| Por Abraham Leonardo Gak |

El presente número de Voces en el Fénix describe los logros alcanzados por los pueblos indígenas de nuestro país y la región en materia de derechos. Estos, obtenidos a través de un denodado esfuerzo colectivo, muchas veces no son respetados, volviéndose letra muerta y en consecuencia una de las principales asignaturas pendientes que tenemos como sociedad.

A partir de los aportes de quienes escriben, conoceremos el proceso que llevó a la conformación del andamiaje legal, no sólo nacional sino también internacional, que sustenta y protege los derechos de los pueblos indígenas, históricamente maltratados e invisibilizados. De este modo, veremos los distintos caminos que han recorrido nuestro país y otros países hermanos para enfrentar –y superar en algunos casos– un drama que surge con la conquista de nuestro continente por parte de los adelantados europeos y se profundiza a partir del nacimiento de los Estados nación, hace ya más de dos siglos.

Nuestra historia ofrece claros ejemplos de la reiterada violación de los derechos de los pueblos indígenas. La Campaña del Desierto, comandada por el general Roca, ha sido referida en el discurso oficial como un hecho heroico, legitimando así el exterminio de la población originaria, y ocultando su verdadero objetivo: la apropiación de tierras para redistribuirlas entre amigos y cómplices. Esta lectura se constituyó en hegemónica al amparo de un sistema educativo que forjó, generación tras generación, el desinterés de nuestra sociedad sobre esta problemática.

Lamentablemente, parte de esta historia se encuentra hoy vigente en las prácticas desarrolladas por “capangas” y policías provinciales que gozan de impunidad, apoyo oficial y complicidad judicial en los distintos territorios.

Lo dispuesto en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional es el punto liminar para una abundante legislación que debería haber sido definitoria para el cumplimiento efectivo de derechos a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Hoy, el ejercicio real de los mismos se encuentra fuertemente limitado por intereses económicos –tanto los vinculados a la explotación de la tierra, como a la extracción de minerales e hidrocarburos– y por la inacción de algunos gobiernos provinciales, que se muestran permeables y permisivos mientras se refugian en la necesidad de incrementar sus ingresos. De este modo, el corrimiento de la frontera agraria y la explotación irrestricta de recursos naturales resultan en la expulsión de los dueños originarios de la tierra y en el despilfarro –y la consecuente escasez– de recursos vitales para cualquier sociedad.

La disputa por la propiedad y explotación de la tierra es uno de los principales puntos de conflicto entre los tenedores de títulos presuntos y los pueblos indígenas, dueños históricos de esos territorios, haciendo caso omiso de los tratados internacionales y el espíritu de la Constitución nacional.

En el caso de la explotación del subsuelo de nuestro territorio se suma un elemento más, ya que no sólo no se respeta el derecho original a la propiedad, sino que se utilizan tecnologías nocivas para el medio ambiente y consecuentemente para la vida.

En este escenario es importante destacar que una de las principales riquezas de nuestro país radica en la diversidad cultural existente a lo largo de todo el territorio. Preservarla es indispensable para lograr una sociedad imbricada donde haya convivencia pacífica y mutuo respeto. Será entonces a través de la lucha por la visibilización y la identidad indígena que se logrará este objetivo, y será tarea del Estado garantizar los medios para que esto pueda alcanzarse.