Los medios y 30 años de democracia

Los medios y 30 años de democracia

La política de medios de comunicación es un fiel reflejo de lo que ocurrió en el país en los últimos 30 años. Con la entrada en plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se cierra una etapa histórica y se abre una nueva, que busca acabar con las prohibiciones y democratizar la circulación de la palabra.

| Por Gustavo López* |

Estamos cumpliendo 30 años de la recuperación de la democracia, el período más prolongado desde 1916, en el que el pueblo se expresó a través del voto.

Mi mirada sobre esto años es parcial, y honesta al mismo tiempo. Como dice Leonardo Boff, “todo punto de vista es la vista de un punto. Leer significa releer, y comprender, interpretar. Cada uno lee con los ojos que tiene, e interpreta a partir de donde sus pies pisan. Para entender cómo alguien lee, es necesario saber cómo son sus ojos y cuál es su visión del mundo. Eso hace de la lectura siempre una relectura”.

Pero como señala el periodista y novelista catalán Manuel Vázquez Montalbán, “no hay verdades únicas, ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla. Pero es imposible contemplar el Mal y no reconocerlo”. Desde ese lugar escribo esta nota.

Mi militancia política me ha permitido ser parte de esta época, en la que asumí compromisos, viví momentos de grandes esperanzas y de profundas frustraciones. Pero que sin lugar a dudas, al volver la mirada hacia atrás, puedo concluir que hemos ganado todos.

Lo que ha sucedido con los medios de comunicación y con los intentos de regulación es el reflejo de lo que ocurrió en el país en los últimos 30 años.

La transición

La salida democrática de 1983 fue la única no negociada en América latina. Veníamos del horror, que a través del terrorismo de Estado había diezmado a una generación con el objetivo de imponer un modelo económico dependiente y de exclusión. Después de una guerra absurda, los militares, como ejército privado de grupos económicos, comenzaron a retirarse ante la llegada de la democracia.

Alfonsín va a saber interpretar los anhelos de ese momento histórico y recitando el Preámbulo de la Constitución convocará a concluir con 53 años de interrupciones políticas, violencia estatal y a construir una democracia con poder.

La elección de 1983 constituyó la primera ruptura con años de desavenencias y a partir de ese momento, a pesar de marchas y contramarchas, ya nadie piensa la Argentina por fuera del orden democrático.

Pero el mundo era otro. Con la voluntad democrática no iba a alcanzar y los medios iban a jugar un papel fundamental en la nueva configuración nacional y mundial.

Rodeado de dictaduras, con la crisis de la deuda externa y un país con el aparato productivo destruido, en la plataforma de los dos principales partidos políticos estaba el cambio de la ley de la dictadura. Los militares, a imagen y semejanza de su gobierno, habían diseñado una norma de radiodifusión basada en la doctrina de la seguridad nacional, que consideraba enemigo interno a todo aquel sospechado de poner en peligro el sistema imperante. Por lo tanto, las universidades, las cooperativas, los sindicatos, las ONG, estaban prohibidas. La radiodifusión era sólo una mercancía, no se hablaba de derechos y era considerada una cuestión de seguridad.

Sobraban listas negras, persecuciones y censuras explícitas y el órgano de conducción estaba a cargo de un representante del Poder Ejecutivo y un miembro de cada una de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad, es decir, estaba conformada por un general, un almirante, un brigadier y un espía. Lo más trágico es que este esquema se mantuvo hasta el año 2009, por eso el Comfer estuvo intervenido desde el inicio de la democracia y no se lo podía regularizar: la ley no se tocaba.

Alfonsín propuso una nueva redacción al Consejo para la Consolidación de la Democracia. El trabajo se prolongó durante dos años y concluyó en 1987. El proyecto, que fue presentado en abril de 1988 al Congreso, mantenía la prohibición para los medios gráficos de ser titulares de licencias de radiodifusión para impedir la conformación de multimedios.

La presión de los grandes editores impidió la sanción de la ley, y de allí en adelante tuvimos que esperar algo más de 25 años para que el Estado sancionara una regulación democrática que permitiera el acceso igualitario a la comunicación.

Los ’90

El proceso de globalización neoliberal es consecuencia directa del cambio producido en la centralidad del modelo capitalista y en el que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación van a cumplir un papel central.

Producida la crisis del petróleo de mediados de los ’70, se reconfigura el modelo de acumulación de capital, que pasa en pocos años del sistema productivo al sistema financiero. La plata ya no se va a hacer trabajando, sino que se va a poder ganar plata, y mucha, sin producir bienes ni servicios. Para ello va a ser necesario un discurso (la escuela de Chicago y la teoría del derrame), una herramienta tecnológica al servicio de la interconexión del sistema financiero (intranet y la tecnología satelital) y grandes medios que convencieran a las mayorías en aplicar un plan económico en beneficio de las minorías, lo que Gramsci denomina el consenso hegemónico.

Esa reconfiguración, que se presenta como algo natural, derivado de los cambios tecnológicos, conforma en realidad un programa salvaje de desmantelamiento del sector público. Detrás de supuestos objetivos de racionalizar y hacer más eficiente la economía, se implementó un plan que debilitó las capacidades de la sociedad de regular los mercados. Este proceso, basado en la denominada teoría del libre mercado, no ha tenido influencia sólo en lo económico. En las esferas de lo político, lo ideológico y lo social se forjó una sociedad injusta y una democracia muy débil que no logró frenar los procesos de exclusión social.

En materia de radiodifusión, históricamente habían existido límites a la cantidad de medios o porcentajes de mercado que una misma persona o grupo económico podían tener, con la intención de proteger la libertad de expresión.

Según Denis de Moraes, las legislaciones antimonopólicas tienen como objetivo “establecer marcos reglamentarios democráticos, lo que significa dotar a los países de mecanismos legales para frenar la concentración monopólica y la mercantilización, así como también actualizar normas para la concesión y fiscalización de licencias de radio y televisión”.

En nuestro país, desde el primer reglamento de radiodifusión hasta el decreto-ley de la dictadura que impedía la participación de capital extranjero e impedía que los prestadores de servicios de radiodifusión tuvieran relación con empresas periodísticas, tanto nacionales como extranjeras, se establecieron límites que fueron borrados a partir de 1989, generándose los grupos multimedia primero y una concentración nunca vista al finalizar esa década.

Pero el agravante a analizar es que cada una de las modificaciones que tuvo la ley en los ’90 respondió al interés particular de un medio o grupo de medios, siendo las instituciones del Estado permeables a las presiones de dichos actores, y en otros casos, facilitadoras de estos cambios.

Pasquali, Matellart, Beltrán y Reyes Mata sostienen que el Estado es cómplice del poder mediático y caracterizan al sistema de medios con dos términos: concentración (económica y geográfica) y dependencia (tecnológica y de contenidos).

Lo cierto es que en la Argentina la debilidad del sistema institucional en relación a estos grupos de presión (en términos de la ciencia política) ha hecho posible, por un lado, la conformación de una legislación a medida de los grupos, y en otro caso, la inacción administrativa frente al incumplimiento de la ley.

Efectivamente, con la ley 23.696 de Reforma del Estado (art. 65) se modifica el art. 45 de la ley original, permitiéndose el ingreso como prestadores de radiodifusión a las empresas periodísticas del país, creándose las empresas multimedia.

Fueron estos sectores los que pugnaron durante años por esta modificación y lo lograron en un momento de transición política entre el primero y segundo gobierno democráticos, en momentos de crisis política debido a la hiperinflación.

A través de la misma ley se modificaron artículos quitando obligaciones a los prestadores de cubrir zonas de frontera y permitiendo que fueran prestadoras las personas de existencia ideal que tuvieran más de un objeto social ingresando el sistema financiero como socios de medios.

Es decir que con la ley de Reforma del Estado las empresas periodísticas pudieron ingresar al mercado, favoreciéndose con las modificaciones a los grandes medios gráficos.

En el año 1998, a través del DNU 1062 se permitió la transferencia de acciones. Con la reforma se allanó el camino para facilitar las transferencias de cuotas partes, eliminando el requisito de la excepcionalidad y el del plazo de cinco años para poder pedir la autorización de venta. Esta modificación tuvo un único destinatario aunque muchos beneficiarios: Radio 10.

Luego, con el DNU 1005/99 se favoreció el proceso de concentración ya que se elevó el número de licencias por permisionario de un máximo de 4 a 24 (art. 43); pero además se eliminó del artículo 45 la prohibición de transferencia completa de licencias, se permitió la constitución de redes privadas permanentes (art. 68) y se modificó el cómputo de los minutos máximos de publicidad por hora.

La elevación del número de licencias y la constitución de redes privadas permanentes favorecieron al grupo CEI-Citicorp, conformado por Raúl Moneta. del Banco República; Ricardo Handley, del Citibank, y Constancio Vigil, de Editorial Atlántida, quienes conformaron un grupo económico con el objetivo de adquirir la cadena de 8 canales de televisión accionistas de Telefé (Canal 11 de Buenos Aires), luego transferida a Telefónica de España.

Es decir que nuevamente, frente a la necesidad de un grupo económico, el gobierno a través de un DNU modificó la ley con un único destinatario, y más tarde, múltiples beneficiarios.

En consecuencia, al finalizar la década de los ’90, las empresas de medios habían diversificado su producción y se habían concentrado al mismo tiempo, el capital se había transnacionalizado, eliminándose en la práctica toda cláusula que impidiera la formación de monopolios u oligopolios. Sin límites para la explotación del cable y las señales, con un máximo de 24 licencias para servicios básicos de radiodifusión (TV abierta o radio) y con una ley deslegitimada para su aplicación, se llegó a un mapa absolutamente concentrado de medios.

La crisis 2001/2003

La debilidad del sistema político institucional que permitió la concentración no se detuvo en 1999, sino que continuó hasta la sanción de un nuevo marco regulatorio. Si bien el mapa de la concentración ya estaba delineado, continuaron las presiones y por ende los beneficios.

El 23 de noviembre de 2001, en plena crisis económica, los radiodifusores consiguieron a través de la sanción del decreto 1522/01 la disminución del gravamen que debían pagar por su actividad.

La ley 25.750 de preservación de bienes y patrimonios culturales, elaborada en 2002, fue sancionada en junio de 2003, en plena crisis económica y su intención fue la de proteger a un sector de las industrias culturales frente al endeudamiento externo. Es una ley que por un lado incorpora de manera moderna el valor estratégico de las industrias culturales y por el otro es cuestionada porque les otorgó ventajas a los beneficiados, al modificar la ley de quiebras.

Todos los grupos de medios nacionales se beneficiaron con la medida, especialmente el Grupo Clarín y el diario La Nación (este último sin intereses en radiodifusión). Pero un agregado, el inciso b del artículo 2, tiene un único destinatario, Telefónica, y otro beneficiario, el grupo mexicano CIE-Rock & Pop.

La recuperación del Estado

A partir del 25 de mayo de 2003, se produce –desde mi punto de vista– la segunda gran ruptura en estos 30 años de democracia. El ex presidente Kirchner la sintetiza en “no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”, y tiene que ver con la recuperación de la soberanía popular como concepto central del sistema democrático. Los gobiernos son elegidos para gobernar.

No es motivo de esta nota hablar sobre la ruptura con el modelo neoliberal, la quita en la deuda externa o la mirada estratégica hacia América latina, pero la política se convierte en el elemento central del cambio, que incluye una batalla por la construcción de sentido, la batalla cultural.

Obviamente que esta no es lineal y que durante un tiempo, mientras se daban batallas centrales contra el hambre y la desocupación, los grupos de medios obtuvieron los últimos beneficios legislativos. En mayo de 2005 se sancionó el DNU 527/05 por el cual se suspendió “por el plazo de 10 años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de radiodifusión o sus prórrogas”. En la práctica se prorrogó por 10 años el plazo de vencimiento de cada una de las licencias.

Pero el enfrentamiento central de las democracias emergentes post neoliberalismo ya estaba lanzado. Recuperado un nivel aceptable de gobernabilidad, los grandes grupos económicos pretendieron volver al esquema de los ’90: mientras el presidente maneja una Ferrari, ellos gobiernan. Esta vez no pudo ser y a partir de ese momento la lucha entre democracia y corporaciones salió del ámbito de palacio para pasar a la tapa de todos los diarios. Como decía Jaroslavsky, “los medios te atacan como partido político y se defienden con la libertad de expresión”.

El corrimiento de buena parte de la oposición dejó lugar a una discusión entre los poderes formales y los grupos de poder. En ese contexto, la crisis del campo fue la primera exteriorización de un conflicto de poder que no va a terminar mientras las democracias sigan manteniendo el ejercicio de la soberanía popular.

La Ley de Medios

Desde el 10/12/83 se presentaron 73 proyectos que intentaron cambiar la ley de la dictadura para introducir el concepto de comunicación como un derecho humano básico. Tantos años y tantas frustraciones muestran la complejidad del tema y la resistencia a la regulación.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la etapa de institucionalización de los cambios producidos desde 2003 y envía un proyecto de ley de medios al Congreso basado en tres pilares fundamentales: la comunicación como un derecho de todos los ciudadanos, dentro de la categoría de derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la defensa de la diversidad cultural (cuotas de producción de contenidos) y restablecimiento de cláusulas antimonopólicas como condición necesaria para garantizar el derecho a la información.

Después de un debate horizontal, plural, federal e inédito por los niveles de participación, el Congreso sancionó por amplísima mayoría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Habían pasado 25 años y 10 meses desde la recuperación de la democracia. Como señala Samir Amín: quien concentra las nuevas tecnologías, los flujos financieros, las armas, los recursos naturales y la comunicación, tiene el poder.

La ley vino a discutir el poder, para democratizarlo.

Es conocido por todos el tránsito judicial para lograr la aplicación integral de la ley. Primero se intentó impedir la sanción por el Senado, luego se impugnó el procedimiento de sanción y por último se consiguió un amparo que demoró el resultado durante 4 años y 19 días. En ningún país se demora tanto la resolución de un análisis constitucional, más que un mandato presidencial.

El fallo de la Corte Suprema debe ser analizado en tres dimensiones: una institucional, otra jurídica y la tercera, práctica.

La Corte resuelve la crisis entre los poderes fácticos y los poderes constitucionales. El desafío del Grupo Clarín no era hacia el gobierno, sino contra el sistema en su conjunto. Los poderes constituidos, el Ejecutivo y el Legislativo, habían impulsado y luego aprobado una ley y un grupo económico intentaba impedir su aplicación, que no hay que confundir con el legítimo derecho de acudir a la Justicia, presionando sobre el Poder Judicial para que dilatara la resolución del tema.

La Corte falló en base a derecho y colocó a un grupo económico por debajo de la ley, de los poderes constituidos y en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

La segunda dimensión, la jurídica, consagra la libertad de expresión como un derecho de las personas, de categoría superior a los derechos patrimoniales estableciendo además que las leyes regulatorias garantizan el ejercicio de la libertad de expresión, que podría estar afectado por posiciones dominantes de mercado. Y la dimensión práctica conlleva a la adecuación de todos los grupos de medios a lo que establece la ley.

30 años después

Todo aniversario es útil para hacer balances y 30 años de democracia lo ameritan.

Después de todo este tiempo, uno puede afirmar que ahora sí, con la democracia se come, se cura y se educa. Superamos la crisis más profunda en 100 años y lo hicimos dentro del marco institucional. Fortalecimos un sistema de convivencia que hasta hace pocas décadas no era apreciado por el conjunto de la sociedad y pudimos devolverle a la democracia su capacidad de transformación de la realidad.

En materia de medios, terminamos con las prohibiciones, con la idea de seguridad, lo transformamos en derecho y comenzamos a desandar el entramado de la concentración para democratizar la circulación de la palabra.

Hemos crecido, sacamos la mayoría de edad y seguimos caminando hacia la construcción de los sueños.





* Subsecretario General de la Presidencia. Abogado y periodista. Ex interventor del Comfer y ex secretario de Cultura de CABA. Prof. de Derecho Público FCE y profesor en la maestría de Gestión Cultural de FyL.