| Por Guillermo V. Malinow |

El artículo sintetiza el contenido del documento “Propuesta para el Sector Hidroeléctrico de la República Argentina 2012-2023”, elaborado por el Grupo de Trabajo Elaboración Programática del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, Buenos Aires, junio de 2012, que puede consultarse en www.iae.org.ar y cuya coordinación estuvo a cargo del autor.

La generación hidráulica

El agua es un recurso natural insustituible para el sostenimiento de la vida humana y por lo tanto la selección de sistemas de aprovechamientos para una explotación racional del recurso hídrico, así como su control, conservación de su calidad, compatibilización con sus diferentes usos, definición de normas y fiscalización, son una responsabilidad indelegable del Estado.

Los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen emprendimientos multipropósito, además de la generación eléctrica pueden brindar beneficios tales como: control de crecidas y protección contra inundaciones; agua para consumo humano e industrial; agua para riego; turismo, recreación y desarrollo regional, todo lo cual debe ser evaluado en su justa medida cuando se clasifican proyectos con enfoques multicriterio (económico, técnico y ambiental).

Los emprendimientos hidroeléctricos significan energía limpia y barata, con inversiones de largo plazo que pueden beneficiar a varias generaciones. Al cabo de su vida útil se pueden actualizar fácilmente con la incorporación de nuevas tecnologías y tienen costos muy bajos de operación y mantenimiento.

Las obras civiles de estos aprovechamientos demandan preferentemente insumos de origen nacional y mano de obra intensiva, provocando un fuerte impacto en la economía del país y de la región donde se implanta el proyecto, motorizando el desarrollo regional con un positivo efecto macroeconómico, lo cual ha sido confirmado en todas aquellas regiones donde fueron construidos proyectos hidroeléctricos de cierta magnitud.

Los aprovechamientos que son desarrollados y operados de manera económicamente viable, ambientalmente sensata y socialmente responsable, representan un desarrollo que contempla hoy a las propias necesidades de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.

No debe perderse de vista que la decisión de construir una presa de embalse, además de provocar impactos positivos, trae aparejado impactos sociales y ambientales adversos, razón por la que ello se ha tornado en una situación controversial hasta el punto que el futuro de estas grandes obras está actualmente muy cuestionado porque hay voces que proclaman que la hidroelectricidad produce más inconvenientes que soluciones.

En este sentido debe ser práctica habitual realizar un estudio de impacto ambiental completo antes de la realización del anteproyecto y otro antes del comienzo de las obras, prestando suma atención a los efectos sobre la biodiversidad o sobre el hábitat de las especies potencialmente amenazadas. Los proyectos deben ser evaluados según los criterios modernos de protección medioambiental, y las medidas de mitigación deben ser estudiadas, evaluadas y puestas en práctica cuidadosamente.

Si esto no se asume como un compromiso firme puede ocurrir que los opositores a la construcción de este tipo de obras impongan su visión negativa y ello resulte finalmente un escollo difícil de vencer.

Situación actual del sector hidroeléctrico argentino

El sector hidroeléctrico, por diversas causas, ha sufrido una involución en los últimos tiempos como puede apreciarse en la Figura 1. En efecto, en los últimos 18 años, es decir, a partir de que se pusieron en servicio el Aprovechamiento Hidroeléctrico (A.H.) Piedra del Águila, sobre el río Limay, provincias de Neuquén y Río Negro (1993) y el A.H. binacional Yacyretá, sobre el río Paraná (1994), se incorporó generación hidroeléctrica de menor envergadura, a saber: A.H. Nihuil IV, sobre el río Atuel, provincia de Mendoza; A.H. Pichi Picún Leufú, sobre el río Limay, provincias de Neuquén y Río Negro; A.H. Potrerillos, sobre el río Mendoza, provincia de Mendoza, y A.H. Los Caracoles sobre el río San Juan, provincia de San Juan.

Figura 1. Evolución de la hidroelectricidad en la Argentina 1936 – 2012

Fuente: “Propuesta para el Sector Hidroeléctrico de la República Argentina
2012-2023”, IAE, junio de 2012.

A los mismos se sumó el aporte de generación debido a sucesivos aumentos de la cota de embalse del A.H. binacional Yacyretá para alcanzar primero la cota intermedia de 81,50 m.s.n.m. y luego la cota final de proyecto de 83,00 m.s.n.m. Al presente se encuentra en construcción además el A.H. Punta Negra, sobre el río San Juan, provincia de San Juan. Todos ellos representan un aporte de generación hidráulica al parque eléctrico de una energía del orden de 6.000 GWh/año y una potencia instalada cercana a los 1.200 MW.

Se interpreta que esta situación se origina como consecuencia de las decisiones adoptadas a principios de la década de los ’90 del siglo pasado, cuando se concesionó la explotación de las centrales hidráulicas ejecutadas por el Estado Nacional, sin tomar las previsiones necesarias para la ampliación del sistema de generación hidroeléctrica, pretendiendo transferir al sector privado las decisiones vinculadas con esta necesidad.

Con tales decisiones el país se fue quedando sin la materia gris que con esfuerzo de años había formado el Estado mediante sus dos agencias especializadas: Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, no habiéndose producido en consecuencia un trasvase intergeneracional y los profesionales calificados de entonces ya están en edad jubilatoria o muchos fallecieron.

Al presente estaríamos en un momento clave para retomar el desarrollo del sector hidroeléctrico por haber consenso sobre el enorme potencial que presentan para el país las energías renovables, dado el beneficio que va desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el fortalecimiento de la seguridad energética nacional por reducción de la dependencia de los combustibles líquidos.

Por la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, las provincias son las titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, en particular los recursos hídricos, y por ende son las que están en capacidad para otorgar la concesión del uso del agua para generación eléctrica. Es por ello que el Estado Nacional y las diferentes provincias deben suscribir convenios de entendimiento y responsabilidades a asumir por las partes para la concreción de los diferentes proyectos hidroeléctricos.

Finalmente, es importante identificar las lecciones aprendidas en el pasado para poder avanzar hacia un desarrollo hidroeléctrico sustentable y para ello surge necesario replantear un plan energético global a largo plazo que permita, en varios años por delante, recuperar la generación hidráulica como una fuente racional, no dependiente y sostenible de energía eléctrica.

Matriz eléctrica y demanda de energía eléctrica en la Argentina

En el año 2011 el parque generador interconectado nacional atendió una demanda de energía de 118.804 GWh, resultando un 62% de origen térmico, 33% hidráulico y 5% nuclear, a lo cual se sumó energía importada por 2.492 GWh, alcanzando una demanda total de 121.216 GWh. Por otra parte se contó con una potencia total instalada de 29.506 MW, aportada un 59% por las centrales térmicas, 38% por las hidráulicas y 3% por las nucleares.

Podría afirmarse que una matriz que incluya una proporción de fuentes de energía adecuada a las disponibilidades de recursos naturales del país permite una mejor planificación de la producción y mejora la gestión del sistema eléctrico. Aspirar a un 40% de generación hidráulica parece un supuesto de trabajo razonable teniendo en cuenta la proporción promedio de energía hidráulica generada en el período 1992-2011.

La proyección de largo plazo que se ha realizado abarca el período 2012-2023, que coincide con el que cubre los próximos tres períodos de gobierno. Analizando la demanda eléctrica de los últimos 19 años, se observa que el país ha crecido en forma relativamente autónoma respecto del nivel de actividad. Para estimar la demanda de energía eléctrica del sistema interconectado nacional se adoptó una tasa de crecimiento conservadora del 3% anual, con lo cual se obtuvo que en el año 2023 esta pudiera alcanzar los 172.825 GWh.

Con una hidraulicidad media en las cuencas de aporte, en el año 2011 se hubiera generado del orden de 42.600 GWh, 8,3% más que lo realmente generado, energía que resulta ser el 35% de la demanda total de ese año. Considerando porcentajes similares y teniendo en cuenta pérdidas por subtransmisión y distribución, en los próximos 12 años el sistema debería incorporar centrales hidráulicas que permitan lograr una generación próxima a los 19.300 GWh. En cuanto a la potencia instalada para satisfacer esa tasa de crecimiento, se obtuvo que para el año 2023 se requeriría disponer de 4.700 MW adicionales a los disponibles actualmente.

Selección de un conjunto de proyectos prioritarios

La Secretaría de Energía de la Nación cuenta con documentación relativa a estudios básicos, desarrollos de ingeniería y planos de 67 proyectos hidroeléctricos de una potencia igual o superior a 50 MW, elaborados por sus agencias especializadas Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. Estos poseen diversos grados de avance, enfocados con pautas que son menester adaptar a los criterios técnicos, ambientales y económicos actuales.

El criterio para esta selección se basó en recurrir a aquellos proyectos cuyo desarrollo está avanzado (factibilidad o proyecto básico) y que a su vez presenten un orden de mérito adecuado en función de análisis técnicos, económicos y ambientales. Hay factores que hacen a la factibilidad de un proyecto que no pasan por el puro análisis técnico y que tienen un peso importante en la decisión final de emprender una obra, como es el aspecto político-estratégico.

En tal sentido se trató de tener en cuenta algunos proyectos que están en la consideración oficial actual, donde existen avances significativos en las gestiones logradas entre los Estados provinciales titulares del dominio del recurso hídrico y el Estado Nacional, razón por la cual se propone priorizar los proyectos indicados en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Proyectos hidroeléctricos a priorizar en el período 2012-2023

* Línea de Alta Tensión.
Fuente: “Propuesta para el Sector Hidroeléctrico de la República Argentina
2012-2023”, IAE, junio de 2012.

La energía media anual de los proyectos hidroeléctricos seleccionados como prioritarios, más la que generará el A.H. Punta Negra cuando entre en servicio, sería de 19.285 GWh, permitiendo incrementar a su vez en 5.000 MW la potencia hidráulica instalada.

Como se puede apreciar, con los 10 proyectos indicados, los cuales satisfarían las necesidades antes mencionadas, en los próximos 12 años se lograría incrementar sustancialmente tanto la energía como la potencia de origen hidráulica, pero hay que aceptar que ello representará un esfuerzo mayúsculo.

Apropiación adecuada de los costos y su posible financiamiento

La energía hidroeléctrica puede parecer cara y normalmente los plazos de recuperación de la inversión deben ser necesariamente largos para que el precio resulte soportable por los consumidores. Si los inversores privados no están dispuestos a recuperar la inversión en 30 años o más, los valores dejarían de ser competitivos con las otras fuentes.

El inversor interesado en una obra de este tipo querrá cierta rentabilidad en función del riesgo que asume por construirla, operarla y mantenerla durante un tiempo determinado de concesión, entonces habrá que dilucidar ¿a cuánto le cierra el negocio para vender energía hidroeléctrica y cómo se le va a pagar?

Para valorizar estas obras es necesario una adecuada apropiación de costos considerando los beneficios multipropósito de las mismas, es decir que no se debe cargar todo el costo a la energía cuando hay otros beneficios que deben cuantificarse. Además de generar energía, entre los aspectos más salientes, estas proveen agua para consumo humano, industrial y para riego, permiten el control de inundaciones, pueden resolver problemas de navegación fluvial, se revalorizan las tierras anegables privadas y fiscales, constituyen una nueva fuente de trabajo motorizando la inmigración de recursos humanos, y brindan oportunidades de turismo y recreación.

Un detalle no menor es que con el enfoque actual a nivel mundial debemos acostumbrarnos a que los costos de los proyectos tengan un alto componente ambiental y social que pasa a incrementar los presupuestos. Evidentemente esto no pudo tenerse en cuenta en el análisis económico de los proyectos existentes, la información disponible sobre costos respondía entonces a estimaciones presupuestarias a partir de criterios empleados en épocas pasadas. Esta circunstancia seguramente puede alterar el orden de mérito asignado a cada uno de los proyectos en carpeta elaborados por el Estado Nacional.

En cuanto a formas posibles de financiamiento, haciendo un poco de historia podemos mencionar que en los años ’60 del siglo pasado, cuando se decidió construir el Complejo El Chocón-Cerros Colorados, la financiación de los grandes proyectos que llevó adelante el país se basó en fondos que generaba el mismo “Propietario” en base a su propia generación eléctrica, o con la asistencia de fondos específicos incluidos en las tarifas de venta de energía eléctrica, tal como por ejemplo el fondo específico El Chocón-Cerros Colorados. Ello se complementaba con la asistencia de entidades financieras internacionales (BID; Banco Mundial, etc.), las que aportaron entre un 25 y un 40% de la financiación. Los proveedores de los equipamientos mecánicos y eléctricos intervenían con el aporte financiero de parte de los mismos, principalmente por suministros manufacturados fuera del país.

Este esquema posibilitó la concreción de las principales fuentes de energía hidroeléctrica, tales como: El Chocón, Cerros Colorados, Salto Grande, Los Reyunos, Alicurá, Agua del Toro, Yacyretá, Salto Grande, Piedra del Águila, etc., obras que materializaron alrededor del 95% del total hidroeléctrico existente en la actualidad en nuestro país. Todas las obras así construidas quedaron como propiedad del Estado Nacional, aun las binacionales, lógicamente en la proporción acordada entre los países.

En el esquema actual el financiamiento resulta responder a un sistema mixto privado-estatal, del tipo PPP (Participación Público-Privada), ya que el Estado provincial aporta el recurso hídrico y el territorio, y al final de la concesión se queda con la propiedad de la obra. El Estado Nacional facilita los avales y puede aportar fondos para financiar una parte menor de la inversión, y la parte restante de la misma la aporta el grupo inversor privado, siendo el recupero mediante la venta de energía durante el período de concesión.

Es así como algunas provincias, de manera conjunta con el Estado Nacional, están llevando a cabo procesos licitatorios de varios aprovechamientos hidroeléctricos para adjudicar la concesión de la construcción, operación y mantenimiento por un cierto período de años, obra que una vez concluido dicho plazo, como ya se mencionó, quedan como propiedad de la jurisdicción provincial.

Organización para llevar adelante el sector hidroeléctrico

Al Estado Nacional le cabe elaborar la planificación de la energía a corto, mediano y largo plazo así como evaluar la conveniencia de modificar la ecuación energética para diversificar las fuentes. A la luz de la realidad actual cabe la imperiosa necesidad de definir una política de Estado que promueva la construcción de presas con sentido estratégico en el marco de un plan de desarrollo nacional y regional, por lo que hay un gran desafío por delante y ello amerita repensar cómo debe organizarse el Estado para que se pueda alcanzar un fin tan exigente.

En un proceso racional para la elaboración de un programa que apunte a la solución integral de la oferta eléctrica, aprovechando la experiencia del pasado en materia de construcción y explotación de grandes obras hidroeléctricas, surge conveniente recrear un ámbito específico con una complementación activa entre el Estado y el sector privado, desde donde se gestione todo lo inherente al sector hidroeléctrico.

Dentro de la organización del Poder Ejecutivo Nacional, y más precisamente dentro del área de Energía, se propone para este fin organizar el funcionamiento de una Agencia de Aprovechamientos Hidroeléctricos que se dedique a la problemática, para lo cual habrá que lograr puntos básicos de acuerdo en relación con el papel que tendrá el área de Energía y el área de Recursos Hídricos, ambos del nivel nacional, y a su vez definir claramente las funciones a desarrollar y cómo se articularán las gestiones con las provincias.

Se interpreta que para que exista una instancia federal, en la que los puntos de vista de las provincias sean expresados por quienes tienen en ellas la responsabilidad directa de la gestión hídrica, esta agencia debería tener un grado de vinculación con algún organismo específico de representación federal creado o a crearse para tal fin.

Sin intentar que la agencia resulte autosuficiente en la materia, se estima que como mínimo debería cubrir las misiones siguientes:
• Conformar el Catálogo de Proyectos Hidroeléctricos de la República Argentina.
• Actualizar y completar el contenido de un “Manual para la Estimación de Costos de Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos”.
• Actualizar el “Manual de Procedimientos para la Evaluación Ambiental de Aprovechamientos Hidroeléctricos”.
• Realizar la planificación a corto, mediano y largo plazo del sector hidroeléctrico.
• Desarrollar los estudios básicos y diseños necesarios para actualizar y/o completar los proyectos existentes.
• Participar con los organismos jurisdiccionales del agua en el diseño del sistema más conveniente de concesión de las obras para generación hidroeléctrica.
• Licitar la construcción, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidroeléctricos nuevos, así como recepcionar y licitar la adecuación, operación y mantenimiento de aprovechamientos hidroeléctricos existentes, propiedad del Estado Nacional, cuyo período de concesión haya caducado.
• Promover la formación de profesionales en la especialidad para resolver el vacío generacional existente en la actualidad.
• Constituir el archivo técnico de la documentación perteneciente a los aprovechamientos hidroeléctricos en cartera, en explotación y futuros.