Categoría: N° 59

| Por Carlos M. Vilas | La venta de empresas estatales durante los años ’90 fue, entre otras cosas, una manera de obtener divisas para sostener el esquema de convertibilidad monetaria. Al privatizar los servicios públicos, el Estado perdió capacidad de establecer políticas y de actuar como regulador en áreas clave, cuyo destino quedó fijado exclusivamente a criterios empresariales privados. Algunas de estas limitaciones fueron superadas y otras permanecieron, incluso tras los procesos de renacionalización de principios del siglo XXI.

| Por Guillermo Schweinheim | El devenir de los sistemas de control desde la ley 24.156 y la Constitución de 1994 ha sido irregular. En relación con el control interno, tras una primera etapa de progresos, luego de 1999 los avances no fueron significativos. Con respecto al control externo, la Auditoría General de la Nación protagonizó algunas mejoras y adquirió visibilidad pública. Con el actual recambio en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, se abre la oportunidad de facilitar una nueva agenda para estas dependencias.

| Por José Sbattella | Con la pérdida de capacidad reguladora por parte los Estados, los capitales no registrados o provenientes de ilícitos ganaron poder, aprovechando los circuitos transnacionales del sistema financiero. Frente a esto, diversos países impulsaron un esquema internacional de prevención y combate del lavado de activos, del cual la Argentina forma parte. La dirección que asumió a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2010 buscó incrementar las capacidades normativas, operativas y administrativas del organismo. Esta situación corre riesgos con la actual gestión del Poder Ejecutivo.

| Por Mario Rejtman Farah | La supervisión del accionar estatal es una prerrogativa de toda comunidad y de sus miembros. Sin embargo, pese a los esfuerzos por avanzar en el área, subsisten algunas deudas pendientes en los mecanismos del Poder Ejecutivo y en los del Legislativo, en tanto que se reforzó el rol controlador del Poder Judicial ante las falencias del sistema político y la administración. Para no limitarse a ser una mera revisión histórica de acontecimientos pasados, el control debe resultar a la vez independiente, oportuno, articulado, preventivo y corrector.

| Por Marta Oyhanarte | El fortalecimiento institucional es uno de los objetivos clave de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, aprobada a fines de 2015. Para ello, los países deberán impulsar estrategias a fin de promover mayores acuerdos entre gobernantes y gobernados. El círculo virtuoso entre los procesos de innovación, integración, implementación y evaluación es central en esta tarea.

| Por Alejandro Otero | Ante al desafío que el neoliberalismo y algunos de sus productos emblemáticos –como los “paraísos fiscales”– representan para el financiamiento de los Estados, es necesario pensar nuevas formas de regulación fiscal, sobre todo de carácter preventivo. De otro modo, la práctica de control llega tarde para evitar maniobras de evasión impositiva por parte de grandes actores económicos. También se impone la necesidad de incorporar estándares de los países más avanzados y mejorar los niveles de coordinación internacional.

| Por Oscar Oszlak | De una buena gestión pública depende en gran medida la suerte de una sociedad. De allí la importancia de la rendición de cuentas, que sólo puede efectivizarse en un estado de derecho. La consolidación de las democracias en América latina fue acompañada por una natural presión de la ciudadanía para una mayor transparencia, y por la incorporación de nuevas modalidades internas y externas de auditoría. El desafío es consolidar instituciones y prácticas de gobierno abierto, como una etapa superior de nuestro proceso de democratización.

| Por Andrea López | Las audiencias públicas tienen por objetivo dar un lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales vinculadas a los servicios públicos y asegurar así un canal de participación ciudadana en la toma de decisiones. Así y todo, su historia ha sido errática desde su incorporación en la reforma constitucional de 1994. En 2016, este mecanismo cobró notoriedad frente a los aumentos de las tarifas de gas impulsados por el gobierno de Cambiemos. Pero queda pendiente la discusión entre su uso “formal” y su uso efectivo como instancia de control ciudadano.

| Por Emilia Raquel Lerner | La revisión sistemática de la gestión debe abarcar todo el sector público en forma continuada, con un alcance transversal e interdisciplinario, según principios de independencia y neutralidad. Si bien los controles de cumplimiento de normas y de registros financieros y contables son indispensables para una buena evaluación, hoy se enfatiza en la importancia de sumar el control guiado por criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la intervención estatal.

| Por Oscar Lamberto | En 2017 se cumplen 25 años de la instauración de la AGN como organismo autónomo de asistencia técnica al Congreso nacional. Su aparición marcó un cambio sustancial en el modelo de control, que tuvo no pocas resistencias. Con el tiempo, incorporó nuevas funciones, abarcó cada vez más temáticas y ganó visibilidad pública. Así y todo, muchos actores sociales tienen un conocimiento superficial sobre su rol.