| Por Gustavo González |

Si emprendemos una lectura rápida de los medios gráficos más significativos de la ciudad de Santa Fe nos toparemos cíclica y regularmente con titulares y contenidos periodísticos como los siguientes:

• “Detenciones y secuestros en un megaoperativo policial. Hubo 41 personas detenidas; y se secuestraron motos, autos y un camión. El operativo duró aproximadamente seis horas y demandó unos 300 efectivos y 60 móviles policiales. Consultados por los medios, funcionarios policiales y judiciales calificaron al operativo como ‘positivo’, ya que consideraron que ‘es una forma de paliar la tremenda inseguridad’ que se vive en la ciudad capital. Además, se abonó la idea de que existen bandas foráneas que encuentran ‘apoyo logístico en la zona precarias’” (El Litoral, 10/2/2009).

• “Megaoperativo en Los Hornos y Villa Elsa. Unos 250 policías, junto al juez de instrucción José M. García Porta, concretaron hoy un megaoperativo en los barrios de Los Hornos y Villa Elsa. Con las primeras luces del día se produjo el ‘desembarco’ de los uniformados, los que contaron con el apoyo de unos 50 vehículos (…) Funcionarios judiciales y policiales afirmaron que los asentamientos precarios y las villas instaladas en nuestra ciudad favorecen la comisión de delitos y son el escondite fundamental y más seguro para los delincuentes y asesinos” (El Litoral, 1/10/2009).

• “Batalla al delito. Megaoperativo policial en barrios. Se realizó en Pompeya, San José y Villa Hipódromo. Se secuestraron unas 50 motos. Además unas 70 personas fueron trasladadas a sede policial” (El Litoral, 24/4/2013).

• “Realizaron megaoperativo policial en barrios santafesinos. El operativo se realizó en barrio Sargento Cabral y La Lona. El comisario Córdoba, a cargo del operativo, confirmó que se secuestraron 11 motovehículos y hay 8 demorados” (Uno Santa Fe, 28/6/2013).

• “Megaoperativo policial: 120 traslados y 41 motos secuestradas. Buscan prevenir delitos y brindar seguridad a la población. Abarcó los barrios Centenario, Varadero, Sarsotti, FoNaVi, San Jerónimo, Chalet, San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, Villa Oculta, Roma, Vecinal Mariano Comas y Candioti Norte” (DERF Agencia Federal de Noticias, 2/5/2013).

• “Megaoperativo de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana: se realizó en los barrios Yapeyú, Cabaña Leiva, El Abasto, Estanislao López y Nuevo Horizonte. Como resultado del mismo, se trasladó preventivamente a 51 personas entre mayores y menores, se secuestraron 21 motocicletas (…) Cabe aclarar que estos operativos se realizan en forma aleatoria y sorpresiva con la finalidad de contribuir a la prevención del delito en distintos barrios del Departamento La Capital” (Uno Santa Fe, 14/5/2013).

• “Megaoperativo en seis barrios de la ciudad. Arrestaron preventivamente a 32 varones mayores y detuvieron a un menor. Secuestraron motocicletas y bicicletas e involucró a cuatro populosas barriadas santafesinas (…) fueron concretados nuevos operativos policiales de saturación, chequeos selectivos de personas y de vehículos en el marco de procedimientos policiales de prevención activa” (El Litoral, 29/5/2013).

• “Desembarco en el Oeste. Esta mañana se realizó un megaoperativo en barrio Santa Rosa de Lima. Más de 250 policías participaron del procedimiento, que hasta contó con apoyo aéreo” (El Litoral, 12/4/2014).

• “Lo que se hizo fue marcar la cancha. El ministro de Seguridad se refirió al megaoperativo antidrogas realizado ayer en distintos puntos de la ciudad con la inédita intervención de dos mil agentes de Gendarmería y Prefectura Naval” (La Capital, 10/4/2014).

Estas noticias vienen acompañadas con fotografías que ilustran cada uno de los operativos donde el patrón común que nos devuelven estas imágenes es el de funcionarios policiales desplegando intervenciones violentas a través de la exhibición de armas, pertrechos, rostros cubiertos, móviles acorazados, calles de tierra, viviendas precarias, jóvenes esposados y vecinos asistiendo al despliegue policial con miradas expectantes o dislocadas. Toda una suerte de teatralización bélica, una operativización de lógicas de desembarcos y ocupaciones territoriales.

Una pregunta subsecuente sería: ¿por qué la policía despliega esta modalidad de intervención y en estos sectores sociales y urbanos? Por supuesto que una respuesta seria y rigurosa a dicho interrogante, que interpele al sentido común, requiere una argumentación densa y compleja que excedería ciertamente la extensión de este ensayo. Sin embargo y en consideración del nudo temático del presente número, podemos avanzar en el planteamiento de un tipo de respuesta que inscriba estas intervenciones policiales al interior de una serie más amplia de estrategias de reproducción del orden social.

Desde el campo de los llamados “estudios sociales de la policía” se ha ido generando una serie de herramientas para abordar analíticamente a las instituciones policiales, entre las cuales nos interesa rescatar dos muy significativas para responder al interrogante inicial. La primera de ellas permite ubicar a las instituciones policiales como uno de los dispositivos clave en el desarrollo de procesos de reproducción del orden social. Como es sabido, históricamente tanto actores políticos como funcionarios policiales han proclamado formal y discursivamente que la prevención del delito es la función más importante que cumplen estas organizaciones. Alimentados por estas acciones y en consonancia con los medios masivos de comunicación, sectores preponderantes de la opinión pública y del sentido común, equiparan, recortan y asocian el trabajo policial con la “lucha contra el delito”. Uno de los efectos más importantes de este proceso será el despliegue de acciones policiales concretas a los fines de demostrar eficacia y eficiencia en el logro de este objetivo.

Ahora bien, detrás de la consecución de este objetivo institucional lo que emerge es la presencia de la institución policial como una de las agencias más visibles de la reproducción del orden social mediante estrategias de control poblacional. Representa la presencia territorial micro de un orden social más amplio y complejo. En la medida en que las instituciones policiales puedan dar cuenta de sus logros a través de la supuesta aplicación “profesional, neutral y objetiva” de la ley, van concentrando cuotas de legitimidad e intentan convencer a la ciudadanía de que están siendo controlados como sujetos individuales y no como sujetos de clase. La policía es portadora de una idea de orden social y está ahí para reproducirla continuamente en sus acciones en el territorio.

La segunda de estas herramientas define a la policía como una institución de “mandato imposible”, porque afirma que su función es el control del delito y del mantenimiento del orden (en el lenguaje policial tradicional conocida como “la guerra o el combate contra el delito”), siendo este mandato imposible de cumplir, pues no solamente la policía no cuenta (en el caso de creer que sólo dependiera de esto) con los recursos necesarios al efecto, sino porque en la producción y constitución (del orden social y del delito) intervienen además otros actores sociales y factores políticos, culturales y económicos.

Por otro lado, la misma policía “gestiona y regula” eso que dice controlar o mantener: el delito. En virtud de ello es que constantemente las instituciones policiales están sometidas a la necesidad de legitimarse, de mantener las expectativas sociales y demostrar que pueden cumplir el mandato institucional. Por ello, la policía regularmente despliega acciones públicas en esa dirección, procurando dar respuesta al mandato mediante la presentación mediática de imágenes positivas de sus supuestos logros. Estas acciones, una especie de teatralización, se consolidan como tácticas para mantener y comunicar la ilusión del control del delito.

Esto no quiere decir, por si es preciso aclararlo, que las instituciones policiales desarrollando estas acciones originen y manipulen las opiniones de los ciudadanos y, asimismo, que sean realmente eficaces en estas tácticas de autopublicitarse. Sin embargo, es preciso reconocer que uno de los efectos más importantes de este tipo de estrategias policiales es la creación de representaciones, imágenes, signos y mensajes acerca de lo que es el delito, dónde se concentra en términos urbanos y sociales y lo que la policía “verdaderamente” hace en pos de su control.

La proliferación y regularidad de los operativos policiales masivos en sectores urbanos y sociales excluidos emerge como un indicador preciso de la marcada “necesidad” de publicitar una cierta idea del des/orden social asociado al delito y de administrar simbólicamente imágenes siempre positivas de sus funciones y logros.

Los medios masivos de comunicación reproducen de forma selectiva este tipo de estrategias policiales y esas informaciones e imágenes van generando, sesgando y asociando la problemática del delito referenciándola solamente a cierto tipo de comportamiento, de sujetos y sectores sociales. Y al mismo tiempo, legitiman y naturalizan una modalidad policial específica de control social. El sacar los eventos del contexto o presentarlos de determinada forma “capacidades que utilizan la policía y los medios de comunicación– impacta en el potencial político y en el mensaje público de los eventos representados.

Este tipo de despliegues policiales buscan generar mensajes simbólicos estratégicos y tácticos que den cuenta de que el control del delito es real, regular y efectivo a pesar de las palmarias muestras de su ineficacia. La policía con estos operativos masivos simboliza y materializa esa mitología que sin embargo genera efectos y daños sociales específicos y concretos para los sectores sociales excluidos.

El despliegue de estas estrategias de control masivo, tal cual lo ejemplifican las noticias presentadas al inicio del presente artículo, es una modalidad ritual y recurrente de las instituciones policiales por medio de las cuales se exhiben selectivamente símbolos (armamentos, sectores de la ciudad, sujetos, etc.), se amplifican algunos de ellos y se ocultan otros, se generan diferencias morales y se clasifica y estigmatiza a sectores e individuos al interior del tejido social. En otras palabras, la policía, en nombre del mantenimiento del orden y del control del delito, evidencia determinados valores e intereses materiales y morales, diferencia comportamientos y marca sectores sociales y sujetos merecedores de castigos y estigmatización.

La policía, mediante esta distribución y concentración espacial de recursos y acciones violentas, genera riesgos diferenciados para determinados grupos sociales y reproduce cíclicamente un orden social desigual.

Reiteramos que esto no quiere decir que lo que “hace la policía” es pura ilusión, pura imaginación. Por el contrario, sus acciones y efectos son reales. Lo que se quiere significar es que la policía como organismo estatal posee una posición dominante o privilegiada a la hora de definir y construir la “realidad social”.

La policía, por costumbre y práctica, reproduce nociones e imágenes de control del delito y del mantenimiento del orden social en forma estratégica y táctica y que en cierta medida solapan su carácter selectivo y diferencial. Estas organizaciones estatales con sus prácticas simbólicas e instrumentales, como los operativos masivos en sectores urbanos y sociales desventajados, transmiten y producen efectos directos sobre vidas individuales y simbolizan o representan estereotipos o clasificaciones de sujetos y situaciones. Así la policía actúa como una especie de traductor que selecciona, reduce y amplifica parte de la realidad para unas audiencias sociales determinadas. O sea, la función policial es un dispositivo por el cual miramos la realidad y se les da significado a ciertos acontecimientos.

La policía gestiona el control del delito y reproduce el orden social cuando produce y resalta los resultados de sus prácticas a través de cantidad de arrestos, resolución de casos emblemáticos, operativos ostentosos y apelando al uso de la fuerza letal.

Estas formas de intervención marcan simbólicamente pautas y límites sociales. La policía actuando de esta manera indica de forma selectiva aquello que se considerará importante y lo reproducirá mediante la señalización repetida de los mismos comportamientos, los mismos territorios sociales y los mismos sujetos, haciéndolos visibles para otros sujetos y remarcando la persistencia ilusoria de la aplicación objetiva y neutral de la ley. Instrumentalizando estas prácticas policiales, el orden social jerarquiza, clasifica, menosprecia y significa.

Como se ha afirmado desde los “estudios sociales de la policía”, la actividad policial, más que la aplicación rígida y minuciosa de la ley, es más bien un “juego de control”. Mediante su desarrollo distribuyen en forma de dramas o teatralizaciones, honor y vergüenza dentro de los grupos sociales y a través de ellos, utilizando de forma dramática amplificaciones selectivas de la “realidad del delito” y de los sujetos y comportamientos desviados.

La imagen pública heroica de la policía como “cazadora de delincuentes” y “luchadores denodados en contra del delito” es impulsada por el mismo orden social que los agentes retroalimentan cotidianamente con este tipo de operativos. El orden social desigual y los sectores sociales aventajados demandan y reclaman “una caza más dramática de delincuentes y acciones más agresivas y eficaces de combate y prevención del delito”.

Estas demandas son luego convertidas por la organización policial en “un criterio distorsionado para la promoción, el éxito y la seguridad frente al delito”. Son convertidos en una suerte de “medidores o indicadores de la productividad y eficacia policial”. Los “megaoperativos policiales” construyen “topografías morales de las ciudades”, una especie de partición mental del territorio, diferenciando en “zonas buenas y zonas malas”, y en base a ello, cada territorio deparará previsiblemente lo que puede acontecer. En las zonas malas o problemáticas es posible que el personal policial oriente sus miradas tratando de identificar aquello que emerja como desviado en relación con la definición institucional de orden que ellos mismos portan.

Las zonas malas y problemáticas son aquellas asociadas con supuestas altas tasas de delito y decadencia social y moral, son territorios donde hay que desconfiar más. Y como un proceso cíclico y regular, se anudan una y otra vez los criterios de selección y clasificación, con tipo de prácticas, de sujetos, de acontecimientos, de territorios, con destinatarios de prácticas policiales violentas y con los “resultados y productos” exitosos de la actividad policial. Eso es lo que se llama la “realidad del delito”. En los territorios urbanos definidos como “buenos y moralmente ordenados”, el trabajo policial puede resultar más sencillo, pues se supone que allí no se registran comportamientos y no habitan sujetos desviados.

Si consideramos que casi la totalidad de los recursos legales, humanos y materiales, que histórica y regularmente ha utilizado en general el sistema de justicia penal y en particular las instituciones policiales, está orientado a seleccionar y gestionar sólo un cierto abanico de eventos cometidos por determinados individuos, los llamados “delitos de los débiles”, podremos comprender que ello no es producto de un fenómeno natural sino de decisiones específicas que han tomado instituciones y agentes que materializan las políticas de persecución penal que refuerzan y reproducen un orden social determinado.

En definitiva, estas prácticas policiales selectivas actúan como un sutil mecanismo que no sólo “hace visibles” ciertos comportamientos y asocian el delito a determinados sectores sociales y urbanos sino que al mismo tiempo impiden la “visibilidad” y perenne existencia de los delitos graves (homicidios, torturas, abusos policiales), los delitos cometidos por funcionarios públicos, los delitos vinculados o conectados con redes de corrupción (tanto pública como privada), los delitos económicos de sectores poderosos y con consecuencias sociales económicas graves. Comportamientos todos ellos neurálgicos en la constitución y reproducción de un orden social asentado sobre la desigualdad y la violencia.