| Por Paula Abal Medina |

El siguiente texto es una versión adaptada de exposición de la autora durante la mesa de presentación del último informe sobre derechos humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), correspondiente a 2017.

El Informe de Derechos Humanos en la Argentina 2017 realizado por el CELS, publicado con Siglo Veintiuno Editores, es un trabajo de gran calidad por su exhaustividad, por la precisión conceptual con que aborda cada problemática, finalmente por lo bien presentada que se encuentra la información. Es un material a la vez profundo y accesible.

Además, se transforma en un insumo político porque es imprescindible contar con una caracterización fundada para la organización del campo popular en un tiempo histórico de regresividad en materia de derechos humanos.

En los capítulos más directamente vinculados a las problemáticas sociales y del trabajo se revisan las medidas económicas y sociales tomadas por el gobierno de Mauricio Macri y se define el modo singular de criminalización de la protesta social, una criminalización que finalmente se dirige a toda expresión popular organizada.

Merecen ser destacadas las tesis centrales:

1. De acuerdo con el Observatorio de las Elites de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), las grandes líneas de la política económica se instrumentan a partir de la ocupación del Estado por parte de gerentes de las grandes empresas. Las estadísticas citadas son muy elocuentes. A su vez el contenido de la política tiene una dirección clara: beneficia a sectores económicos concentrados (en especial los exportadores agropecuarios y mineros) con transferencias desde los más empobrecidos.

2. Al ser esta la orientación, aun cuando la organización y movilización social de ciertos sectores permite garantizar el sostenimiento de ciertas políticas sociales, el dilema es que son esos sectores los más directamente afectados por las directrices económicas que determinan las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos. Dilema propio de la economía popular. El poder de organización popular permite negociar y asegurar la continuidad de programas sociales, pero eso no puede impedir el deterioro de las condiciones de vida de los propios sectores y el oscuro panorama por delante.

3. La marcada convergencia entre medidas de gobierno y decisiones del poder judicial, entre los discursos oficiales y los fallos judiciales, tendientes a lesionar el sistema de derechos humanos del país. Una convergencia que se reitera en otros países de la región, como todos sabemos. Esta convergencia se vuelve extremadamente preocupante en materia de criminalización de la protesta.

Como muy claramente se expresa en el informe: el uso del sistema criminal contra integrantes de organizaciones sociales y políticas no es una novedad. Existen casos graves y continuidades durante las últimas décadas. La novedad es la intensidad y, en especial, su articulación con discursos y decisiones de diferentes poderes ejecutivos. Como ilustración extrema debemos mencionar la persecución salvaje del gobierno de Jujuy a la Organización Barrial Tupac Amaru, a los trabajadores organizados sindicalmente del Ingenio Ledesma, y a los trabajadores y dirigentes organizados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. El informe muestra también lo que ocurre en otras zonas del país: además de Jujuy, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego, Formosa, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

El dispositivo criminalizador y lesivo de los derechos humanos abarca una multiplicidad de formas de intervención: brutales represiones de las fuerzas de seguridad contra las poblaciones por hacer uso legítimo del derecho a la protesta, acompañada por discursos políticos de estigmatización y descalificación de dirigentes y organizaciones; sanciones económicas a las organizaciones; intervención de sindicatos; revocación de la personería gremial del sindicato de trabajadores del subte; las formas de persecución de maestros y maestras. El fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Orellano –que era como la crónica de un fallo anunciado tras la designación de Rosenkrantz y Rosatti– es muy preocupante porque cercena claramente el derecho de huelga de los trabajadores para sostener que lo que hay es un derecho de huelga que solo pueden ejercer los sindicatos y no los trabajadores. Imaginemos, por ejemplo, a Armando Cavalieri como garante del derecho de huelga. O, en su momento, a José Pedraza. O a Andrés Rodríguez. En estos casos, equivaldría lisa y llanamente a eliminar el derecho de huelga.

El abuso en la declaración de conciliaciones obligatorias para obstruir el poder de protesta.

Otro caso, ya grotesco, a propósito de la negociación de bancarios de 2016, con esta secuencia:
• El sindicato y las empresas del sector acuerdan una pauta salarial por encima de lo que pretendía el gobierno.
• El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se niega a homologar el acuerdo.
• La Cámara exige la homologación al ministerio.
• Entonces, el gobierno inicia causa por mal desempeño, negligencia grave a los jueces de la Cámara.
• El presidente Mauricio Macri, desde la Bolsa de Comercio, llama mafiosos a abogados laboralistas de vasta trayectoria y reputación en la defensa de los derechos de los trabajadores.

4. Es posible observar que, durante los dos primeros años de gobierno, las nuevas iniciativas de política pública están fuertemente teñidas por las recomendaciones y perspectivas político-ideológicas de organismos multilaterales. Es el caso de las políticas de hábitat y vivienda, que comienzan a ceñirse a la cuestión del financiamiento. El endeudamiento de sectores de la población vía créditos de consumo e hipotecarios UVA.

En síntesis, estos dos años permiten afirmar que la mira del gobierno está puesta en los/as trabajadores/as, en sus diversas figuras y emergentes y en sus organizaciones.

El objetivo es desarticular el poder de bloqueo social que existe en la Argentina, donde los niveles de organización popular no dejan de generar sorpresas. Recordemos que, durante el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, la apuesta para vencer este poder diseminado por la sociedad se centró en la represión y en los acuerdos entre factores de poder. Sin embargo, no pudieron –como lo definió Juan Carlos Portantiero– resolver a su favor el “empate hegemónico” que caracterizaba a la Argentina.

Finalmente, tenemos que apuntar la regresividad del contexto regional e internacional en materia de trabajo: el intento de generalizar el estatuto de trabajador autónomo (una suerte de relación de dependencia a riesgo propio) con las modalidades contractuales como el Zero Hour Contract, en Gran Bretaña, y otras similares en España y otros países europeos, con la expansión de la tercerización del trabajo como dispositivo de desprotección. La reforma laboral brasileña y los intentos numerosos en la Argentina que, hasta el momento, fueron desarticulados con movilización social.

En definitiva, se trata de formas de legalización de la transferencia del riesgo empresario a los trabajadores.

Propongo sumar, a la caracterización del Informe del CELS, una caracterización de las diferentes reacciones y tipos de conflictividades que están desplegando las organizaciones.

Entre las reacciones negativas, tenemos que estar alertas sobre la negociación colectiva a la baja, como los casos de Petroleros y Ferroviarios, para referenciar dos convenios gruesos. O Acuerdos Preventivos de Crisis, como el de Comercio firmado entre Carrefour y Cavalieri, como representante sindical del sector, a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación, lesionando los derechos de sus trabajadores: habilitan retiros “voluntarios”, baja de aportes patronales, rebajas salariales. Y lo más inexplicable es que el acuerdo tendrá vigencia hasta marzo de 2021. ¿Un proceso preventivo de crisis por tanto tiempo?

En segundo lugar, otra alerta se enciende frente al desacato al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 19 de diciembre de 2017, contra una reforma previsional que afectaba a millones de personas. Es llamativo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no solo no se adhiriera, sino que además sacara un comunicado expidiéndose abiertamente en contra de la medida. Una situación considerada inédita en la tradición del movimiento obrero.

El hecho ilustra algo que un dirigente de la CGT –uno de los principales impulsores del paro del 19 de diciembre– definió como “el debilitamiento de la CGT como instancia colectiva”, como instancia de la clase trabajadora, como superación de la compartimentación sectorial de cada estructura sindical, espacio singular y distintivo, del trabajo. Instancia que se vuelve mucho más determinante cuando la desigualdad y la heterogeneidad atraviesan el mundo del trabajo. ¿La CGT es la instancia de representación del conjunto de los/as trabajadores/as? ¿Una instancia por encima o diferente de los “acuerdos sectoriales”?

Horacio Ghilini hablaba de esto también, hace unos pocos años, cuando contaba que Carlos West Ocampo le decía en los noventa que el secretario general de la CGT es secretario general de los sindicatos, de las estructuras, y no de los trabajadores. “Muy reaccionaria esa definición”, señalaba Ghilini.

Poniendo las cosas en el plano de las conflictividades desplegadas

Muchos sindicatos ejercen una resistencia fuerte. Destacan los aceiteros, los camioneros, los bancarios que rompieron el techo salarial macrista. Pero también la resistencia de maestras y maestros y los/a trabajadores/as del subte. Es muy impresionante la fuerza de movilización de la CTEP. Y la gran Caravana de los Trabajadores del Azúcar en Salta y Jujuy cerca de la marcha del 21F… y así, muchas más expresiones de conflictividades abiertas que se oponen a la instalación de un proyecto de país, otra vez en detrimento de las mayorías.

Las movilizaciones masivas son otro indicador de la potencia de bloqueo social, su carácter federal y una consigna determinante, que se impone pese a la fragmentación de los agrupamientos sindicales: “Unidad de los trabajadores”.

Finalmente, me gustaría mencionar dos emergentes nítidos y muy potentes. Y retener uno, que no termina de surgir, que son los jóvenes que ingresaron al mundo del trabajo durante la fase de 12 años de restitución de derechos del kirchnerismo. Victorio Paulón suele hablar de este ingreso tan cuantioso de pibes y pibas a las fábricas, destacando que allí se gesta una fuerza social que aún desconocemos. Ingresaron en un contexto particular: el de la restitución de derechos. “¿Cómo será la cabeza colectiva de esta nueva clase obrera?”, desafía Victorio.

1. El feminismo

El feminismo se está transformando en un impresionante elaborador popular.
Me refiero a las formulaciones alrededor de un feminismo popular, de la importancia del paro como instancia de lucha. De la importancia que adquiere la condición de trabajadoras.

Para este último 8 de marzo, asistimos a la conformación de un bloque Gremial Feminista, en el cual alrededor de una docena de dirigentes importantes de las distintas centrales –CGT, las dos CTA, CTEP– y de muchas organizaciones territoriales coincidieron en una conferencia de prensa conjunta. El acontecimiento tuvo una potencia que pocas veces viví en un acto político: las referentes, todas juntas con sus banderas superpuestas sobre la mesa improvisada, justo delante del Monumento al Trabajo.

Y este acontecimiento abre un hilo de conexiones hacia adentro de cada una de esas estructuras sindicales, gremiales, territoriales. En cada sindicato comienzan a problematizar el feminismo y lo que sucede es una rebelión de las estructuras profundas de la identidad.

Fue muy emocionante registrar ese momento de los discursos de las compañeras, las formas en las que se bancaban entre sí cuando las quebraba la emoción o la conciencia de estar construyendo en unidad esta experiencia de conflictividad y también una nueva palanca de transformación social.

El modo lúcido bajo el cual un feminismo plebeyo se propone reconectar las esferas de producción y reproducción social, y cuestionar la explotación capitalista y el modo patriarcal de organización social para plantear la discusión sobre las múltiples formas de producir valor/es en una sociedad.

2. La experiencia de la economía popular

La historia del otro movimiento obrero organizado puede comprenderse ahora en sus muchos capítulos y décadas de lucha. Es una historia que ya se ve.
• Puebladas.
• Tomas de tierras.
• Resistencia organizada a los desalojos.
• Los territorios reconfigurados para garantizar el plato de comida.
• Los cortes de ruta (desde Cutral Có, Plaza Huincul, Tartagal y Mosconi).
• La consolidación de las organizaciones populares en los territorios, disputando “planes”, muchas de ellas nucleadas en la CTA bajo la consigna: “La nueva fábrica es el barrio”.
• La constitución de un movimiento piquetero con epicentro en el conurbano bonaerense.
• La recuperación de fábricas.
• La organización en cooperativas.
• La creación de una herramienta gremial: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
• Las nuevas institucionalidades populares (AUH, monotributo social, salario social complementario).
• La articulación con la CGT.

En la CGT, estos dos emergentes están moviendo las cosas, permitiendo reconstruir la instancia colectiva, pese a que existen también esas fuerzas reaccionarias de las que hablaba Ghilini. Hay que apostar con mucha intensidad a los sectores que buscan articular y transformar la relación de fuerzas interna de la CGT.

El proceso histórico referido es el de constitución de los trabajadores pobres en un sujeto político. El mismo que reconoció Lula en su discurso, antes de que lo metieran preso:
“Cuando sostengo la mano de alguno de ustedes, cuando los abrazo… porque ahora beso a hombres y mujeres igualito… Cuando beso a alguno de ustedes, no lo hago con segundas intenciones, los beso porque cuando era presidente decía: volveré al lugar de donde he venido. Yo sé quiénes son mis amigos eternos y quiénes son amigos eventuales… Son aquellos que comían rabo de buey conmigo, caldo de mocotó, polenta… Son aquellos que tienen el coraje de invadir terrenos para construir viviendas, son los que tienen el coraje de organizar una huelga contra la reforma de las pensiones, son aquellos que ocupan el campo para crear haciendas productivas. Aquellos que de verdad precisan del Estado”.

Me parece que, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, no hay nada parecido a una hegemonía de derechas de nuevo tipo. Hay una profunda polarización, que requiere imaginar una nueva radicalidad y un nuevo protagonismo popular.

Porque para Lula en este último discurso, los trabajadores pobres ya no son únicamente aquellos destinatarios centrales de las medidas de gobiernos lulistas sino, fundamentalmente, el sujeto político más dinámico de la etapa actual.

En la Argentina, la mejor tradición del movimiento obrero organizado, junto con el sindicalismo de la economía popular y el feminismo, podrían crear un tiempo de transformación social.