| Por Guillermo Ramón Ruiz |

La pandemia del Covid-19 ha generado una situación de emergencia educativa en el plano local que, a su vez, se circunscribe en una catástrofe global, ya que generó una crisis sin precedentes en la historia de la educación. Sus implicancias para la población escolar invitan a preguntarse: ¿cuán afectado se vio el ejercicio del derecho a la educación? ¿Qué consecuencias ya se evidencian por esta situación? En primer lugar, es importante demarcar que la escolarización ha surgido en el siglo XIX y ha estado orientada para todas las personas y para cada persona y es un indicador del derecho a la educación. En segundo lugar, hay que señalar que existen obligaciones estatales para garantizar la educación como derecho humano fundamental. La vigencia de este derecho se evidencia en las políticas públicas que los Estados implementan para promover la escolarización masiva de la población. Se puede pensar que los sistemas nacionales de escolarización constituyen el indicador más notorio de este derecho humano y la expansión, el acceso y los alcances de la educación escolar conforman proclamas igualadoras sumamente consensuadas en las sociedades, por encima de las diferencias sociales, ideológicas y culturales. Por lo cual es importante considerar que, si el sistema escolar colapsara, se verían afectadas también la paz, la prosperidad y la productividad de las sociedades.

El contexto problemático global: los efectos en el plano de la escolarización

Ante la pandemia del Covid-19 los recursos no farmacéuticos se han impuesto: el encierro de la población (sana) en sus hogares, y la higiene con agua y jabón. Consecuentemente, se ha producido una situación excepcional: el cierre de las clases presenciales en la mayoría de los países del mundo. Ello ha generado la mayor interrupción de la escolarización en la historia, afectó en el punto máximo –hacia abril de 2020– a 1.600 millones de estudiantes, en más de 190 países, lo cual representa el 95% de la población estudiantil del mundo; en los países más pobres esa cifra alcanzó al 99 por ciento.

La experiencia de estos meses da cuenta de aspectos preocupantes. La escolarización continúa de forma remota, con plataformas digitales, y se puso en evidencia una mayor heterogeneidad a la ya existente en la escolarización de la población. Lo cual se debe a que, por un lado, algunas instituciones educativas ya trabajaban desde hacía tiempo con plataformas de apoyo o complementarias a la presencialidad, no solo en contenidos educativos sino también para la comunicación entre las instituciones y las familias, mientras que otras nunca dispusieron de estos recursos. En el medio, se evidencian múltiples matices.

La crisis exacerbó desigualdades preexistentes, pensemos que –según la UNESCO– antes de la pandemia había en el mundo un total de 258 millones de estudiantes fuera de las escuelas; a ello hay que sumar 773 millones de personas adultas analfabetas. Asimismo, las consecuencias de las pérdidas de aprendizaje durante el año 2020 se extenderán más allá de esta generación de estudiantes, y a la vez ello afectará sobre todo a las niñas y a las adolescentes. Estos datos permiten a algunos organismos internacionales hablar de catástrofe educativa. Se incluyen otras previsiones desalentadoras. Por un lado, se sumarán más de 23,8 millones de niños y adolescentes a la cantidad de deserciones el próximo año. Por otro lado, las presiones fiscales que tienen y tendrán los Estados impactarán también en el financiamiento, lo cual profundizará las diferencias en las oportunidades educativas (de acceso, permanencia y graduación).

Algunas consecuencias en el plano de la formación

Podríamos decir que, al inicio de la pandemia, las acciones de los Estados fueron reactivas y descoordinadas. El problema que se advierte en ello es la invisibilización de las diferentes condiciones de acceso real a los recursos digitales por parte de la población escolar. Si antes de la situación de crisis por la pandemia el diagnóstico educativo estaba marcado por la segregación, este tipo de crisis globales acrecienta las consecuencias de los déficits existentes. Los sectores más vulnerables son también los que mayores falencias tienen en lo que respecta a las habilidades digitales, con menor acceso al hardware y a la conectividad requerida para las soluciones que se proponen a través de la educación a distancia.

La pandemia y las respuestas de los gobiernos han puesto en evidencia notorias brechas que no son sólo tecnológicas, son culturales, son sociales, son también pedagógicas, como los modos de acompañamiento que tienen los estudiantes. Estas últimas –las brechas pedagógicas– se hicieron más evidentes, y en algunos casos se profundizaron. También se puso de manifiesto la poca experiencia de los estudiantes en lo relativo al desarrollo de sus competencias para lo que se denomina aprender a aprender, ya que la educación a distancia requiere de mayor autonomía del estudiante. Además, ha sido necesario ofrecer iniciativas desafiantes a los estudiantes en términos de enseñanza. Es importante pensar no solo en la selección de contenidos, sino también en el tipo de propuestas didácticas a través de las plataformas digitales. Con todas estas condiciones (el cierre escolar, la imposición abrupta de la educación a distancia, las brechas en el acceso material y real a las tecnologías educativas, la ausencia de planificación, el aislamiento obligatorio) es más difícil favorecer el aprendizaje. Como consecuencia, también debería reflexionarse sobre cómo se aprenden esos contenidos y cómo se evalúan los aprendizajes, cuando la docencia está mediada por entornos digitales, con una vinculación remota, asincrónica o bien con eventuales instancias de encuentros online.

La decisión de virtualizar las clases, tanto por su carácter masivo y compulsivo como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, encontró diversos problemas técnicos y generó desafíos para rediseñar –en la acción– las estrategias didácticas de docentes. Hay que pensar que la clase presencial tiene aspectos irremplazables: es un espacio de encuentros, y no puede ser reemplazada por una plataforma que distribuye conocimientos, información y actividades. Se requiere un encuadre institucional y docentes que permitan ir más allá de lo que lo haría una persona que estudia por sí sola. El espacio virtual genera condiciones diferentes a las clases presenciales, da lugar a intercambios caracterizados por la mediación de la infraestructura tecnológica que, a la vez, posibilita tiempos de elaboración asociados con esa mediación. En general, suele recomendarse la tutoría y el seguimiento de los procesos de aprendizaje en diferentes instancias. Tareas que requieren otra forma de administrar las intervenciones docentes. Todo ello demuestra la importancia que poseen las instancias de programación didáctica. La masividad y la celeridad de la adopción de la educación a distancia en este período no parecen haber contemplado estas condiciones.

Se advierten, así, múltiples desigualdades en función del derecho a la educación y del principio de igualdad que lo inspira ya que no todas las personas tienen equivalencia en el acceso ni tampoco en las experiencias escolares en el espacio virtual. Al contrario, en estos meses muchos no se han conectado porque no tienen dispositivos, porque están solos o bien porque no saben cómo hacerlo (entre otras tantas posibles razones). En su conjunto, todos estos factores dejarán secuelas que se verán con más crudeza cuando vuelvan a las clases presenciales; es más, cabría pensar en quiénes volverán, en qué condiciones lo harán y, sobre todo, ¿qué aprendieron?

El contexto local: ante la emergencia no declarada y la esencialidad reclamada

El sistema educativo argentino se caracteriza por su diversidad, tanto en tamaño de las instituciones, su localización y los recursos que dispone, como por las características socioeconómicas de la población que atiende y las condiciones del trabajo de los docentes. La diversidad, a la vez, refiere a la desigualdad educativa que la falta de presencialidad y las clases telemáticas han acentuado.

A partir de marzo de 2020 se cerraron las escuelas argentinas. Primero se aprobó un protocolo para suspensión de clases en aulas o escuelas que presentaban enfermos confirmados. El 15 de marzo, el Presidente de la Nación anunció la suspensión de clases; y al día siguiente se creó el programa Seguimos Educando. Este dispuso diferentes acciones para promover la continuidad pedagógica como la puesta en línea de una plataforma (www.seguimoseducando.gob.ar) que incluye recursos de autoaprendizaje, sugerencias para familias y docentes, películas, entrevistas, propuestas didácticas y de comunicación a través de redes sociales y herramientas de videoconferencia, propuestas para el tiempo libre y agenda de eventos en línea. Se estableció la producción y emisión de la programación audiovisual a través de seis señales dependientes de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública (esta programación se estructuró en dos bandas horarias de dos horas para los niveles inicial y primario). Para las comunidades sin acceso a internet (en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social) se dispuso la producción y distribución de material impreso.

A lo largo de los meses siguientes se evidenció la crisis de la educación argentina en su conjunto, debido a las diversas desigualdades sociales y culturales que hacen de barreras al acceso a los contenidos de enseñanza. En promedio, en el país, dos de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet, pero en las provincias del Norte el número llega a cuatro de cada diez. Además, existen hogares donde solo hay un dispositivo, a veces solo un teléfono, que es compartido por estudiantes y padres con sus actividades laborales. Algunas provincias en estos meses mantuvieron un vínculo educativo con sus estudiantes; otras lo hicieron de manera esporádica y en algunos casos, nula. El gobierno nacional convocó a expertos y promovió acuerdos en el Consejo Federal de Educación. Los relevamientos realizados dan cuenta de que más de un millón de estudiantes perdieron un vínculo con la escuela. La mitad de los estudiantes que sí se conectaron lo hicieron apenas con un celular; tres de cada cuatro tienen un único dispositivo en todo el núcleo familiar. Incluso aquellos estudiantes que están conectados ya muestran la insatisfacción de mantener este vínculo después de tanto tiempo. Pareciera que la continuidad educativa a través de plataformas digitales ha llegado a un límite.

En esas condiciones la declamada continuidad pedagógica no solo se ve afectada, sino que no acontece. Con este panorama, más estudiantes han abandonado la escuela durante los primeros seis meses de cierre escolar que a lo largo de todo el año anterior y hay aproximadamente un millón de estudiantes que no podrán volver a las escuelas. La Ley de Educación Nacional prevé que el Estado pueda declarar la emergencia educativa cuando esté en riesgo el derecho a la educación en los niveles obligatorios del sistema; no obstante, ello no ocurrió. Se evidenciaría así la versión local de la catástrofe educativa global.

La educación no ha sido considerada como parte de las actividades esenciales, de modo que el Estado de manera centralizada con un decreto de necesidad y urgencia impidió a las jurisdicciones provinciales debatir, al menos en el ámbito del Consejo Federal, las alternativas para enfrentar esta pandemia desde las instituciones educativas sin cercenar el derecho a la educación de la población escolar. Ello ocasionó que las escuelas fuesen cerradas sin opciones de trabajo en el ámbito institucional, ni siquiera entre docentes y equipos directivos, ni tampoco en las provincias donde hubo menos casos de Covid-19.

No se perfilan propuestas desde el gobierno nacional que prevean apoyar la apertura a la escuela en los próximos meses, ni para el inicio del próximo ciclo lectivo 2021 aunque aún quizá se podría haber capitalizado algo de lo realizado para fortalecer la finalización del ciclo 2020: al menos el retorno gradual de los docentes a los establecimientos escolares, para compartir experiencias, evaluar algunos resultados, iniciar la organización de los próximos cursos; o bien comenzar con la planificación del retorno, de las condiciones de bioseguridad que serán necesarias y el cálculo de los costos para el reacondicionamiento de los espacios en el mediano plazo, cuando se disponga la apertura de las instituciones.

Impactos deseables y escenarios factibles para el ejercicio del derecho a la educación

Por un lado, sería esperable fortalecer la cooperación internacional para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. En julio de 2020, más de mil millones de estudiantes seguían afectados por el acceso a la escolarización, lo cual representa un 61% de la población escolar mundial (aquí debe contemplarse el factor estacional). Por otro lado, algunos países han abierto escuelas y universidades. Se prevén modalidades híbridas de retorno a las instituciones: un poco en la escuela y otro en la casa; asimismo se perfila un retorno escalonado, cabría definir criterios para decidir quiénes volverían antes, y en qué condiciones de bioseguridad ello ocurriría.

En lo inmediato quizás habría que desarrollar propuestas que incluyan el aprendizaje entre pares y el trabajo colaborativo. También es necesario que los estudiantes tengan opciones, es decir que no estén obligados a trabajar de la misma manera ni con los mismos contenidos a la vez. Sin embargo, esto es una tarea muy delicada. Implica, a la vez, nuevos tipos de colaboraciones entre docentes y personal de conducción para poder abordar estos cambios no solo en este presente incierto, sino también para vislumbrar a qué tipo de escuela se retornará y repensar el rol docente (por ejemplo, ¿se podría promover una maestra en la presencialidad y otra en la virtualidad?). No obstante, nuevamente aquí es clave el rol del Estado para favorecer el ejercicio del derecho a la educación y resguardar el principio de igualdad.

Se debe focalizar el esfuerzo en quienes viven en contextos de pobreza que los lleva a dejar la escuela ya que no pueden conectarse, a la vez que se debe garantizar que los docentes tengan un acceso real (no solo material) a las tecnologías digitales para poder darles un uso pedagógico. Hay otros aspectos en los cuales también el Estado debe contribuir para poner las escuelas en condiciones: planes de emergencia para la infraestructura y el equipamiento para los establecimientos, de reparación luego de meses de cierre de los edificios; planes de puesta en marcha de las condiciones de bioseguridad para el trabajo de los docentes y para el ulterior retorno de estudiantes a las aulas; estimaciones presupuestarias de la inversión requerida así como de programas integrales de formación docente continua.

Por ello, resulta imperativo desde ahora diseñar e implementar políticas educativas bajo el principio de igualdad de oportunidades para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. En este sentido los gobiernos deben estar atentos a las necesidades y posibilidades de los estudiantes en cada uno de los niveles educativos. Es necesario que se tenga en cuenta que la vuelta a la educación presencial tendría que encontrar a los docentes preparados para considerar una mayor heterogeneidad estudiantil (generada durante estos meses de cierre escolar), por lo que deben contar con orientaciones claras para enfrentar las desigualdades. Nuevamente aquí aparecen las obligaciones estatales que se mencionó al inicio.

La educación escolar es una actividad esencial ya que permite una distribución del saber y la cultura a muchas personas de forma sistemática. Por ello el ejercicio de este derecho tiene otras múltiples funciones: detecta situaciones familiares complejas, provee alimentación, favorece la socialización, se involucra en cuestiones barriales y comunales, entre otras acciones de la vida social. Estamos frente a una emergencia educativa aún no declarada por parte del Estado nacional (de acuerdo con la legislación vigente). Ello permitiría desplegar acciones y hacer frente a las obligaciones estatales para que, ante esta catástrofe educativa global, la población pueda ejercer uno de sus derechos humanos fundamentales. Se trata de una crisis sin precedentes y se deben esbozar escenarios y propuestas de cómo se podría imaginar la escolarización en el futuro inmediato y mediato. En esta tarea se requiere un Estado que afronte sus obligaciones en materia educativa, e incluso se debe apelar al principio de exigibilidad para evitar que se profundicen las desigualdades educativas previas y las generadas en estos meses.