| Por Eduardo Jozami |

Desde dos perspectivas puede abordarse el análisis del período de treinta años de democracia. En principio, es posible señalar las diferentes orientaciones políticas, los cambios de rumbo, las diferencias notables entre uno y otro de los gobiernos que se sucedieron desde 1983. Pero si queremos saber cuánto ha cambiado la sociedad argentina en este lapso será necesario una mirada que, más allá de los conflictos políticos y los cambios institucionales, priorice una dimensión menos coyuntural, para advertir los rasgos de una nueva conformación estructural y las transformaciones en los comportamientos sociales.

El primer tipo de análisis debería concluir en una periodización. Quien se plantee esta tarea advertirá con sorpresa cuán sencilla resulta. Tres etapas bien diferenciadas pueden señalarse en estos treinta años y cada una de ella se asocia con los nombres de Alfonsín, Menem y los presidentes Kirchner: es decir, con los gobernantes que llevaron adelante reformas significativas o intentaron hacerlas. Los dos años de gobierno de Fernando de la Rúa pueden incluirse sin esfuerzo en el lapso menemista, dada la notable continuidad de las principales políticas, y la presidencia interina de Eduardo Duhalde puede considerarse como un prólogo del período kirchnerista. Esta afirmación, sin embargo, resulta menos evidente que la continuidad establecida entre las gestiones de Menem y De la Rúa. La fuerte devaluación del peso que se impuso tras la salida de la convertibilidad, en 2002, generó las condiciones para la reactivación económica posterior. Este dato no puede minimizarse, como tampoco el hecho de que Roberto Lavagna siguió siendo ministro de Economía durante los dos primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner. Sin embargo, los gobiernos kirchneristas tomaron distancia tanto de los devastadores efectos sociales de la devaluación como de la pesificación asimétrica que benefició a los grandes conglomerados empresarios. El conflicto que provocó el alejamiento de Lavagna del Ministerio de Economía evidenció, también, importantes diferencias en relación con la incidencia de los aumentos de salarios en el alza del nivel de precios y respecto de las políticas a adoptar para contener la inflación.

El radicalismo que volvía al gobierno con Alfonsín tenía motivos para estar prevenido con los militares que habían derrocado a Arturo Illia y con los sindicatos que habían constituido la oposición más activa contra ese gobierno. Estos dos sectores fueron los destinatarios de las primeras políticas que, en ambos casos, resultaron frustradas. Las Fuerzas Armadas, debilitadas y desprestigiadas por el desastre de Malvinas y las revelaciones del terror dictatorial, seguían teniendo, sin embargo, suficiente capacidad de presión como para evitar el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. En cuanto al proyecto de reforma sindical, aunque la votación parlamentaria tuvo algo de azaroso, su rechazo pondría de relieve la falta de toda base de apoyo al gobierno en el movimiento obrero, lo que resultaba, sin duda, una carencia demasiado seria para cualquier proyecto reformista. Si estos fracasos en la política militar y sindical, pese a su importancia, no resultaban imprevisibles, fue en el terreno de la política económica y de la relación con los grandes empresarios donde el radicalismo gobernante enfrentó desafíos que no parecía haber previsto suficientemente.

La gestión de Bernardo Grinspun como ministro de Economía intentó buscar acuerdos que permitieran disminuir el peso del endeudamiento externo y avanzar con políticas de defensa del consumo interno y los salarios reales que contravenían las tradicionales recomendaciones del FMI. El cuestionamiento que encontraron estas propuestas puso en evidencia cuánto había cambiado la economía argentina desde 1976. La diversificación de las inversiones de los grupos empresarios más concentrados había constituido un poder económico con intereses comunes que relativizaba las diferencias entre fracciones del gran capital que habían jugado un rol tan importante en la etapa sustitutiva de importaciones. Al mismo tiempo, ese sector dominante había logrado una inserción sin precedentes en el aparato de un Estado que había jugado un rol fundamental en la instalación del nuevo modelo de acumulación basado en la valorización financiera.

La presión al aumento del tipo de cambio y el alza de los precios internos fue la respuesta que mostró la dificultad de llevar adelante las políticas de Grinspun. Su renuncia al Ministerio de Economía y el reemplazo por el equipo encabezado por Juan Sourrouille y Adolfo Canitrot mostraría a un gobierno más dispuesto a reconocer la nueva relación de fuerzas sociales abdicando de su moderado proyecto reformista. El reconocimiento del rol central de la inversión privada y la proclamada necesidad de crear un marco adecuado para su incremento no tuvo, sin embargo, efectos positivos. Los grandes empresarios habituados a las muchas formas de subsidio estatal mantuvieron su aversión al riesgo: la tasa de formación de capital cayó después de 1986. Por otra parte, el gobierno no pudo seguir pagando los intereses de la deuda. Incapaz de reformular el sistema de transferencias del Estado, Alfonsín tampoco podía impulsar políticas de mayor ajuste sobre el consumo y los salarios reales. El golpe de mercado que lo derribó fue la señal más clara de los límites que se imponían a la nueva democracia argentina.

El verdadero destinatario del golpe de mercado era el presidente electo Carlos Menem. Este había sostenido un programa electoral que prometía la revolución productiva y el salariazo y retomaba los temas clásicos del peronismo, sin mayores adecuaciones a la nueva coyuntura. Poco consistente y menos creíble, el programa justicialista no tardaría en ser arriado. Frente a la ofensiva del gran capital hubiera podido esperarse alguna disposición a negociar por parte del nuevo gobierno: Menem no hizo eso, puesto que una negociación supone la defensa de algunas posiciones propias y el nuevo presidente aceptó todos los reclamos del bloque de los grandes empresarios, así como las recomendaciones de los acreedores sintetizadas en el Consenso de Washington. Esto supuso la continuidad y profundización del proyecto llevado adelante por la dictadura, como lo reconoció el exministro Martínez de Hoz.

El esquema de convertibilidad, que inhibió toda política activa de estímulo de la demanda interna, permitió en un principio el control de la inflación y cierto crecimiento pero, como era más que previsible, el sostenimiento de la irreal paridad del peso con la divisa norteamericana favorecería la salida de capitales, afectaría las exportaciones y el nivel de actividad económica interna. El estallido de diciembre del 2001 estaba anunciado, aunque menos se previó la grave crisis de representación política que lo acompañó.

El descaro con el que Menem se jactó de haber engañado al electorado (“si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba”) no lo llevó a perder apoyo de inmediato, pero contribuyó significativamente a un desencanto general respecto de las fuerzas políticas y su representatividad. La vigencia del pacto democrático supone una mínima creencia en la capacidad del voto para orientar las acciones de gobierno, lo que en la Argentina posmenemista podía considerarse una ingenuidad. El repudio generalizado se produjo dos años después del fin del gobierno de Menem, cuando la política de De la Rúa había agravado la crisis externa. La presencia del Frepaso en este gobierno fue el último dato que parecía avalar el sinsentido de la participación política: más allá de las diferencias proclamadas, todos los partidos terminaban por actuar del mismo modo, adecuándose a los dictados del gran poder económico.

El movimiento que provocó la renuncia de Fernando de la Rúa ha sido atribuido a un intento desestabilizador del justicialismo bonaerense encabezado por Eduardo Duhalde. Aunque este sector político apuntó efectivamente al desplazamiento del presidente, ese propósito hubiera sido irrealizable sin la notable movilización popular que repudió el estado de sitio e instaló el “que se vayan todos” como reclamo multitudinario. La represión desatada por el gobierno –acto criminal cuya investigación aún encuentra dificultades para avanzar en sede judicial– cobró la vida de decenas de jóvenes y dio al episodio un aire de tragedia que hubiera sido posible evitar.

La salida del régimen de convertibilidad produjo una fabulosa transferencia de ingresos en perjuicio de los trabajadores y los grupos de menores recursos. El aumento del tipo de cambio que llegó a ser cuatro veces mayor al de la convertibilidad, aunque no pudo trasladarse plenamente a los precios ante la notable reducción de la demanda, provocó una inflación que aumentó los niveles de pobreza a niveles desconocidos en el país. En agosto del 2002, los pobres superaban el 50 por ciento mientras más de una cuarta parte de la población tenía ingresos por debajo de la línea de indigencia. En mayo de ese mismo año, la tasa de desocupación era del 21,5 por ciento, mientras que adicionándole la subocupación (18,6 por ciento) la falta de empleo adecuado alcanzaba al 40 por ciento.

El modo como se resolvió la crisis mostraba la relación de fuerzas en la sociedad. Los sectores populares, cuya participación activa había sido decisiva para terminar con la convertibilidad, cargaban con los costos mientras los grandes grupos económicos pesificaban sus deudas en dólares y obtenían ganancias fabulosas. No era discutible la necesidad de actualizar el tipo de cambio, pero la que se adoptó no era la única alternativa. Existían instrumentos para mitigar el efecto de la devaluación sobre los grupos de menores ingresos pero hubieran implicado gravar a los de mayores recursos: pocas veces resultó tan evidente la distinta vara con que la política trataba a los dos extremos de la pirámide social.

Como siempre ocurre en situaciones de crisis profunda, la sociedad argentina mostraba lo peor y lo mejor de sí misma. El justificado reclamo de los ahorristas despojados con el corralito se expresaba, muchas veces, en un discurso que terminaba condenando no sólo a los bancos y a la política económica que los había perjudicado sino toda posible intervención del Estado, negándose a reconocer el espacio mismo de la política y el interés público. Ese individualismo salvaje se asociaría con una visión del problema de la seguridad que responsabilizaba a los grupos más populares y reclamaba políticas de mano dura contra el delito, rechazando cualquier invocación de garantías para los imputados y procesados. Generosamente difundida por ciertos comunicadores, surgía así una nueva concepción de derecha, autoritaria, qualunquista y antipolítica, que tendría importante expresión electoral en la ciudad de Buenos Ares años después.

Pero no era ese el rostro dominante de las movilizaciones populares y las iniciativas sociales que florecieron en esos años. La crisis despertó sentimientos de solidaridad muy notables, alumbró iniciativas –como la de las empresas recuperadas por sus trabajadores– llamadas a perdurar, volcó a las asambleas ciudadanas a muchos de los desencantados de la política, estimuló propuestas y un profundo debate que, aunque no podía tener consecuencias políticas inmediatas, influyó en el rumbo que seguiría el país a partir del 2003. Después del estallido, una clara mayoría de la sociedad repudiaba el discurso neoliberal que se había transformado en sentido común desde fines de los ’80 y reclamaba alguna respuesta ante la crisis de representación y la degradación de la vida política.

Así lo entendió Néstor Kirchner obligado, además, a revalidar sus títulos a la presidencia. El vigoroso cambio de rumbo que imprimió incorporaba muchos de los reclamos de las jornadas del 2001. La nueva orientación respecto de la nulidad de las leyes de impunidad y el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado dio a la gestión un contenido ético que aportaba a legitimar el tan desprestigiado ejercicio de la función pública, al tiempo que las profundas novedades que aportaría el ciclo kirchnerista permitían pensar nuevamente a la política como agente de transformación.

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en relación con el pasado dictatorial y la nueva orientación externa que tomaba distancia de los Estados Unidos, rompiendo con la política de relaciones carnales, expresaron la más significativa de las rupturas. Estas medidas se encuadraban en un discurso que recuperaba temas y propósitos transformadores de los años ’70 que el peronismo no había retomado desde entonces.

En el campo de la economía las transformaciones también han sido muy importantes, pese a lo cual se siguen manifestando las viejas restricciones estructurales que dificultan un crecimiento sostenido con avance en la distribución del ingreso. La política de desendeudamiento no sólo disminuyó la carga de las obligaciones externas sino que hizo posible el alejamiento respecto del Fondo Monetario Internacional cuyas recomendaciones dejaron de ser el molde sobre el que se definía la orientación de la política económica, mientras el Estado pasaba a tener un rol más activo en la regulación y asumía la gestión de áreas clave incorporadas al sector público. La decisión de no aplicar una política de contención del alza de precios basada en la restricción salarial, pese a los permanentes reclamos de quienes quieren fijar metas de inflación, es uno de los aspectos más reivindicables de una política que no resigna el avance en la redistribución del ingreso.

Sin embargo, la vieja restricción externa se hace presente otra vez. No sería del todo arbitrario sostener que este fenómeno negativo tiene que ver con un cambio positivo. El fantasma que acompañaba el modelo de sustitución de importaciones se presenta nuevamente porque, pese a las políticas liquidacionistas de la dictadura y del menemismo, la Argentina ha recompuesto su sector industrial garantizando un nivel de actividad compatible con la drástica reducción del desempleo. Pero el elevado porcentaje de importaciones en relación con el producto, que exige una creciente oferta de divisas, muestra las limitaciones del proceso sustitutivo. Si se observa los principales componentes de la demanda de importación (energía, sector automotriz, maquinaria y equipos, industria ensambladora de Tierra del Fuego), se advierten las limitantes estructurales de la industrialización argentina.

Las exportaciones, por su parte, tuvieron un crecimiento importante en la última década y mejoró en su composición la participación de las manufacturas de origen industrial. Lo que no impide, sin embargo, como señala un trabajo reciente de Bianco, Porta y Vismara, que el patrón de especialización registre la presencia dominante de productos con escaso valor agregado. Esta estructura del comercio exterior, así como la alta propensión importadora, no pueden desvincularse de la creciente concentración de la economía argentina y la mayor extranjerización de la cúpula empresaria que se aceleró en los años de la Convertibilidad.

Lo señalado no tiende a minimizar la profunda transformación producida desde el 2003. Esta se advierte no sólo en los indicadores económicos sino en los avances en materia social y en la firmeza con que el gobierno dejó atrás el esquema neoliberal, incorporado por años al sentido común de los argentinos. Pero si queremos comparar la foto de este país de hoy con el de treinta años atrás –el segundo tipo de análisis que prometimos– es importante señalar que es precisamente por la magnitud del avance logrado que esas limitaciones estructurales deben ser atacadas para asegurar en el mediano plazo la continuidad del proceso de transformación.

Hicimos referencia anteriormente al modelo sustitutivo de importaciones, pero es necesario aclarar que las condiciones de la economía no son hoy similares a las que existían antes de 1976. La dictadura buscó romper la matriz de distribución del ingreso consolidada en el período de sustitución de importaciones, basada en la capacidad negociadora de los trabajadores organizados, e intentó, también, debilitar a los sectores empresarios que producían para el mercado interno. Ello facilitó la hegemonía de un nuevo actor –integrado por viejos personajes– al que Eduardo Basualdo y otros investigadores han llamado el nuevo poder económico, surgido al calor de la apertura externa y el predominio de la valorización financiera.

El fuerte y sostenido crecimiento del período posterior a la Convertibilidad permitió una fuerte recuperación de la industria, marco en el que han crecido algunas empresas pequeñas y medianas y otras de mayor envergadura de capital mayoritariamente nacional. Sin embargo, está claro que este sector no puede incidir en el rumbo del proceso de crecimiento claramente dominado por las empresas trasnacionales y por los grandes grupos locales que han aliado su destino con ellas. El fracaso de la asociación especial del Estado con algunos grandes empresarios nacionales –el caso más reciente ha sido el ingreso del grupo Eskenazi en Repsol– ha demostrado que ninguna de estas alianzas puede alterar la lógica rentística dominante de los grupos concentrados. Sólo una fuerte presencia del Estado puede poner límites al gran capital, compensar su débil propensión inversora y redefinir los rumbos del desarrollo.

Las restricciones que problematizan la profundización del actual modelo económico deberían también analizarse en un sentido que podríamos llamar más estratégico. La creciente presencia de la cuestión ambiental en el debate público será mayor sin duda en los próximos años y, aunque es razonable compatibilizar esa preocupación con la necesidad de inversiones, sería poco inteligente no advertir que en el mediano plazo esos debates pueden exigir perentorios cambios de rumbo. ¿El modelo para el desarrollo argentino legado a las próximas generaciones puede seguir apoyándose en un crecimiento de la producción automotriz que, sin avanzar en métodos menos contaminantes, inunda las calles al punto de enloquecer el tránsito de las grandes ciudades?

Como lo señalara un trabajo que publicó Juan Villarreal en los primeros años de la democracia, la redefinición de la cúpula económica se acompañaba en el proyecto de la dictadura con el intento de dispersión de una base popular que parecía unida en la demanda sindical y política, como consecuencia del fortalecimiento de los sindicatos unidos en la CGT y de la mayoritaria adhesión al peronismo. Este propósito de romper la unidad popular se valió tanto de la represión y la contracción del sector industrial como del fomento de las diferencias intersectoriales y aun dentro de las empresas. La política del menemismo y la lógica de un sistema de acumulación cada vez menos apoyado en la práctica homogeneizadora del fordismo profundizaron esta tendencia. El fuerte crecimiento del empleo en la última década ha permitido la recuperación de los sindicatos cuyos afiliados aumentaron –en algunos casos– significativamente. Sin embargo, la presencia de los gremios industriales en las grandes fábricas no ha recuperado los niveles de los años ’60 y ’70 y no son pocos los establecimientos en que la organización interna está en manos de grupos no controlados por la dirección del sindicato. Los gremios del sector público que han aumentado su peso en el concierto sindical poseen en algunos casos aparatos administrativos importantes pero su capacidad de movilización suele ser bastante más limitada.

Un factor que podríamos llamar el equívoco Moyano ha impedido durante algunos años tomar conciencia de esta situación. El dirigente camionero, gracias a la capacidad de movilización de su gremio, aseguraba la presencia sindical en la calle y utilizaba el rol estratégico del sector de transportistas para apoyar un conflicto o asegurar el éxito de un paro. Rota la alianza política de Moyano con el gobierno en la que se apoyaba su indiscutido liderazgo, la dispersión sindical aparece hoy en su incuestionable realidad. No sólo existen en este momento cinco centrales sindicales, algo desconocido en la Argentina posterior a 1930, sino que la presencia de los gremios es débil en el terreno político. Este no es sólo un tema para los sindicalistas; quienes reclamamos la profundización de las transformaciones realizadas desde el 2003 deberíamos ser conscientes de que sin mayor protagonismo de las organizaciones de trabajadores eso no será fácil de lograr.

Es la transformación de los últimos diez años la que hace las diferencias con 1983 más que significativas. El país vive un proceso de expansión de derechos laborales, sociales, culturales, de género, de reconocimiento de la diversidad, que incluye algunas medidas cuya sanción resultó sorpresiva para muchos, como la ley de Matrimonio Igualitario. Diez años de crecimiento han cambiado el rostro de una sociedad cuya deriva hacia la pobreza y el desencanto parecían irrefrenables a comienzos de siglo. El aniversario de los treinta años tiene, en consecuencia, tono de celebración. Aunque no sería bueno, por ello, desatender las advertencias que nos interpelan para adoptar las medidas que permitan asegurar el rumbo futuro.