| Por Mónica Ambort |

Después de 30 años de lucha, en 2009 los medios comunitarios lograron el reconocimiento de su derecho a ocupar equitativamente el mapa de la comunicación social en la Argentina, con el 33% del espacio radioeléctrico. Ocho años más tarde, antes de haber ejercido plenamente ese derecho, los medios populares están otra vez en peligro.

En cuanto juró como presidente, Mauricio Macri borró de un decretazo los límites a la concentración de los grandes medios que imponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Simultáneamente, su gobierno suspendió el fomento para pequeños medios, a los que en marzo de 2017 debía más de 25 millones de pesos. Los condenó a la asfixia presupuestaria e inició contra muchos de ellos una persecución que los mantiene al borde de la ilegalidad.

Gracias al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), los medios argentinos comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de etnias originarias habían iniciado en 2013 un proceso de fortalecimiento tecnológico, de gestión y producción de contenidos, ahora interrumpido. Con Cambiemos en el gobierno, dejaron de cobrar los fondos ganados en concursos abiertos, y todavía esperan el resultado de la última edición, concursada en 2016.

Mientras Clarín, el conglomerado multimediático más grande del país, ha tenido vía libre para anexar Nextel, y Fintech, de su socio mexicano, pudo comprar Telecom, es decir, mientras la concentración de medios se consolida, el gobierno justifica la demora del pago en supuestas irregularidades en la liquidación de los fondos ganados por concurso. Una persecución administrativista con intimaciones, denuncian dirigentes de los medios comunitarios.

Además, como la falta de concursos para la asignación de frecuencias los mantiene a casi todos en la precariedad, radios y canales de tevé de larga trayectoria en sus comunidades han sido suspendidos, en algunos casos secuestrados sus equipos; o reubicados en el espectro, con grave perjuicio económico. Esto trae malos recuerdos: cuando la dictadura militar los prohibió, situación que, aunque se fue flexibilizando, se mantuvo durante muchas décadas de democracia.

El ticket del taxi

El presidente de la alianza Pro-Radicalismo fue claro acerca de su predilección por los grandes medios. El 29 de diciembre de 2015, recién sentado en el trono de Rivadavia, por un decreto de necesidad y urgencia terminó con una de las mayores conquistas del derecho ciudadano a la comunicación en la Argentina de los últimos tiempos: las restricciones que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impuso a la concentración de medios. Y para asegurarse, Mauricio Macri desintegró la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que confiere al Ejecutivo la exclusividad de la regulación de las comunicaciones. Un apuro, el de Macri, que dejó al descubierto, por si hacía falta, sus verdaderos compromisos de campaña. Y que el radical cordobés Oscar Aguad, a poco de ser nombrado ministro de Comunicaciones, terminó de aclarar cuando negó sin rubor la existencia de medios monopólicos. Solo hay medios más grandes que otros, dijo con aire doctoral, aunque sin ahondar en el origen de la diferencia entre unos y otros.

En lo referido a los medios comunitarios, en cambio, la Ley Audiovisual de 2009 se mantiene intacta en lo fundamental. Pero no se cumple. Como advirtió Martín Becerra, uno de los más reconocidos expertos del país en el tema, crítico también de la demora del gobierno de Cristina Fernández en asegurar la plena vigencia de esa ley, mientras Cambiemos desactiva lo vinculado a la concentración de la propiedad, las nuevas autoridades regulatorias han optado por ignorar los derechos de las organizaciones sin fines de lucro. Ante los reclamos por la falta de respuestas, “el gobierno es indolente. No le interesa, no forma parte de su agenda”, sostuvo Becerra en octubre de 2016 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, al hablar durante la Primera Jornada sobre Actualización y Unificación de las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. “No sabe, no contesta”, es la política de Cambiemos, remató el investigador de la Universidad de Quilmes y autor del blog Quipu.

Un ejemplo de la indolencia gubernamental es la dilación en el pago de los subsidios del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Solo por mencionar algunos casos: la Cooperativa de Trabajo Viarava, de Capilla del Monte en la provincia de Córdoba, no pudo terminar el documental radial sobre medio ambiente Crece la Voz, según el testimonio de su productor de contenidos Agustín Fontaine, en un informe de Lucía Vittorelli para la revista El Cactus. Tampoco pudieron avanzar con una campaña de concientización sobre agricultura familiar que prepararon en red con otras cinco radios.

Erwin Rivero González, de la Cooperativa de Trabajo Al Toque de Río Cuarto, contó en el mismo informe que nunca les llegó el segundo desembolso del fondo que ganaron para una serie de microprogramas deportivos. “En julio de 2016 recibimos un correo electrónico donde nos daban a entender que habían encontrado irregularidades en algunos proyectos, y por eso iban a ser revisados por la Sindicatura General de la Nación”, dijo Rivero González. Volvieron a reclamar en septiembre, y a fin de año seguían esperando.

Al Canal Giramundo, de Mendoza, directamente no le desembolsaron ni un peso, de acuerdo con los datos de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA). Según denunció Interredes, que nuclea a siete organizaciones de medios comunitarios, el gobierno de Cambiemos les debe fondos de 225 proyectos: casi 30 millones de pesos.

La deuda, exigua para el nivel de inversión de los grandes medios, es varias veces millonaria para los comunitarios, y de perpetuarse, los terminará de asfixiar. Amén de vulnerar el derecho de amplios sectores sociales a la comunicación, esta política es una amenaza para la fuente de trabajo de miles de periodistas, operadores, artistas, camarógrafos y otros trabajadores de estos medios. Impulsados antes por militancia que por la lógica del empleo, es legítimo que estos trabajadores/militantes anhelen una retribución económica que les permita profesionalizar su actividad. Sin los FOMECA, a la tasa de desempleo del macrismo habrá que sumarle los números de este sector.

“La excusa es que hay irregularidades en las rendiciones”, afirma al respecto la investigadora María Soledad Segura. Asimismo, señala que el ENACOM tiende “un manto de sospecha sobre el sector comunitario”, luego de que los concursos se hicieran sin ningún cuestionamiento, con “jurados de larga trayectoria”. Los FOMECA responden a “una política incuestionable que ha sido fundamental para la promoción de los medios comunitarios”, explica Segura, quien lamenta la interrupción de muchas producciones encaradas a partir del fomento, como Radio Nativa, de Unquillo, y La Ronda, de Colonia Caroya, ambas en el Gran Córdoba. Gracias a los FOMECA, en esta última hubo hasta quince personas rentadas que dejaron de percibir ese ingreso. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), María Soledad Segura es directora del equipo Sociedad civil y democratización de la comunicación y la cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además se desempeña como docente.

“Nos piden cosas absolutamente caprichosas”, coincide Natalia Vinelli, de Barricada TV. A modo de ejemplo, comenta el caso del ticket de taxi, que entre los medios comunitarios se ha convertido en un ícono risible de la persecución macrista. Un comprobante de viaje al que apenas se le distingue el monto, insignificante, es una de las irregularidades por las que reclama el ENACOM. “Son argumentos administrativistas que muestran que el ENACOM no tiene voluntad política para el desarrollo de nuestro sector. Es una política de poner siempre bajo sospecha al sector comunitario, el más débil. Es muy fácil avanzar contra nuestro sector y no contra los poderosos. Ahí no hay problemas de espectro. Los problemas los tienen con nosotros”, subraya Vinelli, y admite que si hubiera alguna irregularidad significativa, como una factura trucha, de un monto considerable, “obviamente hay que corregirlo y hacerlo bien”.

Mientras todavía les debe cuotas de 2015, el ENACOM ha intimado a los medios que concursaron en 2016, para que en diez días respondan sobre supuestas irregularidades. “Permanentemente debemos dar explicaciones para acceder a fondos destinados a nuestro sector por ley. Nos exigen explicaciones que no se les piden a los medios poderosos”, subraya la comunicadora de Barricada, autora de varios libros sobre comunicación popular, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y dirigente de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA).

Un arma letal

Mientras el rigor administrativista hace lo suyo, el gobierno de Macri también ha profundizado una persecución a la que estos medios son vulnerables por falta de licencias. Se condena a las pequeñas y medianas radios y televisoras comunitarias por irregularidades de las que el Estado es responsable. Aunque nunca dejaron de reclamárselo, el gobierno de Cristina Fernández jamás puso en marcha un plan técnico para ordenar el caos del espectro radioeléctrico, una superposición de frecuencias que perjudica al medio de menores recursos tecnológicos.

Lo que durante el kirchnerismo era una deuda pendiente, en manos del macrismo es un arma letal. Por eso el dirigente de Diarios y Periódicos de la República Argentina (DYPRA) y director de la FM Siempre Radio de Alta Gracia, Jorge Conalbi Anzorena, considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido, durante el gobierno que la sancionó, una de las mayores oportunidades históricas desperdiciadas.

Además de haber frenado los FOMECA, en 2016 comenzaron las amenazas de secuestro de equipos y cierre de medios. Por ejemplo, fueron decomisados en San Luis los equipos de Radio Masi, de la comunidad boliviana. Interfería los sistemas del aeropuerto, se les dijo.

Radio Rosicler, la voz del migrante, en Salta, también fue sacada del aire. Uno de sus comunicadores, Diego Ramos, atribuyó al grupo Saturno el interés de correrlos, y denunció que la medida dejaba sin voz a una importante comunidad, los bolivianos que viven en el norte de la Argentina. Estos casos apenas si se conocen fuera del ámbito de los medios comunitarios. Mucho menos, cuanto más lejos están de Buenos Aires.

En la FM Sol y Verde de José C. Paz no pudieron con el decomiso, porque “ante la intimación, el pueblo se movilizó”, dijo la investigadora del CONICET María Soledad Segura.

Muy conocido es el caso de Antena Negra TV, que ya durante el gobierno kirchnerista fue decomisada. Aun cuando se trata de una frecuencia “reservada para servicios audiovisuales”, la empresa de seguridad Prosegur reclama que interfieren su comunicación con la policía. La persecución se endureció durante el gobierno de la alianza Cambiemos, con el procesamiento de dos de sus directivos. “Y ya sabemos que la Justicia tiene una doble vara, según la posición de quien está siendo acusado”, dice Natalia Vinelli.

“Esto nos retrotrae a los ’80, a los ’90. A antes de 2005, cuando, al modificarse el artículo 45 de la ley de la dictadura que los prohibía, estos medios fueron reconocidos”, recuerda Segura.

Coincidente con su política de desintegración de los sectores populares, la dictadura eclesiástico-cívico-militar prohibió en 1980 el derecho a la comunicación sin fines de lucro. La ley 22.285 condenó a la ilegalidad a cientos de medios comunitarios que, en el contexto del retorno a la democracia en 1983 y una tecnología cada vez más accesible, surgieron en todo el país.

Dando la espalda a sus promesas de campaña, Carlos Menem modificó el famoso artículo 45 de la ley de 1980, pero para permitir lo que fue uno de los procesos de concentración de medios más grandes de la región. Los medios sin fines de lucro siguieron estando proscriptos, y a pesar de la lucha sostenida de la sociedad civil que reclamó durante décadas la derogación de la ley de la dictadura, nunca dejaron de ser perseguidos. Recién en 2009, el Congreso aprobó la ley 26.522, una de las pocas leyes argentinas precedidas por un debate y una participación ciudadana que incluyó foros intersectoriales a lo largo de todo el país. Un golpe certero al corazón del Grupo Clarín, que se resistió con todo su poder a cumplirla, hasta hallar en Macri el fin de sus tribulaciones.

El derecho ciudadano a la información, la trastienda de un poder que pocos se atrevían a cuestionar en público, se convirtieron durante el kirchnerismo en asunto de agenda social. Las verdaderas intenciones de los grandes medios, el rol de los medios del Estado y el mito de la objetividad periodística se colaron en las discusiones de los argentinos, y la comunicación ciudadana fue mucho más democrática, aunque, como señala Martín Becerra, “la estructura de los concentrados no cambió”. La participación ciudadana no alcanzó para la plena vigencia de la ley aprobada en 2009. Entre 2013 y 2015 hubo dieciocho concursos para el FOMECA, una distribución de fondos que contribuyó al desarrollo de muchísimos medios. Pero el uso del espacio siguió siendo precario.

La investigadora cordobesa Segura lo explica así: “Si después de tantos años de reconocimiento no tuvieron acceso a la licencia, es responsabilidad del Estado. Hubo numerosos avances tras la aprobación de la ley. Muchos medios resultaron muy fortalecidos con los Fondos de Fomento. Fue un avance histórico. Pero también hubo demoras y muchos no llegaron a la licencia. Esto los ha debilitado y llegamos a esta etapa de Cambiemos, que no ha hecho ningún llamado a concurso de licencias. Nulo avance en este año y medio, pero sí se avanza en perseguirlos”.

Hubo problemas aun en medios que pudieron acceder a la licencia. Titulares por concurso de una licencia de televisión, los canales comunitarios Barricada, Urbana y Pares fueron reubicados por el ENACOM, que cedió a la presión del Grupo Clarín, cuyo Canal 13 se quedó con la frecuencia de esas televisoras comunitarias. “Deberían haberlos reubicado a ellos. Tuvimos que adquirir nuevo equipamiento, y no nos indemnizaron”, se queja Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV.

No entregarse

Como si todo esto fuera poco, sensible a los pesares impositivos de los sectores más poderosos de la economía, el gobierno de la alianza Pro-Radicalismo analiza reducir los impuestos a las grandes empresas de medios, según una información del diario La Nación. Los fondos del FOMECA vienen del 10% de los ingresos de la ex AFSCA, uno de cuyos rubros son los impuestos. Además de una concesión más a los grupos concentrados, una merma impositiva significará menos recursos para los medios comunitarios.

Y eludiendo una vez más un debate al que la ciudadanía puede aportar libremente en ¡300 caracteres! (el gobierno habilitó un foro para ello), el ministro radical de Cambiemos, Oscar Aguad, anunció a fines de marzo una nueva postergación por 180 días de la discusión del proyecto de la Ley de Comunicaciones Convergentes, que reemplazará a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Argentina Digital.

Los cierres y las intimaciones muestran una política que no tiene en cuenta a los medios populares. La alianza Cambiemos no puede comprender la comunicación fuera del marco comercial, se queja Natalia Vinelli. “Gobiernan para los sectores más poderosos de la comunicación. Somos una molestia. Recibimos un trato muy parecido al que recibíamos antes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero hoy la diferencia es un gran avance de las organizaciones populares en la defensa de sus conquistas; hemos crecido mucho en la profesionalización del sector, y hay estándares internacionales que ubican a la comunicación comunitaria en un lugar muy importante”. La comunicación como un derecho humano, mientras para los medios privados beneficiados por las políticas de Cambiemos, es sólo un negocio de grandes proporciones.

“Hubo claros retrocesos que afectan el derecho a la libertad de expresión de buena parte de la comunidad, y eso es muy preocupante”, sostuvo Martín Becerra, quien en abril de 2015 fue parte de la delegación argentina que denunció la política comunicacional regresiva del gobierno de Mauricio Macri en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Porque, como dice María Soledad Segura, “este avance del gobierno de Macri sobre los medios comunitarios no es para menospreciar. Pero tampoco para entregarse”.