| Por Ana Natalucci |

La relación entre los sindicatos y los derechos humanos como actores ha sido compleja y atravesada por las biografías de los dirigentes y, sobre todo, por sus posiciones respecto de los ’70. Se pueden observar tantas particularidades como nucleamientos sindicales se han organizado en los últimos años, que pueden identificarse en tres grandes grupos: el sindicalismo peronista nucleado en la CGT, el sindicalismo de movimiento social ligado a la CTA y el sindicalismo clasista. Hasta los ’90, el sindicalismo y el movimiento de derechos humanos tomaron vías paralelas; sin embargo, desde mediados de aquella década, la emergencia de una generación militante trajo algunas novedades.

El cruce entre sindicalismo y derechos humanos es un tema poco abordado desde las ciencias sociales, requiere no solo de la interdisciplinariedad sino también de considerar múltiples variables y particularidades en juego. ¿No hay al respecto un silencio paradójico, si pensamos que la causa de los derechos humanos tuvo un significativo punto de inflexión a partir de la última dictadura militar, cuando los trabajadores y sus dirigentes fueron sumamente afectados? Según los datos de la Conadep, alrededor del 55% de los desaparecidos fueron trabajadores, entre obreros, docentes, empleados y periodistas. Asimismo, muchos dirigentes sindicales fueron encarcelados durante los ocho años de la dictadura militar. Entonces ¿cómo entender los vínculos entre los sindicatos y el movimiento de derechos humanos?

A fines expositivos, aun con el riesgo de ser demasiado general, propongo el siguiente ejercicio de reconstrucción histórica, revisitando acontecimientos significativos que nos permitan indagar en la intersección entre el mundo sindical y el de derechos humanos, allí donde se articulan actores, agendas y estrategias.

Sindicatos y movimiento de derechos humanos: caminos paralelos

La relación de sindicatos y movimientos de derechos humanos no empezó en los ’80, sino que tiene algunos antecedentes ya desde 1976. Es sabido que la dictadura suspendió el derecho a huelga, las convenciones colectivas y reprimió cualquier intento de conflictividad laboral, incluyendo la detención y desaparición de dirigentes como la intervención sobre los sindicatos. En estas circunstancias, los sindicatos tenían mínimas condiciones para ofrecer una resistencia organizada a la dictadura. Aun así, desde 1979 se incrementaron las protestas sindicales bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini: los paros generales de 1979 y 1981; la marcha “Paz, pan y trabajo” a San Cayetano, el 7 de noviembre de 1981, y la marcha a Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 1982. Paralelamente, los familiares de los detenidos-desaparecidos se habían organizado desde 1977 para pedir su aparición, como también la restitución de los niños nacidos en cautiverio. Las rondas de las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada se convirtieron en el símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos.

Ese paralelismo entre los dos actores de alguna manera se volvió insuperable cuando el entonces candidato a la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín denunció el pacto sindical-militar, que supuestamente garantizaba la impunidad a los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad si el Partido Justicialista llegaba a ganar las elecciones. La quema del ataúd por parte de Herminio Iglesias, en el cierre de la campaña del PJ el 28 de octubre de 1983, reforzó la imagen de un sindicalismo fuera de tiempo, quedando a su vez descolocado frente a la promesa electoral de Alfonsín de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. Aquel pacto fue desmentido tiempo después en documentación desclasificada por el U.S. Department of State; sin embargo, cumplió un rol decisivo en el imaginario fundacional que promovía la UCR sobre la necesidad de dejar el pasado atrás para la construcción de una sociedad democrática. El “entusiasmo democrático”, como denominó María Inés González Bombal a este período, proponía recrear un orden político borrando el pasado. Eso incluía a los sindicatos peronistas, que eran identificados como el principal adversario político a superar.

Estas disputas al interior del campo político fueron claves para una estrategia de silenciamiento de esta historia, que incluye el desconocimiento de que dirigentes como Víctor De Gennaro (de la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de la Asociación Trabajadores del Estado –ANUSATE–), Roberto Digón (del Grupo “Los 25”, que también integraba Saúl Ubaldini), o Alberto Piccinini y Raimundo Ongaro (de la CGT de los Argentinos) fueron integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la que confluían con dirigentes peronistas y radicales e integrantes de todas las religiones. Ya en 1979, “Los 25” habían publicado documentos donde manifestaban su preocupación por la agenda de los derechos humanos respecto de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, la desaparición de dirigentes sindicales como Jorge Di Pasquale y Oscar Smith y la intervención a los sindicatos. Todos estos dirigentes pertenecían a los sectores combativos –muchos inscriptos en corrientes de izquierda– o confrontacionistas del complejo mundo sindical peronista que, junto con los sectores participacionistas o “los ortodoxos” y los “Independientes”, fueron protagonistas de las luchas en los ’70, aunque no todos víctimas de la dictadura militar.

Indudablemente, los ’80 trajeron otra novedad: la reformulación de las demandas en el debate público. Al mismo tiempo que se desdibujaron las demandas vinculadas con la lucha de clases, se consolidó la demanda por las violaciones a los derechos humanos, conceptualizados como derechos inalienables de los seres humanos. Esta fue representada principalmente por actores que no habían tenido una fuerte visibilidad hasta entonces en el espacio público: el movimiento de derechos humanos y sus organismos (ODH), integrados por familiares y víctimas directamente afectados por las desapariciones, fusilamientos y detenciones ilegales. Esta composición, además del clima de época, fue decisiva en el modo en que fue conceptualizada la demanda por violaciones a los DD.HH. Inscripta en un vocabulario liberal-republicano, resaltaba la figura del ciudadano por sobre la del militante político. En el marco de la difusión de la teoría de los dos demonios, los ODH dejaron de lado las pertenencias políticas y militantes de los detenidos-desaparecidos.

Desde la política y la academia se resaltaba su carácter de nuevo movimiento social frente a un movimiento obrero que había que dejar atrás. En este contexto, el sindicalismo, sobre todo el peronista que siempre ha tenido dificultades para mirar más allá del mundo del trabajo, quedó atrapado en esta encrucijada con pocos recursos para intervenir en el marco de un mundo que cambiaba de modo acelerado al calor del neoliberalismo. De esta manera, el problema de los derechos humanos quedó restringido a los delitos de lesa humanidad, donde los organismos de derechos humanos integrados por afectados directos cumplían un rol decisivo, incluso por sobre organismos como la APDH. El consenso social en torno a los derechos humanos fue clave para pensar el proceso de transición a la democracia. Aquel problema se fue desactivando progresivamente debido la impunidad promovida desde el Estado a partir de la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y los indultos poco después. Aunque de las marchas en su oposición participaban sectores de la izquierda peronista y la CGT, esto no se concretó en una política de articulación estable.

Resumiendo, a finales de los ’80 el campo multiorganizacional se vio fragmentado respecto de sus actores, mientras la causa por los DD.HH. quedaba monopolizada por los ODH. Este rasgo es explicable por la incapacidad del sindicalismo de pensar en demandas no vinculadas al mundo del trabajo y la marca de origen del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, este proceso no solo respondía a la lógica de las organizaciones, sino también al fuerte disciplinamiento social vía política económica, que dificultó cualquier tipo de articulación interorganizacional.

Marca generacional

Esa desarticulación del campo multiorganizacional empezó a desdibujarse a partir de la emergencia de una nueva generación militante. Al respecto, hay dos hitos para resaltar.

El primero ocurrió entre 1995 y 1996. El 20º aniversario de la última dictadura militar, la aparición del organismo de derechos humanos Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y la convocatoria al espacio Memoria, Verdad y Justicia fueron claves para reactivar la causa de los derechos humanos. Haciendo una rápida recapitulación, durante 1995 y a propósito del 20º aniversario de la dictadura, Madres de Plaza Línea Fundadora convocó a diversas organizaciones para la organización de la marcha en conmemoración. El espacio fue lo suficientemente amplio como para intentar reactivar la causa. Asimismo, las declaraciones de Adolfo Scilingo a Horacio Verbitsky respecto de los vuelos de la muerte fueron decisivas para reinstalar el tema en el debate público. Ese mismo año surgió H.I.J.O.S., que representaba el primer organismo de afectados directos que no habían vivido la dictadura, es decir, habían nacido en esos años, pero lo que sabían era por transmisión familiar o generacional. De acuerdo con el argumento anteriormente esgrimido, aunque puede parecer contradictorio que sea un organismo directo el que terminó de activar las redes con otras organizaciones, hay que considerar varios elementos.

A diferencia de los primeros organismos de afectados directos, como las Madres o Abuelas de Plaza de Mayo, en H.I.J.O.S. había una clara reivindicación de la lucha. De hecho, uno de sus acuerdos básicos era “reivindicamos la lucha de nuestros padres y sus compañeros”. Otro acuerdo apuntaba a la reconstrucción de los lazos solidarios desarticulados en la dictadura. Sintéticamente, la posición de la organización implicaba una relectura de la dictadura: su objetivo había sido implementar un modelo de exclusión y para esto había sido necesario exterminar una generación, cuyo proyecto político era antagónico al de los sectores dominantes. Aquel modelo encontraba en el menemismo una continuidad. En este marco conceptual, H.I.J.O.S. entabló relaciones de coordinación con otras organizaciones y con militantes sindicales, sobre todo pertenecientes a la CTA y al trotskismo. Con todos ellos había una base de acuerdo en la oposición al neoliberalismo, que dejaba afuera a la CGT Azopardo, luego de su viraje neoliberal. Además, este tipo de articulación novedosa no seguía solo una lógica espacial en el área metropolitana, sino también en el territorio nacional.

De esta manera, el espacio multiorganizacional se fue complejizando, mientras se sumaban novedosas organizaciones estudiantiles, creadas para oponerse a la Ley de Educación Superior, los movimientos de trabajadores desocupados y sindicatos con vocación de movimiento social que permitían abrir nuevas articulaciones. Respecto del actor sindical, fue la crisis del trabajo formal –en el marco de las reformas de mercado– lo que permitió que repensara sus demandas más allá del mundo del trabajo. Asimismo, el interés de este sector del sindicalismo por relacionar la dictadura con el neoliberalismo fue decisivo para que fortaleciera sus vínculos con los ODH.

Estos desplazamientos impactaron en la ampliación de la agenda de debate público, y si bien cada organización mantuvo demandas particulares, pudieron construir problemas públicos comunes. En este sentido, ese consenso alfonsinista sobre el derecho a la vida fue complejizado por la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad, pero también en los de violencia institucional, toda vez que el aparato represivo no se había desarticulado por completo. Así, se fueron articulando demandas de derechos humanos, políticas y económicas. Por estas razones, el espacio multiorganizacional de finales de los ’90 es bastante diferente de aquel de principios de los ’80 respecto de la agenda construida y los lazos entre ODH, sindicatos y otras organizaciones. Este primer hito encontró un punto de cierre parcial en la crisis de 2001.

El segundo hito sucedió entre 2003 y 2004. El proceso de normalización política luego de la crisis de 2001 y la asunción de Néstor Kirchner trajeron varias novedades para el campo multiorganizacional. El “brote de memoria”, como lo llamó Elizabeth Jelin, fue posible por dos acontecimientos significativos. Por un lado, la anulación de las leyes de impunidad, en 2003, junto con la voluntad política gubernamental, abrió la posibilidad de persecución penal a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Por otro lado, el 24 de marzo de 2004, en el 28º aniversario de la dictadura, el gobierno nacional anunció la creación del Espacio Memoria y DD.HH., que funcionaría en el predio de un centro de detención clandestino de detención paradigmático, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante el acto, Kirchner se reivindicó como parte de esa generación de los ’70 y, como presidente de la Nación, pidió perdón por la impunidad que había reinado hasta entonces.

Estos hechos se configuraron como oportunidades políticas que ampliaron los márgenes del campo de acción de los actores colectivos. Como consecuencia de estos cambios, la agenda de derechos humanos atravesó un proceso de institucionalización, que en parte la autonomizó de sus organismos históricos pero que, al mismo tiempo, permitió que nuevos actores abonaran a su favor. Este es el caso del sindicalismo peronista. En el período previo, había antecedentes de coordinaciones con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), cuyo dirigente Julio Piumato era militante peronista y había estado preso político durante la dictadura, por lo que siempre había sido permeable a este tipo de demandas, favorecido porque algunos militantes de H.I.J.O.S. también participaban de la Juventud Judicial. Ahora, con esas oportunidades políticas, ocurrieron dos acontecimientos importantes: por un lado, en 2004 Piumato propuso en la CGT la creación de la Secretaría de DD.HH. La propuesta tenía un doble eje, el primero de los cuales se orientó, en coordinación con ODH, a la recuperación de las luchas de los trabajadores, delegados y dirigentes gremiales detenidos-desaparecidos por la dictadura militar. El segundo, desde un enfoque multidisciplinario de abordaje de derechos económicos, sociales, laborales y culturales, impulsó en 2012 la Campaña Nacional de Lucha contra el Trabajo Esclavo y toda forma de Explotación Laboral y, en 2014, el Observatorio del Trabajo Forzoso. Por otro lado, en 2010, se creó la Juventud Sindical. Una de sus primeras actividades públicas fue participar de la marcha del 24 de marzo, sumado a la organización de visitas guiadas a la ex ESMA y la organización de un Ciclo Cine-Debate sobre la película “Verdades verdaderas”, sobre la vida y militancia de Estela de Carlotto. Si antes los militantes sindicales peronistas podían participar de este tipo de eventos, lo cierto es que la conformación de la JS reforzó la posición institucional de la CGT de superar los antagonismos setentistas. El aporte de ambos procesos fue significativo para la ampliación de la agenda de los derechos humanos.

Palabras finales

La articulación al interior del campo multiorganizacional es una tarea difícil para las organizaciones, en tanto las obliga a salir de su rutina cotidiana y de sus demandas sectoriales. Los ’80 significaron una retracción del campo militante debido al modo en que se procesó la transición democrática conjugada por el disciplinamiento social vía política económica. Desde mediados de los ’90, debido la emergencia de una nueva generación militante y las oportunidades políticas creadas en 2003, la causa por los derechos humanos se institucionalizó, es decir, el Estado tomó parte, para lo cual diseñó políticas públicas. La agenda fue incorporando demandas vinculadas a diversas violencias: género, laboral, social, estatal. Ambas cuestiones fueron posibles por la larga lucha del movimiento de derechos humanos, pero también por la intervención de otros actores colectivos, como los sindicatos, que contribuyeron a instalar concepciones amplias en torno a los derechos.

Desde ese 1977, en el que un grupo de mujeres caminaba bajo la forma de ronda en la Plaza de Mayo, hasta las multitudinarias marchas en repudio de la dictadura militar y también por la desaparición de Santiago Maldonado, los DD.HH. se construyeron como un pilar de la democracia argentina y punto de encuentro y acuerdo del campo multiorganizacional.