| Por Mercedes Barros | 

Este año la Argentina celebra cuatro décadas ininterrumpidas de democracia y, como suele ocurrir en este tipo de conmemoraciones, se abre un espacio de reflexión en el que de manera retrospectiva se evalúan logros y fracasos, se anticipan desafíos y se proyectan, también, deseos para un futuro por venir.

Cierto es que esta celebración pone en el centro de la escena un logro ineludible, el de la continuidad de una institucionalidad democrática que se remonta a aquel diciembre de 1983; momento fundacional que no deja de aludir a un ciclo pasado de más de cincuenta años de golpes de Estado, dictaduras y violencia estatal sistemática. En efecto, 1983 cerró un período de inestabilidad política y abrió el tiempo de la democracia; una democracia que, a pesar de sus vaivenes, ha sabido sortear las más diversas crisis sociales, políticas y económicas que atravesamos como comunidad y constituirse como la mejor forma de gobierno y convivencia que podemos darnos.

En las líneas que siguen me propongo reflexionar sobre estos cuarenta años de continuidad democrática de un modo oblicuo: a la luz de la indagación de una de las movilizaciones sociales y políticas más significativas de la experiencia democrática iniciada –no por una mera casualidad– un 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Se trata precisamente de la movilización en torno a la lucha por los derechos humanos.

Desde sus inicios bajo la última dictadura cívico-militar, la lucha de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, agrupados en organizaciones como Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, Nietos, ha dado lugar a una movilización popular en torno a los derechos humanos sin precedentes en el país que ha logrado mantenerse de manera vigorosa hasta el presente. Nadie dudaría en afirmar que es a partir de esta lucha que el discurso de los derechos humanos ha ganado un lugar central en la escena política y social actual convirtiéndose en un medio de representación legítimo y disponible para enmarcar demandas y luchas muy diferentes.

Efectivamente, este discurso ha tenido un rol central en el forjamiento y en la actualidad de los acuerdos sociales y políticos sobre los que se ha sostenido la convivencia democrática y la estabilidad institucional hasta el presente. Incluso, podríamos conjeturar que durante estos años, sus más reconocidas protagonistas se han convertido en una suerte de “centinelas” de esos acuerdos y del destino moral de nuestra comunidad democrática. Así pues, la lucha por los derechos humanos pareciera se ha vuelto inescindible del devenir de la democracia. Por eso las críticas y difamaciones hacia las Madres y Abuelas que se han producido en el último tiempo por parte de fuerzas políticas de derecha no son solo entendidas como disputas hacia su trayectoria de lucha, sino también como provocaciones a la democracia misma y a los pactos sobre los que dejamos atrás el pasado de violencia política y represión.

En este punto, y antes de continuar, me interesa hacer una aclaración respecto del sentido de la noción misma de los derechos humanos y de las luchas que han surgido en su nombre. Si bien con este término se hace referencia a un conjunto de derechos fundamentales, universales e inalienables de la humanidad toda, los alcances de los derechos humanos y los significados de las luchas alrededor de estas prerrogativas son siempre situados, históricos, y se encuentran atravesados por relaciones de poder circunstanciales y específicas a cada contexto. Entonces, el entendimiento de los derechos humanos está siempre condicionado por los modos en que son articulados por demandas sociales y políticas cambiantes, y por lo tanto, vinculado con los discursos y proyectos políticos vigentes. De ahí que la trayectoria de esta lucha no puede concebirse por fuera de esas circunstancias ni tampoco escindida de la política. Y es por eso mismo también que los derechos humanos pueden ser disputados y articulados desde muy distintas concepciones e identidades políticas.

En lo que sigue del texto, y atendiendo a este último señalamiento, me detengo en dos momentos cruciales en la lucha por los derechos humanos en nuestro país desde la reapertura democrática. Dos momentos que marcaron el sentido de los términos y de la lucha, pero también, el significado mismo de la democracia.

Democracia y derechos humanos: nombres contiguos de una misma causa

Recordemos en primer término que es recién a fines de los años setenta cuando la movilización en torno a los derechos humanos y el discurso que le da forma comienza a tomar fuerzas en la Argentina. Previamente, el lenguaje de los derechos y libertades individuales circulaba de manera reducida entre grupos de intelectuales, abogados y partidarios de izquierda, y por lo tanto jugaba un rol menor en la definición de las demandas políticas y sociales de entonces. Esta situación de marginalidad comenzó a cambiar de manera definitiva a raíz de la movilización de los grupos de familiares de las víctimas del terrorismo de Estado bajo la última dictadura. Cierto es que apropiándose de un lenguaje que paradójicamente el propio régimen dictatorial había tornado disponible al intentar responder a las críticas internacionales (recordemos la famosa frase de Videla “los argentinos somos derechos y humanos”) y a partir de su involucramiento en acciones colectivas inventivas al margen de los canales más tradicionales de participación, las agrupaciones de familiares inauguraron un modo de lucha ciertamente inédito y disruptivo en el universo discursivo de la dictadura. Sus apariciones inesperadas en diferentes ámbitos públicos, sus denuncias constantes ante autoridades locales y organismos internacionales, sus campañas de visibilización de los detenidos-desaparecidos tornaron los reclamos por las violaciones a los derechos humanos en uno de los símbolos más importantes de resistencia a la dictadura (Barros M., 2012).

Bajo el contexto político de la transición, las protestas de las agrupaciones de derechos humanos, lejos de apaciguarse, alcanzaron altos niveles de participación. La primera Marcha de la Resistencia (1981) y la multitudinaria Marcha por la Vida (1982) organizada por Madres y Familiares pusieron en escena la relevancia que la problemática de los detenidos-desaparecidos había adquirido a nivel nacional y su carácter ineludible para las fuerzas políticas y sociales de aquel momento. Sin embargo, fue el líder del radicalismo, Raúl Alfonsín, quien logró de manera creíble vincular la causa de los derechos humanos a su proyecto político centrado en el valor de la democracia (Barros S., 2002). En efecto, en los meses previos a las elecciones generales de octubre de 1983, Alfonsín fuertemente criticó la represión ilegal lanzada por el régimen militar y no dejó dudas de su intención de revisar el pasado reciente, mostrándose poco vacilante ante cualquier forma de perdón generalizado (Aboy Carlés, 2001). De este modo, el líder radical se presentó como la única posición política capaz de dar respuesta al problema de los desaparecidos y detenidos por razones políticas, logrando un apoyo explícito por parte de las agrupaciones de familiares. Vale la pena recordar las palabras de Hebe de Bonafini, en las que se advierte la asociación entre el gobierno radical electo y la lucha por los derechos humanos: “Este es uno de los momentos más difíciles para las Madres porque tenemos que aprender una manera de luchar y de mantenernos en la plaza pero nuestro enemigo ya no estará en la Casa de Gobierno” (La Razón, 18-11-1983).

El momento de la transición, entonces, supuso un proceso de amplio despliegue de la lucha de las agrupaciones de familiares en el cual la democracia y los derechos humanos se constituyeron en nombres contiguos de una misma causa. Tal como lo entendió Bonafini en ese entonces, bajo la configuración discursiva del nuevo gobierno, la democracia aparecía como la condición misma de los derechos humanos y su lucha. En palabras del propio Alfonsín, “solo con el triunfo de la democracia, los argentinos recuperaremos nuestras libertades y derechos” (Clarín, 28-10-1983).

Ahora bien, en este entramado discursivo la causa por los derechos humanos en su proximidad a la democracia alfonsinista no solo ganaba protagonismo, sino también nuevos significados. En el discurso de Alfonsín, el tratamiento de la cuestión de los derechos humanos era entendido en oposición a toda forma de violencia del pasado y a toda forma de parcialidad. Su significado estaba de tal forma sobredeterminado por la imparcialidad y neutralidad que suponía la nueva democracia y sus instituciones. Es decir, la democracia y su justicia no tomaban posición en relación al pasado sombrío de enfrentamientos y aludían a un universo de víctimas mayormente inocentes (y preferentemente despolitizadas). Por eso, y en consonancia con lo prometido en su campaña electoral, paralelamente a la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), el líder radical decretó la apertura de los juicios a los líderes guerrilleros y a los miembros de las tres primeras Juntas Militares.

Con estas medidas, el nuevo gobierno de la democracia se suponía que encauzaría los reclamos por violaciones a los derechos humanos de centenares de familiares y afectados por la represión ilegal. Sin embargo, en poco tiempo y a pesar de sus esfuerzos, la solución provista propició un proceso de revisión del pasado cuyos efectos desbordaron los mecanismos institucionales previstos. La publicación del informe final de la Conadep y las repercusiones del histórico Juicio a las Juntas desencadenaron un proceso de movilización popular y un colapso inesperado de los canales judiciales a partir de la presentación de centenares de nuevas causas contra las Fuerzas Armadas. Este colapso se tradujo en una creciente politización de la cuestión de los derechos humanos, dando paso, finalmente, a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a través de las cuales se buscó limitar el juzgamiento de las fuerzas de seguridad involucradas en la represión ilegal.

De este modo, el proyecto político que había encarnado la causa por los derechos humanos apareció poco tiempo después como su principal opositor. El proceso de acercamiento al que hacíamos referencia más arriba a través de las palabras de Hebe de Bonafini se desmoronó. En definitiva, las iniciativas judiciales y políticas que prometían consolidar la articulación entre democracia y derechos humanos se convirtieron en el puntapié inicial de una disputa ineludible acerca de cómo y en qué medida debía actuar la democracia en relación a las violaciones de los derechos humanos del pasado dictatorial.

En este punto, sin embargo, es importante señalar que pese a este desencanto prematuro la relación estrecha entre estos dos términos dejaría huellas indelebles en el imaginario político de los años venideros. Por una parte, la lucha por los derechos humanos no cesó de proyectar en la democracia sus anhelos de verdad, memoria y justicia, y por otra, la causa democrática no se desentendió de su responsabilidad de garantizar el tratamiento de las violaciones de derechos humanos de la última dictadura (aunque esto pueda implicar decisiones no siempre bienvenidas por los organismos de DD.HH.). Recordemos que durante los dos siguientes mandatos presidenciales de Carlos Menem, la cuestión de los derechos humanos quedó estrechamente condicionada a la idea de “pacificación nacional” y en ese marco tuvieron lugar los indultos que beneficiaron a numerosos grupos de civiles y militares involucrados en la represión ilegal. Frente a este posicionamiento, el movimiento de derechos humanos en su conjunto tempranamente volvió a definirse en oposición al Estado; pero esta vez, a un Estado democrático que se postulaba como garante de la impunidad del pasado y del presente, poniendo en riesgo el futuro mismo de la vida en democracia. Es entonces desde esa denuncia contra la impunidad que se conformaron nuevos espacios de acción colectiva para las agrupaciones de derechos humanos y es también desde allí que se puede comprender el lugar crucial que la causa de los derechos humanos volvería a ocupar en la escena política de los primeros años del nuevo milenio bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La lucha por la verdad, la memoria y la justicia como brújula de la democracia

El comienzo del siglo XXI en la Argentina tuvo lugar en el transcurso de una crisis social, política e institucional sin precedentes en la historia del país. Durante aquellos años, en medio de un ciclo de protesta y movilización social en ascenso, los movimientos sociales ganaron un significativo protagonismo ante una clase política degradada en su capacidad de representación. Por cierto, fue en este contexto que el movimiento de derechos humanos se configuró como uno de los espacios de articulación de mayor legitimidad para expresar y canalizar un abanico amplio y heterogéneo de descontentos sociales.

Es precisamente con este telón de fondo que, de manera bastante inesperada para las agrupaciones, el gobierno que asumió en el año 2003 inscribió un quiebre en el proceso de repliegue de los derechos humanos de la escena político-estatal. Haciendo suya la denuncia contra la impunidad, Néstor Kirchner propuso la fundación de una nueva etapa en la Argentina en la que se redimirían las causas populares de ayer y de hoy. La desigualdad e injusticia del presente tenían que ver no solo con el pasado reciente de implementación de medidas neoliberales, sino con la impunidad de larga data que había prevalecido desde la última dictadura militar permitiendo la profundización de un modelo económico y social de exclusión. Así pues, por medio de un lenguaje político vigente y creíble en el contexto de la crisis y posicionándose él mismo como parte de una generación diezmada por la dictadura y su modelo, el nuevo presidente prontamente estableció lazos de solidaridad no solo con esos militantes desaparecidos, sino también con los familiares de esas víctimas. Apenas transcurridos un par de meses de la asunción de Kirchner como presidente, Hebe de Bonafini con emoción expresó: “Kirchner no es como los demás. Ha empezado a hacer algunas de las cosas con las que todos estuvimos soñando desde hace mucho tiempo” (Página 12, 4-6-2003).

El discurso de Kirchner rompía así definitivamente con esa imparcialidad democrática que como mencionamos marcó los años ochenta. La reivindicación por aquellos militantes que habían dado su vida por sus ideales ponía en jaque a la figura de la víctima inocente y desplazaba la lucha por los derechos humanos del terreno de la neutralidad política y de la imparcialidad de la Justicia hacia el ámbito de las luchas populares pasadas y presentes.

Ahora bien, las resonancias del nuevo discurso repercutieron de manera significativa e inmediata en el ámbito de la lucha por los derechos humanos en el país. Por una parte, la presentación del presidente como el nuevo garante de la lucha contra la impunidad no solo se tradujo en gestos simbólicos (como la decisión de bajar los cuadros de Videla y Bignone del Colegio Militar), sino que también se plasmó en medidas concretas (anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pedido de reapertura de los procesos judiciales contra represores, entre otras), que tuvieron un fuerte impacto en el avance de las causas judiciales contra represores, en la reconstrucción de la verdad sobre lo sucedido y en la recuperación y reconstrucción de la memoria.

Por otra parte, la nueva centralidad que adquirió la temática en el discurso oficial provocó un cambio significativo en la valoración y reconocimiento social de las agrupaciones y de sus reivindicaciones históricas, inaugurando una etapa de consagración de su lucha. En efecto, las agrupaciones como Madres y Abuelas pasaron de encontrarse en los márgenes a ocupar un lugar protagónico entre las voces de mayor visibilidad en el campo democrático. Incluso, esta centralidad vino acompañada de una participación inédita de las organizaciones en las instancias de decisión e implementación de las políticas estatales. De ahí que, bajo el nuevo contexto, el Estado dejaba de ser un obstáculo para pasar a ser un aliado clave en su lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

Asimismo, y en estrecha relación con esto último, el nuevo lazo amistoso con la fuerza política que ocupaba la administración estatal acercó a gran parte de las agrupaciones de derechos humanos a un proyecto político que traía consigo una robusta impronta peronista. Es decir, el lazo tendido aproximó a los grupos de derechos humanos a una retórica política de larga pregnancia y trayectoria en las luchas populares. Precisamente, la apuesta política de Kirchner no solo incluyó las reivindicaciones de los grupos de derechos humanos entre sus políticas públicas, sino que además les otorgó un lugar privilegiado por medio de su articulación a las banderas históricas del peronismo. Inclusión, igualdad, justicia social se conjugaron en el nuevo lenguaje político en cuestión, con las demandas por verdad, memoria y justicia (Barros y Morales, 2016).

Como resultado de este proceso de acercamiento político, la lucha de las agrupaciones se amplió en un doble sentido: si por un lado la causa por los derechos humanos se extendía hacia otros blancos de denuncia, promoviendo la actuación de las agrupaciones en numerosos nuevos casos y juicios contra represores pero también contra cómplices civiles; por el otro, se acentuó su desplazamiento hacia otras demandas populares no vinculadas directamente con los crímenes de la dictadura. Es decir, el nuevo discurso político que hacía de la lucha contra la impunidad una lucha por la justicia social impulsó el corrimiento de esta causa a reclamos en torno a la vivienda, la salud y la educación (Morales, 2017). La nueva actuación protagónica se manifiesta de manera clara en las palabras de Nora Cortiñas, líder de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (MPMLF), cuando sugiere “donde hay una necesidad, donde hay un reclamo, una lucha, ahí están las Madres” (Borland, 2006).

Cierto es que durante este segundo momento de despliegue de la causa de los derechos humanos, esta lucha no solo se consagra socialmente, sino que también gana un nuevo lugar en la propia esfera estatal y una misión en las luchas populares por la igualdad y la inclusión social. De este modo, el vínculo entre derechos humanos y democracia que, como vimos, se forjó durante la transición y en el primer gobierno democrático, se renueva y cobra nuevo vigor. Sin embargo, en la trama narrativa del nuevo siglo varios significados cambiaron indefectiblemente. La lucha por los derechos humanos adquiere un carácter inclaudicable, en su inscripción en “el vértice de la lucha contra toda impunidad” ¹ y la democracia y sus instituciones toman partido, dejándose guiar por esa suerte de brújula que apunta hacia el avance de la memoria, la verdad y la justicia.

Coda

Tras veinte años de iniciado ese segundo momento de amplio reconocimiento social al que aludimos recién, asistimos hoy, sin embargo, a la expansión de un escenario político de contienda en el que se disputa no solo el lugar y el rol de las agrupaciones de derechos humanos en la experiencia democrática reciente, sino también el discurso mismo de los derechos humanos forjado desde la etapa transicional. En consonancia con un ascenso pronunciado de las fuerzas políticas de derecha, se expanden con renovados impulsos los cuestionamientos sobre algunos de los consensos que alientan nuestra convivencia democrática. En particular, se pone en entredicho ese vínculo estrecho entre democracia y derechos humanos que, como hemos visto en estas líneas, ha sido el resultado de una conjunción virtuosa entre acciones políticas perseverantes e inventivas y proyectos políticos con ideales democratizantes. Es bajo este contexto que las principales referentes de Madres y Abuelas se convierten en el blanco privilegiado de críticas y difamaciones y que se ponen en duda sus principales consignas de lucha. La frase “¡No fueron 30.000!”, que circula en la retórica política de varios de los referentes políticos de las derechas, exhibe con claridad el ánimo de disputa crítica al que nos referimos.

Sin embargo, para cerrar este espacio de reflexión, me parece oportuno y necesario señalar que, aunque este escenario pueda representar importantes desafíos para el movimiento de derechos humanos (más aún ante el recambio generacional que atraviesa), no hace falta más que recordar la marcha multitudinaria en contra del 2×1, las movilizaciones en torno a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante el gobierno de Cambiemos, para advertir que la ofensiva de la derecha se topa con un legado de lucha que batalla y que insiste en no dar “ni un paso atrás”. Un legado que se resiste a ser desarticulado, y cuya insistencia se encuentra no solo en las voces de sus protagonistas, sino también en amplios sectores de la comunidad. Es decir, a lo largo de sus más de cuarenta años, el movimiento de derechos humanos ha sabido promover no solo prácticas políticas inventivas –como la ocupación de las calles, los escraches, los pañuelos, etc.– sino también un lenguaje de litigio que pervive y es hoy recuperado por otros colectivos y formas de activismo. Las hijas, las pibas, las trans-travestis, las nietas, las nuevas generaciones, deseosas de apropiarse de ese legado, reciben la herencia de las luchas de las Madres, Abuelas y Familiares, pero no solo para perpetuarla sin más, sino para hacer algo nuevo con ella, algo del orden de lo imprevisible.

Por eso, el legado de esta causa se reaviva en cada reclamo que insiste en inscribir su acontecer en los términos de ese linaje retórico-político. Precisamente ahí, en los actos ilimitados e impredecibles de ese acontecer, es que la promesa democrática que se gestó allí por el ’83 sobrevive y se proyecta en un futuro esperanzador. Ahora sí para concluir, y retomando el inicio de nuestra intervención, definitivamente este es otro de los logros de los cuarenta años de democracia, quizás y si no el más propio y preciado de todos.

Bibliografía de referencia

Aboy Carlés, G. (2001). Las dos fronteras de la democracia argentina: La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Buenos Aires: Homo Sapiens.
Barros, S. (2002). Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991. Córdoba: Alción.
Barros, M. (2012). “Los derechos humanos, entre luchas y disputas” en María Bonetto y Fabiana Martínez, comps., Política y desborde. Más allá de una democracia liberal, Villa María: Editorial Universitaria Villa María, pp. 43-74.
Barros, M.; Morales, V. (2016). “Derechos humanos y post kirchnerismo: resonancias de una década y esbozo de un nuevo panorama político”; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras; Estudios Sociales Contemporáneos; 14; 7-2016. pp 104-124.
Borland, E. (2006). “Las Madres de Plaza de Mayo en la era neoliberal: Ampliando objetivos para unir el pasado, el presente y el futuro”, Colombia Internacional, (63). pp. 128-147.
Morales, V. (2017). “Reconfiguraciones identitarias en la Asociación Madres de Plaza de Mayo: lucha contra la impunidad, radicalización y giro a la izquierda” (1983-2003), Izquierdas, 34. pp. 125-149.

Notas:
1) Palabras de Néstor Kirchner, Mensaje Presidencial a la Honorable Asamblea Legislativa, 1-03-2004. ⇑