El trabajo infantil constituye una de las formas más extendidas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La generación y el análisis de la información es clave para la elaboración de políticas públicas que ayuden a resolver este problema.

| Por Anahí Aizpuru* y Virginia Tedeschi** |

El trabajo infantil constituye una de las formas más extendidas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El deterioro de los indicadores sociales y particularmente del mercado de trabajo pone en evidencia nuevos aspectos de la “cuestión social”; los niños cargan con el mayor costo de la pobreza y en muchos casos son los que proveen la mano de obra sustituta o complementaria para cubrir las necesidades de los hogares.

La complejidad del fenómeno responde a múltiples determinantes y a algunas particularidades. Entre los primeros, se reconocen principalmente factores económicos, políticos y culturales. Entre las particularidades, se distingue la “invisibilidad” del trabajo infantil vinculada a actividades ocultas como el trabajo doméstico o el que se desarrolla en talleres clandestinos, por ejemplo, la “naturalización” del problema que reproduce ideas asociadas a la inevitabilidad de la pobreza o al valor formativo del trabajo, y por último, la “negación” de quienes contratan a niños y resisten la sanción social o legal.

La necesidad de dar una respuesta adecuada para la puesta en marcha de programas y proyectos de prevención y erradicación del trabajo infantil requiere, por lo tanto, de diagnósticos precisos.

Por eso, la investigación sobre trabajo infantil debe abarcar el problema en toda su extensión, desde un enfoque interdisciplinario y complementando distintas metodologías. En primer lugar es preciso avanzar en la medición de cuántos niños y niñas trabajan, conocer las características de las actividades que realizan, así como su entorno familiar y social. También es preciso indagar sobre los distintos condicionantes que se presentan y sobre las percepciones que los distintos actores sociales construyen sobre el fenómeno.

La información como insumo para la toma de decisiones

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) desde el año 2003 encara su accionar planificando y diseñando la política pública de la mano de la generación y análisis de información y conocimiento. Prueba de ello ha sido la jerarquización que se le otorga al área del MTEySS que se ocupa de los estudios laborales (producción de datos, estudios sobre la dinámica del empleo, el mercado laboral y la seguridad social). En este sentido, y a efectos de atender nuevas problemáticas sociolaborales, el MTEySS crea, en el año 2004 y en el ámbito de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA) para contribuir a la generación de diagnósticos precisos sobre trabajo infantil que permitan definir políticas y programas, así como dar seguimiento y reorientar acciones.

Para el MTEySS la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente constituyen una prioridad en materia de política pública. A modo de ejemplo pueden mencionarse distintas experiencias, como la conformación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), espacio del que participan representantes de distintas áreas del gobierno nacional, del sector sindical y empleador, del episcopado argentino y, en calidad de asesores, OIT y Unicef. El diseño de un Plan Nacional que fuera consensuado entre la CONAETI y las distintas jurisdicciones a través de la participación de las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y la conformación de una Red de Empresas para la prevención y erradicación del trabajo infantil. El trabajo articulado entre estos actores ha permitido desde hace unos años la ejecución del Programa Jardines de Cosecha en Salta, Jujuy y Mendoza, para la atención y cuidado de niños y niñas, hijos de trabajadores rurales.

El trabajo infantil sólo podrá erradicarse si todos los actores ejercen un rol responsable y proactivo que implique un mayor apego a la ley. Es fundamental desarrollar una acción eficaz dirigida a aquellos empresarios que con total conocimiento se sirven de niños, niñas y/o adolescentes sin respetar su condición de tales, incluso en sectores que ostentan alta rentabilidad.

Actualmente se viene trabajando en el fortalecimiento de las áreas de fiscalización comprometidas en el control y sanción y también se intenta involucrar y comprometer a sindicatos y empleadores en la tarea. En este proceso y con el fin de cumplir con la legislación vigente surgen nuevas herramientas como: la incorporación de cláusulas en la negociación colectiva, los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social (decreto 1370/08) y regulaciones sobre condiciones de trabajo para trabajadores agrarios, cíclicos y estacionales (Resolución CNTA 11/1/2011).

¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? Acerca de su conceptualización y el marco normativo

La conceptualización sobre trabajo infantil ha ido cambiando y en cada momento histórico han tenido lugar distintas formas de regular y legislar sobre el mismo. Los debates sobre la definición del problema han girado en torno a sus alcances y a sus formas de intervención. Una primera aproximación al trabajo infantil lo homologa con el trabajo adulto y por lo tanto con las formas de protección que deberían contemplarse en torno al mismo. Sin embargo, la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades económicas y no económicas compite con la escolaridad y con el disfrute pleno de sus derechos. En este sentido, nuestro país ha avanzado en la definición del fenómeno en su amplitud y en un marco regulatorio específico.

En la República Argentina la CONAETI considera como trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

Esta definición implica un principio muy estricto respecto del trabajo infantil, ya que incluye las estrategias de supervivencia y subraya la escolaridad. La Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2008) establece claramente que el trabajo de niñas y niños menores de 16 años está prohibido y el de los/as adolescentes hasta los 18 años, protegido –jornada laboral reducida respecto de la de los adultos, prohibición del trabajo nocturno y de realización de tareas peligrosas–.

La normativa referida al trabajo de niñas y niños se enmarca en la doctrina de protección integral de derechos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral; también en los Convenios de la OIT Nº 138 sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo y el Nº 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil, ambos ratificados por la Argentina. Por otra parte, la Ley 26.206 de Educación Nacional (2006), consagra la educación como un derecho social, la obligatoriedad de la educación secundaria y del ciclo de 13 años de escolaridad.

Avances en la comprensión del problema, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. Principales resultados

Los datos cuantitativos más recientes sobre trabajo infantil provienen de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), relevada en 2004 y 2006. Este estudio permitió dimensionar la magnitud del trabajo infantil y caracterizar las actividades que realizan NNyA.

Fuente: EANNA 2004, MTEySS/INDEC.

Con el objeto de dar cuenta de las distintas manifestaciones de la problemática se definen operacionalmente tres categorías para medir actividades económicas y no económicas: trabajo (genera bienes y servicios para el mercado), producción para el autoconsumo (cuidado de la huerta o autoconstrucción, por ejemplo) y tareas domésticas intensas (se realizan en el propio hogar en una cantidad de horas que compiten con el descanso y el buen desempeño escolar).

Los resultados del estudio muestran que la magnitud del trabajo infantil es un fenómeno ampliamente difundido entre niños, niñas y adolescentes en la Argentina. En las áreas cubiertas por la EANNA-2004, donde habita la mitad de la población del país, se registra que el 6,5% de los niños de 5 a 13 años trabaja, un 4,1% produjo bienes para el autoconsumo y el 11,4% realizó tareas domésticas por diez horas semanales o más. En el grupo de adolescentes de 14 a 17 años, la proporción que trabaja se eleva al 20,1%, el 6,6% realizó actividades productivas para el autoconsumo y el 11,4% efectuó tareas domésticas intensas por quince horas semanales o más.

Con respecto al género, los varones trabajan y producen para el autoconsumo con mayor frecuencia que las mujeres, pero estas participan en mayor grado en tareas domésticas intensas.

Al considerar el área de residencia (rural o urbana), se advierte una mayor incidencia del trabajo infantil y adolescente en el área rural, agravada en muchos casos por las tareas que realizan en cultivos y cosechas, expuestos a agroquímicos y a otros peligros. La forma de pago, a destajo, promueve estas modalidades al involucrar a la familia rural en su conjunto.

Por otra parte, al analizar las trayectorias educativas de los niños y adolescentes trabajadores se advierten los efectos negativos de la inserción laboral temprana sobre la escolaridad. Si bien la cobertura del nivel primario es casi universal, se presentan diferencias en el rendimiento escolar entre los niños/as que trabajan y aquellos/as que no lo hacen.

En los adolescentes, además, se manifiesta un alto índice de abandono escolar. Un 25% de quienes trabajan, no asiste a la escuela, y, aquellos que asisten, tienen más dificultades escolares (repiten de año con mayor frecuencia y tienen aún más elevados índices de ausencias y llegadas tarde a la escuela).

Con respecto al perfil ocupacional de los niños/as que trabajan, en el área urbana predominan la ayuda en un negocio o taller, la recolección de papeles y/o cartones, la venta en las calles, los mandados o trámites a cambio de pago, el cuidado de niños o personas mayores, el trabajo doméstico para terceros. En las áreas rurales, por su parte, prevalece la ayuda en fincas, cortar el pasto, cuidar animales, cultivar y/o cosechar para la venta, atender hornos de ladrillos, trenzar tabaco.

La forma principal de trabajo entre los niños, niñas y adolescentes es la ayuda en el trabajo de los padres u otro familiar, en la categoría de trabajador familiar. Los que se declaran como “cuenta propia”, es decir, los que trabajan solos, constituyen un grupo más pequeño que resulta significativo por su especial vulnerabilidad.

Cabe señalar que el grado de protección medido por la percepción de beneficios laborales es sumamente escaso para los trabajadores adolescentes. Nueve de cada diez adolescentes trabajadores carecen de todo beneficio laboral.

La inserción temprana en el mundo del trabajo compite claramente con la permanencia y el rendimiento en la escuela, afectando los logros escolares y las posibilidades futuras para la inserción en empleos de calidad. De esto se desprende que el trabajo infantil alimenta el círculo vicioso de la pobreza.

Avances y desafíos del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente

La tarea principal del OTIA es suministrar datos útiles para el diagnóstico y la intervención. La EANNA constituyó un avance significativo para contar con información e indicadores sobre la incidencia y características del trabajo infantil y adolescente en nuestro país. Sin embargo, fue necesario complementar la información con la realización de estudios cualitativos que profundizan sobre otros aspectos del trabajo infantil.

Uno de los ejes de trabajo que desarrolla el OTIA a solicitud de las COPRETI, es la realización de actividades de capacitación y asistencia técnica en el uso de instrumentos de recopilación de datos que de forma relativamente rápida permitan que se cuente con información sobre la situación del trabajo infantil y/o adolescente en ciertos sectores productivos o en ciertas áreas provinciales o regionales relativamente pequeñas. La importancia de estos estudios, a diferencia de las encuestas a hogares, es que permiten obtener información específica a un costo muchísimo menor y que son sumamente útiles para la toma de decisiones.

Entre los desafíos que se presentan a la hora de avanzar en un sistema integral de información sobre trabajo infantil se requiere contar con indicadores periódicos y complementar los diagnósticos con el diseño de sistemas de monitoreo y evaluación sistemática de programas y proyectos.

En la actualidad se cuenta con un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas para el diseño de instrumentos en relevamientos específicos y para avanzar en la comprensión de la realidad del trabajo infantil a nivel local. Se han realizado estudios rápidos en algunas modalidades de trabajo infantil que cada COPRETI definió de acuerdo con las particularidades locales, por ejemplo, basurales en Jujuy.

Consideraciones finales

En los últimos años nuestro país ha avanzado en el fortalecimiento de un importante andamiaje institucional y legal relativo a la problemática del trabajo infantil. La creación de la CONAETI y de las COPRETI en la mayoría de las provincias argentinas, el diseño de un Plan Nacional y la actualización de la normativa, dan cuenta de ello.

Al mismo tiempo se ha alcanzado una mayor comprensión del problema. En la actualidad las acciones del OTIA dan cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil: “Promover, sostener y afianzar un sistema integral de información permanente sobre trabajo infantil”.

Para el MTEySS la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente constituyen una prioridad en materia de política pública. Así, se han puesto en marcha acciones, políticas y programas donde se promueve una nueva forma de gestionar y definir las actuaciones públicas en el abordaje del trabajo infantil convocando a una amplia articulación entre jurisdicciones y entre actores sociales, económicos y políticos.

Por último, la planificación de una estrategia nacional que impulse un modelo de protección de derechos en base al desarrollo económico, la redistribución de la riqueza, el trabajo decente para los adultos y la inclusión social, es el marco principal para enfrentar el problema. En este sentido, las políticas macroeconómicas han contribuido tanto a la recuperación del empleo y de la calidad del mismo como al fortalecimiento del sistema de seguridad y protección social que en la actualidad se propone desde el enfoque de derechos, marco en el cual se plantea la Asignación Universal por Hijo (AUH), principal política en favor de la protección de niños, niñas y adolescentes.

* Socióloga. Coordinadora del OTIA.
** Abogada UBA.