| Por Gabriela Inés Maldonado |

Iniciar este escrito enunciando que el espacio agropecuario de nuestro país y de nuestra provincia en particular ha registrado y registra una profunda transformación, que ha involucrado e involucra cambios en el uso de suelo, en el sistema de producción, en los actores intervinientes, en fin, en la estructura agraria, ya no resulta una novedad. Sin embargo, la magnitud de las transformaciones que se desprenden de los diferentes datos relevados a distintas escalas sigue invitándonos a analizar este proceso. Por citar sólo algunos ejemplos: con base en datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, al inicio de la década de los ’90 menos del 20% de la superficie de la provincia de Córdoba estaba destinada a agricultura y en la actualidad ese porcentaje se eleva al 45%; en el contexto de lo enunciado anteriormente, el cultivo de soja ha incrementado en un 280% su superficie y el del maní un 300%; según el Censo Nacional Agropecuario, hacia el año 2002 el 90% de las semillas de soja y maíz utilizadas eran de origen transgénico; la toxicidad de la soja es tres veces superior a la del maíz y el girasol, cultivos estos que ya tienen un significativo valor de toxicidad (la Defensoría del Pueblo de la Nación ha calculado los valores de toxicidad en base a documentos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, siendo estos, para el cultivo de soja, de 52,24; de maíz, de 17,44, y de girasol, de 14,99); hacia el año 2002, en las pedanías que lindan con el área serrana y que involucran la cuenca superior y media de los cursos de agua que drenan hacia la llanura, la aplicación de agroquímicos se ha incrementado en un 1.100%. Las transformaciones en la importancia y tipo de actores sociales y en el comportamiento demográfico también son relevantes. El incremento de la presencia de diversas formas financieras del capital termina por desplazar el eje prioritario convirtiendo a la actividad agrícola en un emprendimiento esencialmente financiero y no productivo. La población rural dispersa y agrupada decrece notablemente, en el sur de Córdoba la totalidad de las localidades categorizadas como población rural agrupada (de menos de 2.000 habitantes) registran decrecimiento poblacional en al menos uno de los períodos intercensales entre 1980 y 2010, y en algunos casos, alcanzan un 80% de pérdida poblacional. No resulta extraño entonces enunciar que la totalidad de la trama productiva y de los vínculos territoriales ha sido y está siendo transformada.

El avance de los cambios mencionados se apoya en la construcción de una visión del mundo que potencia la creación de escasez tanto en el presente como en el futuro. Así, las principales empresas oferentes de semillas y sistemas de producción (Monsanto, Syngenta, Bunge, Nidera, entre otros) promueven una visión del mundo de corte neomalthusiano, que relaciona el incremento “drástico” de la población con la necesidad de provisión de alimentos. Dicha cosmovisión trae consigo un discurso que se sustenta en la promulgación de un modelo de agricultura sustentable, ecoeficiente, seguro y saludable. A su vez, a través de diversos programas vinculados al área de Responsabilidad Social, promueven vínculos sociales que se apoyan en la promoción científica y académica y que reproducen el discurso de sustentabilidad ambiental y social. Asimismo, se generaliza una nueva figura de productor agropecuario en el marco del paradigma de los agronegocios: el productor empresario, en donde la capacidad de innovación y adaptación se convierten en las variables clave. En este contexto, como señala Valeria Hernández en el libro La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios, la noción de innovación juega un papel fundamental, ya que no sólo instaura dinámica de cambio como deseable y hasta necesaria sino que también tiene un rol performativo, ya que el contenido de esa dinámica será determinado por el paradigma, es decir, se innova sólo si se incorpora la visión de los agronegocios.

Sin embargo y a pesar del aparente discurso sin fisuras del paradigma mencionado, la emergencia de conflictividades sociales, como forma explícita de expresión de las contradicciones entre el discurso hegemónico y las consecuencias socio-territoriales, ponen en evidencia las grietas del sistema.

Inicialmente, los principales espacios de denuncia y resistencia social tuvieron origen en los movimientos campesinos y en aquellas áreas de expansión de la frontera agropecuaria en donde el modelo avanza mediante el denominado proceso de pampeanización (concepto propuesto por Walter Pengue para definir la exportación de actividades propiamente pampeanas a regiones extrapampeanas). En estos casos, el proceso de expansión agropecuaria y transformación productiva implica no sólo un cambio en la forma y uso de suelo sino también la expulsión de sectores campesinos de sus territorios y la amenaza directa a una forma de vida que produce los recursos bajo una cosmovisión distinta. Entre los movimientos campesinos que resisten al proceso de pampeanización se encuentran: el Movimiento Campesino de Jujuy (MOCAJU), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC); el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); la Unión de Campesinos Pobres de la provincia de Chaco (Poriajhu) y el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), entre otros. Los principios fundamentales que promueven se relacionan con una reforma agraria genuina que garantice el acceso equitativo a la tierra; con el apoyo a la agricultura campesina; con la construcción de políticas agrícolas y comerciales que promuevan la soberanía alimentaria, y con el control de las comunidades locales sobre la tierra, el agua y la biodiversidad, entre otros.

En la provincia de Córdoba el MCC nuclea a la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC), a la Unión de Campesinos de Traslasierra (UCATRAS), a la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) y a la Organización de Campesinos y Artesanos de Pampa de Achala (OCAPA). Entre sus principales frentes de lucha se encuentra el freno a los desalojos de campesinos producto de la tenencia precaria de sus tierras. A pesar de ser poseedores de hecho de sus tierras, por propiedad veinteañal, la falta de asesoramiento y el desconocimiento sobre sus derechos los dejan expuestos a procesos de expulsión no siempre pacíficos. Específicamente para el noroeste de Córdoba, Marina Bustamante y María de los Ángeles Galfioni, en un trabajo publicado en 2012, señalan que ocho de las trece comunidades donde han realizado entrevistas en trabajo de campo presentan conflictos fundiarios, fundamentalmente las ubicadas en el centro-oeste de Pocho y centro-norte de San Alberto, y enuncian que los conflictos se originan producto de la conjugación entre el avance de la frontera agropecuaria y la falta de título de propiedad de la tierra por parte de los campesinos.

En los últimos años, a la resistencia social ofrecida por los movimientos campesinos se agrega la multiplicación acelerada de reclamos y movilizaciones en múltiples localidades de la región pampeana, por el impacto en la salud generado por el uso de agroquímicos en las cercanías de los espacios urbanos y la resistencia al actual modelo de producción agropecuaria. Así, por ejemplo Jorge Rulli, en su libro Pueblos fumigados: los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras, indica que se registran conflictos en Los Toldos, San Nicolás, Chacabuco y otras localidades de la provincia de Buenos Aires; en San Lorenzo, Rosario, General Lagos, Las Petacas, Alcorta y San Justo, de la provincia de Santa Fe; en las localidades de Gilbert, Costa de las Masitas, Líbaros y Rosario del Tala en la provincia de Entre Ríos, y en las localidades de Colonia Caroya, San José de la Dormida, Marcos Juárez, Alta Gracia, Sinsacate, Córdoba y Río Cuarto en la provincia de Córdoba.

Los casos recientes más emblemáticos en nuestra provincia han sido la denuncia de las Madres de Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba, y el rechazo a la instalación de plantas de Monsanto Argentina S.A. en la ciudad de Río Cuarto y en la localidad de Malvinas Argentinas (en cercanías de la ciudad de Córdoba).

En el primer caso, si bien la organización Madres del Barrio Ituzaingó inician una causa penal en 2002 a productores y aeroaplicadores por los problemas ocasionados en la salud de los vecinos del barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba por la aplicación de agroquímicos en el entorno rural inmediato, no fue hasta junio de 2012 que efectivamente se inicia el juicio, siendo el primero en el país de este tipo. A la fecha, dos de los acusados han sido declarados culpables y condenados a tres años de prisión no efectiva. Lo trascendental de este juicio es que ha sentado un precedente judicial en nuestro país en relación a las consecuencias por la aplicación de agroquímicos.

En lo que respecta al anuncio de la multinacional Monsanto de instalar dos nuevas plantas en la provincia de Córdoba, una en la localidad de Río Cuarto y otra en la localidad de Malvinas Argentinas, la respuesta social no tardó en llegar. Si bien en la localidad de Río Cuarto hace al menos diez años se registran, con intermitencias pero de manera creciente, conflictos por la ubicación de depósitos de productos agroquímicos y por las fumigaciones en inmediaciones del espacio urbano, el anuncio de la empresa Monsanto en el año 2012 de instalar un Centro de Investigación y Mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz multiplicará los espacios de resistencia y movilizaciones sociales. En este contexto, la respuesta de agrupaciones e investigadores fue inmediata, e instituciones como la Universidad Nacional de Río Cuarto y la agrupación Río Cuarto sin Agrotóxicos declararon su rechazo al arribo de la multinacional a la ciudad.

En paralelo, se multiplicaron los espacios de encuentro, divulgación y discusión acerca de las consecuencias de la aplicación de agroquímicos y de la búsqueda de modelos de producción agropecuaria alternativos. Como respuesta a los reclamos y movilizaciones sociales, hacia fines de 2013 el intendente del municipio local detuvo la aprobación de la instalación de la planta experimental, a fin de “preservar la armonía social”, mediante el decreto 1396/13. Las agrupaciones ambientalistas, investigadores de distintas instituciones y la Universidad Nacional de Río Cuarto expresaron su acuerdo con la decisión tomada, como una forma de fortalecimiento de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Por último, al día de la fecha siguen vigentes los conflictos en la localidad de Malvinas Argentinas por el rechazo a la continuidad de la construcción de una planta seleccionadora de maíz de la empresa Monsanto Argentina S.A. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, junto a las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, autoconvocados y organizaciones sociales del Gran Córdoba han convocado y protagonizado múltiples manifestaciones, siendo una de estas reprimida hacia fines de 2013. En septiembre de 2012 los vecinos presentan una acción de amparo a fin de que se cumplan con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y a inicios de 2014 la jueza Claudia Zalazar dio lugar a la medida cautelar y ordenó que no se autorice el funcionamiento de la planta de Monsanto hasta tanto no se realicen el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública correspondiente.

La multiplicación y visualización de diversos movimientos y la judicialización de los reclamos sociales de diversos tipos en distintos puntos del país y de la provincia ponen claramente en evidencia conflictos por la apropiación y uso de los recursos naturales, que confronta actores de diversa fuerza y con intereses divergentes y que, en definitiva, se constituyen en conflictos por el uso del territorio.

El paradigma agropecuario vigente es explícitamente propuesto por el sector dominante como un camino exitoso, innovador, sustentable social y ambientalmente, y como fuente de solución para el acoso a la humanidad que proviene de la escasez de alimentos, pero asimismo es implícitamente impuesto mediante la instalación de acciones hegemónicas y homogeneizantes. Hambre, sustentabilidad social y ambiental, pobreza, desigualdad social, entre otros, son presentados como meros datos desprovistos de contexto y, por ende, se desvinculan de la distribución de poder, apropiación de la naturaleza y uso del territorio.

Las tendencias actuales se encaminan a profundizar y fortalecer los supuestos que orientan la construcción y legitimación de una “realidad” que vuelve extraños los lugares para sus propios habitantes. Formas alternativas de producción locales se ocultan por encontrarse, como expresa Boaventura de Souza Santos, “del otro lado de la línea” que establece el pensamiento occidental abismal, línea que determina el límite entre lo civilizado y lo incivilizado, entre el progreso y el atraso. Asimismo, este autor señala que la visibilidad de la ciencia moderna occidental se erige sobre la invisibilidad de otras formas de conocimiento, tales como distintos conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas que se encuentran al otro lado de la línea. Las formas de pensar el recurso suelo por parte de los campesinos y de los pequeños productores son silenciadas. De esta forma sólo se convierten en racionales los cambios acontecidos de acuerdo a las pautas del “progreso” establecido en el marco del pensamiento occidental. Así, la lógica que se introduce es la lógica global, donde la aceleración permanente del proceso de rotación y acumulación de capital se constituye en soporte que anima su reproducción. Los actores y regiones que no se adapten a estos imperativos quedan afuera del “progreso que propone el sistema”.

En nuestros días, como respuestas a las formas dominantes de producción, conceptos como “acumulación por desposesión”, del geógrafo David Harvey, “extractivismo” y “neoextractivismo” se generalizan en múltiples documentos, saliendo de las sombras que pretendían mantenerlos ocultos. A quienes trabajamos sobre los procesos de desarrollo y transformaciones territoriales, las evidencias sobre la magnitud de los cambios enunciadas al inicio del presente documento y la multiplicación de movimientos sociales deberían al menos provocarnos a repensar, desde otro lugar, la forma de producción de recursos y uso del territorio, donde enfaticemos en la rentabilidad social de su producción y en la función social de su uso. El desafío y la lucha están puestos en pensar los recursos como patrimonio social común, cuya producción debe estar orientada por supuestos localmente construidos y su principal función es satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Como señala Eduardo Azcuy Ameghino en un trabajo publicado en 2004, esta perspectiva parte de pensar la producción al servicio del hombre y de las mayorías sociales, por lo que condiciona los procesos económicos –sin resignar determinadas metas productivas– a un criterio prioritario de equidad social y desarrollo nacional soberano. Debemos sustentar un modelo de desarrollo que promueva el uso del territorio en el lugar y para el lugar y, por lo tanto, que responda a los intereses del conjunto de la sociedad, revalorizando saberes populares en tanto generadores de posibles intervenciones concretas, apoyadas en el contexto. Se deben recomponer los vínculos productivos entre los actores sociales y su territorio, mediados por el trabajo, de manera tal que promuevan la creatividad, generación y movilización de activos sociales y la construcción de propuestas alternativas socialmente viables. La magnitud de los cambios en proceso sin una clara previsión de sus consecuencias debe obligarnos a pensar en el modelo de desarrollo. No es poco lo que está en juego, por lo que nos debemos un profundo y claro debate.