| Por Sol Prieto, Lucía Gutiérrez y Florencia Lucione |

Agradecemos a Martina Sol Garbarz los datos sobre participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

El gobierno de Macri deja un país con 5 millones de nuevos pobres, 10,6 por ciento de desocupación, más de un 50 por ciento de inflación y 46,8 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años en situación de pobreza. El proyecto político que llevó a la Argentina a estos resultados rompió importantes consensos políticos respecto de las instituciones, los derechos humanos, los derechos sociales y los sentidos compartidos sobre lo público. Estas nuevas dinámicas socioeconómicas instauradas por el gobierno de Mauricio Macri ponen al gobierno entrante y a todos los actores de la sociedad civil ante la necesidad imperiosa de generar un acuerdo social plural y de nuevo tipo en el que se pongan de manifiesto los intereses de todos los emergentes y actores sociales relevantes. A lo largo de los últimos cuatro años, las mujeres, lesbianas, travestis y trans se incorporaron por derecho propio al conjunto de actores que forman parte de la discusión de este nuevo acuerdo.

Los motivos que legitiman al feminismo como parte de este acuerdo, desde el punto de vista del análisis de los movimientos sociales, son muy concretos: los movimientos feministas se han constituido como uno de los principales actores sociales de los últimos años en la Argentina. Su irrupción definitiva en el espacio público como movimiento de masas, su solidez y su capacidad de organización de sus demandas, junto a la construcción de un entramado de pactos entre sus integrantes, posicionaron a los feminismos como uno de los sujetos políticos que ofrecieron resistencia a las recientes políticas de ajuste. Al mismo tiempo, supo organizar sus reclamos de forma concreta y lograr que los mismos se tradujeran en conquistas tendientes a eliminar las desigualdades en función del género.

Conquistas presentes y agendas futuras

Las potencias y los logros de estos movimientos no se explican en un sentido amplio sin tener en cuenta que la ampliación de derechos a la cual los feminismos aspiran forma parte del corazón de los gobiernos nacionales y populares, especialmente durante las primeras décadas del siglo XXI. Estos gobiernos tendieron a achicar la brecha de la desigualdad de género en sus diversas dimensiones. En la Argentina podemos mencionar la sanción de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Régimen Previsional para Amas de Casa y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, entre otras normas. Estas últimas significaron, además, el reconocimiento y la visibilización de las tareas domésticas y de cuidados, y su asimilación al trabajo formal, respectivamente. Estas políticas implicaron rechazar la tradicional distribución de roles, “dones” y tareas que ubica a las mujeres en la esfera privada de la vida cotidiana y a los varones en el ámbito público. De acuerdo con esta diferenciación, las tareas de producción de bienes y servicios que se mercantilizan, que en general se da fuera de las paredes del hogar, son consideradas trabajo; mientras que aquellas no mercantilizadas que ocurren dentro del circuito doméstico (cocinar, cuidar, bañar, vestir, etcétera) no son consideradas trabajo. Revertir esta desigualdad requiere de políticas públicas específicas relativas a la agenda de cuidados, la cual será una parte central de la política del próximo gobierno.

Afortunadamente, esta tradicional distinción de roles es cuestionada por amplios sectores de la sociedad. Por ello, los movimientos feministas fueron y son los encargados de advertir las desigualdades aún presentes en los ámbitos en los que se desarrollan las relaciones interpersonales, así como de sostener en el ámbito público las demandas necesarias para que las legislaciones se modifiquen en pos de conseguir una situación de mayor equidad para mujeres y diversidades. La complejidad de esta tarea se concentra en que los espacios en los que hay que disputar el sentido de igualdad mencionado son tan heterogéneos como dinámicos. Incluyen los imaginarios y horizontes culturales reservados para los cuerpos femeninos y diversos, así como el reconocimiento y la institucionalización formal de las reivindicaciones públicas de los feminismos. La ley de paridad, sancionada a fines de 2018, es crucial, en tanto y en cuanto funcione como primer puntapié para discutir la necesidad urgente de formar un gabinete paritario como herramienta para revertir la obscena desigualdad que padecen las mujeres, lesbianas, travestis y trans en el ámbito de la política, en una arena que les abre lentamente las puertas de las instituciones pero les cierra las puertas de las decisiones.

Sin embargo, la política feminista avanza. Por estos días, durante el ocaso de la gestión macrista a nivel nacional, los movimientos feministas lograron que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el proyecto de Ley de Talles, que busca establecer un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), buscando alterar la hegemonía de figuras corporales femeninas estereotipadas y estandarizadas a las que son expuestos los cuerpos reales y diversos, lo cual se traduce –como cualquier rigidización de estándares constitutivamente múltiples– en discriminación social. También, la aprobación de un proyecto de reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca incorporar perspectiva, paridad e identidad de género en el ámbito científico-tecnológico, el cual tradicionalmente ha estado signado por la hegemonía de las identidades masculinas. La importancia de disputar el sentido identitario y profesional en un ámbito como el científico se evidencia con aún mayor potencia al considerar que en la Argentina el 52% de las y los científicos son mujeres. Estas mujeres, sin embargo, ocupan los cargos más bajos y peor pagos del sistema científico y tecnológico de la Nación. A grandes rasgos, las exigencias y pautas centrales de este sistema aún no contemplan las particularidades de las vidas cotidianas de aquellas mujeres que deciden maternar al mismo tiempo que desarrollar su carrera científica tradicional.

Cabe agregar que según el censo realizado en 2010 en la Argentina, cuatro millones de mujeres son jefas de hogar y en el 70% de estos casos los hogares son monoparentales. Esto expresa que existe una brecha salarial significativa en detrimento de dichos hogares respecto de los que tienen a un hombre como jefe de hogar o responsabilidad económica compartida. Esta tendencia refuerza, por lo tanto, la inequidad a la que están expuestas las mujeres que desean avanzar en ámbitos profesionales estructurados a partir de lógicas de género excluyentes tales como la penalización por maternidad, la cual puede revertirse solamente a partir de una política de convenios colectivos de trabajo que promueva una crianza democrática.

También a fines de 2019 los feminismos lograron avances hacia la equidad de género en el ámbito de la cultura: la Ley de Cupo Femenino en los Escenarios exige un piso de participación del 30% de mujeres en los festivales culturales, entendiendo a la cultura en sentido amplio. Hoy, el porcentaje de representación femenina en esos eventos no alcanza el 15% y muestra, nuevamente, el retraso en la legitimidad pública de la voz y la capacidad expresiva y creativa de las mujeres y disidencias.

Este breve recorrido por las conquistas alcanzadas por los movimientos feministas durante las primeras décadas del siglo XXI pone de manifiesto algunas cuestiones. La primera, el reconocimiento del feminismo como sujeto político con capacidad para identificar, exponer y encauzar demandas hasta convertirlas en conquistas concretas que achiquen la brecha de la desigualdad de género. La segunda, la visibilización del nuevo esquema de roles que ocupan y protagonizan las mujeres en el entramado social. En este marco, entonces, el Estado y los actores sociales en su conjunto deben estar a la altura del crecimiento y la consolidación de las mencionadas cuestiones, con el objetivo de reconfigurar un entramado social que exprese la nueva distribución de posiciones y tareas entre géneros. Y con ello, genere una nueva concepción no solo de lo público y lo privado sino también del vínculo –siempre dinámico y complejo– entre ambas esferas.

Aún existen deudas que el Estado debe saldar mediante su intervención a través de distintos mecanismos. No solo la exigencia del efectivo cumplimiento de las leyes de equidad enumeradas –y la consecuente penalización en los casos en los que no se implementen– sino también el financiamiento, de manera sostenida y responsable, de programas estatales tendientes a lograr dicha equidad entre géneros. A su vez, la presencia de mujeres en espacios de representación significativos resulta una exigencia que debe ser atendida de manera urgente, con el objetivo de aplicar una gramática de género para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.

Una institucionalidad tendiente a reducir la desigualdad

Finalmente, es urgente destacar que la desigualdad de género no acaba con los logros expuestos en materia legislativa y es por ello necesario advertir el lugar central que tiene la disputa de sentido hacia la igualdad en los diferentes campos de la vida en lo que se desarrolla la vida en común. Esta disputa debe impulsarse a partir de una óptica feminista que permita reconocer, denunciar y alterar las lógicas de funcionamiento inequitativas entre géneros.

Ahora bien, esto no puede llevarse adelante sin mujeres, lesbianas, travestis y trans que no solo denuncien las desigualdades sino que formen parte del debate y piensen, por lo tanto, las políticas futuras. Es clave que la institucionalidad del nuevo acuerdo social tenga en cuenta que las probabilidades de que una mujer acceda a un espacio jerárquico de toma de decisión son prácticamente insignificantes. Desarrollaremos este punto con algunos datos. Para 2018, apenas el 34% de las y los diputados nacionales eran mujeres; el mismo porcentaje rige para las juezas y jueces federales. En el mismo sentido, solo el 17% de las y los gobernadores; el 4% de las y los presidentes de partidos políticos; el 14% de las y los ministros; el 25% de las y los investigadores superiores del CONICET (donde hay una sola mujer en un directorio de ocho miembros). Si analizamos el sector de los medios de comunicación, nos encontramos con que apenas el 15% de las y los columnistas en diarios nacionales son mujeres, y entre las y los directores de diarios, este porcentaje baja al 11%; solo el 30% de las y los conductores radiales son mujeres. En la jerarquía católica se observa que a pesar de que el 54% de las y los especialistas religiosos (sacerdotes, religiosas y diáconos) son mujeres, en la Conferencia Episcopal Argentina no hay ninguna mujer. Este porcentaje (0%) coincide con el porcentaje de mujeres que integran el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que apenas el 4% de las y los CEOs de empresas grandes son mujeres y solo el 9% de las y los integrantes de las cámaras empresariales son mujeres. Este porcentaje coincide con el de mujeres que integran la comisión directiva de la Sociedad Rural. Los datos no son mucho más alentadores en los sindicatos, donde apenas el 20% de los miembros de las comisiones directivas son mujeres. Tampoco en las universidades nacionales, donde las rectoras son apenas el 9 por ciento.

Un acuerdo social que no contemple esta disparidad real en el acceso al poder estará omitiendo los intereses y silenciando las voces de más la mitad de la sociedad, y por lo tanto resulta urgente pensar mecanismos de participación y agendas sensibles a esta desigualdad estructural.