| Por Sebastián Torres | En tiempos en que se tiende a pensar a la educación superior bajo criterios de eficiencia y al conocimiento como un capital sujeto a intereses económicos privados y a las lógicas del mercado internacional, es necesario retomar la idea de universidad como propuesta educativa, científica, política, social y cultural, inserta en un contexto nacional y latinoamericano.
| Por Jesica Rojas | Desde los principios reformistas de 1918 y el establecimiento de la gratuidad universitaria en 1949, la democratización de la vida universitaria argentina fue un objetivo no exento de discusiones: acceso, inclusión, circulación y popularización del conocimiento y establecimiento de vínculos menos jerárquicos con la sociedad son algunas de las acepciones que estos debates movilizan.
| Por Norberto Fernández Lamarra | Durante los años ’90 se consolidó en la mayoría de los países latinoamericanos una legislación orientada a la evaluación de la calidad en este nivel. La Argentina no fue la excepción, con la sanción de la Ley de Educación Superior y la creación de la CONEAU, en 1995. Sin embargo, el sistema necesita ser revisado si es que se quiere mejorar su impacto real y significativo, tanto para las universidades como para su entorno social.
| Por Martín Mangas y Horacio Rovelli | El sistema universitario público creció desde la recuperación democrática, tanto en tamaño como en recursos. En cuanto a su impacto en la población, los datos de las últimas décadas confirman un crecimiento notable y sostenido de la participación de alumnos de menos recursos. Hoy, las políticas emprendidas por el gobierno de Cambiemos implican un profundo retroceso.
| Por Daniela Perrotta | En el contexto actual, la internacionalización de la educación superior es inherente a la transnacionalización y la financiarización de la economía, tanto como a la mercantilización del conocimiento. En su modalidad hegemónica, desincentiva tareas clave como la docencia o, en los países periféricos, investigaciones vinculadas con las necesidades locales. Frente a esto, la tradición universitaria latinoamericana cuenta con antecedentes para proponer alternativas.
| por Gustavo Eduardo Lugones | Se propone aquí una reflexión sobre la conveniencia y la necesidad de lograr avances en materia de planificación y articulación de nuestro sistema de educación superior (ES), ante el notable aumento tanto en su tamaño como en la complejidad de su estructura y en la importancia social y económica de sus actividades. Asimismo, se busca llamar la atención acerca del relevante papel que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puede cumplir al respecto.
| Por Adriana Puiggrós | A partir de sus orígenes en la Constitución de 1853, la Ley Avellaneda de 1885 y subsiguientes normas, el marco legislativo argentino manifiesta inconvenientes que pueden ser atribuidos a la persistencia de una determinada concepción político pedagógica. Más allá de los avances realizados, desde los sectores proclives al mercado se reinterpretan los principios universitarios de autonomía y autarquía en clave de mercantilización del proceso educativo.
| Por Adriana Chiroleu | En los doce años de kirchnerismo se registró un mayor apoyo financiero e institucional a las universidades nacionales, como también una ampliación de las oportunidades de acceso a los sectores vulnerables. Así y todo, en muchos casos faltaron las instancias de planificación y de evaluación de estas iniciativas. Además, persiste la desigualdad social en cuanto a las posibilidades de permanencia y egreso.
| Por Carlos Pérez Rasetti | La creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en 1993, y la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, marcaron las pautas sobre el modo en que se efectiviza la jurisdicción nacional sobre las universidades. Entre las diversas tareas de los organismos definidos por la nueva normativa figuran la orientación de líneas de financiamiento y becas; la supervisión de planes académicos, de investigación científica y de extensión, como también la coordinación de los procesos de evaluación y acreditación.
| Por Anabella Lucardi | A partir de 2003 se produjo un cambio de sentido en la formulación de políticas hacia la universidad, en relación con la orientación predominante durante los años ’90. Mayor inversión, expansión geográfica del sistema universitario de gestión pública, creación de programas de becas, promoción de carreras prioritarias para el desarrollo económico y productivo argentino y mejoramiento de la infraestructura fueron algunas de las decisiones más destacadas.