| Por Fernando Ariel López y Carolina De Volder |

Las ideas fundamentales que estructuran la Web fueron desarrolladas, según Tim Berners-Lee (padre de www), ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva.

Es imposible no reconocer los cambios que produjo Internet en el acceso a la información, a la cultura, al ocio y al entretenimiento, como también en nuestras formas de comunicarnos y expresarnos e incluso en cómo nos relacionamos. Por primera vez en la historia podemos construir, gracias a la oportunidad que nos brinda Internet, una representación global e interactiva del conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural, y una perspectiva de acceso mundial.

El problema se haya en que Internet es al mismo tiempo una gran oportunidad y una enorme amenaza para las grandes empresas productoras y editoras de música, películas, libros, revistas, etcétera.

En la era digital lo que tiene costo es generar la primera copia (inversión inicial); luego el potencial de ganancia es infinito si lo que se venden son copias inmateriales (música, libros, películas, artículos de revistas, etc.). Las reproducciones tienen un costo casi inexistente, al igual que su distribución. Una vez cubiertos los costos de la inversión inicial, el resto es ganancia pura. Pocas industrias tienen la posibilidad de obtener semejante rentabilidad ya que la tasa de ganancia de cualquier negocio es normalmente un porcentaje más o menos fijo de los costos de producción.

Una vieja tradición

Desde la segunda mitad del siglo XVII, el principal canal de difusión de la ciencia son las revistas científicas. Los artículos o papers constituyen el principal mecanismo que utilizan los científicos para dar a conocer sus progresos (cabe aclarar que en las ciencias sociales y humanidades también son muy utilizados los libros y/o monografías) y de esta forma contribuir al avance de la ciencia.

El inicio del actual modelo de comunicación científica tiene su origen con la publicación de las dos primeras revistas científicas en el año 1665: Journal des Savants (París) y Philosophical Transactions of the Royal Society (Londres).

Las revistas tienen un valor fundamental para los investigadores porque proporcionan la posibilidad de aprender, actualizarse y comunicar rápidamente los resultados de sus últimas investigaciones. La inmediatez para compartir nuevos resultados y hacerlo antes que otros es un aspecto muy importante y valorado que brindaban las revistas a diferencia de los libros.

Según Peter Suber, los autores se veían suficientemente recompensados de estas ventajas que ofrecían las revistas y aceptaron como pauta común no recibir beneficios económicos por la publicación de sus artículos, cuestión que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

Desde 1665 hasta 2014, se crearon centenares de revistas científicas, pero las que gozan de la credibilidad y del prestigio más alto no son más que un puñado por disciplina, casi siempre publicadas en inglés. En un principio fueron editadas por las asociaciones científicas de cada rama del saber, por fuera de los circuitos comerciales. Dichas asociaciones científicas elaboraron los procedimientos para cumplir con la evaluación científica, lo que se conoce como revisión por pares o arbitraje (peer review).

Este procedimiento consiste en realizar un tipo de test o evaluación a los artículos, por expertos, árbitros externos o ajenos al grupo editorial de la revista que solicita la revisión, para publicar el escrito y además proponer al autor ciertas correcciones que ellos consideren que deberían estar en dicho proceso; se busca con esto dar a los escritores la oportunidad de mejorar los artículos, planteándoles algunas críticas o señalándoles algunos errores a sus artículos.

Para demostrar transparencia en el proceso en general se utiliza la opción denominada doble ciego. Esto significa que los evaluadores de los artículos no saben quiénes son los autores y viceversa.

Los especialistas que realizan esta tarea no reciben remuneración alguna y lo toman como una carga pública de conveniencia general, ya que todos son alternativamente evaluadores y evaluados.

Con el correr del tiempo, las revistas crecieron en volumen, por ende el esfuerzo editorial y el costo de publicarlas comenzó a superar las posibilidades de las asociaciones científicas. Algunas de ellas para poder cubrir el aumento en los costos aumentaron el precio de la suscripción, pero en la mayoría de casos se vieron empujadas hacia formas empresariales y comerciales o recibieron ofertas de editoriales científicas comerciales. En las últimas décadas muchas de las revistas de las asociaciones científicas son administradas por empresas comerciales, entre las que se destacan Elsevier y Springer.

En la actualidad hay tres grandes editoriales comerciales que publican cerca del 60% de los artículos científicos, lo que les da la posibilidad de manejar a su antojo el precio de venta de “mercancía científica escasa” por ponerlo en términos económicos.

Es decir, estamos en presencia de un mercado oligopólico, donde las editoriales comerciales no financian las investigaciones, no pagan el trabajo calificado que realizan los evaluadores, y comercializan información vital para los investigadores que quieren mantenerse actualizados, quienes además necesitan publicar para ganar cargos y subsidios de investigación.

En América latina y el Caribe, cerca del 70% de las investigaciones son financiadas con fondos públicos. En este sentido se produce una paradoja: los Estados son los que financian o subsidian gran parte de la investigación y luego tienen que pagar nuevamente para acceder a los resultados de las investigaciones publicadas (al suscribirse a las bases de datos que contienen revistas científicas). Es decir, la sociedad entera paga dos veces por el mismo conocimiento.

Durante el 2013 el Estado argentino, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), gastó 19.524.917 dólares para poder acceder a las publicaciones de Elsevier, Springer, EBSCO, Science, ACS Publications, Jstor, etcétera. Solamente se puede acceder a dichas publicaciones desde los institutos nacionales de investigación (INTA, INTI, CONICET, etc.), las universidades nacionales y el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP).

Revolución científica: acceso abierto a la comunicación científica

Disconformes con esta realidad, la propia comunidad científica (generadora de los contenidos y evaluadora de los mismos), las editoriales científicas no comerciales (de sociedades científicas y asociaciones profesionales), algunas entidades financiadoras de las investigaciones y la comunidad bibliotecaria internacional comenzaron a gestar un cambio y así surgió el movimiento de acceso abierto.

Los orígenes fundacionales del acceso abierto tienen poco más de una década, aunque las primeras experiencias se encuentran más de veinte años atrás. Fue a principios de 1990 cuando surgieron las primeras iniciativas para crear archivos o repositorios abiertos de documentos especializados, con el fin de facilitar el acceso a los contenidos, hasta ese momento sólo disponibles para los que pudiesen pagar. Desde entonces, el movimiento ha crecido y evolucionado a nivel mundial, y son cada vez más las instituciones académicas que apoyan iniciativas de este tipo.

Estos grupos comenzaron a reunirse y a realizar varias declaraciones, las tres más emblemáticas son las conocidas como “las 3 B del acceso abierto”:
• Declaración Iniciativa de Budapest para el acceso abierto (2002).
• Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (2003).
• Declaración de Berlín sobre acceso abierto (2003).

Entonces, podemos definir al acceso abierto como: el acceso libre, gratuito, inmediato y sin restricciones a la literatura científica y académica a través de Internet. Cualquier persona puede leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir sin barreras financieras, legales o técnicas. La única restricción es citar la fuente (autor/es) y no alterar la obra.

Para implementar el acceso abierto al conocimiento científico se proponen dos estrategias:
1) La vía dorada: publicación en revistas de acceso abierto.
2) La vía verde: autoarchivo en repositorios digitales institucionales y/o temáticos.

Revistas

Las revistas de acceso abierto son las que ofrecen sus artículos en forma libre y gratuita tanto para autores como para lectores, y que permiten la reutilización y redifusión de sus contenidos. En esta modalidad los costos son asumidos de forma íntegra por los editores. Aunque esta es la opción ideal, existen otras modalidades también difundidas en las cuales el autor paga por publicar o el autor publica en una revista comercial cuyo contenido es abierto y disponible al público luego de un período de embargo.

Si las revistas son de calidad (académica y editorial), tienen más probabilidades de ser incluidas en repertorios, índices, portales, directorios, catálogos y otros sitios que pueden ayudar a su difusión. Cuanto mayor visibilidad tenga la revista, seguramente logrará mayor acceso y uso de sus artículos. Esto hace que tanto la revista como los autores que publican en ella y la institución que la edita logren mayor impacto y prestigio.

El Directory of Open Access Journal (DOAJ, Universidad de Lund, Suecia) es la fuente internacional de referencia más completa de revistas científicas arbitradas en acceso libre y gratuito. Según el directorio, el número de revistas en acceso abierto es de 10.073 títulos. En la región hay tres proyectos que merecen la pena destacar por el trabajo que vienen realizando –hace más de una década– en el fortalecimiento de la calidad de las revistas científicas latinoamericanas en acceso abierto: Latindex, Scielo y Redalyc.

Repositorios

Los repositorios son archivos o bases de datos que almacenan recursos digitales (texto, imagen y sonido). En general los recursos son depositados por el propio autor, proceso denominado autoarchivo. Pueden ser artículos de revistas (con o sin evaluación por pares), tesis, patentes, informes de investigación, ponencias, conferencias, recursos educativos y otros trabajos académicos.

Los repositorios pueden clasificarse según su funcionamiento, de acuerdo a los tipos de documentos que almacenan, etc., pero la clasificación más común es la que los divide en temáticos o institucionales. Los repositorios temáticos recogen documentos científicos y/o académicos de una o varias disciplinas científicas específicas y son los investigadores de diversas instituciones quienes contribuyen autoarchivando sus trabajos. Como ejemplos se pueden mencionar ArXiv (Física, Matemática, Computación y ciencias afines), Cogprints (Psicología), RePEc (Economía) y e-LIS (Bibliotecología y Ciencias de la Información), entre otros. Los repositorios institucionales reúnen la producción científica y/o académica de los miembros de una o varias instituciones resultado de su actividad docente e investigadora, preservando, divulgando y dando acceso abierto a los recursos depositados en ellos. En la actualidad los que gestionan este tipo de repositorios son en general las universidades o institutos de investigación y constituyen una herramienta clave de sus políticas científicas y académicas, además de una pieza de apoyo fundamental para la enseñanza y la investigación.

Ley 26.899. Creación de repositorios (políticas y legislación)

El 13 de noviembre de 2013 se aprobó en la Argentina la Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos, donde se establece la obligatoriedad de publicar en repositorios digitales institucionales los trabajos científicos (tesis académicas, artículos de revistas, patentes, informes técnicos, etc.) que sean resultado de investigaciones financiadas –total o parcialmente– con fondos públicos.

Dichos trabajos tienen que estar disponibles en un tiempo no mayor a los 6 meses de su publicación. En el caso de los datos primarios originados durante las investigaciones (encuestas, entrevistas, resultados de mediciones, etc.) deben estar disponibles luego de cinco años de la publicación de la investigación.

La ley prevé excepciones para las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros (editoriales u otros). Además, condiciona el financiamiento de las instituciones o investigadores a su cumplimiento: es decir, quien no cumpla con la norma no recibirá financiamiento para futuras investigaciones. Esta fórmula trata de fomentar la proactividad de los investigadores y es una práctica ya implantada en otros países. Es el caso de la política de acceso abierto de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que actualmente verifica que se haya cumplido con el depósito de los artículos de investigación financiada en PubMed Central antes de renovar u otorgar financiamiento, entre otras acciones.

Para que los repositorios institucionales puedan sostenerse en el tiempo y brindar mejores servicios se requiere el apoyo económico tanto de las propias instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) como del MINCyT. Actualmente el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) ofrece financiamiento de proyectos con fondos del BID.

La Argentina es el segundo país en la región –y el cuarto en el mundo– en tener una política pública respecto del acceso libre y gratuito a las investigaciones financiadas con fondos públicos.

Estados Unidos en el 2007 fue el primer país en hacer obligatoria la publicación de las investigaciones financiadas con fondos públicos a través de sus Institutos Nacionales de Salud (NIH). España aprobó en el 2011 la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación donde menciona de forma explícita la difusión en acceso abierto. El primero de los países de la región fue Perú (marzo de 2013), y el tercero, México (marzo de 2014).

A nivel regional y global existen iniciativas que fomentan el desarrollo de repositorios internacionales que permitan el intercambio de información entre científicos de distintos países, como son La Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas) con la participación de RedCLARA y nueve países de América latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Venezuela; y COAR (Confederación de Repositorios en Acceso Abierto).

Reflexiones y conclusiones (presentes y futuro)

“Está en la naturaleza de las ideas el ser comunicadas: escritas, dichas, realizadas. Las ideas son como el pasto. Ansían la luz, les gustan las multitudes, prosperan con las cruzas, crecen mejor al pisarlas”.
Úrsula K. Le Guin, The Dispossessed, 1974

El principal objetivo del movimiento internacional de acceso abierto es mejorar el sistema de comunicación científica, eliminando todo tipo de barreras que impidan el acceso a la información.

Entre los principales beneficios de publicar en acceso abierto podemos destacar el incremento en el uso y el impacto de la investigación debido a que un número mayor de científicos pueden consultar los documentos. Así es posible avanzar de forma más rápida y ágil en las investigaciones ya que se dispone de acceso libre e inmediato a los avances de los colegas de todo el mundo. Al reducirse el período de recepción de los contenidos científicos se agiliza la transferencia de conocimiento y como consecuencia mejora la calidad de la investigación.

Parafraseando a Jean Claude Guédon, podemos decir que el acceso abierto altera la estructura del poder científico, centrada en la naturaleza competitiva y estratificada de la ciencia, y que por tal motivo es necesario estructurar de manera diferente el sistema de comunicación científica. Esto incluye no sólo un cambio en la forma de publicación, sino también un cambio en la forma de evaluación.

Por último, podemos pensar en el conocimiento como un bien público, un bien común. Según Elinor Ostrom (Premio Nobel de Economía 2009), “un bien que está disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros”. En este sentido, un bien común puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente.

En ese contexto, la legislación argentina –que aún falta reglamentar– propone un cambio en las reglas de juego ya que genera una tensión entre el Estado que financia y evalúa las investigaciones, los investigadores que necesitan publicar y las editoriales que condicionan a los autores a firmar contratos de exclusividad y cesión de derechos. Así, el Estado actúa a favor del interés general, o bien común, al permitir que la información circule libremente cuando fue financiada con dinero público.

Como queda en evidencia, estos cambios plantean cuestiones que hay que resolver adaptando y reviendo los valores tradicionales a las nuevas circunstancias, algo en lo que necesitamos tomar conciencia y trabajar para que suceda.