| Por Julio Calzada Mazzei | El Estado uruguayo, en aras de garantizar al conjunto de la población seguridad y convivencia, salud, aplicación justa de la ley y una gobernanza no prisionera de los miedos, aprobó una legislación que legitima una política de drogas cuyo objeto son las personas, cuya perspectiva es la salud, y cuyo horizonte ético son los derechos humanos.
| Por Florencia Corbelle | Con el objetivo de acabar con el estereotipo del “adicto” y con el consenso social existente en torno al prohibicionismo, los activistas cannábicos intentan instalar el concepto de “usuario responsable” frente a la idea de sujetos enfermos, dependientes, sin un proyecto de vida, o como seres peligrosos, delincuentes y cómplices del narcotráfico. El fin último, alcanzar una nueva ley penal y cambiar el paradigma de intervención estatal vigente.
| Por Corina Giacomello | El encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas es un fenómeno creciente en América latina. La desigualdad, la impunidad y la asimetría de las relaciones de género son una constante en las historias de vida. Es necesario repensar las políticas de drogas que imperan en la región y abogar por un cambio de paradigma, en el cual los derechos sean el eje del marco regulatorio de las sustancias.
| Por Alejandro Corda | Durante el siglo XX se instaló una matriz “prohibicionista-abstencionista” como respuesta a la problemática de las drogas, cuya principal expresión fue la respuesta penal, y sus principales destinatarios, los usuarios. Si bien en los últimos años parece existir un cierto consenso para dejar de criminalizarlos, la reforma no se termina de concretar y las resistencias persisten. Un debate que permanece abierto.
| Por José Alberto Sbattella | Nuestro país se ha convertido en un lugar donde el narcotráfico intenta radicar actividades para lavado de activos. Actualmente, la UIF colabora aportando información en más de 700 causas judiciales en las que se investigan los delitos de lavado y narcotráfico. A continuación algunos de los casos más resonantes.
| Por Juan Carlos Garzón Vergara | La “guerra contra las drogas” ha tenido como correlato bajos niveles de confianza en las fuerzas policiales, percepción de alta corrupción y un creciente escepticismo sobre su capacidad de dar respuesta. Una reforma policial significativa y sostenible, cuya prioridad sea la protección de la población, debe ser necesariamente precedida por una serie de cambios significativos en la política de drogas.
| Por Brígida Renoldi | La “guerra contra las drogas” ha fracasado. Sin embargo, no aparece en el horizonte la posibilidad de una política de “reducción de daños” como una política de seguridad más eficaz. Para propiciar mejores formas de administración estatal en esta temática es necesario diversificar las perspectivas que definen los problemas de interés público y dejar de pensar únicamente al narco, la droga y los consumidores como enemigos del Estado.
| Por Fernando Buen Abad Domínguez | El neoliberalismo y el posmodernismo convirtieron al negocio de las adicciones en una Cultura. Esta “Narco-Cultura” es un problema enorme que nos señala dónde está el poder y dónde está el dinero para satisfacer la voracidad del capitalismo. Un escenario devastador que sólo podrá ser revertido con una contraofensiva económica y política que sustente a una contraofensiva cultural emancipadora.
| Por Paula Goltzman | La asistencia y la prevención parecen tener cada una su territorio específico: el institucional y el comunitario. Sin embargo, esta diferenciación lo que hace es ocultar las relaciones de poder que generan la desigualdad que da forma a la vulnerabilidad de los sujetos. Un abordaje diferente que busca alimentar nuevas formas de relaciones que permitan transformar lo instituido.
| Por Dênis Roberto da Silva Petuco y Rafael Gil Medeiros | El potencial de la Reducción de Daños está dado por la forma de abordar los territorios, lo que la convierte en un ejemplo de cómo gestionar la salud inclusive en momentos de profunda miseria material y subjetiva. Sus saberes y prácticas, además de ayudar a evaluar la evolución de los sistemas de salud, contribuyen a atender los daños psicosociales derivados de las políticas sobre drogas.