| Por Víctor Taricco | 

La historia reciente de nuestro país puede ser interpretada como un proceso generalizado de democratización y desdemocratización, que el reciente golpe de Estado en Bolivia no hace más que reafirmar en un punto de mayor gravedad. Parte de este proceso pendular que atraviesa nuestro país y nuestra región puede observarse también en el derrotero de los últimos años de nuestra Televisión Pública.

Para comenzar la revisión de este proceso que pretendemos analizar en este artículo, vale la pena señalar que el consenso existente alrededor de la misión de los medios de comunicación propiedad del Estado argentino comenzó a consolidarse como idea-proyecto a mediados de la década de los ’80 con la recuperación de la democracia en el continente.

Como documento fundacional de este proceso de sistematización podemos señalar la conferencia del investigador venezolano Antonio Pasquali en la sesión inaugural de la ULCRA (Unión Latinoamericana y Caribeña de Radiodifusión) de 1986, donde tomando como referencia los servicios públicos de comunicación europeos, proponía organizar sistemas de medios públicos a partir del cumplimiento de una serie de imperativos conceptuales y operativos.

La “decantada lucidez” del campo comunicacional latinoamericano permitía desembarazarse de ciertas ideas provenientes de las teorías críticas y asumir con naturalidad nociones y conceptos provenientes de la tradición liberal. A partir de la década de los ochenta la atención de los investigadores y especialistas en comunicación no estaría centrada en las luchas contra el imperialismo o la dependencia cultural, sino en la promoción de un modelo de televisión pública que se sustentaba en una voluntad de autonomía de los gobiernos, pluralista en su gestión y representación y objetivo o equidistante en las coberturas informativas.

Estos modelos con el correr de los años se fueron consagrando en el campo académico a través de lo que Silvio Wainsbord y Martín Becerra denominaron Modelos Ideales de Televisión Pública, en tanto orientación correcta para las políticas públicas a desarrollar en estos medios.

Estos Modelos Ideales de Televisión Pública, en tanto elaboración teórica y normativa, se proponían establecer una dirección y una legitimación para los medios de comunicación de propiedad estatal capaces de conjurar en un mismo movimiento el rol subsidiario al que los habían condenado las dictaduras cívico-militares, las presiones que la primera oleada neoliberal ejercía para su privatización, así como también la huella estatal/gubernamental que los procesos populistas habían impreso en sus orígenes.

Si bien tempranamente hubo acuerdo entre (algunos) dirigentes políticos, investigadores y especialistas sobre este nuevo rumbo para los dispositivos de comunicación estatal, los Modelos Ideales de Televisión Pública permanecieron como posibilidad dentro del campo teórico debido a la firme oposición de los propietarios de los grandes medios de comunicación argentinos.

No sería hasta principios del siglo XXI cuando los gobiernos latinoamericanos (progresistas y populistas) realizaron los esfuerzos necesarios para fortalecer los medios de comunicación propiedad del Estado, en el marco de un proceso de aumento de la intervención estatal en el espacio público. Este verdadero activismo estatal, como lo definiría el especialista norteamericano Owen Fiss, impulsó un política hacia los medios públicos que incluyó la incorporación de representantes de la oposición, los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad civil en el directorio de RTA (Radio y Televisión Argentina), la actualización y renovación tecnológica de su equipamiento e instalaciones, el crecimiento del encendido y las audiencias de la Televisión Pública y Radio Nacional y la incorporación de nuevos temas, cuestiones y formatos audiovisuales a través de señales como Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

También es necesario señalar que en un contexto de confrontación política generalizado con el Grupo Clarín y que el editorialista Julio Blanck definió como de “periodismo de guerra”, los vínculos entre medios públicos y gobiernos kirchneristas serían estrechos en las definiciones político-editoriales. Como consecuencia de esta estrecha vinculación, los niveles de pluralismo interno de sus servicios informativos fueron bajos, tal cual lo señalan informes realizados por la Defensoría del Público en 2013 y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en 2015. Sin embargo, este desequilibrio interno en la representación de oficialismo y oposición generaba un equilibrio en el sistema de medios argentinos, ya que las televisoras privadas priorizaban la representación de los actores que en aquellos momentos ocupaban la oposición política.

Con rasgos positivos y negativos, las políticas de fortalecimiento de los medios públicos, a pesar de que en muchos puntos se contradecían con los Modelos Ideales de Televisión Pública, produjeron una marcada democratización del espacio público argentino a partir de la ampliación de la representación de actores políticos y sociales, de puesta en escena de temas y cuestiones no convalidadas como legítimas por el sector privado de la comunicación.

La gestión de Cambiemos al frente de los medios públicos

Si hay algo en lo que coincide la mayoría de los especialistas en comunicación es en los malos resultados de la gestión de Hernán Lombardi al frente del Sistema Público de Medios. Vaciamiento, invisibilización, pérdida de audiencia, despidos arbitrarios y persecución política son algunos de los tópicos recurrentes expresados por los consultados para este artículo. Tras casi cuatro años de gobierno de Cambiemos, la situación de la televisión pública no solo no ha mejorado en los puntos problemáticos, sino que ha retrocedido significativamente en aquellos que todos los especialistas evaluaron positivamente como la actualización tecnológica, la incorporación de la oposición al directorio de RTA y la creación de señales temáticas como Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

Desde que el gobierno de Macri asumió la responsabilidad política de conducir los medios de comunicación propiedad del Estado, no solo se han mantenido vínculos estrechos a nivel político-editorial con el Poder Ejecutivo, sino que se produjo un significativo descenso en los recursos asignados a los medios públicos, lo que redujo a la Televisión Pública, Radio Nacional y los canales educativos o temáticos a un espacio marginal dentro del sistema de medios de comunicación argentino.

Alejandro Linares, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, en un artículo publicado recientemente en un portal de noticias, comparó los 241 millones de dólares que fueron asignados a través de distintos instrumentos a los medios públicos en 2015, con los US$207 millones asignados en 2016, así como los US$190 millones que se derivaron en 2017 y los US$136 millones que hubo para 2018. Esta marcada pendiente descendente en la asignación de recursos ha lesionado la capacidad operativa de la televisión y la radio públicas y ha generado agudos conflictos con las organizaciones que representan a los trabajadores y a las trabajadoras.

Para Ezequiel Rivero, investigador del CONICET, el macrismo aplicó una “austeridad selectiva” que generó un “paréntesis que interrumpió un proceso virtuoso de construcción de institucionalidad” iniciado en 2009, dejando para el macrismo el particular récord de dilapidar el capital de público y de posicionamiento social que se había alcanzado luego de diez años de trabajo.

Martín Becerra, doctor en Ciencias Sociales y unos de los principales referentes del campo comunicacional argentino, señaló que “los medios de gestión estatal fueron vaciados de contenidos, de presupuesto y, como lógica consecuencia, de público durante estos cuatro años”, dejando también a las señales educativas y temáticas, “de gran valor y prestigio cultural, federal y pedagógico”, en una situación de gran precariedad y difícil recuperación.

Para Martín Bonavetti, exdirector general de la Televisión Pública, el panorama de los medios públicos está atravesado por “una pésima herencia, pero también un potencial” al señalar el grave estado de deterioro que ha dejado la política de invisibilización de la Televisión Pública, en tanto formadora de una agenda de temas y cuestiones de interés público y el quiebre de la estructura productiva a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y la agudización de conflictos sindicales que quedan sin resolver. A pesar de esto, el exdirector general de la TV Pública señala que el proceso de fortalecimiento de los medios públicos durante los gobiernos kirchneristas no ha perdido vigencia, tanto por la actualización tecnológica como por el lugar relevante que han sabido ocupar en el sistema de medios.

A partir de estos testimonios, podemos señalar que durante el gobierno de Mauricio Macri la gestión de la Televisión Pública (y los medios públicos) se caracterizó por una política de vaciamiento sistemático en un sentido amplio: de presupuesto, de recursos humanos, de producción, de público y que trajo como consecuencia una brusca pérdida de relevancia en el sistema de medios, en lo que podríamos denominar un claro proceso de desdemocratización del espacio público.

Un futuro estructuralmente más complicado

La fusión de Cablevisión y Telecom coloca a nuestro país en un escenario inédito de hiperconcentración en el acceso a los contenidos audiovisuales, la información pública relevante y las telecomunicaciones. Según Gustavo Bulla, profesor de la Carrera de Comunicación de la UBA, el Grupo Clarín concentra el 38% del mercado de TV por cable, 68% de los servicios de banda ancha fijos, el 39,5% de la banda ancha móvil, el 40,9% de la telefonía fija y el 30% de la telefonía móvil.

Para Glenn Postolski, docente de Políticas de Comunicación de la UBA, la imposibilidad de plasmar una ley corta de convergencia con la que se intentó poner en condiciones similares a los grandes grupos extranjeros con el Grupo Clarín, ha dejado al país sin un marco legal adecuado. Como señala Ezequiel Rivero, las políticas de comunicación de Cambiemos resultaron “abiertamente pronegocios”, diseñadas a la medida del Grupo Clarín a través de uso intensivo de decretos, de subordinación de la agencia de regulación y de acuerdos oficiosos con el Estado.

Como en el caso de la Televisión Pública, la concentración de las empresas infocomunicacionales alrededor de un único jugador ha ido en detrimento no solo de otros grandes jugadores del sector, sino de las posibilidades de que el sector estatal o sin fines de lucro pueda desarrollar políticas que permitan el acceso universal a valores razonables a contenidos audiovisuales, internet o las telecomunicaciones, vulnerando de esta manera el derecho humano a la comunicación.

Procesos de democratización y de desdemocratización del espacio público

El preocupante escenario de concentración de la comunicación audiovisual, el acceso a internet y las telecomunicaciones plantea múltiples desafíos de difícil resolución para el próximo gobierno que asumirá funciones el 10 de diciembre de 2019. Sin duda el problema principal radica en la hiperconcentración vertical y horizontal del Grupo Clarín y la necesidad de promover una regulación que revierta la situación a través de una nueva legislación o de acciones que mínimamente impidan abusos en esta posición extremadamente dominante. La situación no será de simple resolución y se espera que el próximo gobierno explore vías alternativas a lo de la anterior administración kirchnerista, y de la eficacia de este nuevo camino dependerá la profundización o reversión del actual escenario de hiperconcentración.

Respecto de la Televisión Pública y los demás medios de comunicación propiedad del Estado, la recuperación de estos dispositivos requerirá de la recreación de cierto activismo estatal que intente recuperar el lugar significativo que el sistema de medios públicos argentino poseía, pero en esta ocasión quizás observando un poco más de cerca los principios deontológicos definidos por los Modelos Ideales de Televisión Pública.

Recuperar la senda del fortalecimiento de la Televisión Pública, ahora en un nuevo contexto político, económico y social, requerirá construir un acuerdo político entre gobierno, oposición, trabajadores, productoras de contenidos y audiencias, para revitalizar y relegitimar los objetivos y obligaciones de los medios de comunicación de propiedad estatal, tal cual lo expresa el Título VII de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún vigente.

También resultará relevante refundar una cultura institucional basada en el respeto, el diálogo y el consenso entre todos los actores implicados en la producción pública de contenidos audiovisuales, que permita cumplir de la mejor manera posible lo mandatado por la ley, así como realizar los acuerdos necesarios para actualizar las normativas que rigen la producción en el sector audiovisual, sean estos informativos o artísticos.

Más allá de estas cuestiones programáticas, que sintéticamente hemos tratado de expresar en este artículo, entendemos que este movimiento pendular de fortalecimiento y debilitamiento de la Televisión Pública Argentina y de todo el sistema de medios públicos puede ser comprendido como parte de los movimientos sistemáticos de democratización y desdemocratización del espacio público en los últimos treinta años.

Según Boaventura de Sousa Santos, las últimas décadas se han caracterizado a nivel internacional por una dinámica conflictiva entre procesos de democratización y de desdemocratización, donde se han democratizado los sistemas políticos de muchos países, pero al mismo tiempo se han registrado procesos de desdemocratización con el aumento de las desigualdades sociales. Para Charles Tilly, la democratización puede ser considerada como un proceso de aumento de la amplitud y la igualdad de las relaciones entre los miembros de un Estado-nación.

Cuando los conflictos sociales que atraviesan y constituyen el espacio público democrático se resuelven del lado de los sectores que se oponen a la ampliación de los procesos de igualación, las políticas públicas, en lugar de reducir las desigualdades sociales, las profundizan como sucedió en el caso de Cambiemos al frente de los medios públicos.

Siguiendo esta matriz de pensamiento, podemos interpretar que el proceso general de vaciamiento al que fue sometida la Televisión Pública Argentina, y todos los medios públicos, forma parte de un proceso generalizado de desdemocratización del espacio público y de vulneración del derecho a la comunicación de todos los argentinos.