| Por Natalia Porta López |

La lectura no es una obligación personal, pero es derecho y condición de ciudadanía: nadie puede participar de la vida democrática si no tiene recursos para leer la historia, el derecho que lo asiste y regula la vida en común, la complejidad de los discursos políticos, la prensa, las redes sociales e incluso la literatura. Por ello el Estado debe desplegar políticas públicas que garanticen las condiciones materiales y pedagógicas para que las personas puedan elegir leer o no hacerlo.

Desde la recuperación de la democracia el Estado tuvo diferentes posturas frente a esa responsabilidad: desde iniciativas bien intencionadas pero insuficientes durante la primavera alfonsinista, y la eliminación total de políticas de lectura a lo largo del menemismo, hasta el despliegue de una compleja trama de proyectos y programas de cobertura universal entre 2001 y 2015. En la actualidad, y como política del gobierno que asumió en diciembre de 2015, apenas sobrevive activa una ínfima parte, pues casi todo ha sido discontinuado explícitamente o mediante vaciamientos. La novedad, desde el triunfo del macrismo, consiste en el intento de maquillar esa ausencia con estrategias propias de la comunicación y el marketing político.

Como ha historiado largamente Mempo Giardinelli en su ensayo “Volver a leer”, la recuperación de la democracia develó que una de las consecuencias más lacerantes de la dictadura fue la profunda conversión de la relación de los argentinos con los libros. “La lectura fue el desaparecido 30 mil uno”, suele metaforizar el escritor para referirse a ese cambio de paradigma: de un país en el que los ciudadanos percibían a la lectura como herramienta para el ascenso social y el progreso colectivo, en el cual la iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, la red de bibliotecas de la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), permitía que los ciudadanos accedieran a los libros en todo el territorio nacional, así como las iniciativas de Boris Spivacow en el Centro Editor de América Latina y en EUDEBA expandía masivamente el acceso al conocimiento, pasamos a otro en el que la lectura era peligrosa, los lectores sospechosos, las bibliotecas personales un factor de riesgo. El Estado había disuadido a los ciudadanos de apropiarse de la práctica lectora.

El gobierno de Raúl Alfonsín intentó con mejores intenciones que resultados implementar un primer Plan de Lectura, que tuvo escasa cobertura territorial y brevísima duración, pero que sembró algunas primeras líneas de trabajo. Estuvo a cargo de la profesora Hebe Clementi, en la órbita de la Secretaría de Cultura, y consistió en la organización de algunos talleres de lectura a cargo de escritores en diversos ámbitos.

La llegada del menemismo clausuró toda política nacional de fomento lector. La CONABIP sobrevivió con mínimos presupuestos y en apariencia fuera del interés nacional. Durante ese período se dejó librada a la acción de cooperadoras la renovación de acervos y se trasladó a las provincias la designación de cargos profesionales tanto en bibliotecas escolares como populares. Solo algunas escuelas recibieron colecciones por estar bajo la tutela de programas focalizados, financiados y controlados por el Banco Mundial (PROMSE y PIIE). Y fueron las organizaciones de la sociedad civil las que tomaron el tema como reclamo, primero, y como centro de sus acciones después. En especial la Fundación Mempo Giardinelli comenzó en 1996 con sus Foros Internacionales por el Fomento del Libro y la Lectura, un espacio que fue ganando protagonismo político y desde el cual la demanda de legislación y desarrollo de políticas públicas de lectura creció hasta que fue atendido.

En ese y otros ámbitos (congresos de Fundación El Libro, de CEDILIJ, de CEPROPALIJ, encuentros de ALIJA y otras organizaciones no gubernamentales) se fue dando además el diálogo social acerca de qué hacer con la lectura en la escuela, puesto que desde las décadas de los ’70 y ’80 solía convertirse la enseñanza en una serie de ejercicios coercitivos, unidireccionales, tendientes a limitar la interpretación de las obras y a situarlas en una línea de tiempo histórica, hasta lograr que los estudiantes salieran del sistema educativo con un verdadero y a veces profundo desinterés lector.

La transposición didáctica de las teorías estructuralistas dominantes en los años ’90 no mejoró el panorama nacional al respecto. Así como los estudiantes de los ’60 recuerdan interminables guías donde se los instaba a adivinar una única respuesta a la pregunta “¿qué quiso decir el autor?”, los estudiantes argentinos de fin de siglo tendrán para siempre en la memoria el rastreo de los mecanismos textuales internos de “coherencia y cohesión”. La búsqueda afanosa del lector “competente” derivaba sin remedio en la multiplicación del lector “inapetente”, como supo ironizar el ensayista mexicano Juan Domingo Argüelles, y todo en el contexto nacional de cambio de paradigma lector provocado por la dictadura y perfeccionado con perversión por la banalización neoliberal de fin de milenio.

Fue la sociedad civil –entidades y escritores, editores, bibliotecarios, y también académicos de casi todas las universidades del país– la que puso en juego todos esos temas indiscutiblemente imbricados: la pobreza infraestructural y de los acervos en las bibliotecas escolares y populares, la necesidad de formar formadores. Se reclamaban, al fin, políticas públicas de lectura.

Las primeras respuestas llegaron con los debates para la nueva Ley de Educación Nacional. Miembros de la Fundación Mempo Giardinelli detectaron que la palabra “lectura” no aparecía en el borrador puesto a consideración. Ni el verbo leer. Entonces se sugirieron párrafos que se incorporaron completos a la nueva normativa: son los que reconocen hoy la centralidad de la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligan al ministerio a sostener planes y programas de lectura y a garantizar la actualización continua de los acervos de las bibliotecas escolares.

El gobierno de Néstor Kirchner y los dos sucesivos de Cristina Fernández de Kirchner implementaron una variedad de políticas de fomento de la lectura y promoción del sector del libro. Desarrollaron una multiplicidad de iniciativas desde distintos estamentos gubernamentales, en general con una saludable intención de universalidad que incluyó al sistema educativo, pero también numerosos ámbitos no formales.

Las iniciativas arrojaron resultados dispares, pero todas se llevaron adelante con una lógica distributiva que alcanzó muchos de los objetivos que se proponían. Hacia el final del último mandato se intentó crear un organismo común para que compartieran criterios, fundamentos, maximizaran recursos y tendieran a los mismos objetivos: el Consejo Nacional de Lectura. En los hechos ese punto de encuentro de todos los programas, aunque fue anunciado, nunca terminó de ponerse en marcha. Las organizaciones de la sociedad civil intentaron ser parte de ese cuerpo colegiado para funcionar como garantes de la continuidad de las políticas más allá del cierre de los períodos de gestión. Pero esa demanda nunca fue atendida por los agentes estatales, acaso por las serias dificultades para alcanzar acuerdos interministeriales.

La única medida que alcanzó a concretar el Consejo fue la ejecución de una Encuesta Nacional de Lectura (la primera se había realizado en 2001 por decisión del ministro Andrés Delich durante el gobierno de De la Rúa). En 2011 se logró hacer una gran toma de campo, pero las universidades contratadas para el análisis de los datos recogidos demoraron más de dos años en entregar el informe, que develó que la herramienta de recolección de información utilizada tenía serios problemas metodológicos, por lo cual sus resultados no fueron considerados fiables por ninguna entidad pública o privada especializada.

De todos modos, más allá de que el intento de unificación epistemológica y operativa de las políticas fracasó, cada una en sí misma fue valiosa para el segmento de la población que pretendía beneficiar. Y muchas, en especial la incorporación al presupuesto nacional de la CONABIP con sus objetivos y planta de trabajadores renovada y potenciada, así como el Plan Nacional de Lectura, conllevaron una mejora notable para el mundo del libro y la lectura, y para el crecimiento de la Argentina como nación de lectores.

Casi la totalidad de esas políticas fueron discontinuadas o vaciadas a partir de diciembre de 2015.

Lo que sigue es un recuento de algunos de esos planes y programas y su estado actual:
• Política de compra y distribución de libros para sostener al día los acervos de las bibliotecas escolares y creación de colecciones de aula por parte del Ministerio de Educación de la Nación (las adquisiciones –96 millones de ejemplares entre 2003 y 2015–, en su mayoría libros texto escolar, técnicos, pedagógicos y de literatura dieron impulso a la industria nacional, con especial énfasis en el sector que edita libros para niños y jóvenes, cuya producción fue creciendo en proporción y diversidad año a año). Discontinuada.

• Política complementaria de selección de los libros a través de procesos transparentes de licitación, con la participación de cientos de especialistas de todo el país. Discontinuada.

• Política de edición, compra y distribución de libros para el Programa “Libros y Casas” del Ministerio de Cultura, consistente en la entrega de cada vivienda social con bibliotecas de 18 títulos literarios o útiles para la vida familiar cotidiana, con talleres complementarios de lectura para líderes comunitarios y vecinos. Discontinuada.

• Política de compra y distribución de libros desde el Programa “Primeros años” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para los comedores comunitarios, guarderías, hospitales y otros espacios de crianza y sostén de la madre y el niño, con su política complementaria de capacitación de mediadores en cada barrio. Discontinuada.

• Política de publicación y distribución de colecciones para la conformación de un patrimonio común de lecturas en las escuelas y bibliotecas por parte del Ministerio de Educación de la Nación (ejemplo: “Leer por leer” –4 millones de ejemplares en 5 tomos, uno por cada año de escuela secundaria, cada cual con 180 textos de literatura universal para los 180 días de clase–; “Leer la Argentina” –7 tomos con 290 textos de autores de todas las regiones del país– o Libros de Polidoro –4 millones de ejemplares en 5 tomos con la selección clásica de Boris Spivacow–). Discontinuada.

• Política de publicación y distribución de antologías para lecturas personales de estudiantes y docentes (Ej.: “Para seguir creciendo” –5 tomos de lecturas literarias entregados a los egresados de todos los niveles para leer en vacaciones– y “Palabras para vos”, cuentos distribuidos en los domicilios de todo el padrón de docentes del país, tarea del Plan Nacional de Lectura). Discontinuada.

• Política de publicación y distribución de publicaciones literarias en formato económico con cuentos y poemas de autores de todas las provincias y de los países del Mercosur por parte del Ministerio de Educación de la Nación, para ser distribuidos en escuelas, colonias de vacaciones, canchas de fútbol, taxis, terminales de ómnibus, estaciones de trenes, peajes, peluquerías, balnearios, hospitales, comedores comunitarios, parques y plazas. Se repartieron alrededor de 40 millones de plaquetas. Discontinuada.

• Política de dotación anual de cada salón de clase de todas las escuelas públicas del país con colecciones de libros, y de cada sala de niños de 3 años con una bebeteca. Discontinuada.

• Política de compra y distribución de libros para mantener actualizados y con un patrimonio mínimo común los acervos de las bibliotecas populares por parte de CONABIP. Continúa, aunque con serios recortes presupuestarios.

• Política de facilitación de compras directas, a precio diferencial y sujetas a la demanda de los usuarios por parte de responsables de Bibliotecas Populares en la FILBUE a través del programa “Libro %” de CONABIP. Continúa.

• Política de sostén a través de la Fundación Exportar en conjunto con la Cámara Argentina del Libro de un stand de Argentina en la Feria Internacional del Libro para Niños de Bologna, Italia. Discontinuada.

• Políticas de mejora de la lectura para el aprendizaje a través de líneas de acción del Ministerio de Educación de la Nación como el programa de intensificación de la enseñanza de la lectura “Leer con todo” y el “Programa de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”. Discontinuada.

• Política de fomento de la lectura a través del Plan Nacional de Lectura y la financiación de planes provinciales que desarrollaron sus propias acciones educativas con el apoyo económico de la Nación. Encuentros de escritores, ilustradores y narradores y especialistas a encontrarse con niños, jóvenes y docentes. Discontinuada.

• Políticas sistemáticas de formación de docentes mediadores a través de seminarios y trayectos de capacitación por parte de especialistas y equipos de Plan Nacional de Lectura. Formación profesional de modalidad virtual a través del Programa “Nuestra Escuela”. Discontinuada.

• Política de fomento a la creación y acompañamiento permanente de comunidades de lectura en escuelas y bibliotecas a través de los equipos de Plan Nacional de Lectura. Discontinuada.

• Política de cercanía y contexto a través de la estructura federal del Plan Nacional de Lectura (5 coordinaciones regionales con sus equipos) que garantizaban coherencia y alineamiento con las políticas nacionales promoviendo el consenso con y entre las jurisdicciones, proveyendo recursos y acompañando a los equipos provinciales. Discontinuada.

• Política de promoción de la lectura a través de los medios masivos con la producción sistemática de programas y micros de TV tales como “Limericks” (María Elena Walsh); “Cuentos para no dormirse; “De cuento en cuento”; “Cuentos de Había una vez”; “Rimas”, todos ellos producidos en la Argentina por la señal infantil Paka Paka de Canal Encuentro y cuyo eje central es la literatura dirigida a niños. Acaba de retomarse con criterios estéticos muy diferentes y ya desligada de los contenidos escolares que le imponía el hecho de que los canales dependieran del Ministerio de Educación.

• Política de instalación de las Bibliotecas Abiertas en las cárceles del país, movilización de sus acervos por parte de los equipos regionales y provinciales del Plan Nacional de Lectura. Discontinuada.

• Política de edición y distribución de materiales de lectura en lenguas de pueblos originarios a través de Plan Nacional de Lectura. Discontinuada.

• Política de elaboración y distribución en las escuelas de libros de recomendaciones, cada uno con reseñas de 300 libros de literatura infantil y juvenil argentinos e iberoamericanos para leer en las escuelas, que ampliaban el canon de libros prescriptos y circulantes (alcanzaron a hacerse dos). Discontinuada.

• Organización anual del Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, dentro del cual hubo un lugar destacado para niños y bibliotecarios. Discontinuado.

• Política de promoción de la producción editorial en el interior y en el exterior con el programa “Letras Argentinas”, que proveía pasajes y alojamiento a editores independientes para poder participar de un stand colectivo en diversas ferias a lo largo y ancho del país. Discontinuada.

• Política pública específica para el fomento de la lectura de poesía, que incluyó la organización de encuentros federales de poetas, la construcción de una red nacional y la circulación en las escuelas de las colecciones “Juan Gelman” con 80 libros de poesía universal para las escuelas secundarias, y “Crecer en poesía”, 6 tomos de poemas para niños de nivel inicial y primario. Discontinuada.

• Política de apertura de la Biblioteca Nacional con talleres de lectura y escritura, artes, presentaciones de libros, debates, conferencias temáticas, ediciones de rescate de patrimonio literario y de prensa gráfica. Discontinuada.

• Programa SUR de fomento a la traducción y publicación de autores argentinos en países de habla no hispana en Cancillería. Es incierta su continuidad.

• Política de promoción de autores y libros argentinos en lugares de protagonismo en las ferias de Frankfurt, Guadalajara y Río de Janeiro, y en el Salón del Libro de París. Es incierta su continuidad.

• Podría considerarse también una pérdida para el sector la discontinuidad de todo lo relacionado con el fomento de la lectura digital en el vaciado Programa Conectar Igualdad.

Los ministros a cargo de estas iniciativas las paralizaron primero, luego dejaron vencer los contratos de las personas que las llevaban adelante –la mayoría dependía de equipos cuyo financiamiento se triangulaba a través de universidades o de organismos internacionales (IIPE UNESCO, OEI)– y finalmente despidieron o reasignaron al personal de planta restante.

En algunos casos los funcionarios no admiten que los programas ya no existen. Y tanto así es que recientemente el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, negó que el Plan Nacional de Lectura (PNL) se hubiera dado de baja en el Ministerio de Educación de la Nación, aunque nadie conoce quiénes son sus directores ni se conocen actividades que se realicen bajo su sello. El PNL articulaba su trabajo con el de equipos que en las jurisdicciones llevaban adelante planes provinciales de lectura, pero solo en unas pocas provincias esos equipos han sido recontratados y continúan activos, aunque ya sin financiamiento nacional.

No es sorprendente que en el contexto de la restauración neoliberal que propone el gobierno de Mauricio Macri, las políticas humanizantes y promotoras del pensamiento crítico tiendan a desaparecer, pero sí son novedosas algunas de las políticas que se proponen las actuales autoridades en reemplazo de aquellos programas. Por ejemplo, se conoce ya una aberrante propuesta oficial, que mediante circular se envió a todas las provincias a fines del año pasado: requiere a los ministerios que aún tengan equipos de los que fueron los planes jurisdiccionales de lectura (muchos ya se encuentran disueltos) que se ocupen de cumplir una serie de órdenes. Se titula “Plan Federal de Fomento de la Lectoescritura”, lo que desde el vamos presenta una confusión conceptual porque la lectoescritura es un proceso a enseñar, y no una práctica que se pueda fomentar. Esta oscura propuesta parece diseñada por algún especialista en marketing, por todo lo que tiene de dispositivo mediático, útil probablemente para esconder la ausencia de una verdadera política pública de lectura.

La iniciativa es presentada a la comunidad como “Cadena Federal de Lectura”.

El documento está escrito en un castellano neutro, propio de los canales de televisión “en español” –usa la palabra “aparcar” por estacionar, por ejemplo–, con verbos en infinitivo que son en realidad imperativos. Ese estilo, me consta, resultó una novedad desagradable para los equipos técnicos de los ministerios de las provincias acostumbrados a consensuar y a participar del diseño de las políticas antes que a ejecutar proyectos en los que no intervinieron en su formulación con las propuestas y particularidades de las jurisdicciones.

El proyecto consiste en una serie de “maratones de lectura” de 24 horas de duración a la vera de un “LectoMóvil” que visitará las provincias a tal fin, con un recorrido que no responde a criterios pedagógicos sino a “el diseño de la ruta federal lectora que mejor satisfaga criterios operativos, logísticos y presupuestarios”. Efectivamente, entre los pedidos se indica:

– “Bloquear en el almanaque el día de abril en el que la provincia recibirá la visita del LectoMóvil durante 24 horas corridas. El día será seleccionado y propuesto por el equipo organizador y deberá facilitar el diseño de la ruta federal lectora que mejor satisfaga criterios operativos, logísticos y presupuestarios.
– Acondicionar un lugar público, simbólico, visible, de fácil acceso, seguro y que no entorpezca el tránsito para aparcar el LectoMóvil durante las 24 horas que dure la visita”.

Se requiere expresamente que cada ministerio garantice abundantes impactos en la prensa local, participación de lectores por cuotas de representación social controladas y se advierte que se realizará solo con textos preacordados y aprobados por un “equipo técnico centralizado” (un corpus con porcentajes de representación temática y genérica):

– “Coordinar la cobertura mediática del evento por parte de medios locales (diarios, radios, TV).
– Proveer corriente eléctrica e Internet al LectoMóvil.
– Facilitar el despliegue de sillas y sombrillas durante la visita del LectoMóvil para crear una atmósfera lectora durante toda la jornada (¡recordar que son 24 horas corridas!)”.

Es fácil imaginar el “esfuerzo” que demandará a los equipos sostener sin dormir 24 horas de “atmósfera lectora”.

El control de los textos a compartir en esta delirante “Cadena” implica un proceso rayano con la censura previa:

– “Seleccionar 100 textos de autores locales o internacionales en idioma español para las 5 categorías de temas a cubrir durante la Cadena Federal de Lectura: i) historia local (20 títulos), ii) medioambiente (20 títulos), iii) literatura infantil (20 títulos), iv) ciencia ficción (20 títulos), y v) otras obras (20 títulos). Enviar listado al equipo organizador para consolidar.
– Asegurar la disponibilidad de, al menos, 2 ejemplares por título en formato físico y 1 en formato electrónico para remitir al equipo organizador.
– Evitar incluir dentro del listado títulos que posean un lenguaje inapropiado (por ejemplo, uso de malas palabras o groserías), una temática incompatible con el Programa (por ejemplo, manifiestos políticos partidarios) o que provengan de autores que generen conflictos o suspicacias (por ejemplo, integrantes del equipo organizador o funcionarios públicos en ejercicio)”.

¿Quién dictaminará qué se considera “lenguaje inapropiado”? ¿El autor del documento confunde “tema” con género literario? ¿Creen los técnicos del actual Ministerio de Educación que la lectura es cuestión de “temas”? ¿A quiénes debería considerarse “autores que generen conflictos o suspicacias”?

Además, la selección por cupos de tipos humanos que deben aparecer como lectores parece responder a necesidades de imagen pública que nada tienen que ver con el objetivo de la lectura en sí, más bien con la obtención de “escenas” de lectura en sentido restringido, protagonizadas por una variedad de públicos propia de la comunicación política y con la pretensión de dar la idea de inclusión y diversidad:

– “Organizar un listado cronológico de los 72 lectores que participarán de la Cadena, respetando los cupos predefinidos: 36 alumnos de 6º grado de diferentes escuelas (50%), 15 docentes de diferentes niveles educativos y escuelas (20%); 7 padres y abuelos/as (10%), 7 autoridades públicas, incluidos el gobernador y el ministro de educación (10%) y 7 personalidades locales de diferentes disciplinas (10%).
– Organizar un listado de 24 lectores suplentes, para que estén disponibles durante 1 hora cada uno, con el fin de garantizar que la ausencia de los lectores predefinidos no rompa la cadena.
– Identificar, si fuera el caso, las personas que leerán en lenguas o dialectos locales, braille o con alguna otra particularidad o forma diferente del español escrito, asegurando posean los textos y soportes necesarios para realizar la tarea”.

Esta serie de eventos se acompaña con un concurso de escritura de cuentos para estudiantes de sexto grado de la escuela primaria cuyo texto ganador, según se desprende del documento, será objeto de lectura (¿coral?) en un estadio de fútbol.

– “Distribuir las bases del Concurso Nacional de Cuentos Infantiles entre los responsables escolares provinciales, asegurando se comprenda el objetivo general del Programa y del Concurso, la temática a abordar y la dinámica de trabajo. Es importante que los alumnos comprendan que el cuento ganador será leído en voz alta por decenas de miles de niños y niñas en el Estadio de River Plate”.

Esta disparatada propuesta es exactamente el tipo de iniciativas que deploramos se realicen en nombre del fomento de la lectura, por efectistas, útiles solo para conseguir fotografías de una variedad de “escenas de lectura” en distintos escenarios del país pero que sólo sirven para distraer y ocultar a la opinión pública con la ausencia de las políticas discontinuadas.

Las instituciones de la sociedad civil se preparan para resistir un nuevo período de oscurantismo neoliberal. Los años recientes de redistribución de la palabra dejaron mucho material de lectura en escuelas y bibliotecas, y una generación de mediadores que comenzaba a formarse para utilizar eficazmente los acervos distribuidos y, lo más importante, todo eso demostró que es posible llevar adelante con éxito iniciativas de fomento lector desde el Estado para, en palabras de Mempo Giardinelli, “volver a ser una Nación de lectores”.