| Por Anabella Lucardi |

Este artículo pretende reflexionar sobre los vínculos entre universidad y Estado o, mejor dicho, acerca de la relación entre las políticas públicas y la universidad, pues esta segunda lectura permite reconciliar la falsa dicotomía entre ambos términos, que aluden no a cosas distintas sino a una parte de un todo y al todo propiamente dicho durante las últimas décadas y, en particular, dar cuenta de las políticas públicas que, bajo el formato de diversas iniciativas y programas, se dirigieron hacia el sistema universitario nacional con el objeto de fortalecer sus funciones y acompañar su crecimiento.

Sin duda, las características de la relación entre las políticas públicas y la universidad en nuestro país se fueron transformando durante las últimas décadas. Desde el retorno de la democracia hasta nuestros días podemos identificar distintas etapas asociadas, naturalmente, a los momentos políticos en los cuales se inscriben, que representan diversas estrategias de actuación del poder ejecutivo y modos variados de ejercer la regulación estatal.

En este sentido, abordaremos en primer lugar una caracterización del rumbo de las políticas públicas para la educación universitaria durante la década de los noventa y plantearemos el cambio de direccionalidad que estas adoptan a partir de los primeros años del siglo XXI, es decir, desde 2003 en adelante. En segundo lugar, explicitaremos las principales políticas que fueron impulsadas en las últimas décadas orientadas a garantizar la calidad, pertinencia e inclusión de la enseñanza universitaria en el marco del sistema universitario nacional de gestión pública.

Con carácter previo, nos interesa puntualizar acerca de un hecho insoslayable que permite otorgar perspectiva a los temas que nos proponemos analizar. Se trata del reconocimiento de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado practicado en la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior del IESALC (Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe) elaborada en la ciudad de Cartagena de Indias en 2008 con el objeto de reunir la opinión de la comunidad académica regional con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior en París de 2009.

Dicho esto, resulta claro que la responsabilidad sobre la educación superior para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la universidad implica un quehacer por parte del Estado. Veamos entonces qué acciones impulsó el Estado en ese rol.

I. La direccionalidad de las políticas públicas para la universidad durante las últimas décadas

En forma preliminar, cabe destacar que desde la segunda mitad del siglo XIX la Argentina reconoce, en la cima de su ordenamiento jurídico, el derecho a la educación. Este reconocimiento constitucional rige el sentido de la obligación que pesa sobre el poder legislativo, en tanto le corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y, asimismo, que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal.

En este contexto, la educación superior universitaria se encuentra regida por la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 y fuertemente asociada a las recetas que el neoliberalismo propuso para las reformas de Estados en general y que, desde ya, tuvieron su aplicación en el ámbito de la educación superior: orientación hacia el mercado, incentivo a la obtención de recursos propios, instalación de la evaluación vinculada al financiamiento, diversificación del sistema a través del desarrollo de universidades privadas, forman parte de las características que en forma unánime han sido reconocidas como identitarias del proceso de reforma de la educación superior en nuestro país en los años noventa. Todo ello redundó en una redefinición del rol del poder ejecutivo en relación con la educación superior que, no obstante el ejercicio activo de la regulación estatal, en forma paradójica mostró un Estado ausente, provocando una fragmentación y desarticulación de las políticas educativas, producto de la mercantilización de la educación superior.

Ahora bien, sostenemos que las experiencias progresistas que gobernaron en nuestro país y en la región a partir de los años dos mil impulsaron un nuevo modelo de Estado y de intervención estatal que produjo cambios significativos en la orientación de las políticas públicas. En lo relativo a la educación superior, el rol dominante del mercado como organizador de la agenda pública durante la etapa anterior fue desplazado. En su lugar, se recuperó la posición principal del Estado como planificador de las políticas educativas, desde una perspectiva que considera la educación universitaria un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Como se verá a continuación, los cambios legislativos evidenciaron un cambio de época y se orientaron en consonancia con el rumbo general del gobierno, que comenzó a mostrar preocupación por consolidar un modelo de país productivo y que reconoció el rol primordial de la educación en el fortalecimiento del desarrollo económico y social de la Nación.

En este marco, la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, dispuso la homogeneización de todo el sistema educativo nacional, estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y, en lo relativo a la educación universitaria, se propuso “fortalecer la democratización, la calidad, los procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional”. Adicionalmente, prohibió expresamente suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que implicaran concebir la educación como un servicio lucrativo o la mercantilizaran.

Por su parte, las modificaciones al texto de la LES que se produjeron en el 2015 reflejan un cambio de direccionalidad en las políticas para la educación superior en relación con los años noventa. Así, pues, la denominada “Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior” sustituyó enteramente algunos artículos de la LES e incorporó otros. En lo principal, la ley reemplaza la conceptualización acerca de la educación superior como “servicio” por el reconocimiento de que la educación y el conocimiento son “un bien público y un derecho humano personal y social”, en consonancia con lo establecido por la Ley de Educación Nacional. En segundo lugar, describe el contenido de la responsabilidad principal e indelegable del Estado sobre la educación superior y dispone que debe garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso. Asimismo, la ley ordena proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables y, asimismo, dispone promover políticas de inclusión educativa.

Por otra parte, consagra la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones educativas universitarias de gestión estatal. Asimismo, y en la misma línea de lo establecido por la Ley de Educación Nacional, prohíbe a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización. Por último, reconoce el ingreso irrestricto a las carreras de grado, complementario con los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional no excluyentes que cada institución disponga.

Creemos que la última reforma de la LES se inserta en el camino de sentar bases para la política pública universitaria en consonancia con aquellas que fueron trazadas para la política educativa en general a partir, principalmente, del reconocimiento de la educación superior como un bien público y un derecho humano personal y social. Asimismo, sostenemos que la reforma de la LES vino a cristalizar normativamente la direccionalidad de las políticas públicas que venían siendo desarrolladas por los poderes del Estado en forma previa, y que abordaremos en la próxima sección. Es decir, en nuestro entendimiento, a partir de 2003 se produjo un cambio de sentido en la formulación de las políticas públicas universitarias, que fue profundizándose con el correr de los años y decantó en la reforma de la LES en 2015. Nos ocuparemos, entonces, a continuación, de dar cuenta de las estrategias que implementó el poder ejecutivo en este sentido.

II. Una selección de políticas públicas universitarias

Abordaremos a continuación un conjunto políticas públicas; algunas de ellas conforman un marco general de políticas y otras se consolidaron a través de programas específicos. En ambos casos contribuyen a caracterizar la direccionalidad de las políticas públicas para la educación superior de las últimas décadas. Trabajaremos sobre: la inversión creciente y sostenida en educación superior; la expansión geográfica del sistema universitario de gestión pública; la implementación de programas de fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación universitaria; la creación de programas de becas de ayuda económica a estudiantes de bajos recursos; la promoción de carreras universitarias prioritarias para el desarrollo económico y productivo del país, y el mejoramiento de la infraestructura universitaria.

Inversión presupuestaria e incremento de los salarios docentes

Sin duda, la condición de posibilidad del conjunto de políticas públicas impulsadas por el poder ejecutivo para el sector universitario, que asumieron el formato de diversos programas de mejora de la educación superior, fue el notable aumento de los recursos financieros destinados a la educación universitaria. El presupuesto universitario muestra una evolución ascendente sostenida desde 2003, con un crecimiento anual promedio superior al 30%. El gasto del sector universitario estatal en 2004 se ubicaba en torno a los 2.601 millones de pesos corrientes, mientras que en 2015 alcanzó los 58.356 millones de pesos.

El aumento de la inversión presupuestaria se refleja también en el sensible incremento de la participación del presupuesto universitario en el Producto Interno Bruto en el mismo período. Mientras que en 2004 el gasto destinado a educación universitaria representaba el 0,54% del PIB, en 2015 alcanzó el 1,00% del PIB, casi duplicando el nivel en el que permaneció históricamente. La evolución creciente de la participación en el PIB del gasto en educación superior a lo largo de estos años coincide con la preocupación del Estado nacional por la ampliación de las oportunidades de acceso y el sostenimiento del sistema universitario. Asimismo, refleja principalmente la mejora en el salario real de los docentes universitarios y de los trabajadores administrativos de las universidades, rubros que absorben el 75% en promedio del total de los recursos presupuestarios de las universidades nacionales, y –junto con el financiamiento de los gastos corrientes– el 95% en promedio de la partidas que se asignan directamente a cada institución por medio de la Ley de Presupuesto, y que hasta 2004 se encontraban prácticamente congelados.

En resumen, es muy considerable el aumento del presupuesto universitario en la última década y la curva que muestra su participación en el PIB es sostenidamente ascendente desde 2004, incrementándose por encima de la inflación, considerando estimaciones oficiales y privadas, evidenciando un quiebre en la tendencia de congelamiento presupuestario de la década de los noventa.

Expansión geográfica del sistema universitario

Un segundo hecho que, creemos, resulta ineludible a la hora de analizar el conjunto de políticas para la universidad desplegadas durante las últimas décadas, está relacionado con la política de creación de universidades nacionales impulsada por los poderes del Estado y que significó una transformación sustancial en la fisonomía del sistema universitario. El proceso de expansión del sistema universitario de gestión estatal en nuestro país fue lento desde la creación de la Universidad Nacional de Córdoba en 1613 hasta 1960, mientras que a partir de la década de los setenta fue muy vigoroso. Concretamente, entre 1971 y 1973 se produjo la primera oleada expansiva del sistema de educación superior universitario asociada al Plan Taquini, con la creación de más de una decena de nuevas universidades. En lo que aquí principalmente nos interesa, entre 1989 y 1995 se produjo un segundo y fundamental período expansivo durante el cual se crearon nueve instituciones educativas universitarias, seis de ellas ubicadas en distritos del conurbano bonaerense: se trata de las universidades de Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, Lanús, La Matanza y General Sarmiento (Malvinas Argentinas).

Finalmente, a partir del año 2003 asistimos a una nueva ola expansiva del sistema universitario de gestión pública, que se manifestó con la creación, entre 2003 y 2015, de veintitrés universidades nacionales e institutos universitarios nacionales a lo largo y a lo ancho del país. Estas instituciones se situaron en distintos distritos del conurbano bonaerense (Florencio Varela, Avellaneda, Moreno, José C. Paz, Hurlingham, entre otros), en diversas provincias que aún no contaban con una universidad (Río Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y en las principales ciudades de algunas provincias que sí tenían alguna universidad radicada en su territorio (Chilecito, Rafaela, entre otras).

Un análisis sintético de este proceso nos permite afirmar que la expansión geográfica del sistema universitario que se produjo en las últimas décadas contribuyó a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior a sectores que se encontraban tradicionalmente excluidos y, en ese sentido, tornó progresivamente más cierto el efectivo ejercicio del derecho a la universidad.

Así, aun cuando la política creación de universidades durante los noventa no estuviera orientada en este sentido, en efecto, la instalación de instituciones educativas universitarias en distritos densamente poblados y alejados de los centros universitarios tradicionales y en provincias argentinas que no contaban con una universidad, mostró un incremento de la matrícula universitaria a nivel global que refleja una ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior. Por su parte, sostenemos que la política de creación de universidades durante la última década, concretamente a partir de 2003, también constituye una política pública democratizadora, con la diferencia de que esta sí fue orientada por los poderes del Estado en ese sentido, y se asocia al reconocimiento del derecho a la universidad como derecho universal, tanto individual como colectivo, cuyo efectivo ejercicio es demandado por la sociedad, y dio lugar –sostenemos– a la implementación de un conjunto de políticas públicas sociales y educativas de corte inclusivo, entre las que se encuentra la creación de instituciones educativas universitarias. Con la creación de estas instituciones, al día de hoy, el sistema universitario argentino de gestión estatal se encuentra integrado por más de cincuenta instituciones educativas universitarias, de las cuales tan sólo diez existían cincuenta años atrás.

Programas especiales de la Secretaría de Políticas Universitarias

La inversión que realiza el Estado nacional en el sistema universitario se materializa a través de diversos canales de financiamiento. Principalmente, por medio de la asignación de recursos del Tesoro Nacional, cuyos créditos distribuye anualmente la Ley Nacional de Presupuesto a cada una de las instituciones universitarias. Adicionalmente, las universidades reciben transferencias financiadas por el Tesoro Nacional, que ejecuta la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). También perciben recursos financiados por otras jurisdicciones de la administración central (distintas del Ministerio de Educación).

En este contexto, la SPU dirigió al conjunto del sistema universitario una batería de políticas. El conjunto de programas implementados por la SPU fue variando a lo largo de los años, y practicar una sistematización exhaustiva de las iniciativas impulsadas durante los períodos considerados reviste cierta dificultad. En este sentido trataremos de enumerar los principales programas y aquellos que han tenido cierta pervivencia a lo largo de los años.

En primer lugar, el Programa de Calidad Universitaria tiene a su cargo el desarrollo de convocatorias no competitivas a carreras de grado de universidades nacionales declaradas de interés público o que hayan cumplido el proceso de acreditación, con el objetivo de financiar proyectos de mejora de la gestión educativa, actividades interinstitucionales, proyectos de formación y desarrollo de los recursos humanos académicos y proyectos de fortalecimiento de infraestructura, equipamiento y bibliografía. En este contexto, se han implementado “proyectos de mejoramiento de la enseñanza” en las más diversas disciplinas, entre ellas: Agronomía, Ingeniería, Informática, Veterinaria, Arquitectura, Medicina, Odontología, Farmacia y Bioquímica.

Asimismo, y en relación con las carreras de las universidades nacionales de gestión pública en general, se desarrollan también convocatorias no competitivas con el objeto de apoyar la formación de recursos humanos en áreas prioritarias para el desarrollo nacional o de alta vacancia y de consolidar actividades de investigación, desarrollo, transferencia y vinculación de las universidades a través del incremento de la dedicación de sus investigadores. En esta línea, se implementaron “proyectos de apoyo” dirigidos a carreras de Ciencias Sociales, Humanidades, de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática.

Por su parte, el Programa de Apoyo a Universidades Nuevas (PROUN) asigna recursos a universidades de reciente creación para llevar a cabo acciones que sostengan, mejoren y desarrollen sus proyectos institucionales. Se implementa a través de proyectos plurianuales de diez años que presentan las universidades y, en los hechos, representan un significativo aporte para que las nuevas instituciones educativas puedan atender a las necesidades particulares de cada diseño institucional.

En segundo lugar, el Programa de Voluntariado Universitario (PVU) comenzó a implementarse en 2006 con el objeto de profundizar la función social de la universidad, integrando el conocimiento producido en las aulas universitarias con las problemáticas sociales, de modo de contribuir a solucionar problemas que afectan a las comunidades y atender las demandas de las mayorías. Sus objetivos son: alentar la participación de los estudiantes universitarios en la identificación y solución de problemáticas comunitarias; promover el compromiso social de los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función social del conocimiento, de la ciencia y la tecnología; favorecer la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, priorizando proyectos que requieran la colaboración de las mismas en su diseño e implementación; facilitar desde las comunidades universitarias recursos humanos calificados para actuar sobre las diferentes problemáticas existentes e impulsar la integración académica; y el reconocimiento curricular de las actividades realizadas por los estudiantes en el marco de los proyectos de voluntariado universitario.

En tercer lugar, el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) tiene como objetivo el de fomentar y contribuir al proceso de integración regional e internacionalización del sistema universitario. Dicho propósito ha constituido, durante los períodos analizados, uno de los ejes de la política universitaria nacional en tanto tiene un rol fundamental en el fortalecimiento de las instituciones y su proyección en el ámbito internacional. Las iniciativas desarrolladas por el PIESCI se orientan a la cooperación internacional universitaria y a la internacionalización de las instituciones de educación superior con énfasis en el ámbito del Mercosur y la Unasur, en consonancia con el contexto de favorecimiento de la integración regional en América del Sur. En esa línea se celebraron acuerdos de acreditación regional para carreras de grado (Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur ARCU-SUR) y convenios bilaterales de convalidación y reconocimiento mutuo de títulos de grado extranjeros con países de la región; se impulsaron programas de movilidad de estudiantes de grado y posgrado, docentes, investigadores y miembros de la gestión universitaria (Programa MARCA) y se desarrollaron programas de asociación académica para el fortalecimiento de posgrados, entre otras acciones de cooperación internacional regional (NUCLEO Mercosur) y bilateral con otros países del mundo (Alemania, Brasil, Chile, Cuba, España, Francia, Japón, entre otros).

En la misma línea, el Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) promueve la comunicación de la oferta de grado y posgrado y la asociación de las universidades argentinas en el exterior para la investigación y el intercambio, auspicia procesos de integración con distintas organizaciones internacionales de universidades, fomenta la creación de redes y consorcios de las universidades en el ámbito internacional e impulsa el posicionamiento de la Argentina como país de excelencia para la enseñanza del español como lengua segunda o extranjera. Como instrumentos para la ejecución de estas acciones se contempla la conformación de redes entre universidades locales y del exterior y la realización de ferias y misiones. Producto de diversas convocatorias, la SPU, a través del PPUA, financió la creación y consolidación de cientos de redes universitarias internacionales que vinculan a equipos de investigación, docentes y estudiantes de distintas universidades, de todos los campos académicos y de las más diversas áreas, que ejercen, asimismo, las distintas funciones universitarias. Por su parte, a través de participación del PPUA en distintas ferias internacionales universitarias y misiones, se promovió a la Argentina como destino académico y se impulsó la proyección internacional de las editoriales universitarias.

Por último, forman parte también de las iniciativas financiadas por la SPU los programas nacionales de becas universitarias y el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, sobre los cuales, por su particular relevancia, nos referiremos separadamente a continuación.

Becas universitarias

En relación con la inclusión educativa, el Estado implementó dos programas nacionales de becas destinados a estudiantes de bajos recursos. Así, el esquema de becas nacionales para estudiantes de la educación superior está integrado por el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB).

El PNBU fue creado en el año 1996 y está dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior. El objetivo de este sistema de becas es facilitar el acceso y la permanencia de alumnos de bajos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios de grado en las universidades nacionales o institutos universitarios. Por su parte, el PNBB fue creado en el año 2009 y tiene como misión otorgar becas de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen al sistema de educación superior en la rama de las carreras vinculadas a las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas. El objetivo de este programa de becas para carreras científicas y técnicas es incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo de nuestro país, así como también, incentivar su permanencia en las carreras y alentar su egreso en áreas clave para el desarrollo económico.

El objetivo de ambos programas, como ha sido puesto de manifiesto por los máximos responsables políticos del gobierno, es fortalecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y universitaria, a través de incentivos económicos que permitan a jóvenes de bajos recursos hacer frente a los gastos que demanda el estudio de una carrera en el sistema de educación superior. Asimismo, complementariamente, el objetivo de la línea especial de becas vinculada con las carreras científicas y técnicas es incentivar el estudio de carreras prioritarias para el desarrollo productivo y económico del país, para lo cual también se busca fortalecer el ingreso de jóvenes de hogares vulnerables al estudio de determinadas carreras universitarias y terciarias, consideradas particularmente estratégicas y para lo cual el Ministerio de Educación de la Nación las enumeró en un listado de carreras prioritarias.

El PNBU y PNBB son una política pública que financia la demanda de educación superior y puede caracterizarse como de tipo “compensatorio”, pues tiene como objetivo compensar una serie de inequidades, originadas en distintas razones de índole económica y social, que generan desiguales posibilidades de acceso a la educación universitaria de los jóvenes provenientes de hogares con bajos recursos, en relación con los estudiantes de clases medias, o medias altas, para quienes el acceso a la educación superior no sólo no presenta un obstáculo económico sino que se encuentra plasmado fuertemente como parte del plan de vida de dichos jóvenes.

La inversión del Estado nacional en el PNBU y en el PNBB durante el período 2003-2015 fue de 2.522.879.836 pesos, correspondiendo una inversión de 704.974.800 pesos al PNBU y de 1.817.905.036 pesos al PNBB. Por último, cabe señalar que una característica de las políticas que propician la asignación de recursos dirigidos a la demanda es que permiten mayores niveles de planificación estatal, orientados, en este caso y en primer lugar, a la reducción de las desigualdades de acceso y permanencia en el nivel universitario, y en segundo lugar, a impulsar el estudio de carreras de interés prioritario para el desarrollo nacional.

Plan estratégico de formación de ingenieros

El Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 (PEFI) fue impulsado por la cartera educativa, en el entendimiento de que la ingeniería es una disciplina fundamental para el desarrollo industrial, permite impulsar la innovación productiva y disminuir los niveles de dependencia tecnológica.

Las acciones que emprendió el PEFI se orientaron a asegurar la calidad en la formación a partir de la declaración de interés público de las carreras de ingeniería a través de la acreditación nacional, y en algunos casos regional, de las mismas. Asimismo, se pusieron en marcha sendos Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza de Ingeniería (PROMEI), con el propósito de contribuir a apoyar las mejoras que debían encarar las universidades como resultado de los procesos de acreditación. En ese contexto, se financió la ejecución de proyectos de mejora plurianuales de cuatro años de duración en la totalidad de las carreras acreditadas de las universidades nacionales.

Adicionalmente, se fortaleció el financiamiento del Programa Becas Bicentenario destinado a estudiantes de carreras prioritarias y se celebraron acuerdos internacionales de movilidad e intercambio y convenios para el reconocimiento mutuo de titulaciones acreditadas, principalmente entre los países del Mercosur.

Asimismo, el PEFI desarrolló acciones tendientes a generar vocaciones tempranas y facilitar el tránsito entre la secundaria y la universidad, fortalecer la retención a lo largo de la carrera e incrementar la graduación de alumnos avanzados. También se propuso incrementar las actividades de investigación, desarrollo, transferencia, vinculación e innovación en ingeniería.

Programa nacional de infraestructura universitaria

Además de las acciones de infraestructura universitaria que ejecuta la SPU tendientes principalmente a adecuar las instalaciones edilicias de las universidades de acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad y de garantizar su accesibilidad, en 2005 se suscribió un convenio marco entre la cartera educativa, el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las universidades nacionales para realizar obras de infraestructura edilicia. El Programa Nacional de Infraestructura Universitaria fue ejecutado por el citado ministerio y financiado con recursos del Tesoro Nacional y con fondos provenientes de un contrato de préstamo convenido entre la Argentina y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. En los hechos el programa significó la ejecución de más de doscientas cincuenta obras –entre construcción de nuevos edificios, ampliaciones y modernizaciones edilicias– en la enorme mayoría de las universidades nacionales con una inversión, entre 2003 y 2013, superior a 1.877.149.477 pesos.

III. Reflexiones finales

En estas páginas intentamos dar cuenta de una serie de decisiones en materia de política pública que constituyeron una toma de posición por parte del Estado que, a través de su actuación, privilegió el desarrollo de políticas orientadas al fortalecimiento institucional del sistema, al aseguramiento de la calidad y la pertinencia social de la universidad y a garantizar la inclusión educativa universitaria.

La implementación de estas políticas públicas refleja que, durante las últimas décadas, la planificación estatal no se limitó al sostenimiento del sistema a través del financiamiento destinado a solventar los gastos de funcionamiento –que, desde luego, insumen una proporción mayoritaria del gasto universitario total debido a la magnitud del sistema universitario argentino y que, por otra parte, también revelan un compromiso con la recomposición de los niveles salariales de los trabajadores docentes y no docentes universitarios– sino que, por el contrario, avanzó en una nueva direccionalidad de las políticas para el sector, que pretendieron configurar un novedoso paradigma de políticas universitarias, con acento en la planificación y la autonomía responsable, relación que supone la conjunción entre las necesidades del Estado como representante del interés público, la satisfacción de las demandas del conjunto de la sociedad y el rol fundamental de las universidades como promotoras de la generación del conocimiento científico y tecnológico y de las capacidades formativas que requiere la construcción de un proyecto nacional.