| Por Corina Giacomello |

Claudia (nombre ficticio) es una joven mujer de unos treinta años de edad. Cuando la conocí se encontraba presa en la cárcel de mujeres Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. Estaba acusada de venta de clorhidrato de cocaína. La entrevisté en 2009 para mi tesis de doctorado. En ese entonces el delito por el que había sido sentenciada se castigaba con una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de veinticinco años.

El día de su detención Claudia se encontraba fumando piedra –lo que se llamaría crack, paco o bazuco en otras latitudes– en un parque de la Ciudad de México, con un joven también dependiente de esa droga. Unos policías se les aproximaron y vieron a Claudia pasar unos papeles –dosis envueltas en pedacitos de papel– a su amigo, Erik. Acababan de comprar la mercancía y ella traía varios envoltorios para que les durara un rato. Erik acusó a Claudia de estar vendiéndole la droga. Claudia se sorprendió y replicó acusándolo de lo mismo. Los policías los detuvieron y los subieron a una patrulla. Los tuvieron paseando un rato tratando de sacarles dinero e información. Al no recibir ninguno de los dos, finalmente los llevaron a una agencia del ministerio público federal. Ambos fueron consignados por venta de cocaína y llevados a un reclusorio.

En una declaración sucesiva ante el fiscal, Erik se retractó y aseveró que había acusado a Claudia de venta porque los policías lo golpearon para que lo hiciera. Esta declaración no fue tomada en cuenta a la hora de emitir la sentencia.

Meses después de su detención, Erik fue absuelto del delito de posesión y venta. Claudia, en cambio, fue sentenciada a diez años de prisión. Cabe precisar que la cantidad por la cual fue detenida y encarcelada ascendía a 0,6 gramos de cocaína. Para hacer una comparación es suficiente decir que en Portugal, donde desde 2001 rige una política de despenalización de las drogas, se considera como posesión para consumo personal hasta 2 gramos de cocaína. Las personas encontradas con esta cantidad de drogas no son sancionadas penalmente, mas son canalizadas a las llamadas Comisiones de Disuasión y pueden recibir una sanción administrativa.

Claudia es una consumidora dependiente de cocaína desde los nueve años de edad aproximadamente. Es decir, desde cuando, después de ser violada por su padre, decidió irse de su casa. Se fue a vivir a la calle donde para sobrevivir ejerció la prostitución y actividades informales, como limpiar parabrisas en los semáforos.

Su historia es ejemplificativa de un fenómeno creciente: el encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas. Estos “delitos” a menudo no son más que la posesión de drogas para uso personal.

Mujeres y delitos de drogas

Casos como los de Claudia pululan en las cárceles latinoamericanas y mundiales. Desde los años ochenta el número de mujeres en prisión por delitos relacionados con drogas ha aumentado exponencialmente.

De acuerdo con un informe de la Open Society Justice Initiative publicado en 2013, el número de mujeres encarceladas en las Américas se ha duplicado entre 2006 y 2011. Los delitos de drogas y las políticas de persecución de estos delitos son considerados entre las primeras causas de este aumento.

Como lo muestra el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “El uso de la prisión preventiva en las Américas”, los delitos relacionados con drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres en las Américas y la segunda, tercera o incluso cuarta en el caso de los hombres.

Es decir, si bien las mujeres siguen representando una minoría en los sistemas penitenciarios y, en términos absolutos, en el número de personas procesadas por delitos de drogas, su participación en estos ilícitos es cualitativamente mayor que la de los hombres.

Este fenómeno no es exclusivo del continente americano. El informe “Cause for Alarm: the Incarceration of Women for Drug Offences in Europe and Central Asia, and the need for Legislative and Sentencing Reform”, publicado en 2012 por Harm Reduction International, reporta que alrededor del 28% de las mujeres encarceladas en la región están acusadas de delitos de drogas. En algunos países este porcentaje aumenta hasta el 70 por ciento.

Un estudio coordinado por la Comisión Europea y llevado a cabo en seis países europeos (Italia, Francia, Inglaterra y Gales, Hungría, Alemania y España) sobre las condiciones de las mujeres privadas de la libertad muestra que los delitos relacionados con drogas son una de las primeras causas de encarcelamiento de mujeres nacionales y extranjeras. A su vez, las condiciones, necesidades y situaciones previas al encarcelamiento de las mujeres internas en Europa son comparables con las que se encuentran en América latina: no tienen antecedentes penales, proceden de contextos de exclusión social, han sido o son víctimas de violencia de género y han mantenido lazos de dependencia de los hombres. Las relaciones de pareja son uno de los vectores de involucramiento en las actividades criminales.

Las investigaciones académicas dan cuenta de este aumento e investigan sus causas desde por lo menos los años ochenta. En América latina son pioneros los estudios de Rosa del Olmo y Carmen Antony. Las nuevas generaciones de investigadoras hemos seguido las huellas de estas pioneras y perseguido la vinculación que parece existir entre tres variables: relaciones de género, narcotráfico y políticas de drogas, con un enfoque en la situación de las mujeres encarceladas.

Ahora bien, ¿cuáles son los principales hallazgos de las investigaciones académicas y de los estudios de agencias y organizaciones internacionales? ¿Qué lleva a las mujeres a participar en estos ilícitos? ¿De qué manera se involucran? ¿Qué papeles desempeñan? ¿Qué impactos específicos tiene el encarcelamiento para las mujeres? ¿Cuáles son las respuestas de los Estados en materia de políticas de drogas y sistemas penitenciarios?

Por un lado, el cruce entre feminización de la pobreza y roles de género favorece la incursión de las mujeres en el tráfico. El aumento de hogares monoparentales a jefatura femenina, es decir, el hecho de que cada vez más mujeres son las solas o principales cuidadoras de sus hijos e hijas, aunado al contexto de desigualdad y falta de oportunidades que acecha al grueso de la población latinoamericana, postula al tráfico de drogas –sobre todo el microtráfico– como una opción laboral informal ilícita. En ese sentido encontramos a mujeres dedicadas a la venta al menudeo y a la introducción de drogas en centros penitenciarios. Estas actividades son compatibles con otras actividades, pues permiten el desempeño de tareas tradicionalmente designadas a las mujeres: el cuidado de los hijos y de adultos mayores y del hogar.

Lucy, otra mujer que entrevisté en México, es un ejemplo de este último supuesto. Madre soltera de varios hijos, con estudios de nivel primario y una vida marcada por la marginalidad, arribó al microtráfico después de numerosos trabajos en la economía informal: limpieza, cuidado de terreno, lavado de ropa, incluso migró ilegalmente a los Estados Unidos. Finalmente aceptó la propuesta de una vecina de introducir vía vaginal drogas a un centro penitenciario varonil en la Ciudad de México. De acuerdo con su relato, su carrera fue breve, ya que pronto fue delatada por otra de las mujeres que, formadas afuera del penal, trabajan llevando drogas. Ella se refiere a las ganancias obtenidas como “dinero fácil” o “dinero rápido”, en oposición a las remuneraciones recibidas por realizar trabajos domésticos o similares.

El caso de las llamadas “mulas” del narcotráfico es sin duda más complejo, puesto que bajo este nombre se aglutinan mujeres de nacionalidades, niveles de estudio y antecedentes socioeconómicos muy diversos.

A su vez la participación en el tráfico nacional o internacional no se puede reducir a un único modelo explicativo: algunas se involucran por necesidad económica, otras como parte de un estilo de vida o, en algunos casos, bajo engaño. La pareja sentimental hombre es a menudo el vector de enganchamiento, mismo que se da dentro del contexto de la relación y de una dinámica de confianza. Sin embargo, no es un modelo exclusivo.

Las redes del tráfico son fluidas y no responden a una única dinámica de funcionamiento, mas están condicionadas por su doble dimensión territorial: fluida y global, mas también arraigada a territorios físicos y culturales. En este sentido, las dinámicas del crimen y de la globalización se cruzan y se mezclan con las relaciones de género y la conformación de redes embebidas de códigos y prácticas culturales.

En el caso de América latina, la desigualdad, la impunidad y la asimetría de las relaciones de género emergen como categorías recurrentes en el análisis de las historias de vida de mujeres encarceladas.

Mujeres y políticas de drogas

Además de los trabajos académicos, cabe resaltar también el reciente interés y preocupación de agencias internacionales con respecto a la creciente participación de las mujeres en el tráfico y su encarcelamiento.

En junio de 2013 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó la mesa redonda “Mujeres y drogas en las Américas: un diagnóstico en construcción” en el seno de la Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala. A raíz de dicho evento, la CIM elaboró un diagnóstico con el mismo título publicado en 2014 en el cual se muestra cómo los porcentajes de mujeres encarceladas por drogas en los países de la región son especialmente elevados.

En vista de la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas para discutir el tema de las políticas de drogas en 2016 (UNGASS 2016), ONU-Mujeres emitió un Policy Brief en julio de 2014 en el cual se aborda la relación de las mujeres con las drogas desde una triple perspectiva: 1) el consumo, 2) la participación de las mujeres en delitos de drogas y 3) los impactos de las actuales políticas de drogas sobre las mujeres.

A su vez, organizaciones como la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA, por su sigla en inglés) y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) han llevado el tema hasta la OEA y las Naciones Unidas, en eventos en los cuales se ha planteado la vinculación entre género y tráfico de drogas y el impacto de las políticas de drogas sobre las mujeres encarceladas.

Huelga resaltar tres puntos de la relación mujeres y políticas de drogas:

a) La desproporcionalidad de las penas. Los países de América latina y el Caribe, si bien con diferencias entre sí, tienden a castigar con penas elevadas los delitos de drogas. Si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas aprehendidas por estos delitos son piezas menores del tráfico, las penas de prisión aplicadas deberían de reflejar el nivel de autoría y las circunstancias de su involucramiento, a menudo dictadas por necesidades económicas y la penetración de las redes criminales en contextos marginados por el Estado.

b) La falta de alternativas al encarcelamiento y la prisión preventiva. Otro aspecto vinculado a las penas por delitos de drogas es la escasez o la ausencia –dependiendo de cada país– de mecanismos alternos a la prisión. Es decir, las personas sentenciadas por estos ilícitos están condenadas a purgar la pena en la cárcel y esto incluye a las personas que se dedican al microtráfico y que son consumidoras y para las cuales funcionarían mejor penas alternativas o sanciones administrativas.

Asimismo, los delitos de drogas suelen ameritar la prisión preventiva oficiosa, a saber, la detención durante el proceso. Como lo muestra el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionado anteriormente, la prisión preventiva es uno de los principales lastres de la región en cuanto a sistema penal y derechos humanos.

c) Víctimas invisibles: niños y niñas con referente adulto encarcelado. La guerra contra las drogas y su implementación en los marcos penales de los países latinoamericanos conllevan el encarcelamiento de miles de personas. Cada una de ellas está inmersa en un entramado de relaciones que a menudo incluye a sus hijos e hijas. Estos reciben el impacto directo de políticas orientadas al castigo y el encierro. Un estudio del Church World Service, “Invisibles ¿hasta cuándo?”, presenta el impacto del encarcelamiento de uno o más referentes adultos sobre los niños, niñas y adolescentes y adjudica a la guerra contra las drogas la causa de que existan cientos de miles de menores de edad que sufren las consecuencias del encierro de uno o ambos padres.

El tema de niños y niñas de personas privadas de la libertad es todavía poco estudiado. La Oficina Cuákera ante las Naciones Unidas es tal vez la asociación que más informes ha elaborado al respecto. A nivel internacional no existen disposiciones específicas más que aquellas –pocas– que hacen referencia a los niños y niñas que viven en prisión con sus madres.

El tema de mujeres en prisión por delitos de drogas otorga visibilidad a este otro aspecto invisible del encierro: el de los niños y niñas, ya que si bien hay mujeres presas que no son madres, la tendencia es que la mayoría de las mujeres en prisión lo son y antes de la detención eran las principales o únicas cuidadoras de sus hijos e hijas.

Conclusiones

Las mujeres privadas de la libertad son una minoría en aumento y la guerra contra las drogas, especialmente en su dimensión punitiva en el ámbito del derecho penal, es una de las principales causas de su encarcelamiento. Esta tendencia no es exclusiva de América latina.

Mirar a este grupo nos obliga a repensar las políticas de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de la niñez.

En materia de políticas públicas, las perspectivas de género y de los derechos de la niñez deberían fungir como ejes transversales en la determinación de las penas, en el diseño de mecanismos alternos a la prisión y, en términos generales, en las conceptualizaciones e implementación de las llamadas políticas de drogas. El marco represivo, orientado a la supresión de las drogas, se ha impuesto en las últimas décadas por encima de los derechos humanos, y las llamadas “víctimas colaterales” –como los niños y niñas– han sido concebidos como un mal lamentable mas necesario en este combate. Desde distintas latitudes y por múltiples actores –agencias multilaterales, Estados nacionales y sociedad civil– se están haciendo llamados a repensar las políticas de drogas que imperan en la región y se está abogando por un cambio de paradigma, en el cual los derechos –de todos, no sólo de una imaginaria “sociedad sin drogas”– sean el eje del marco regulatorio de las sustancias y de su concreción en los espacios de negociación entre los diversos actores de la sociedad.