| Por Julio Calzada Mazzei | El Estado uruguayo, en aras de garantizar al conjunto de la población seguridad y convivencia, salud, aplicación justa de la ley y una gobernanza no prisionera de los miedos, aprobó una legislación que legitima una política de drogas cuyo objeto son las personas, cuya perspectiva es la salud, y cuyo horizonte ético son los derechos humanos.