| Por Silvina Ramírez |

Los pueblos indígenas en la Argentina, así como en el resto de América latina, enfrentan una situación paradójica: por una parte, se encuentran bajo el paraguas protector de un material normativo abundante: instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el país, la Constitución nacional que introduce una cláusula de reconocimiento de los pueblos indígenas, legislación secundaria, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha desarrollado una doctrina potente en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Por otra parte, la realidad de los pueblos indígenas lejos está de acompañar estas transformaciones normativas. Sus derechos son vulnerados día a día, los conflictos territoriales se profundizan, configurando un estado de situación que atenta claramente contra el conjunto de derechos vigentes en el país. En definitiva, su calidad de vida se ve seriamente amenazada, y desde el Estado no surgen respuestas satisfactorias, sino más bien complicidad frente al despojo, una situación que tiene una continuidad histórica, pero que se ve agravada precisamente por el recurso retórico de pretender construir Estados interculturales.

Preguntarse por qué se gestan estas contradicciones nos hace buscar las respuestas en los procesos históricos y políticos que dan nacimiento a los Estados. Pero también nos obliga a reflexionar sobre nuestra situación actual y las decisiones políticas que se toman en función de requerir de la tierra y el territorio indígena para llevar adelante la explotación de sus recursos naturales, que son la base de un modelo de desarrollo que hoy es la causa principal de la violación de los derechos. En definitiva, la razón económica se convierte, si bien no en la única, en la fundamental para entender por qué, ya bien entrado el siglo XXI, alcanzar un Estado igualitario sigue siendo una utopía.

Los artículos que se publican en este número fueron solicitados pensando, precisamente, en la confrontación de la dimensión normativa existente alrededor de los pueblos indígenas, y ejemplos muy concretos que demuestran la lucha denodada que llevan adelante para defenderlos. Es por ello que se dividió la publicación en dos partes: en la primera se presentan los derechos desde sus diferentes perspectivas: internacional, interamericana, nacional. Así, a través del enfoque de diferentes autores se destaca la relevancia que han adquirido en los últimos tiempos los derechos indígenas, lo que vuelve incuestionable –o debería serlo– las prerrogativas que tienen en razón de su preexistencia al Estado tal como hoy lo conocemos.

A ello se le suman reflexiones en torno a discusiones de actualidad. Los factores de discriminación, por ejemplo, que todavía se encuentra en algunas de las sentencias judiciales, indican claramente las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en la defensa concreta de sus derechos. Como contrapartida, la pericia antropológica analizada en uno de los artículos demuestra que existen formas de judicialización que prestan especial atención a los modos de vida de las comunidades y pueblos indígenas, para incorporarlos o tenerlos presentes en un proceso judicial. Asimismo, las discusiones alrededor del proyecto de Código Civil son imprescindibles, precisamente porque tienen una incidencia directa en las reivindicaciones territoriales que son el centro de los debates.

En la segunda parte se ilustra con algunos casos judiciales paradigmáticos para dar a conocer cuáles son las herramientas jurídicas que facilitan la defensa de los derechos (y a su vez, las enormes dificultades que enfrentan para hacerlos efectivos), con especial énfasis en el derecho al acceso a la tierra. Por otro lado, se le suman análisis interesantes que van desde los desafíos que genera reconocer “al otro” (indígena) hasta los dilemas que provoca la ampliación de la frontera agropecuaria, enfrentando la siembra de soja (que genera una renta vital para el gobierno, y que implica necesariamente desmonte y avasallamiento de los derechos territoriales indígenas) o las consecuencias nefastas de la explotación petrolera con las que intentan lidiar las comunidades indígenas. Esta parte concluye con una entrevista al líder qom, Félix Díaz, que es hoy uno de los referentes indígenas destacados en la lucha por la defensa de su pueblo.

De este modo, se pretende brindar al lector –no importando cuán ajena le resulte esta temática– un panorama que transmita tanto los enormes desafíos que implica una genuina inclusión de los pueblos indígenas en el escenario político, como los dilemas que enfrenta el Estado que, por una parte, está obligado a respetar un conjunto de derechos pero que, por la otra, no está dispuesto a dejar de lado una lógica económica que inevitablemente los vulnera.