| Por Abraham Leonardo Gak |

En los últimos años, sin duda se han dado pasos en el camino de mejorar el sistema democrático en todo lo referente al control de gestión y calidad de servicios. Se han generado y desarrollado mecanismos de control e intervención ciudadana para garantizar que no sea solo la actividad electoral el único canal de participación social.

De modo que estamos frente a un nuevo desafío: por un lado, mejorar y controlar la gestión pública y, por el otro, acentuar distintas metodologías de participación que consoliden al sistema democrático como el sistema más deseable.

La complejidad de la vida moderna, los enormes avances en la búsqueda del bienestar, la equidad y la ampliación y defensa de los derechos humanos, han hecho necesario que se perfeccionen los procesos de control de la gestión pública, de asignación de responsabilidades a sus gestores y de incorporación, en muchos casos, de complejos mecanismos de control generalizados a través de instituciones específicas.

En tal sentido, el logro social de extremar la libertad de acceso a la información de datos públicos representa un avance significativo en la mejora de los aspectos de participación de la comunidad, a la que no deberían ser ajenas las prácticas de gobierno.

Por ello, consideramos importante el contenido de este número, como un avance en un debate inconcluso sobre la corrupción, la gestión incompetente y la ilusoria presencia de un régimen legal que debería garantizar –aunque en la práctica pocas veces lo hace– el correcto cumplimiento de la función pública que asume cada ciudadano.

Por otra parte, es importante abordar la problemática de las distintas instituciones estatales cuyos objetivos específicos son el control de lavado de activos. Asimismo, la creación y la difusión de instituciones como las Defensorías del Pueblo –que, si bien aparecen en nuestra Constitución, son de cumplimiento parcial– también contribuyen, cuando estas funcionan, a sostener un vínculo entre ciudadanos y Estado.

Por último, en este pantallazo sobre el control y la responsabilidad por la gestión pública no podemos eludir la eficacia relativa del sistema judicial, que debería tener una presencia mucho más efectiva en la detección y erradicación de los sistemas delictivos que comienzan con la evasión, continúan con el lavado de dinero, la radicación de recursos en el exterior y la utilización desembozada de los llamados paraísos fiscales, que no son otra cosa que guaridas aceptadas socialmente, como depósitos offshore bajo el nombre de sociedades solamente existentes en el papel, pues encubren a los verdaderos dueños de su capital.

Seguramente, a pesar de la extensión de este número, no cubrimos todos los aspectos de una cuestión tan significativa, pero espero que sea una contribución a la difusión y a generar el debate acerca de una temática compleja pero sumamente importante para consolidar al sistema democrático en el que la ciudadanía sea beneficiaria y a la vez garante de justicia y transparencia en todas las áreas de gestión, asegurando la vigencia de un país sostenible con igualdad y equidad.