| Por José Alberto Sbattella |

Para contextualizar el tema del narcotráfico no podemos obviar el esquema económico de los años ’90 donde tuvo lugar una libertad absoluta de entrada y salida de capitales y un deterioro de la aduana como esquema de contralor del espacio territorial.

Ese esquema hizo que fuera fácil para narcotraficantes de fuste ingresar a la Argentina.

El más importante de esos ingresos fue el de la familia de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cártel de Medellín. Mientras él era asesinado en Colombia, su familia se radica en la Argentina con nombres falsos. Cuando finalmente se descubre la verdadera identidad de María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, hay un proceso de negociación con sectores políticos del gobierno argentino, en ese entonces a cargo de Carlos Menem. La familia Escobar Henao se instala en Tigre; Victoria se dedica a hacer negocios y los jóvenes a estudiar.

En los 2000 los cárteles colombianos dirigidos por jefes paramilitares que venían de un proceso de disgregación de las fuerzas contrainsurgentes –las Autodefensas Unidas de Colombia– ingresan a la Argentina. La crisis económica favorece el ingreso de dinero en efectivo, especialmente dólares. En nuestro país –recordemos que la Argentina es el país con más dólares per cápita del mundo fuera de aquellos donde es la moneda oficial– encuentran una estructura económica laxa derivada de los ’90, en la que escribanos y demás profesionales ligados a la transferencia de propiedades y de empresas no tuvieran problemas en hacer negocios en negro sin explicar el origen de los fondos.

Esta situación es reflejada en varios libros de la temática que plantean que la Argentina es un lugar de descanso donde el narcotráfico intenta radicar actividades para lavado de activos, además de ser plataforma de exportación de drogas en función de la herencia de las relaciones tejidas en una trama de corrupción como fueron los ’90. Trama que incluye desde el empaque para que la droga salga por la aduana hasta la posibilidad de trabajar con abogados, contadores, despachantes de aduana y escribanos que armen la fachada de un negocio legal.

En 2010 se produce una situación fundante cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decide tomar el toro por las astas y consolidar un sistema de prevención y de sanción penal para el lavado de activos, en función del requisito internacional a los países miembros del G20 y de una visión política que valora el riesgo que significaba la laxitud en la cual venía desempeñándose el sistema. En ese sentido da un respaldo muy fuerte a la nueva administración de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En la Argentina el delito de lavado fue incorporado al Código Penal en el año 2000 por medio de la ley 25.246, asociado al delito de encubrimiento. Para procesar a una persona por lavado era necesario probar el delito precedente que dio origen a esos fondos y sólo se podía castigar al sujeto “lavador” si era un “encubridor” de otro responsable del delito anterior.

La ley 26.683, promulgada el 21 de junio de 2011, estableció la tipificación del lavado de activos como delito autónomo, creando un nuevo título en el Libro Segundo del Código Penal llamado “Delitos contra el orden económico y financiero”, que se configura como un bien jurídico cuyo titular o sujeto pasivo es la comunidad en general. Se explicitó la vinculación directa entre el blanqueo de capitales y la influencia que despliegan el dinero y los bienes de origen delictivo en la economía legal, propiciando una economía paralela que influye en procesos inflacionarios, y fomentando situaciones de abuso de poder y especulaciones financieras y monetarias.

La ley 26.683 sumó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas –como inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas y mutuales–; reglamentó y clarificó el procedimiento de supervisión por parte de la UIF; incorporó medidas especiales de investigación; eliminó los secretos fiscales intraorganismos en el marco de una investigación; otorgó autonomía y autarquía financiera a la UIF, dando mayor independencia al organismo y le atribuyó a la UIF el rol de querellante en los procesos judiciales donde existan sospechas de lavado, entre otros avances.

Actualmente la UIF colabora en 700 causas por narcotráfico y recibe Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), emitidos por los diversos sujetos obligados. Los ROS forman parte de una base de datos cuya información se cruza con otra proveniente de otros organismos del Estado. Los analistas financieros de la UIF arman los perfiles patrimoniales que son insumo de la Justicia para avanzar en las investigaciones.

Sorprende que frente al avance y la toma de control de áreas que aparecían débiles años atrás, una acción que se efectiviza en detenciones, extradiciones, operativos y embargo de bienes, todavía es masivo el desconocimiento respecto del funcionamiento de la UIF y la legislación vigente.

A continuación, entonces, presentamos algunos de los casos más resonantes, intentando mostrar cómo desde el Estado se trabaja para poner fin al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, aportando subsidiariamente a la lucha contra este delito.

Principales acciones

Causa Álvarez Meyendorff

El jefe del colombiano Cártel del Valle había desplegado en la Argentina una amplia red de lavado de activos que operaba en Tigre. La causa tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Alberto Santa Marina, bajo la carátula “García Rivera Jaime E. y otros s/ presunta infracción Ley Nº 23.737”.

Álvarez Meyendorff fue extraditado a Estados Unidos mediante un pedido a la Cancillería argentina, luego de que se comprobara que los activos utilizados en el país provenían de la exportación de cocaína a ese país, entre los años 2004 y 2011.

En cuanto a los integrantes de la banda, se trata de doce personas procesadas que irán a juicio por lavado de dinero, y otras 22 harán lo propio consideradas autores o coautores del delito de tráfico de drogas.

Los imputados están siendo juzgados como encubridores o partícipes de lavado de dinero con penas que van de los 5 a los 10 años de prisión y multas de 2 a 10 veces los montos de la operación. Las personas procesadas son María Francisca García Fernández, la contadora que constituyó y puso en funcionamiento diversas sociedades pantallas, que incluyen la apertura de sucursales en la Argentina de sociedades offshore para la colocación de fondos en el sistema formal. Fredy Alonso Morales Garzón, Mónica Aponte Gallo y Ramiro González Warcalde, coautores materiales. Aponte Gallo es argentina y figura en AFIP como proveedora de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”. Elsa Alejandra Vázquez, quien está procesada como partícipe necesaria, fue representante de la empresa Portal Marina SA, sucursal argentina, cargo en que fue reemplazada por el colombiano Jesús Antonio Álvarez Rengifo. Marcela Pol, procesada como partícipe necesaria, bajo la supervisión de la escribana Carina de Benedictis, renunció a ser representante de la firma Val D’Arly sucursal argentina a favor del colombiano Ricardo Gutiérrez Villa. Stella Maris Vieyra, partícipe necesaria, fue la contadora de la banda.

Mauricio y Sebastián Álvarez Sarría son hijos de Meyendorff. En 2009, Mauricio adhirió a la ley de blanqueo de capitales y legalizó 4.453.000 pesos. Ambos están prófugos. Eran, junto a su padre, quienes comandaban la banda y coordinaban los grupos de personas que trabajaban en el lavado de activos.

Javier Hernán Kusnier García, sindicado como coautor material, cuya actividad registrada es la de proveedor de servicios jurídicos. Es secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria.

Claudia Sandra Minervini y María Sol Barrera también fueron procesadas como partícipes necesarias. Ruth Martínez Rodríguez fue imputada como coautora material, es la ex esposa de Daniel “el Loco” Barrera, un emblemático jefe narco de Colombia. En prisión domiciliaria por embarazo, vive en una casa del barrio La Alameda, en el complejo Nordelta. Actualmente es pareja de Ariel Gustavo González, un corredor inmobiliario acusado de ser coautor material del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, igual que Juan Carlos Bustamante.

Casualmente las razones sociales de las empresas mencionadas junto con los cambios de titularidad también modificaron sus domicilios que fueron fijados en Tigre.

La Justicia colombiana dispuso el embargo de activos por un monto superior a 500 millones de dólares y el 5 de mayo de 2013 tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos comerciales vinculados al imputado. Tal es así que “a raíz del caso, la fiscalía colombiana ha señalado que se generó el proceso de extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país”, indica el comunicado de agradecimiento enviado a la UIF local por autoridades colombianas.

El trabajo pudo articularse fluidamente con el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Carlos Alberto Ferreiro Pella, y tanto el narcotráfico como el lavado fueron debidamente probados en una de las causas de mayor magnitud económica de la historia.

Sergio Fontanellas Bobo

En la causa Nº 12.982 “Fontanellas Bobo, Sergio Marcelo s/ encubrimiento Art. 278 C.P.”, a cargo de la jueza María Servini de Cubría –titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1–, Sergio y Cristian Fontanellas Bobo fueron juzgados como coautores del delito de lavado de activos y sus bienes fueron embargados por 90 millones de pesos en cada caso.

La jueza también procesó al contador Mauricio Villavicencio Ahumada como partícipe secundario del lavado de activos y ordenó el embargo de sus bienes por 60 millones de pesos.

La maniobra de lavado fue detectada por la UIF en virtud de un ROS, por un monto de más de 400 mil dólares. Los analistas descubrieron que entre junio y agosto de 2007 los hermanos Fontanellas Bobo habían creado cinco sociedades comerciales con el mismo domicilio fiscal, de las cuales sólo una había realizado operaciones por una suma superior a 8 millones y medio de pesos, durante el período fiscal de 2010.

La UIF presentó ante el juzgado un informe con las maniobras económico financieras fraguadas a través de empresas pantallas, cuentas bancarias, compra de tierras en la provincia de Santiago del Estero, compra de automóviles de alta gama y operaciones inmobiliarias entre los propios imputados, con el fin de dar apariencia lícita a ganancias obtenidas de actividades ilícitas.

Sergio Fontanellas Bobo, de nacionalidad peruana y argentina, registró como sus actividades ante la AFIP la agricultura, la ganadería, la caza y la sericultura. Su hermano Cristian, quien también posee parte de las cinco sociedades anónimas, se encuentra inscripto en el régimen de trabajadores autónomos dentro de la categoría III, su perfil económico no se corresponde con su carácter de accionista mayoritario en dichas sociedades.

Se detectaron irregularidades tanto en las operaciones realizadas como en la situación patrimonial de los imputados. No registraban empleados en relación de dependencia, arrendaban un inmueble rural sin demostrar su explotación, y habían adquirido inmuebles y maquinarias en un breve período de tiempo a pesar de no registrar acreditaciones bancarias hasta diciembre de 2008.

La firma Crier SA –dedicada a la comercialización de productos agropecuarios– había tenido un fuerte incremento patrimonial durante el 2008 que no alcanzaba a ser explicado por sus ingresos declarados. La empresa no registraba retenciones, pero había comprado moneda extranjera y mostraba reiterados cambios de domicilio fiscal sin justificación.

La responsabilidad del contador Mauricio Villavicencio Ahumada fue establecida a partir de que confeccionó el Estado de Situación Patrimonial de Sergio Fontanellas Bobo, a quien le atribuyó un capital de casi 11 millones de pesos, sin datos ni documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos.

Sergio Fontanellas Bobo tenía ya un pedido de extradición por parte de las autoridades peruanas, donde se lo imputa por lavado de activos vinculado a la organización criminal que dirigía el ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, dedicada al tráfico de estupefacientes.

En función de las pruebas, la jueza María Servini de Cubría resolvió el procesamiento de los tres imputados, de acuerdo al artículo 278 del Código Penal, que establece una pena de prisión de dos a diez años y una multa de dos a diez veces del monto de la operación delictiva realizada.

Jesús Antonio Yepes Gaviria

En octubre de 2013, un grupo de narcotraficantes fue detenido en una entrega vigilada de droga que provenía de Salta y debía ser entregada en un garaje de Retiro. Allí la policía incautó 114 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo de una camioneta 4×4. Esa investigación llevó a la inmediata detención de Jesús Antonio Yepes Gaviria, que fue detenido junto a su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, en su casa del barrio Los Castores, de Nordelta, como parte de una banda de narcotraficantes colombianos que estaba siendo investigada. El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, no encontró elementos para acusar a Yepes Gaviria por narcotráfico, pero lo procesó por lavado de dinero. Él se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Devoto), ella permanece con prisión domiciliaria en el country Los Castores.

El colombiano compró 29 propiedades solamente en el complejo Nordelta, realizó inversiones en hoteles de la zona y tenía acciones de una empresa dedicada a la construcción, administración, compra, venta y alquiler de obras públicas, civiles o privadas. La organización amplió sus negocios a otros rubros como el de las empresas de transporte y la representación y transferencia de futbolistas. En esta actividad aparece la empresa Football Group Internacional SA, que tiene entre sus socios a John Eduard Martínez Grajales, otro de los sospechados jefes de la banda.

Yepes Gaviria se instaló en Nordelta en 2009, la casa en la que fue detenido es una propiedad de más de doscientos metros cuadrados, estilo francés de dos plantas, con cocinera, niñera, mucama y un empleado de mantenimiento. Ambos integrantes del matrimonio se presentaban como empresarios.

Entre las inversiones investigadas aparece el nombre de Walter Jorge Mosca, un empresario de la construcción de Tigre que se presume participó del lavado de dinero del narcotráfico. Mosca construyó un polideportivo público, que se anuncia entre las obras realizadas por la empresa Obras de Arquitectura como un “aporte social” del empresario al municipio.

La banda expandió sus inversiones a Uruguay, donde radicaron cuentas bancarias, compraron campos y propiedades en Punta del Este. Los registros de Migraciones evidencian que entre enero de 2012 y enero de 2013, Yepes Gaviria cruzó la frontera hacia y desde el país vecino 34 veces.

Los análisis nos permiten vincular a la principal desarrolladora de Nordelta, Oda Constructora, con los negocios del narcotráfico. A pedido de la UIF se congelaron bienes de ese grupo empresario, conducido por el arquitecto Walter Mosca, sospechado de recibir dinero para blanquear de parte de familiares de Jesús Antonio Yepes Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff, entre otros. En este marco, se inmovilizaron 100 millones de dólares, que se suman a los 500 millones que se congelaron en Colombia.

De los 250 inversores de estos fideicomisos investigados, el 70 por ciento no pudo justificar el origen del dinero ya que ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre el origen de los fondos. Los principales canales que ofrece Mosca para financiar sus emprendimientos son Obras de Arquitectura SRL, dedicada a la planificación de proyectos, y Oda Constructora SA, que participa en los fideicomisos investigados. En esos fideicomisos se encontraron fondos ligados a familiares de Meyendorff y Gaviria, que podrían haber ingresado dinero sucio.

La causa surgió de un ROS que elevó un banco a partir de movimientos llamativos. La investigación comenzó en 2011 y ya se llevaron a cabo 29 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, principalmente dentro de la zona de Nordelta.

Oda Constructora acumula tres juicios ejecutivos, dos pedidos de quiebra y 96 cheques rechazados. Varios de los fideicomisos de Mosca giran en torno de las inversiones en el Complejo Bahía Grande, de Nordelta. Entre sus mayores obras se destaca el Hotel Intercontinental Nordelta, en la avenida del Puerto, frente al río. Es un complejo de cinco estrellas inaugurado en julio de 2011, en cuyo corte de cinta participaron el arquitecto Mosca, el empresario Eduardo Costantini y el entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.

El dinero para la construcción de este hotel también podría haber surgido del lavado, con lo cual Mosca podría perder toda la inversión, ya que cualquier sentencia no discriminará entre los fondos de buena fe que integraron la obra. La expansión inmobiliaria que se está dando en Nordelta encendió luces de alerta en torno de los fondos que se encuentran detrás de los megaemprendimientos en esos barrios.

Hasta aquí, entonces, un apretado resumen de los avances en las principales causas judiciales en las que interviene la UIF. Si bien es cierto que en las mismas no está probado el delito de narcotráfico por la Justicia argentina, sí se puede establecer, a partir de las investigaciones por lavado, la incorporación a nuestro paisaje, a partir de los laxos controles dominantes en los años ’90 del siglo pasado, de varios de los principales referentes del tráfico de drogas de nuestra región. Queda mucho por hacer, pero el camino ya está iniciado.