante el período posneoliberal, las políticas sociales, además de caracterizarse por la inclusión de los sectores populares al mercado, se destacaron por el mayor protagonismo del Estado y de los movimientos sociales, así como también por un desplazamiento de las ONGs, las cuales habían tenido un rol protagónico durante el neoliberalismo.

Charlando una tarde con Marta, miembro de una ONG que trabaja en Pampa del Indio, me comentó que en los últimos años los líderes de las organizaciones indígenas habían logrado entablar un diálogo directo con las autoridades provinciales y nacionales. Esto, según ella, había modificado en parte la relación que históricamente la ONG había establecido con los miembros de las comunidades. Sus palabras fueron las siguientes:

“La lucha que han hecho en estos años en diálogo directo con el Estado, les ha enseñado toda la burocracia, la gestión de los proyectos. Vos estabas en una reunión para proponer un proyecto y ellos te decían: ‘No, esperá’, y llamaban directo al gobernador. Tenían teléfono directo con el Coqui [Capitanich], con los ministros. De hecho, ahora quieren hablar con el jefe, no con otros”.

En mis conversaciones con varios integrantes de las organizaciones, estos mencionaron que ahora tenían contacto con las autoridades nacionales y provinciales. A ello atribuían que obtenían proyectos más grandes que los que usualmente habían recibido a través de las ONGs. Esta razón en muchos casos era expuesta como la causa por la cual las comunidades habían comenzado a desconfiar de las ONGs. El diálogo directo con el gobierno, sin embargo, no garantizaba automáticamente la llegada de los proyectos o de las “ayudas”. Es por ello que, según los qom, muchas veces era necesario salir a reclamar a la ruta 3. Esta otra forma de relacionarse con el Estado la explicaba Carlos con sus palabras de la siguiente manera:

“En el año 2002 el compañero Mártires –quien fuera líder de la Unión Campesina– tuvo que organizar a las familias en busca de la ayuda necesaria para la producción. Entonces ahí se organiza, tuvimos que ir a una movilización para pedirle al gobierno lo que necesitamos. Entonces en el 2005, después de mucho, pudimos recibir combustible del gobierno provincial. En el 2006, 2007, 2008 pudimos conseguir un subsidio nacional […] Del 2009 en adelante, en el 2010-2011 tuvimos una movilización para pedir más ayuda porque cada vez se agravaba la necesidad de no tener las ayudas necesarias para mantener a las familias. […] El gobierno te dice a todo que sí, pero después se atrasa mucho, entonces tenemos que ir a una movilización para que el gobierno nos dé lo que nosotros pedimos. No es solo el tema de producción, es el tema de agua, de viviendas, de salud. Y siempre es así, con notas, con petitorios, y nunca reconocen los derechos, tenés que salir a la ruta para que te atiendan y siempre nos tratan así”.

De manera similar, Georgina sostenía:

“En el 2012 cuando estaba Mártires sacábamos mucha ayuda, pero no eran regalos del gobierno. Lo que conseguimos fue por la lucha, reclamando por nuestros derechos siempre. Mientras que nosotros reclamamos por nuestros derechos en el tema de agua, vivienda, salud, educación, se hizo justicia. Como le decía, nosotros siempre reclamamos por nuestros derechos, no salimos a pelear, nosotros reclamamos por nuestros derechos”.

Como señalan Carlos y Georgina, las políticas sociales, aun cuando muchas veces eran enunciadas como “ayudas”, habían comenzado a ser concebidas por ellos como derechos. Ahora bien, esos derechos asociados a las políticas de inclusión debían ser continuamente negociados, lo cual en muchos casos suponía realizar diferentes manifestaciones. Es importante considerar aquí que la aceptación o no por parte del Estado de esta forma de negociación variaba según la coyuntura política. Así, mientras los cortes de ruta permitieron obtener importantes subsidios y herramientas entre 2006-2012, los mismos fueron fuertemente reprimidos en los años subsiguientes, tendencia que se profundizó a partir del último cambio de gobierno. Hasta mediados del 2016, cuando realicé mi última visita a Pampa del Indio, muchos de los líderes estaban involucrados en juicios civiles y penales por llevar a cabo esas acciones en 2014.

Cambio en las lógicas de representación

El diálogo directo que se había establecido con el gobierno y el rol protagonista que habían adquirido los movimientos sociales generaron importantes cambios al interior de la comunidad. Por ejemplo, en la medida en que la obtención de proyectos y beneficios sociales dependía de las habilidades negociadoras de los diferentes líderes, así como de la capacidad de las organizaciones para presionar a las autoridades, las divisiones en Pampa del Indio se multiplicaron. En este sentido, Esteban, un miembro de la Comisión Zonal de Tierras, decía en 2016:

“Estamos trabajando particular [de forma independiente], estamos trabajando directamente con el gobierno. ¿Sabés por qué? No somos iguales como dirigentes. El gobierno a veces no está de acuerdo con la gente de la Unión Campesina y por eso los miembros de nuestra asociación piensan que pierden tiempo de trabajar, de hacer algo en su casa si seguimos con la Unión Campesina. Entonces ellos manifestaron [decidieron] que debíamos trabajar particular. Sabemos que la política es otra, tenés que entender, saber trabajar con la política”.

Asimismo, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas supuso un debilitamiento en el poder de los delegados locales del Instituto del Aborigen Chaqueño (organismo que suplantó a la antigua Dirección del Aborigen). Alfonso, un empleado de la delegación de Pampa del Indio, comentaba lo siguiente:

“Las organizaciones van directo al gobierno a cortar la ruta y cuando consiguen algo se lo dan a las organizaciones, no pasa por el IDACH. Ellos tienen personería jurídica, ya pueden solicitar una ayuda a la provincia, a la Nación, a otras instituciones y naciones, a cualquiera que quiera ayudar. […] Los presidentes de las organizaciones te dicen: ‘No, ustedes no son delegados de acá, así que vayan nomás porque no los va a recibir la gente’. En estos tiempos cada cual se adueña de su grupo […], la plata ya no pasa por acá; si, por ejemplo, solicitan al INAI un proyecto, ya no pasa por acá. Es como que acá nosotros [que] somos la madre de lo que es la Ley del Aborigen, y resulta que somos los que menos enterados estamos […]. Es como que nosotros estamos sin saber cómo crían a los hijos”.

Comentarios finales

Las percepciones de los qom de Pampa del Indio en Chaco nos permitieron comenzar a indagar las dinámicas que emergieron entre las comunidades indígenas rurales y el Estado durante la etapa posneoliberal. En primer lugar, puede sostenerse que el período posneoliberal se caracterizó por el intento de reconstituir las relaciones sociales entre el Estado y un sector popular ampliado. En este sentido, se observaron mejoras en el nivel de vida de los grupos que habían sido más duramente perjudicados por el neoliberalismo. Además, el nuevo diseño de las políticas sociales y de desarrollo supuso un fortalecimiento de los movimientos indígenas rurales, que se constituyeron en los principales agentes a través de los cuales se gestionaron aquellas, en clara distinción con respecto a los canales tradicionales.

Sin embargo, la decisión de promover la consolidación del modelo extractivista impidió generar una política integral que sirviese para garantizar la inclusión social en el largo plazo. Los proyectos de inclusión y transformación social no pueden limitarse a una mayor redistribución porque, aun cuando la ampliación del acceso a bienes y servicios es muy importante, ello no altera sustancialmente los mecanismos por los cuales se reproducen las desigualdades. De igual modo, si bien durante el período posneoliberal las políticas sociales dejaron de ser concebidas como políticas destinadas a individuos carentes, para pasar a ser entendidas como herramientas destinadas a sujetos de derecho, en la práctica la implementación de esos derechos siguió requiriendo de una continua movilización y lucha por parte de las comunidades indígenas. En este sentido, los gobiernos posneoliberales no lograron transformar las condiciones estructurales para satisfacer las demandas históricas de los grupos indígenas.

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Además de los textos mencionados, para este artículo se consultó el trabajo “La intervención del Estado en lo social y modelo agroalimentario en la Argentina posneoliberal”, de Celeste Ambrosi, en Estado & comunes (2018).