| Por Abraham Leonardo Gak |

En 1983, tras casi ocho años de terrorismo de Estado impuesto por las Fuerzas Armadas, instigadas, a su vez, por los grandes grupos de poder económico nacionales y extranjeros, es electo democráticamente el Dr. Raúl Alfonsín.

El presidente electo asume el 10 de diciembre y tiene en sus manos la responsabilidad de reiniciar el camino de la normalización institucional, así como hacer frente a una situación económica, social y política harto dificultosa que tuvo como origen la pésima y fraudulenta administración del gobierno saliente, que llevó al país a contraer una exorbitante deuda externa.

El poder económico había logrado hacerse del control de todo el proceso productivo y financiero (pauperizando los salarios, generando tasas extremas de desempleo y privatizando los bienes públicos), logrando subordinar de esta forma el Estado a sus intereses particulares.

En los primeros dos años de gobierno, y como parte fundamental del proceso de reconstrucción de la institucionalidad, se inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa y se impulsa el juicio a los excomandantes que integraron las tres juntas militares por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983, inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional. A finales del año 1985, la sentencia de la Cámara Federal condena a los acusados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos durante la última dictadura.

Ante un clima enrarecido, con fuertes tensiones y rumores de nuevas sublevaciones militares, el gobierno envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como “Ley de Punto Final”, que fue aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley, queda extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por los delitos cometidos en las operaciones antisubversivas hasta un plazo determinado. Unos meses más tarde se sanciona la “Ley de Obediencia Debida” (promulgada el 8 de junio de 1987), que solo admite el procesamiento de quienes hayan impartido órdenes y contaran con la capacidad operativa para ejecutarlas. Solo las causas vinculadas a la apropiación de menores continuaron siendo juzgadas.

Ambas leyes ponían al descubierto, ante la sociedad, la fragilidad del gobierno constitucional frente a las presiones ejercidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.

En materia económica, la implementación del creativo Plan Austral no tiene éxito y a esto se le suma un fuerte golpe del mercado producido por los principales grupos económicos al retirar los depósitos de los bancos, retener divisas producidas por exportaciones y demorar el pago de impuestos. Se origina, entonces, un proceso hiperinflacionario, aumenta la desocupación y estalla una crisis social que obliga al presidente a convocar a elecciones de forma adelantada.

El 9 de julio de 1989 asume la presidencia el candidato del Partido Justicialista, que se impuso con el 47% de los votos en los comicios, Carlos Saúl Menem. Por primera vez en mucho tiempo un gobierno civil elegido constitucionalmente es sucedido por otro de igual condición. La presidencia de Alfonsín logró restaurar la democracia, abrir la puerta a su consolidación y romper con el aislamiento internacional; pero no pudo lograr un crecimiento positivo: la deuda externa creció mientras que los salarios decrecieron enormemente.

El presidente Menem, quien antes de llegar al poder había establecido una alianza con el establishment y la derecha neoliberal, concreta el proyecto iniciado por el gobierno dictatorial del año 1976, de constituir al mercado como el gran asignador de recursos aplicando las reglas de juego que brinda el llamado Consenso de Washington.

Durante su mandato se sanciona la llamada “Ley de Convertibilidad”, que llevó al abandono de toda política monetaria y cambiaria, a la sobrevaluación del peso, a la apertura irrestricta de la economía, a la liberalización de los movimientos de capitales externos y del sector financiero, a la flexibilización laboral y el ajuste salarial, y a la privatización, por lo general en medio de actos de corrupción, de las principales empresas y activos públicos, como la previsión social, los ferrocarriles, el correo y hasta la compañía petrolera estatal YPF. De esta forma se acrecienta el predominio de las finanzas por sobre el aparato productivo.

La consecuencia final de este proceso, en el que solo se beneficiaron los grandes grupos económicos –extranjeros y nacionales–, en el que se incrementó de forma atroz la deuda externa, en el que experimentamos altísimos niveles de desempleo y el sometimiento a las disposiciones de los organismos de crédito internacionales, es la instalación de una crisis económica, política y social de dimensiones inimaginables.

En diciembre de 1999, tras el segundo gobierno de Carlos Menem, asume la presidencia Fernando de la Rúa, quien fue candidato por la Alianza (coalición entre la UCR y el Frepaso). El presidente solo consigue profundizar la crisis económica, institucional y política del país. Tras dos años de mandato, y en medio de una crisis económica y social sin precedentes, agravada por un nuevo ajuste resultante de los condicionamientos impuestos por la banca internacional luego del último rescate financiero, que llega incluso a la reducción de salarios y jubilaciones del sector público nacional y a la incautación de los ahorros de la clase media, se produce un estallido social. Amplios sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, ante la desesperación de no contar con un plato de comida en la mesa, inician una serie de protestas, marchas y saqueos –en algunos casos incentivados por punteros políticos del conurbano bonaerense profundo– que llevan a que el presidente declare, en la tarde del 19 de diciembre, el estado de sitio; lo que es vivido por la población como una nueva provocación y genera en consecuencia un recrudecimiento de las protestas. El gobierno, encerrado en su propio laberinto, recurre entonces a las fuerzas de seguridad para tratar de restablecer el orden social, desatando una feroz represión en la Plaza de Mayo y sus alrededores, así como también en las principales ciudades del país, que arroja como resultado el asesinato de decenas de ciudadanos, y la renuncia del presidente.

La acefalía resultante obliga a la formación de una Asamblea Legislativa que constitucionalmente designa a quien debía ejercer la presidencia. Se suceden así cuatro presidentes en el transcurso de unos pocos días.

El rechazo ciudadano a los gobernantes se extiende a la dirigencia política en general. Se exige la renovación de las prácticas políticas bajo la consigna “que se vayan todos”.

En este contexto, y tras el interinato de Eduardo Duhalde, el 25 de mayo de 2003, tras un proceso electoral vacío de entusiasmos, asume la presidencia Néstor Kirchner, con la adhesión de sectores minoritarios que se identifican con la “nueva política”, enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios. La gestión de Kirchner al frente del Ejecutivo nacional (2003-2007) abre un período de transformaciones en la estructura económica, política y social, en el marco de circunstancias internacionales favorables. Su política se basa en la contención de la devaluación de la moneda a través de la participación permanente del Banco Central en la compra de divisas, en el aumento de las exportaciones y el fuerte desarrollo del mercado interno, medidas que sostienen un notable crecimiento económico, generando las condiciones para la cancelación de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, terminando así con la presión de este organismo sobre las políticas económicas nacionales y recuperando la soberanía nacional en materia económica.

El Estado asume un rol activo en la elaboración de políticas tendientes a resolver las necesidades más urgentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, postergadas por tantos años. Se disminuyen los índices de pobreza y desempleo. El derecho a la educación, la salud y el bienestar social son prioridades para esta gestión….

Es de destacar, en este período, la promoción permanente de los derechos humanos y el carácter nodal que se le otorgó desde el Estado a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Se declaran insanablemente nulas las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, y se enjuicia y condena a muchos de los responsables de las atrocidades cometidas durante la década de los ’70.

Las políticas del gobierno generan reacciones desestabilizantes de parte de aquellos sectores de poder que ven afectados sus intereses y privilegios, y que no demoran en hacer sentir su descontento.

En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner asume la presidencia y continúa con el proceso iniciado en el 2003.

En el 2008 estalla la crisis internacional –crisis financiera, económica y de mercado–, lo cual repercute directamente en el proceso económico, modificando los índices de crecimiento en todo el planeta. Esta situación es aprovechada por los sectores de poder económico opositores para desacreditar el modelo vigente a través de una fuerte campaña mediática, que a lo largo de los años va mermando el poder y la imagen del gobierno.

Tras las elecciones presidenciales del año 2015, asume la conducción del gobierno –con el apoyo del 51,34% de los ciudadanos, en segunda vuelta– Mauricio Macri. El presidente, junto a su gabinete y funcionarios, comienza a implementar de manera vertiginosa un plan económico que abre la posibilidad de retornar a aquel modelo económico ya conocido y padecido por los argentinos, basado en la reducción de salarios, incremento del desempleo, aumento de la inflación, crecimiento de deuda externa, reducción de la participación del Estado en la regulación del mercado y en el manejo de la economía, produciéndose así una clara transferencia de recursos hacia el sector financiero y las empresas privadas.

Este es el panorama que se nos abre a todos/as los argentinos/as.

Llevamos más de treinta años de democracia. Muchos fueron los avances y conquistas, pero debemos estar atentos y seguir trabajando para evitar retrocesos y pérdidas de lo alcanzado. La nuestra es una democracia joven e inmadura que requiere de la participación de todos/as para fortalecerse y consolidar un país que sea justo y equitativo para todos/as y no un país de privilegios para pocos/as.