| Por Corina Rodríguez Enríquez |

El mundo enfrentó el año 2020 una crisis de dimensiones globales. Fue iniciada por la propagación a escala planetaria del virus Covid-19, que llegó a la categoría de pandemia. Las medidas sanitarias necesarias para enfrentarla, así como las consecuencias económicas de las mismas, implicaron modificaciones repentinas, severas y duraderas en los hábitos de vida, y como consecuencia en las relaciones sociales que involucran.

En el caso específico de la Argentina, una de las primeras medidas fue la suspensión de actividades masivas (como espectáculos deportivos y culturales), acompañada de la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educativos. A esto siguió la restricción en el uso del transporte público y, simultáneamente, la implementación del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), que se pensaba iba a durar un tiempo acotado y con variaciones (territoriales y de características), terminó extendiéndose aproximadamente 8 meses.

El ASPO tuvo consecuencias inmediatas en la actividad económica, con la paralización total o parcial de muchos sectores, lo que a su vez repercutió en las estrategias de vida de los hogares. Este impacto fue mayor para las personas ocupadas en empleos no esenciales, no registrados, informales, por cuenta propia. Muchos hogares vieron repentinamente mermados sus ingresos monetarios e imposibilitados de realizar las actividades cotidianas que le garantizaban la supervivencia.

Claro que todo lo anterior no ocurrió en el vacío. Al respecto me gustaría realizar dos señalamientos. El primero, que la crisis sanitaria y económica se montó sobre una situación preexistente de fragilidad, con una economía en retracción, con inestabilidad macroeconómica y deterioro en los indicadores sociales (empleo, pobreza, poder adquisitivo de los ingresos fijos, etc.). El segundo, que la crisis ocurrió sobre un entramado de relaciones sociales caracterizado por desigualdades persistentes, socioeconómicas y de género.

“Quedate en casa”, que en casa te cuidan

El lema “quedate en casa” fue la insignia de los primeros tiempos del ASPO, cuando lo que se necesitaba era minimizar al máximo posible la circulación de las personas, y con ello del virus. Esta opción, asumida como la medida más extendida para enfrentar la pandemia, tuvo repercusiones inmediatas en la vida cotidiana de los hogares.

Una de las manifestaciones más palpables de estos cambios fue el incremento en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esto ocurrió, por un lado, porque se requerían más cuidados: mayor higiene y limpieza, mayor tiempo para realizar las compras, prácticas de cuidado más intensas, mayores demandas de acompañamiento en el proceso educativo de les niñes y adolescentes. Por el otro lado, porque las opciones disponibles para atender las necesidades de cuidado se vieron reducidas.

Antes de la pandemia los arreglos de cuidado ya se sostenían mayormente en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres. La información disponible para la Argentina señala: i) que las mujeres destinamos en promedio el doble de tiempo que los varones a este tipo de trabajo; ii) que las jornadas de trabajo no remunerado son extensas; iii) que a la desigualdad de género en el reparto de los tiempos y los trabajos de cuidado se suma la desigualdad socioeconómica: las mujeres más pobres son las que más trabajo de cuidados no remunerado realizan.

El ASPO implicó que la opción de la asistencia a establecimientos educativos y de cuidados fuera del hogar se viera impedida. Eso ocurrió repentinamente, y obligó a los hogares con niñes y adolescentes a modificar sus lógicas de organización del cuidado. La actual gestión de gobierno intentó reaccionar a esta nueva situación, con una temprana normativa que establecía la licencia remunerada para trabajadores asalariados con responsabilidades familiares.

Posteriormente, la extensión en el tiempo del ASPO implicó que muchas personas en ocupaciones que así lo permitían pasaron a la modalidad de teletrabajo. Así se produjo una situación de presión extrema sobre los tiempos y los trabajos, ya que las personas adultas en hogares con niñes y adolescentes debieron combinar en el mismo tiempo y espacio las responsabilidades de trabajo con las responsabilidades de cuidado, incluyendo el acompañamiento en el proceso educativo.

Una vez más, esta situación emergente ha sido atendida mayormente por el tiempo, el trabajo y el cuerpo de las mujeres. Si bien no existe todavía información oficial sobre cuánto se ha incrementado el trabajo doméstico y de cuidado en el actual contexto, encuestas preliminares y no oficiales realizadas de manera virtual confirman: i) el incremento de las horas dedicadas al trabajo no remunerado por parte de las mujeres; ii) la profundización del cansancio derivado de jornadas extensas de trabajo, que en muchos casos combinan trabajo remunerado y no remunerado; iii) la imposibilidad de dedicar tiempo a otras actividades (capacitación, recreación, ocio); iv) la persistencia de un reparto desigual de las responsabilidades entre varones y mujeres (Minger, 2020).

Sumando a estas evidencias preliminares, UNICEF (2020) presenta los resultados de una encuesta en la que se verifica que el mayor peso de esta presión adicional sobre el tiempo y la intensidad del cuidado recayó sobre las mujeres. El 51% de las mujeres entrevistadas expresó que en este tiempo sintió una mayor sobrecarga de las tareas del hogar, siendo las causas de la sobrecarga la limpieza de la casa (32%); la carga de cuidados (28%), la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%).

La sobrecarga de cuidados en las mujeres no es solo una percepción, porque la misma encuesta revela que en los hogares encuestados, para el conjunto de actividades del hogar, 68% era realizado por mujeres antes de la cuarentena, y esta participación creció a 71% durante la cuarentena. El incremento de las tareas de cuidados debido al paso de la educación escolar a modalidad virtual también recayó desproporcionadamente sobre las mujeres. En los resultados de la encuesta se consigna que el apoyo para realizar los deberes es principalmente realizado por las madres (68%), en comparación con el apoyo de los padres (16%).

En síntesis, quedarse en casa para evitar la expansión de la pandemia fue posible porque el trabajo de las mujeres está siempre allí, como garante de última instancia de las necesidades del sistema. Pero esto no es gratis, lleva consigo el costo en la intensidad del trabajo de las mujeres, en su cansancio físico y mental, en su imposibilidad para participar plenamente en otras dimensiones de la vida.

Quedarse en casa también puede ser peligroso

Si bien quedarse en casa durante el ASPO se entendía como la situación más segura para evitar contagiarse, para muchas mujeres el hogar no es ese lugar de protección. Por el contrario, el ASPO también se montó sobre una situación persistente de violencia contra las mujeres. Según el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, durante este período los llamados a la línea 144, que ofrece el servicio de atención a víctimas de violencia de género, incrementó en 18% respecto del año anterior las comunicaciones recibidas.

Del total de llamados atendidos, casi todas las personas manifestaron haber sufrido violencia psicológica, 89% de los casos correspondieron a situaciones de violencia doméstica, 67% a violencia física, 37% a violencia económica. Por su parte, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires informó que durante los tres primeros meses del ASPO, en esta jurisdicción se produjeron 33 femicidios (la forma más extrema de la violencia). En igual período de 2019 se habían producido 19.

Es decir, para muchas mujeres el contexto de limitación a la circulación que implicó el ASPO, sumado a la convivencia forzada durante más tiempo con sus parejas, a lo que se agrega el estrés propio de este contexto, resultó un combo explosivo de violencia. Para las mujeres no solamente operaba la pandemia de Covid-19, sino también la pandemia de la violencia.

Nuevamente, las políticas públicas intentaron atender la situación, aunque a la vista con resultados escasos. Durante el ASPO se expandieron los mecanismos de atención a las víctimas, más allá de la tradicional línea 144, y se sumó personal especializado y recursos tecnológicos. Asimismo, se lanzó la iniciativa “barbijo rojo” para facilitar el pedido de ayuda por parte de las víctimas en establecimientos farmacéuticos. También se exceptuó a las mujeres víctimas de las restricciones de circulación y de utilización del transporte público en caso de que estuvieron padeciendo una situación de emergencia por violencia.

Más recientemente, se implementaron mecanismos para fortalecer el acceso de las mujeres víctimas de violencia a recursos económicos, en el entendimiento de que la dependencia económica es uno de los factores que obstaculiza la posibilidad de salir de círculos de violencia. En este sentido, se generaron mecanismos para facilitar la participación de las mujeres víctimas de violencia en el programa Potenciar Trabajo (un programa de transferencias monetarias a cambio de una contraprestación vinculada al mundo del trabajo) y se creó el programa Acompañar, que otorga una transferencia monetaria equivalente al salario mínimo por un período de seis meses a mujeres y personas LGBTI+ que estén padeciendo situaciones de violencia, además de brindarles un acompañamiento integral.

En definitiva, la pandemia funcionó también en este aspecto como un catalizador de situaciones existentes, que demuestra la persistencia de relaciones de género asimétricas, de condiciones de opresión y las violencias que se siguen ejerciendo sobre los cuerpos de las mujeres y las diversidades.

La pandemia como punto de inflexión

Como todo evento inesperado, que cambia la rutina y nos expone a nuevos miedos, esta pandemia podría servir como motivador para repensar cómo atender no solamente las consecuencias específicas que causó, sino también aquellas situaciones estructurales de desigualdad y opresión sobre las que se montó.

Abordar los problemas vinculados a la organización social del cuidado, y las cuestiones de violencia de género son claves para transformar de raíz las relaciones de género, de manera de dotarlas de mayor paridad y respeto. Las políticas públicas son claves para esta transformación. En este sentido, el recientemente lanzado Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), así como la voluntad política expresada de promover la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, representan un contexto auspicioso.

Sin embargo, para que las transformaciones cobren cuerpo hacen falta algunas condiciones básicas: i) asegurar los recursos presupuestarios suficientes para que las acciones de política pública requerida se lleven efectivamente a cabo; ii) fortalecer la demanda social por estas transformaciones, disputando las narrativas y la construcción de subjetividad; iii) asegurar mecanismos democráticos que permitan la discusión social por un nuevo pacto social donde los cuidados y una vida libre de violencia se ubiquen en el centro.