| Por Ester Kaufman | Medidas recientes, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información o la creación del Portal de Datos Públicos, representan un avance en materia de “gobierno abierto”. Pero la imprecisión en la definición de los destinatarios y en las pautas de la implementación real plantea fisuras en el relato oficial, que establece una relación directa entre estas iniciativas y el efectivo acceso a la información por parte de la ciudadanía.
| Por Enrique I. Groisman | La contraposición entre el modelo racional-burocrático y el gerencial puede ser objetada, toda vez que las normas jurídicas constituyen un requisito indispensable en el proceso de evaluación por resultados. El margen de libertad que las reglas confieren a los funcionarios debe estar limitado por dos tipos de controles: el de legalidad y el de razonabilidad. Bajo esta idea, la falta de precisión en los aspectos jurídicos constituye una debilidad del actual Plan de Modernización del Estado.
| Por Nora Gorrochategui | La agenda internacional se hace eco de la creciente conciencia sobre los problemas que la corrupción presenta para el desarrollo sostenible de los países. Esto motivó el perfeccionamiento de medidas orientadas a detectarla y evitarla: se incluyen orientaciones tanto para los Estados como para las empresas y la sociedad civil. De central importancia resulta la adecuación entre estos procedimientos y los principios de la gobernanza moderna.
| Por Sebastián Gil | A partir de la Ley de Administración Financiera de 1992, el sistema de control argentino está regido por dos grandes organismos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, y la Auditoría General de la Nación (AGN), del Poder Legislativo. En el marco de los análisis sobre la gestión pública, estas entidades pueden detectar indicios de corrupción. Sin embargo, carecen de estructura, herramientas o productos diseñados para el monitoreo sistemático contra este tipo de delitos. Para ello, aún falta un mayor desarrollo de normativa y de procedimientos.
| Por Carlos R. Constenla | Las defensorías surgieron a fines del siglo XX con el objeto de paliar algunas de las inconsistencias del sistema institucional en cuanto a la representación del interés ciudadano. Con todo, subsisten diversos problemas –entre ellos, la intromisión de las pujas partidarias, las desidias a la hora de nombrar defensores o los equívocos al interpretar sus responsabilidades– que, con frecuencia, apartan a esta institución de su rol principal: monitorear el cumplimiento de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos.
| Por Juan Manuel Abal Medina | La evaluación de las políticas públicas a través de agencias interactuantes posibilita un monitoreo de la gestión estatal sobre la marcha, con las subsiguientes correcciones y un aprendizaje vinculado a la acción. Pese a algunos avances sobre estudios de impactos dentro del Poder Ejecutivo y a proyectos presentados en el Poder Legislativo, todavía queda mucho por hacer en la materia. La profesionalización de las burocracias públicas, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de una “cultura de evaluación” son algunos de los desafíos pendientes.
| Por Abraham Leonardo Gak |