| Por Alejo Levoratti |

Regularmente se suele escuchar hablar a políticos, funcionarios, representantes de ONG, periodistas, sobre las posibilidades que tendría el deporte para atender distintas problemáticas sociales como las adicciones, la violencia, la deserción escolar, por solo nombrar algunas, identificándose en el caso argentino a partir del año 2007 como una de sus principales potencialidades el logro de la inclusión. Esta ligación entre el deporte y la atención de diferentes tópicos sociales donde priman los rasgos moralizantes de estas prácticas son promovidas por distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO, el Comité Olímpico, organismos regionales como la OEA, en el caso argentino el Estado nacional y los provinciales.

Retomando estos lineamientos encontramos alrededor del mundo un sinnúmero de experiencias implementadas por distintas agencias estatales, organismos internacionales, organismos de crédito, organizaciones no gubernamentales, enfocadas en esa dirección bajo distintos lemas: deporte para todos, deporte para el desarrollo, deporte social, deporte por la paz. En estas experiencias se exacerban determinadas características del deporte que lo posicionan como una práctica que posibilita la adquisición de determinados “valores sociales” como la solidaridad, el respeto, el compañerismo, la lealtad, la honestidad, la amistad. Al mismo tiempo, se coloca el foco en la desigual posibilidad de acceso a las prácticas deportivas de la población a partir de contemplar las diferencias, concibiendo como un derecho sin distinción de género, edad, condición física, social, cultural o étnica. En las construcciones de estas narrativas sobre el deporte y su vinculación con la inclusión se utilizan las figuras de deportistas consagrados como máximos exponentes de dichos valores. Ingresando a los elementos que singularizarían estas prácticas se destaca como uno de los rasgos centrales de ellas su universalidad, dada principalmente por su código reglamentario y el carácter competitivo, presentándose utópicamente la premisa de la igualdad entre los participantes. Es importante mencionar que en relación al código reglamentario distintas experiencias como aquellas vinculadas al “Fútbol Callejero” se encuentran trabajando en la modalidad “tres tiempos”, donde el código reglamentario es acordado previamente entre los participantes.

Con este cuadro de situación que conjuga elementos locales con internacionales, nos preguntamos sobre cómo se ha presentado la ligación entre deporte e inclusión en las políticas públicas desarrolladas por el Estado nacional argentino. Sobre esa cuestión lo primero que se advierte es que aunque el Estado nacional desarrolló desde el año 1989 a través de la Secretaría de Deportes de la Nación distintos programas, en general para atender a problemáticas sociales, la temática de la inclusión es colocada en la agenda de la política deportiva recién a partir del año 2007. Durante la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se reorganiza la estructura orgánica de la Secretaría de Deportes de la Nación, creándose una Subsecretaría de Deporte Social. Asimismo, en los planes de desarrollo nacional del deporte se destacan tres áreas: deporte social, desarrollo deportivo y deporte de representación (alto rendimiento), dirigiendo la primera de estas hacia aquellas propuestas que orientan la realización de actividades deportivas y su vínculo con la inclusión social. En tal contexto, se define al deporte social como “…la práctica de actividad física y deportivas orientadas a la población en su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica (…) generadora de situaciones de inclusión…”. Este direccionamiento de un grupo de prácticas deportivas hacia la inclusión tiene sus condiciones de posibilidad en un contexto político de búsqueda de mayor de amplitud de derechos, y la consideración de estas prácticas culturales como uno de ellos, retomándose en sus lineamientos las concepciones sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La incorporación de estos conceptos para explicar el fenómeno deportivo debe ubicarse dentro de un proceso de disputas simbólicas en el ámbito de las políticas públicas. Asimismo, es importante remarcar que los programas y propuestas que se realizaron en la materia en muchos casos mantenían rasgos focalizados en determinados grupos poblacionales, en lugar de generar desde el Estado espacios donde la población en su conjunto participe del fenómeno deportivo.

A partir del 2016, con la implementación del plan estratégico 2016-2020 de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación, las políticas serán objeto de una resignificación organizándose en áreas: Deportiva, Desarrollo Deportivo, Deporte de Representación Nacional, Juegos Deportivos, Educación Física y Recreación, Deporte y la Discapacidad; Deporte y la Salud, Adultos Mayores, Asociaciones Civiles del Deporte, Actividades Recreativas, Ciencias y Servicios aplicados al Deporte. Esta redistribución de los programas y proyectos llevó a la desaparición del área específica destinada a los deportes que buscan la inclusión social, presentándose una nueva lógica de las políticas donde las mismas se encuentran direccionadas desde los juegos deportivos y de educación física y recreación hacia la selección de posibles atletas para las etapas “superiores” del deporte.

De lo expresado se observa que la vinculación entre deporte e inclusión es una relación históricamente situada y políticamente informada. Ahora bien, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué se selecciona la categoría y prácticas ligadas al “deporte” en lugar de otras prácticas corporales? Esta interrogación se desprende de las visiones de distintos analistas que destacan entre sus características principales y hasta en algunos casos se reconocen como rasgos intrínsecos: la competencia entre los participantes; la universalidad de las normas sin tener en cuenta las condiciones singulares de los actores; la igualdad promueve una clasificación de los participantes principalmente en base a criterios biológicos: sexo, edad cronológica, que entabla criterios de “normalidad” e invisibiliza otras características vinculadas con las condiciones sociales, culturales, económicas; la selección de aquellos que tienen un mayor resultado y su búsqueda permanente planteando una segregación de los que tendrían menor rendimiento en la práctica en cuestión; la primacía de procurar el máximo rendimiento; el proceso de mercantilización presente en el deporte. Dicho esto, quedarían pocos argumentos para vincular al deporte con la inclusión, pero lo que salta a la vista es que socialmente se visualizan en lugar de estas posibles “contradicciones” una serie de características sociales y morales que promueve esta práctica, que por cierto se encuentra esencializada, teniendo una alta pregnancia en términos simbólicos, considerándola una “institución social” que posibilita la generación y la promoción de determinados lazos sociales y morales. Ambas cuestiones no nos exceptúan de advertir paradojas en la relación entre deporte e inclusión, pero no debemos olvidarnos el carácter social, cultural e histórico, planteando la necesidad de discutir las acepciones sobre el deporte en las políticas públicas ligadas a la inclusión social. Esta cuestión llevará a reflexionar qué deporte promueve tales prácticas, qué concepciones sobre la inclusión informa estas prácticas, qué lineamientos se les dará, qué práctica corporales se seleccionarán, qué reglamentación particular se construirá, qué formación deben tener los profesionales a cargo de tales procesos pedagógicos y sus capacitaciones, qué organizaciones se encargarán de su desarrollo y promoción, qué circulación entre las esferas de los deportes se propondrá de los jugadores, qué modalidad de contienda se promoverá, qué relación se establecerá con el alto rendimiento y en base a ello cómo logrará la legitimidad social.