| Por Roberto de F. Caldas | En el país vecino, este ámbito fue concebido para garantizar los derechos de los más desfavorecidos en todo el territorio y protegerlos de eventuales abusos de las elites locales. De este modo, se refuerza la distancia de los jueces respecto de los intereses afectados por sus fallos. También se favorece el desarrollo equitativo del país, evitando que sus diferentes regiones compitan entre sí con legislaciones más permeables a los poderes fácticos.
| Por Patricia Fabiana Martin | A través del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley 26.994, la legislación argentina reconoce las nuevas realidades socioafectivas que exceden a la llamada tradicionalmente “familia tipo”. Caminos menos engorrosos para divorciarse, reconocimiento de convivencias sin matrimonio de por medio, eliminación de prejuicios en el sistema de adopción y privilegio de la tenencia compartida de los hijos son algunas de las recientes modificaciones.
| Por José Massoni | Desde su creación, el Poder Judicial nacional es corporativo y funcional a los poderes fácticos. Salvo excepciones, sus miembros provienen de las elites conservadoras y se encuentran alejados de las realidades sobre las cuales emiten sus fallos. Para cambiar esto, se requiere una reforma constitucional, impulsada por un acuerdo dentro de un frente popular y democrático.
| Por Arístides Corti | La reformulación regresiva que el actual gobierno hizo del sistema impositivo no solo tiene consecuencias directas para los sectores populares, sino también indirectas, toda vez que el incremento del déficit público afecta la capacidad del Estado de cumplir con los derechos humanos a la vida, la salud, la educación y la seguridad social. Hace falta una reforma que alivie el peso sobre los más desfavorecidos y las actividades productivas, e incremente los gravámenes sobre los beneficios extraordinarios.
| Por Manuel Gonzalo Casas y Daniela López Testa | Con la mundialización económica y el desmantelamiento de las fronteras comerciales, los capitales transnacionales buscan legislaciones que les prometan mayores réditos, haciendo que los ordenamientos jurídicos nacionales compitan entre sí en el mercado global. La Argentina padeció las consecuencias de esto, con la parcialidad del juez estadounidense Thomas Griesa en beneficio de los holdouts. La respuesta se encuentra en la creación de un tribunal supranacional, especializado en este tipo de conflictos.
| Por Alejandro Alagia | La respuesta punitiva al narcotráfico muestra resultados aparentemente eficaces, pero en realidad es causa del aumento de la violencia y de una crisis humanitaria global. En nuestro continente, se traduce en aumento de homicidios, estigmatización con contenidos raciales y de limpieza étnica, desapariciones y desplazamiento de comunidades, entre otros muchos efectos adversos.
| Por Víctor Abramovich | A partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que consideró que el tribunal interamericano se había excedido en su competencia al imponerle la revocación de un fallo previo–, se pone en duda la obligatoriedad de las sentencias del organismo internacional que contrarían decisiones judiciales internas. Esto podría afectar el valor que los tratados internacionales de derechos humanos tienen en el sistema jurídico argentino.
| Por Raúl Gustavo Ferreyra | La mayoría de los Estados cuentan con una Constitución que establece su orden jurídico. Pero en muchos casos se da una disparidad entre el ámbito de lo normado y el ámbito de interpretación y cumplimiento de estas prescripciones constitucionales. En el caso argentino, sigue pendiente el debate acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema como precedente para causas semejantes.
| Por Javier Augusto De Luca | El sistema todavía necesita de nuevas instituciones y mecanismos que contribuyan a optimizar su actividad. Selección de sus integrantes, capacitación, cambios en la atribución de funciones y, desde ya, mayor asignación de recursos, son algunos de los aspectos a mejorar.
| Por Beinusz Szmukler | La creación del organismo, a partir de lo establecido en la reforma constitucional de 1994, representó un intento de avanzar en la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, diversos factores obstaculizan su buen funcionamiento. Entre ellos: acuerdos políticos, debilidades institucionales, resistencias internas, compromisos personales y el espíritu corporativo de algunos involucrados.