| Por Juan Augusto Rattenbach |

Malvinas, por empezar, es una de las causas históricas y políticas más importantes de nuestro país. Representa a su vez un símbolo de unidad nacional tan necesario en un contexto de una polarización o “grieta” agobiante.

“Las Malvinas son argentinas” no es una mera consigna política, es una verdad irrefutable. Las Islas fueron ocupadas primero por los españoles (en acuerdo con Francia) en 1767. Tras una breve disputa, Gran Bretaña reconoció la soberanía española sobre las Islas en 1770. Luego sobrevino la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y la posterior declaración de Independencia de 1816, en donde las Malvinas pasaron a ser definitivamente argentinas bajo el principio jurídico Uti Possidetis. Dicho principio, reconocido por la totalidad de la comunidad internacional, establecía que los territorios de las antiguas colonias españolas pasaban a ser Estados soberanos independientes.

Más allá del derecho, nuestro país ejerció soberanía plena sobre las Islas Malvinas, estableciendo un pueblo económicamente próspero dedicado principalmente a la exportación de cueros y carnes saladas. Tenía, a su vez, fuertes ingresos de permisos de caza de lobos y elefantes marinos, así como también de asistencia a buques que querían cruzar del Atlántico Sur al Pacífico Sur, en un contexto donde no existía el Canal de Panamá. Este ejercicio de soberanía económica sobre las Islas tuvo como consecuencia el descontento de países como los Estados Unidos, que querían cazar a los lobos marinos sin el debido control de las autoridades argentinas. Es así como en diciembre de 1831, una fragata estadounidense llamada “USS Lexington” bombardeó el establecimiento argentino en las Islas Malvinas en defensa de sus intereses comerciales. Gran Bretaña, aprovechando la vulnerabilidad de las Islas y un reciente cambio de gobierno en Buenos Aires, decidió ocupar las Islas el 3 de enero de 1833. Esta ocupación se tradujo en uno de los primeros acuerdos político-económicos entre el Reino Unido de Gran Bretaña y los Estados Unidos: los británicos se hacían del punto geoestratégico del Atlántico Sur en comunicación con el Pacífico Sur y los estadounidenses tenían libre acceso a todos los recursos marítimos de las Islas.

Nuestro país desde entonces reclamó su soberanía sobre Malvinas por la vía diplomática y pacífica de forma sostenida e ininterrumpida, a pesar de las guerras civiles del siglo XIX y de los golpes de Estado del siglo XX.

Sin embargo, dicho reclamo obtuvo un salto cualitativo con la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Previo al ingreso a la ONU, nuestro país presentó a mediados-fines de la década de 1940 reservas de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el sector antártico argentino.

Dichas reservas se tradujeron veinte años después, durante el gobierno de Illia, en la resolución 2065 que establece el ingreso de la Cuestión Malvinas al Comité de Descolonización de la ONU. Dicha resolución afirmaba que Malvinas tenía un estatus colonial a descolonizarse y obligaba a las partes (Argentina y Reino Unido) a sentarse a dialogar para resolver el diferendo de soberanía.

Contrario a lo que muchos creen, Gran Bretaña estuvo dispuesta a devolvernos las Islas en la década de 1970. Los habitantes de las Islas para ese entonces tenían una economía dedicada exclusivamente a la cría de ganado ovino y exportación de lana sucia a Gran Bretaña, a precios subsidiados para sostener su colonia en las Islas. Los isleños en este contexto tenían una fuerte demanda de mejora de bienes y servicios, que no era satisfecha por el Reino Unido. Dicha demanda, por el contrario, sí fue respondida por la Argentina, que generó una fuerte inversión de capital en las Islas a través de las empresas del Estado nacional como YPF, Líneas Aéreas del Estado, Correo Argentino y Gas del Estado, creando puestos de trabajo y una mejora en la calidad de vida.

Es así como en 1974 el Foreign Office británico mandó un cable diplomático en donde ofrecía a la Argentina una propuesta de administración conjunta en la cual los habitantes de las Islas iban a tener la doble nacionalidad (argentino-británica) y luego se iba a dar el traspaso definitivo de soberanía. La contrapropuesta argentina incluía la bimonetización de las Islas, de tal manera que pudiera circular libremente tanto la libra esterlina como el peso moneda nacional.

Para 1976 las Naciones Unidas dictaron la Resolución 31/49, que prohíbe a las partes en litigio realizar modificaciones unilaterales de los territorios en disputa. Dicha resolución es fundamental para entender lo que sucedió después de la guerra. A partir de 1980, entre la Cancillería argentina y el Foreign Office hubo idas y vueltas en torno a la discusión de Malvinas, pero se barajó la posibilidad de llegar a una solución similar a la de Hong Kong denominada de retroarrendamiento o lease-back. Consistía en la devolución de soberanía de las Islas en un período similar al de dos generaciones. Las últimas rondas de negociaciones fueron en Nueva York, entre febrero y marzo de 1982.

No vamos a analizar en el presente artículo el conflicto bélico del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Desde el punto de vista de Iure, dicho conflicto no supuso ningún cambio en el estatus jurídico de las Islas: siguen siendo una colonia británica que debe ser descolonizada a favor de la República Argentina. Sin embargo, dicho conflicto sí tuvo consecuencias económicas de facto.

Es importante tomar en cuenta que históricamente, desde 1833 hasta 1986, el control colonial efectivo por parte de los británicos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur era únicamente de hasta 12 millas náuticas alrededor de cada una, el equivalente a lo que conocemos hoy en día como mar territorial.

Sin embargo, como consecuencia de la guerra y en simultáneo con la aplicación del Tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Gran Bretaña amplió de forma unilateral e ilegal su dominio sobre el Atlántico Sur de 3 millas náuticas a 200 alrededor de cada Isla entre 1982 y 1995, violando así la resolución 31/49 bajo la excusa de “garantizar la seguridad de los súbditos” británicos, corriendo el eje de la discusión de soberanía.

Fuente: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

En la imagen, a la izquierda vemos cómo previo a 1982 los británicos sólo ocupaban 3 millas náuticas alrededor de cada Isla. En la imagen de la derecha observamos la ampliación ilegal y unilateral a 200 millas náuticas alrededor de cada una como consecuencia de la guerra.

Esta ampliación de millas en concepto de “Zona Económica Exclusiva” les permitió a los británicos hacer un cambio cualitativo en su economía colonial en el Atlántico Sur: pasaron de una matriz productiva centrada en la cría de ganado ovino a una focalizada en exportaciones de pesca y licitaciones de exploración de hidrocarburos offshore:

Gráfico 1. Participación de la pesca sobre las exportaciones (línea azul)
vs. participación de la lana de oveja sobre las exportaciones (línea roja) (1970/2017).

Fuente: Rattenbach J.A. (tesis) en base a datos del OEC del MIT

Gráfico 2. Exportaciones (azul) vs importaciones (roja) de Malvinas (1970/2017)
Fuente: Rattenbach J.A. (tesis) en base a datos del OEC del MIT deflactado por el CPI del Banco de St. Louis

Dicho salto cualitativo supuso un aumento considerable de las variables económicas y sociales de las Islas tanto en las exportaciones, importaciones, volumen de comercio, producto y bienestar económico.

Es importante tomar en cuenta que el principal comprador histórico de las Islas Malvinas fue el Reino Unido al momento en que predominaba la exportación de lana. Sin embargo, tras el shock del conflicto bélico y el aumento unilateral de la Zona Económica Exclusiva las exportaciones de pesca fueron tomando protagonismo y el mercado común europeo fue su principal importador a través de España:

Gráfico 3. Participación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como destino final
de las exportaciones de las Islas Malvinas (línea azul) vs. España como destino final (línea roja) (1970/2017).
Fuente: Rattenbach J.A. (tesis) en base a datos del OEC del MIT

En junio de 2016 se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Los resultados arrojados dieron por terminado el vínculo entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte con la Unión Europea (UE). Después de una larga discusión las partes acordaron recientemente un acuerdo de libre comercio que excluye las colonias británicas de ultramar. Tomando en cuenta lo establecido por la Organización Mundial de Comercio, se podrían aplicar aranceles a las importaciones de bienes provenientes de Malvinas entre un 6 y un 18 por ciento.

La sumatoria de aplicar dichos aranceles y una potencial relación disruptiva entre Gran Bretaña y España podrían ser devastadoras para la economía de las Islas, sin tomar en cuenta un posible escenario de fragmentación del Reino Unido mediante el sentimiento independentista de Escocia o la reanudación de los conflictos internos en Irlanda del Norte.

La Argentina, por su parte, logró en los últimos años el apoyo inédito en la disputa de soberanía por parte de toda América latina (2012), los 54 países nucleados en la Unión Africana (2013), la Federación de Rusia (2014) y la República Popular China (2015).

Sin embargo, para poder recuperar nuestra soberanía política y económica en Malvinas el reclamo debe consagrarse como política de Estado y no caer en movimientos pendulares conforme la coyuntura. Es innegable que hubo un fuerte contraste en la política exterior del período 2015-2019 en relación a los gobiernos del 2003 al 2015, reflejado en el acuerdo “Foradori-Duncan” de septiembre de 2016. Lo que destacamos de ese acuerdo es que la economía formó parte de los artículos suscriptos en donde las partes (Argentina y Gran Bretaña) se comprometían a garantizar la “sustentabilidad” económica de Malvinas al mismo tiempo que la integración regional sudamericana entraba en una fase descendente.

Durante el año 2020 y a pesar de la coyuntura trágica de la pandemia del Covid-19, el Congreso de la Nación pudo sancionar tres leyes por unanimidad relacionadas con Malvinas convirtiéndose así en todo un récord parlamentario. Esto nos permite interpretar el grado de prioridad que significa la disputa de soberanía en el Atlántico Sur para el actual gobierno nacional. Una de ellas, la 27.558, actualiza las multas para la sanción de la pesca ilegal cuyos montos no se corregían desde 1998. Una vez más, la economía es uno de los eslabones que protagonizan la discusión, más aún en un contexto de recesión económica mundial como consecuencia de la pandemia.

Sin dudas cuando hablamos de Malvinas no podemos eludir la cuestión económica, porque es una de las razones que explican la anacrónica persistencia del Reino Unido de poseer territorios argentinos insulares y marítimos en el Atlántico Sur. También forma parte, a su vez, de la agenda al momento en que nuestra política exterior piensa el reclamo de soberanía. La integración sudamericana y la concreción de políticas de Estado a largo plazo son dos de las claves que nos permitirán cumplir en hechos concretos con la disposición transitoria número uno de nuestra Constitución Nacional para reafirmar de una buena vez nuestra legítima soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Referencias bibliográficas

BECERRA, Alfredo, Protestas por Malvinas (1833-1946), Buenos Aires, Caja Editora 1998.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/clacso_malvinas_antartida_y_atlantico_sur.pdf
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