| Por Ari Lijalad |

Hay muchas aristas para analizar el derrotero del Poder Judicial en estos 40 años de democracia. Su arquitectura institucional fallida, donde la Corte Suprema se convirtió en lo que alguna vez Carlos Fayt definió como un “almacén de ramos generales” y resuelve discrecionalmente miles de causas al año; los privilegios alegales que mantienen, como no cumplir con las leyes que indican que deben pagar el impuesto a las Ganancias y someterse a los reglamentos de Ética Pública; el funcionamiento deficitario del Consejo de la Magistratura, que relegó la manda constitucional de administrar los fondos judiciales mientras tampoco resuelve las vacancias de 1 de cada 4 juzgados en el país; las demoras en la aplicación del nuevo Código Procesal acusatorio para ordenar los procesos de modo que dejen de lado las rémoras feudales donde el juez es amo y señor de los expedientes; los cargos vitalicios sin ningún tipo de control ni revalidación de conocimientos, y la lista sigue y excede las posibilidades de este artículo. Hay un aspecto, sin embargo, que creo que ha sido poco abordado: cómo en estos cuarenta años se mantuvo y profundizó la imbricación del Poder Judicial con el Poder Económico. 

La mayor injusticia en democracia es la desigualdad económica. El término injusticia es oportuno, no solo porque la desigualdad no es justa sino además porque en estos cuarenta años de democracia el Poder Judicial no modificó su histórico rol de garante de esas relaciones económicas desiguales. Más bien lo contrario: en una realidad injusta el Poder Judicial se entronizó como gestor de inmunidad e impunidad del Poder Económico. Se podría sintetizar la situación parafraseando el famoso eslogan de una tarjeta de crédito: “La Justicia no tiene precio. Para todo lo demás existe el Poder Judicial”.

En el mundo y en la Argentina hubo un proceso de crecimiento desproporcionado del Poder Económico frente al Poder Estatal. Esa relación asimétrica impactó sobre los dos poderes que tienen que revalidar sus cargos periódicamente en el contexto de la insatisfacción democrática que genera la pérdida de margen de acción estatal frente a las corporaciones y el Poder Judicial históricamente dominado por las elites fue directamente cooptado mayoritariamente (porque hay excepciones, claro) por ese Poder Económico. Juntos, el Poder Económico y el Poder Judicial, son un punto fundamental de la insatisfacción democrática cuya culpabilidad pública recae, sin embargo, exclusivamente en los gobiernos de turno.

En estos cuarenta años de democracia, la participación y complicidad de actores económicos en la dictadura empresario-militar y la criminalidad económica desde 1983, que incluye los casos de corrupción (donde solo se menciona al funcionario corrupto pero nunca a la empresa corruptora), las maniobras de evasión, quiebras amañadas, fraudes y lavado de dinero gozan de notables privilegios en los tribunales. La relación entre militares y empresarios condenados por delitos de lesa humanidad es de 1.000 a 1; si hubo pocos funcionarios condenados por corrupción, entre los empresarios corruptores no hubo ninguno; y en cuarenta años de democracia apenas hay un puñado de condenas por delitos económicos, ninguna que involucre a factores del poder real, frente a un sinnúmero de casos menores de un Poder Judicial telaraña que atrapa a los pequeños pero de la que los grandes pasan de largo.

Los delitos económicos tanto en la dictadura empresario-militar como en democracia siguen siendo el agujero negro de los tribunales en estos cuarenta años. Y no es casualidad. Para peor, en los últimos años la maniobra fue doble: un statu quo en materia de impunidad e inmunidad empresarial y un proceso de utilización del Poder Judicial para el condicionamiento de políticas económicas a través de la persecución de dirigentes políticos díscolos con el empresariado dominante. Es el proceso bautizado como el lawfare, que ilustra esa imbricación del Poder Judicial con el Poder Económico, donde la táctica son las causas mediatizadas, la estrategia es incidir en política económica y el objetivo es mejorar (aún más) los balances corporativos.

Este no es un aspecto muy mencionado sobre el Poder Judicial ya que el bloque de poder económico que tiene trato preferencial en tribunales es el mismo que fija la línea editorial de la opinión publicada y muchos jueces toman decisiones con los diarios arriba del escritorio y la Constitución en el cajón. Como explicaba Foucault, el poder es esencialmente lo que reprime, lo que silencia. En un sistema de concentración económica el mapa de medios no puede ser heterogéneo y eso impacta también en el Poder Judicial. A cada modelo económico le corresponde un determinado sistema judicial y no habrá democratización del Poder Judicial sin democratización del sistema económico y mediático. No se pueden pensar como compartimentos estancos.

Con todo esto, al día de hoy la imagen de la Justicia sigue representada por una mujer que tiene una balanza en una mano, que indica equilibrio, una espada en la otra, para el castigo, y los ojos vendados, para ser ecuánime e imparcial sin importar quién tenga delante. Es una figura que encierra una enorme simbología acerca del rol del sistema judicial y el problema que acarrea esa ceguera. Por un lado oculta que las leyes no son naturales sino la codificación de relaciones de fuerza y que la ley no se aplica en el vacío sino en una realidad y un contexto. Por otro, representa que el modelo de justicia actual ignora que interviene sobre un mundo plagado de desigualdades y relega su potencial de ser una herramienta de igualación. La espada es dura con los sectores vulnerables y no tiene filo con los poderosos. Es esa venda, al contrario de lo que sugiere la simbología, la que genera y termina justificando las decisiones que profundizan las desigualdades. No es que no mira para ser neutral: los jueces no miran porque no quieren, porque de esa forma no contextualizan y se desvinculan de decisiones injustas basadas en tecnicismos legales. El resultado, dada la relación promiscua con el Poder Económico, es gráfico: se castiga a quienes roban para comer mientras se protege con el letargo eterno de los expedientes a los que aumentan los precios de la comida.

Este proceso de impunidad de la criminalidad económica tiene ejemplos tanto en torno al terrorismo de Estado como a la corrupción de los noventa, los delitos económicos y financieros y el lawfare.

Si bien la Argentina es el único país del mundo que juzgó a sus genocidas en tribunales ordinarios, la cuestión del poder económico en dictadura es una gran deuda pendiente en lo que atañe al Poder Judicial. Esta conjunción de las atrocidades militares y empresariales ya la advertía Rodolfo Walsh en 1977, en la Carta Abierta donde afirmó: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. La Justicia argentina puso el foco en la responsabilidad del Estado, en especial en sus Fuerzas Armadas, y postergó la discusión sobre los responsables no estatales, empresarios y corporaciones. El resultado quedó a la vista: Jorge Rafael Videla murió en la cárcel y condenado; José Alfredo Martínez de Hoz, que implementó el plan económico cuya onda expansiva continúa hasta hoy, en su casa e impune. Lo mismo pasó con los empresarios beneficiarios de sus políticas económicas.

El proceso de los juicios de lesa humanidad es largo y complejo, excede los límites de este artículo y fue documentado y analizado por numerosos trabajos académicos y periodísticos. Pero el eje que quiero destacar es el vinculado al Poder Económico. Los números son claros: hay 1.136 condenados por delitos de lesa humanidad, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ¹. Según la Secretaría de Derechos Humanos son 1.179 y contabiliza 202 civiles, incluidos funcionarios públicos, miembros de la Triple A, personal civil de inteligencia, policías, médicos, obstetras que participaron del robo de bebés, apropiadores de menores e incluso jueces y fiscales. De todo ese universo solo hay 3 condenados del mundo empresarial. Y no es que no hubiera casos ².

Entre la primera condena a militares en el Juicio a las Juntas y la primera contra un empresario pasaron 31 años. Recién en 2016 Marcos Levín, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión por el secuestro y tortura a Víctor Cobos. En 2017 los jueces de la Cámara de Casación Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques anularon esa sentencia y consideraron que los delitos cometidos no eran de lesa humanidad. La Corte revocó esa decisión y ordenó dictar una nueva sentencia, que aún no llegó. Es el único caso de un dueño de empresa condenado, pero a cuarenta años de democracia sigue sin resolución definitiva. Los otros dos casos son los de Pedro Müller y Héctor Sibilla, gerentes de Ford, condenados en 2018 a 10 y 12 años, respectivamente.

Hay dos casos que muestran la relevancia de analizar la imbricación Poder Judicial-Poder Económico en relación con la última dictadura empresario-militar y la deuda que tiene la democracia en este aspecto. Son los de Carlos Blaquier y Héctor Magnetto.

Blaquier, creador de Martínez de Hoz y ariete del grupo permanente de intelectuales orgánicos del terrorismo de Estado, utilizó la noche dictatorial que colaboró en diseñar para desatar una cacería que incluyó el secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales en Libertador General San Martín, sede del ingenio Ledesma, entre marzo y julio de 1976. Blaquier fue procesado en noviembre de 2012 pero en marzo de 2015 los jueces de Casación Gustavo Hornos, Gemignani y Riggi le dictaron falta de mérito. La Corte Suprema cajoneó el expediente durante seis años hasta que revocó ese fallo y ordenó una nueva sentencia. Nunca llegó: Blaquier murió impune, al igual que Martínez de Hoz. Sus herederos aún operan desde el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a los defensores de genocidas con los miembros de los bufetes más poderosos de la city.

En el caso de Magnetto la clave es Papel Prensa, por el terrorismo de Estado y por lo que implicó para la democracia. Revela la alianza entre los empresarios de Clarín, La Nación y La Razón con las tres armas y cómo ese entramado distorsionó para siempre el discurso público en democracia, ya que Papel Prensa fue la piedra basal para que el holding de Ernestina Herrera de Noble y Magnetto controlara la prensa (y buena parte de la política) a partir de 1983. Las implicancias de ese poder mediático con el funcionamiento del Poder Judicial en estos cuarenta años de democracia son claras. El Poder Judicial garantizó el crecimiento empresarial del Grupo Clarín, cuyo peso como factor de poder y como actor cuasi monopólico en las telecomunicaciones es un óbice para el sistema democrático. Y no lo habría logrado sin su relación privilegiada con los jueces.

El caso Papel Prensa fue denunciado desde los primeros días de la democracia ³ pero, con pocas excepciones ⁴, el Poder Judicial se encargó de garantizar la impunidad, sea por temor o complicidad con el principal grupo de medios del país. El juez Julián Ercolini y el fiscal subrogante Eduardo Taiano demoraron la causa y, en ese ínterin, de los 10 imputados originales fallecieron 5, entre ellos Videla, Eduardo Massera y Martínez de Hoz. Ni el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos, que sumó testimonios, documentos secretos, archivos desclasificados de Estados Unidos y numerosos elementos probatorios logró quebrar este pacto judicial. Finalmente todos fueron sobreseídos en 2016 sin siquiera ser indagados. En tribunales no se olvidan de que el juez Roberto Marquevich terminó destituido por detener a Ernestina Herrera de Noble en el 2000 por la comprobada apropiación ilegal de dos niños durante la dictadura; y ahora también saben que el juez Ercolini viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín.

El caso Papel Prensa muestra cómo impacta el Poder Judicial sobre la democracia: no solo convalidó el terrorismo de Estado sino que dejó al país sin democracia comunicacional, dato clave para comprender el impacto de los tribunales en la era del lawfare. En el caso de Clarín y Magnetto lograron sortear innumerables expedientes por fuga, evasión y reestructuración fraudulenta de su deuda, así como no cumplir con las leyes de democratización de medios o de regulación de las tarifas de las telecomunicaciones gracias al poder que les otorgó la impunidad en el crimen originario de Papel Prensa.

Juan Pablo Bohoslavsky, Agustín Cavana y Leonardo Filipini, en el artículo que escribieron para el libro Cuentas pendientes: los cómplices económicos de la dictadura, advierten que en este proceso de impunidad empresarial “se lesiona la garantía de no repetición: ser cómplices resulta rentable y difícilmente acarree consecuencias jurídicas y patrimoniales, es decir, se garantiza la inmunidad patrimonial de quienes se enriquecen en contextos criminales”.

Los noventa fueron el teatro de operaciones de una maniobra a dos bandas: la instalación de la ineficiencia estatal y de la corrupción generalizada exclusivamente de los funcionarios estatales. Tenía sustento, ya que hubo funcionarios corruptos, pero era una mirada parcial: para que exista un funcionario corrupto tiene que existir una empresa corruptora. Y una vez más el Poder Judicial hizo gala de su venda selectiva con la marca que le imprimió su reforma y copamiento en todas las instancias orquestado por el gobierno de Carlos Menem ⁵.

Los chivos expiatorios del menemato fueron María Julia Alsogaray y Víctor Alderete, personajes menores en el gobierno de la corrupción. Pero las empresas quedaron todas a salvo y, pese a la publicidad que tuvieron los casos, el Poder Judicial se encargó de licuar casi todas las grandes causas de corrupción.

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) cuenta con una base de datos sobre causas de corrupción y delitos económicos en la Argentina y realizó múltiples informes sobre el derrotero de esos expedientes ⁶. Hay un eje claro que cruza todos esos informes: las demoras en los procesos judiciales producto de múltiples trucos abogadiles enmarcados en la permisividad de jueces y fiscales que derivan en causas eternas y sobreseimientos por prescripciones (paso del tiempo para juzgar un delito). A la vez, remarcan que el Poder Judicial no tiene ninguna preocupación por la recuperación de activos.

Lo resume Pedro Biscay, uno de los principales especialistas en el tema, en uno de esos trabajos: “El sistema penal mostró su fracaso absoluto para reprimir los delitos económicos. La ausencia de condenas, la escasa cantidad de causas que pasan a juicio oral, el estancamiento de los procesos, su duración desproporcionada, y la lógica culminación de las causas en la salida prescriptoria muestran el fracaso del sistema, a la vez que evidencian que ni los fiscales ni los jueces tomaron las decisiones institucionales adecuadas para hacer efectiva la aplicación de la ley en los casos”. Lo escribió en 2006, pero nada cambió. Hubo intentos, sí, como la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que activó por primera vez la investigación de estos casos desde el Ministerio Público. Pero la presión fue grande: su titular, Carlos Gonella, fue víctima de una campaña mediática patrocinada por los privilegiados de siempre e incluso procesado por el juez Claudio Bonadio por difundir en su cuenta de Twitter un link de la página oficial del Ministerio Público. Tocaba demasiados intereses históricos y es posible que también influyera que fue el fiscal que logró la primera condena a Videla.

Si bien la ley de lavado de dinero rige desde el año 2000, hay apenas una veintena de condenas, algunas que involucran a factores de poder provinciales como los casos Bolsafé en Santa Fe, CBI en Córdoba o el blanqueo de dinero de la trata de personas del Clan Ale en Tucumán. Pero no hay ninguna condena contra factores de poder real a nivel nacional. El caso más grande de lavado de dinero que llegó a juicio es el BNP Paribas, que tenía una oficina clandestina en un edificio comercial de prestigio a metros de la Casa Rosada desde donde fugaron cerca de 1.000 millones de dólares de clientes que, en muchos casos, no tenían cómo justificarlo. El cúmulo de deficiencias acumuladas en el Poder Judicial hace que el tribunal para hacer el juicio no tenga jueces. Como los principales acusados son franceses y el juicio corre riesgo de nunca realizarse se intentó un acuerdo de reparación integral: que pagaran 15 millones de dólares para destinarlos a entidades de trabajo social. Pero los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, protagonistas del lawfare y que se reunían con Mauricio Macri en la quinta de Olivos mientras digitaban causas clave, bloquearon esa opción. No habrá juicio ni reparación. Los otros casos conocidos, como la fuga investigada por el Congreso en el 2001, la fuga a través del JP Morgan o las cuentas sin declarar de empresas y argentinos en el HSBC, quedaron impunes.

La criminalidad económica se cobra vidas de forma indirecta (la miseria planificada de la que hablaba Walsh) y directa. El caso testigo es Iron Mountain, el incendio intencional en 2014 de un depósito donde guardaban documentos al menos 29 empresas que eran investigadas por casos de lavado de dinero y evasión. Murieron 10 personas entre bomberos y personal de defensa civil. Los casos que estaban en la Justicia quedaron sin pruebas pero nunca se avanzó sobre beneficiarios de ese fuego asesino. La investigación por el incendio se limitó a algunos gerentes de la empresa y funcionarios porteños de cargos menores. Que Macri, por entonces jefe de gobierno, tuviera papeles vinculados a sus sociedades offshore, no fue tenido en cuenta. Que las empresas se vieran beneficiadas por la destrucción de documentos que podían incriminarlos en casos de lavado de dinero, tampoco.

Uno de los casos que más explica los privilegios del Poder Económico en el Poder Judicial con origen en los noventa y la impunidad hasta el presente es Correo Argentino. Los Macri se quedaron con la licitación de la concesión del Correo en 1997 a cambio de pagar el canon más alto que sus competidores. En septiembre de 2001 anunciaron que no pagarían más y entraron en un concurso de acreedores. Pasaron más de 22 años, más de la mitad del período democrático, y aún sigue sin resolverse. El fuero Comercial, tan corrupto como invisible, le garantizó una demora que licuara su deuda con el Estado y cuando el caso estuvo a punto de resolverse lo tomó la Corte Suprema y lo guardó en un cajón. Son miles de millones de pesos que los Macri le deben al Estado.

Mientras el Poder Judicial le garantizaba sus cuentas, la familia Macri puso a un miembro del clan como Presidente. Y Mauricio Macri desató la nueva etapa del Poder Judicial: por un lado, en lo personal, buscó condonar esa deuda de su familia con el Estado con aval judicial, maniobra que casi logra pero fue abortada gracias a la oposición de la fiscala Gabriela Boquin. Por el otro, en lo general, implementó el capítulo argentino del nuevo Plan Cóndor Judicial: el lawfare.

Lawfare (así se conoce hace unos años a la cooptación del Poder Judicial por el Poder Económico) significa la imposición de políticas económicas y de decisiones sobre la vida cotidiana de millones de argentinos por un medio que no son los votos. La táctica son las causas armadas por la triple entente de jueces-medios-servicios de inteligencia; la estrategia, las condenas y proscripciones de dirigentes políticos no alineados con las políticas económicas de concentración y desregulación; el objetivo es maximizar la rentabilidad de las empresas que manejan lo que cuestan los alimentos, los servicios, los medicamentos, el alquiler y, en ese camino y para cumplir ese objetivo, horadar a la política, es decir a la democracia. En este neologismo que combina law (ley) y warfare (guerra) la que es atacada es la democracia y el resultado es que su mayor injusticia, la desigualdad, se profundiza.

Notas:
1) La impunidad biológica también funcionó: de las 3.709 personas investigadas por delitos de lesa humanidad fallecieron 1.122 sin condena, el 30%. Las demoras en el Poder Judicial también son esto. ⇑
2) Si bien no hubo un trabajo desde el Estado como en el caso de la Conadep, hay enorme trabajo publicado en 2015 desde Presidencia y el CELS con 2 tomos sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. También investigaciones académicas como las de Victoria Basualdo, el trabajo del área de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) hecho por Bruno Napoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio que culminó en el libro La dictadura del capital financiero que revela la trama bursátil de la dictadura empresario-militar, libros como Cuentas pendientes y ¿Usted también, doctor? compilados por Juan Pablo Bohoslavsky, el libro El golpe civil, de Vicente Muleiro, entre otros, que dan cuenta de la magnitud del tema. ⇑
3) El 2 de abril de 1984 diputado Norberto Imbelloni denunció irregularidades en la apropiación de Papel Prensa. ⇑
4) El fiscal Ricardo Molinas investigó, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro empujaron la investigación en la justicia de La Plata, hasta que el juez Arnaldo Corazza le remitió la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py. Le cayó a Daniel Rafecas, que si bien planteó su incompetencia, en uno de sus escritos dejó asentado que se trataba de un crimen de lesa humanidad. El Grupo Clarín no se lo perdonó: la empresa y Magnetto en forma personal lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. En Comodoro Py los fiscales Leonel Gómez Barbella y Franco Picardi pidieron las indagatorias de Magnetto y otros. Solo los apoyó el camarista Eduardo Freiler, que después de eso terminó destituido. ⇑
5) El proceso está bien detallado en el libro Hacer la Corte, de Horacio Verbitsky. ⇑
6) Se pueden consultar en http://www.cipce.org.ar/causas. ⇑