| Por Sabina Frederic |

¿Cómo sucedió que la educación universitaria fue introducida en la formación militar argentina? A casi dos décadas de iniciado el fenómeno, ¿cómo fue posible adecuar, conciliar o articular estos dos esquemas organizativos y formativos? ¿Cuáles fueron los alcances y cuáles los nuevos desafíos de este proceso reciente?

Los recursos de la formación universitaria se introdujeron a la educación de los oficiales del cuerpo comando en la gran mayoría de las fuerzas armadas del mundo occidental y en algunos países como Estados Unidos desde hace un siglo. Los modelos utilizados en Europa, Estados Unidos y en los países de América latina donde ya se aplica, difieren no sólo por los tiempos de maduración sino en función de las implicancias de lo universitario en cada Estado nación. De manera que no es posible pensar el fenómeno sin atender a las cambiantes formas que adquirió lo universitario en nuestro país y al sentido particular que la democratización tomó en cada sector socio estatal.

Sabemos que la preeminencia del modelo de la universidad nacional hegemonizado por las universidades públicas argentinas masivas fue alterada y desplazada por la proliferación de universidades nacionales en otras jurisdicciones. La creación de institutos universitarios en las Fuerzas Armadas y de seguridad es parte de la configuración que caracteriza el actual escenario. Pero esta configuración no escapa al rechazo recíproco de académicos consagrados a la universidad pública y militares represores, producido por los procesos dramáticos, traumáticos y su memoria. Es un dato que las universidades nacionales no hayan alojado la acreditación de títulos universitarios y, menos aún, el desarrollo de algún tramo de la formación universitaria de los militares. La única excepción es una experiencia reciente entre el Colegio Militar de la Nación y la Universidad Nacional de Tres de Febrero donde un reducido número de cadetes cursa la asignatura Metodología de la Investigación. Esta experiencia, sin embargo, no consigue alcanzar la expectativa de universalización al conjunto de los cadetes, principio establecido por la reforma educativa aprobada por el Ministerio de Defensa en 2011.

Por consiguiente, encontramos de un lado la huella adversa y funesta dejada sobre un significativo número de académicos por sucesivas intervenciones militares de las universidades, persecuciones, desapariciones, secuestros, homicidios, torturas y cierres de sedes universitarias a manos de los militares durante gran parte del siglo XX. Del otro lado, la concepción según la cual la universidad pública está politizada, es el sitio donde reina una emancipación extremadamente peligrosa que propicia un individualismo e igualitarismo contrario a la formación castrense. Esta disgregación y ruptura entre académicos de casi todas las disciplinas y militares no ha sido completamente removida, incidiendo sobre experimentos y políticas en danza hacia el sector.

Sin embargo, de los países de la Unasur, la Argentina fue el primero de los que forma a sus oficiales otorgándoles un grado militar y un título de licenciado universitario, que creó institutos universitarios por ley, readecuó gran parte de su organización educativa militar de acuerdo con los parámetros dictados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y nominó sus titulaciones apropiándose del valor de mercado de los saberes en “gestión” y/o “administración” de recursos humanos y materiales. Contrariamente, y sin ir muy lejos, en Chile a los oficiales del ejército se les otorga, al egreso de la escuela de formación básica, un título de licenciado en “ciencias militares”. Como la acreditación fue establecida por ley, sus estructuras burocráticas no debieron readecuarse en institutos universitarios, como en la Argentina. Similar situación a la de Chile encontramos en Brasil.

Nos preguntamos: ¿por qué este esfuerzo de los militares de construirse como universitarios? Tal vez sea consecuencia del valor del conocimiento en la sociedad de la información, o del valor democratizador que cierta idea mistificadora y vernácula de lo universitario contiene en la Argentina –pese a que la universidad ha funcionado también bajo regímenes totalitarios–, o de la importancia de estimular el ingreso de jóvenes argentinos en un contexto de lógico desprestigio e inédita declinación del poder de las Fuerzas Armadas. En cualquier caso, el esfuerzo castrense por integrar vía el ámbito educativo valores socialmente disponibles ha sido mayor en nuestro país que en la mayoría de los países de la Unasur. Esto no es poco ya que en tiempos de paz la educación es el ámbito medular y dinámico. La propia reglamentación de la Ley de Defensa Nacional aprobada en 2006 ordena el alistamiento y el adiestramiento militar como una de las tres obligaciones de las Fuerzas Armadas.

Sobre la adecuación organizativa de la educación militar a la universidad

Actualmente el plan de carrera de un oficial o un suboficial argentino está estructurado conforme a la progresión establecida por las titulaciones que rigen la educación en el ámbito civil. Debemos saber que esta imbricación es reciente. Antes de la década de los ’90 formación y carrera militar estaban autonomizadas del ámbito civil. Los militares no buscaban acreditar su formación en el mercado de valoración de títulos civiles.

Así, en el caso de la formación de los oficiales las tres grandes etapas de ese plan de carrera: academia militar, escuela de guerra específica y escuela de guerra conjunta exigen no sólo antigüedad y un grado militar, sino también aprobar el nivel educativo universitario correspondiente: licenciatura, especialización de posgrado y maestría, respectivamente. La titulación universitaria es requisito de la carrera militar de un oficial y no sólo un apéndice como aún sucede en algunas fuerzas de seguridad argentinas. De acuerdo con lo ordenado por la ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (Nº 24948/1998) para el ascenso a oficial superior es obligatorio poseer título universitario. Sin embargo, hoy la exigencia ya es mayor, de ahí la instrumentación de carreras de posgrado en las escuelas de guerra.

Hay aquí mucho para hacer en cuanto a la diversificación del plan de carrera y la ponderación de trayectorias por ejemplo en gestión de la salud, gestión educativa, entre otras demandas de la administración actual de esta clase de organizaciones.

En cuanto a la formación de suboficiales, ni en la Argentina ni en el resto del mundo occidental el plan de carrera está contenido por una trayectoria universitaria, aunque en otros países el pasaje al cuerpo de oficiales es más flexible. Los conocimientos de los suboficiales son considerados técnicos o teórico-prácticos de nivel superior no universitario. El requisito para ingresar a las escuelas de suboficiales es poseer título secundario, con excepción de los escalafones de suboficiales de las armas donde se completa el secundario junto con el título técnico.

Ahora bien, como lo indican las evaluaciones de la CONEAU realizadas en la última década, la mayor dificultad no ha sido la adecuación de las estructuras organizativas militares a las que rigen el ámbito universitario civil en materia académica, investigación y extensión. Los estatutos universitarios han sido convalidados por los ministerios de Defensa y de Educación.

Como lo consignara la CONEAU, hubo cambios significativos en la organización de la gestión educativa castrense. Esto se puede observar tanto en la existencia de secretarías equivalentes a las que encontramos en las universidades del ámbito civil, como en la tendencia a integrar la educación sistemática en sus distintos niveles a los institutos universitarios, o el criterio de respetar trayectorias de oficiales y suboficiales dentro del ámbito educativo de cada fuerza, ponderando su especialización en gestión educativa para la ocupación de cargos dentro del ámbito de las direcciones de educación de cada fuerza.

Como las generalidades escapan al reconocimiento de diferencias significativas, cabe decir que los tres institutos universitarios no asumieron aquellos criterios del mismo modo. Así, el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) creado, más antiguo que el del Ejército y el de la Armada, es el más apartado en su oferta académica de lo que obliga la ley 24.948. Inicialmente, incluso no subsumía la formación militar en su estructura de gestión ya que la titulación universitaria de los oficiales de la Fuerza Aérea comenzó recién en 2008. Si bien el IUA contiene carreras y áreas de investigación específicas del campo aeronáutico de la defensa nacional, ha desarrollado carreras ajenas al sector y una estructura de financiamiento ciertamente irregular. La política sostenida durante la gestión del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2011 para la regularización de tales aspectos indicados por la CONEAU no alcanzó para resolver un problema complejo pues generó derechos adquiridos de docentes y estudiantes.

El docente en el proceso de adecuación a la formación universitaria militar

Ente los problemas que afectan la calidad educativa encontramos la ausencia de una carrera docente universitaria. Los institutos universitarios militares no han podido darles a los docentes la carrera que ofrecen todas las universidades nacionales e incluso algunos institutos universitarios de las fuerzas de seguridad federales. Hay que decir que la solución a este problema ya no es competencia de los militares sino de los niveles superiores de la conducción civil del Poder Ejecutivo y también Legislativo. El personal docente de las Fuerzas Armadas, sin importar el nivel educativo en el que se desempeña, se rige hoy por un estatuto docente de los años ’70 concebido para los niveles secundario y terciario, donde: la remuneración es por hora cátedra, no hay más categorías docentes que titular y suplente, y la dedicación prevista es sólo a la docencia. Ciertamente, no hay forma de renovar el claustro docente sin la generación de una carrera docente que además del ingreso por concurso –que sí existe–, asigne dedicaciones (exclusiva, semiexclusiva y parcial), categorías progresivas con requisitos por mérito además de antigüedad (Titular, Asociado, Adjunto, JTP) y perfiles (docente, docente-profesional, docente-investigador). Para convertirlo en un ámbito de interés de los docentes externos sobre todo jóvenes egresados del ámbito universitario civil, y estimular a los muchos docentes competentes que ya se encuentran en el ámbito universitario militar, la reforma del estatuto docente es urgente. Lamentablemente, este cambio normativo supera al Ministerio de Defensa, organismo que ya aprobó un proyecto de estatuto para docentes universitarios en 2011. Su solución se ve empañada por factores diversos ligados a la política gremial cuyos detalles son materia de otra reflexión.

Ahora bien, como se ve, conociendo los aspectos medulares del problema de la calidad y la actualización docente, la pregunta por cuántos militares retirados enseñan en estos ámbitos deviene insustancial. La respuesta es obvia: el sistema de incorporación, permanencia y estímulo a la carrera docente obstaculiza la democratización del conocimiento disponible en otros ámbitos académicos nacionales hacia las aulas donde se forman oficiales de nuestras Fuerzas Armadas.

Formación militar universitaria y derechos humanos: la moral, el mando y el combate

El otro problema menos visible a evaluadores externos que a estudios en profundidad sobre la educación militar es el de la integración de prácticas pedagógicas universitarias vis a vis la formación en el mando y la disciplina. Como mostraré, este es un tema ligado a los derechos humanos, no tanto de transmisión de contenidos curriculares sino como ejercicio práctico en el proceso formativo. Paso a explicar sucintamente lo que se puede consultar con más detalle en el libro Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina, de 2013.

A nuestro paso por la gestión del sector entre 2009 y 2011 encontramos un entramado prioritario sobre el cual actuar desde el Ministerio de Defensa junto con las autoridades militares en la materia. Justamente, el camino fue una reforma que actuó sobre varios planos simultáneamente: los planes curriculares, los regímenes de estudio, la redistribución del tiempo de instrucción y de aula, la integración en cátedras de las áreas de instrucción en el aula y en el campo, y el ejercicio de la libertad del cadete. Su elaboración contó con la participación efectiva de las autoridades militares en su diseño. El objetivo fue acabar con la idea de que había un título universitario, por un lado, y un grado militar, por el otro. La “formación militar universitaria” significaba poner los métodos universitarios al servicio de la educación castrense. Sabíamos que en el mundo occidental (Francia, Alemania, Estados Unidos, entre otros) estos habían resultado en diversos modelos formativos, pero en todos los casos existía la clara comprensión de que el conflicto bélico contemporáneo exigía abordar la incertidumbre y el riesgo, con un pensamiento crítico y reflexivo. El modelo tradicional de una respuesta preestablecida para cada situación típica había quedado perimido y los métodos universitarios habían demostrado en esos países ser efectivos para fortalecer el esquema contrario. Claro que este cambio también había alterado la relación de mando por una donde la distancia, la formalidad y la arbitrariedad habían cedido a la racionalidad de las órdenes y una apertura al asesoramiento en el disenso limitado, claro, de los subordinados.

Como señalé, había otro elemento fundamental para nosotros en el proceso de reforma mencionado: este era la transmisión práctica de los derechos humanos en el proceso formativo, es decir, la evitación de todo tipo de apremios al interior de las academias militares, es decir, cualquier sufrimiento físico injustificado. Aun habiendo sido prohibidos los “movimientos vivos” como método de aprendizaje del mando, a nuestra llegada al Ministerio de Defensa la adquisición de valores morales en el ejercicio del mando permanecía asociada de hecho al sufrimiento y el sacrifico corporal. La superposición de dos titulaciones –militar y universitaria– había terminado sirviendo a ese propósito produciendo un muy bajo rendimiento académico entre los cadetes, limitando el acceso a los medios universitarios de formación, y haciendo de las titulaciones instancias nominales más que sustantivas de aprendizaje. Los cuerpos extenuados de los cadetes intentando atender una clase o abordar una lectura, o realizar un ejercicio de adiestramiento con los riesgos que a veces supone, eran una evidencia insoslayable de que la calidad educativa estaba seriamente comprometida y que la reforma debía repensar la educación militar universitaria en su dimensión más sustantiva.

Autonomía, subordinación militar y formación universitaria

Un último aspecto a considerar es sobre los límites que la formación militar universitaria impone a la incorporación de las lógicas universitarias organizacionales y políticas. La sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 en 1995 facilitó la adecuación al mundo universitario de los institutos de Educación Superior del Ejército, el Instituto Universitario Naval y el ya mencionado de la Fuerza Aérea. Orientados por la política de Defensa, al menos hasta el 2011 los estatutos que estos se dieron resultaron de sostener el principio de la subordinación militar a la conducción civil. Así, por ejemplo, la atribución de cargos y funciones y los procesos de designación de autoridades respetaron tanto este principio como el criterio de idoneidad.

En la Argentina, la autonomía universitaria en el ámbito castrense es contradictoria con la subordinación militar. No es posible desarrollar aquí esos aspectos que suelen considerarse como democráticos en una estructura meritocrática. El cogobierno por claustros es inviable pues los militares tienen prohibida la representación política y gremial. No es posible pensar en oficiales o cadetes integrando el claustro estudiantil de grado y posgrado, o docentes militares en actividad asumiendo la representación en el claustro docente, menos participando de una asamblea universitaria. Pero ¿acaso los docentes o estudiantes civiles en estas instituciones universitarias cerradas por ley a un público fundamentalmente militar, están exentos de la subordinación exigida por la Constitución nacional? ¿Cómo evitar en estos agentes la posible confusión de pensar que un instituto universitario no restringe ciertas prácticas democráticas que el cogobierno impone en otras universidades? No obstante, es importante considerar que la formación universitaria no es sinónimo de autonomía y cogobierno, ya que estas formas de organización política no se observan en otras latitudes donde la calidad educativa es incluso mejor que la nuestra.

Reflexiones finales

En este escenario donde la brecha entre militares y académicos los coloca a veces sutil o abiertamente en campos enemigos, prenderles velas a las estructuras burocrático-universitarias no es condición de posibilidad de la conducción efectiva de las Fuerzas Armadas en el terreno educativo. Por el contrario, puede ser un poderoso medio de encapsulamiento y aislamiento del poder civil que antes necesita conocer profundamente lo que gestiona y sobre todo considerar definitivamente a los militares como “su” comunidad de referencia en el diseño e implementación de políticas de formación y perfeccionamiento militar. Sólo así podrán ser consistentes con las funciones asignadas.