La guerra psicológica como guerra permanente: Estados Unidos en América Latina

La guerra psicológica como guerra permanente: Estados Unidos en América Latina

La guerra psicológica conjuga aspectos políticos, económicos, culturales y militares con el objetivo de garantizar la reproducción de la idea-realidad de que este sistema es el único posible, el más justo y el más adecuado para promover la libertad. Una vez instalada la idea es difícil desarticularla por más que la realidad no se ajuste a ese presupuesto. A continuación, algunos ejemplos y sus principales operadores.

| Por Silvina M. Romano |

En la actualidad suele ser un tema recurrente el “poder de los medios de comunicación”, pues instalan temas de debate, ideas sobre lo “bueno y lo malo”, definen elecciones presidenciales e imponen determinados consumos. Sin embargo, se habla muy poco de guerra psicológica. A continuación, exponemos un breve repaso histórico fundamental para comprender cómo y para qué se siguen aplicando, hoy por hoy, estrategias de guerra psicológica, que parecen dar continuidad a la Guerra Fría en la región.

En general, se entiende a la guerra psicológica como propaganda y engaño a través de los medios de comunicación. Sin embargo, se trata de algo mucho más amplio. Considerando las prácticas implementadas desde su institucionalización (inicios de la Guerra Fría) hasta la actualidad, entendemos que incluye y combina estrategias de asistencia para el desarrollo (presión y extorsión económica), el manejo de (des)información (propaganda, programas culturales y de educación, intercambio estudiantil, formación de líderes) y de seguridad (intervención militar, en general de baja intensidad). Resumiendo, se trata de una guerra que conjuga aspectos políticos, económicos, culturales y militares.

Con el impulso de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense habilitó la implementación de operativos encubiertos en tiempos de paz, siendo las operaciones psicológicas uno de sus pilares. Así, con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, se crearon una serie de instituciones que legalizan un Estado de Seguridad Nacional y de secreto (en pos de la seguridad pública) en el que las operaciones psicológicas encarnaron la articulación entre objetivos de seguridad, el expansionismo económico de las transnacionales y la creación de espacios académicos, teorías y publicaciones que explicaban/justificaban el enfrentamiento a la “amenaza soviética”. La teoría de la modernización, el realismo en las relaciones internacionales y las diversas teorías de comunicación funcionalista-sistémicas son parte de este entramado. El objetivo del gobierno y parte del sector privado estadounidense era garantizar el flujo de recursos, materias primas y acceso a mercados en el exterior, para expandir y garantizar el “modo de vida americano”. La guerra psicológica debía orientarse a “conquistar los corazones y las mentes” a favor de dicho modo de vida.

Con respecto a América latina, en un documento secreto (actualmente público) del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense de marzo de 1953, se enunciaba que “los programas estadounidenses de información y culturales para los Estados latinoamericanos deben ser orientados a los problemas y la psicología específicos de los Estados del área, con el objetivo de alertarlos sobre los peligros del imperialismo soviético y comunista y de otras subversiones contra Estados Unidos, y convencerlos de que su propio interés implica orientar sus políticas hacia los objetivos estadounidenses”.

En esta línea, fueron de especial utilidad los medios masivos (la revista Life en español, el programa de radio La Voz de América, etc.) y las producciones de Hollywood, que abonaron a la formación de una opinión positiva con respecto a las políticas y la cultura estadounidense. Otro de los pilares de la guerra psicológica, aunque menos conocido, es el intercambio estudiantil. Esto fue promovido con la Ley de Información y Educación (llamada Smith Mundt Act) aprobada en 1948, que tenía por objetivo “habilitar al gobierno para promover una mejor comprensión de Estados Unidos en otros países y aumentar el mutuo entendimiento entre los estadounidenses y la gente de otros pueblos”. En este escenario cobró cada vez mayor importancia (y creciente institucionalización) el intercambio de estudiantes y el intercambio “cultural”. En los ’60 se sancionó la Ley de Educación Mutua e Intercambio Cultural (o Ley Fullbright) que promovió especialmente el intercambio estudiantil. Una de las virtudes de este intercambio era que atraía a jóvenes que probablemente eran o serían líderes de opinión de sectores clave en diferentes países, y que luego de una estancia en Estados Unidos, serían convencidos de las bondades de esta cultura.

Otro pilar de esta guerra era la “asistencia para el desarrollo”, muy asociada a la presión/extorsión económica. Con la refundación del sistema económico mundial en Bretton Woods, se organizó el modo en que los países centrales “financiarían” el “desarrollo” de los países periféricos. Pero el sistema de “créditos” es ante todo un sistema de dependencia político-económica. De hecho, la aprobación-negación de préstamos ha sido uno de los caballos de batalla más utilizados por el gobierno estadounidense a la hora de presionar a aquellos gobiernos que se distancian de los lineamientos planteados por el país del Norte. Fue el caso de la presión (y posterior derrocamiento) de Jacobo Arbenz en Guatemala, el embargo económico a Cuba (¡aún vigente!), la presión al gobierno de João Goulart en Brasil y el “desangramiento” de la economía chilena durante el gobierno de Salvador Allende. Esta estrategia se articulaba con campañas en la prensa local e internacional, de modo de generar un clima de caos y desesperación en la población, pues se instalaba la idea de que si estos gobiernos no recibían los créditos, sobrevendría una larga y dura crisis que afectaría a las mayorías, de la cual no habría salida. Además, la prensa estadounidense, y a nivel continental, la Sociedad Interamericana de Prensa, siempre se hicieron un espacio para criticar todas y cada una de las políticas económicas de gobiernos que se alejaran de la tutela estadounidense (calificadas como prosoviéticas, fallidas, equivocadas, destinadas a engañar la población, corruptas, etc.).

A lo anterior, se sumaban los mecanismos de asistencia para el desarrollo, encarnados en aquel momento por la Agencia para el Desarrollo Internacional y los programas de la Alianza para el Progreso (lanzada en 1961 por el gobierno de John F. Kennedy), que aplicaron programas de alta injerencia política: desde la promoción de la revolución verde hasta programas educativos e incluso el entrenamiento de las policías locales.

A partir de los ’80, acciones típicas de la guerra psicológica como asistencia para el desarrollo, programas de información y culturales, fueron integradas bajo el eufemismo de “diplomacia pública”. Con Reagan, esta diplomacia adquiere un rol primordial en tanto estrategia para obtener apoyo a nivel nacional e internacional en el contexto del triunfo del sandinismo en Nicaragua. El objetivo era “impulsar la democracia” y para ello se crea la National Endowment for Democracy (NED), con el auspicio de la iniciativa privada (aunque en gran medida financiada por el gobierno) y “sin fines de lucro”. El objetivo de la NED era (es) ayudar a construir una infraestructura democrática en sistemas políticos “débiles”. La NED financió a los medios de prensa estadounidenses para hacer propaganda a favor de la Contra, que buscaba (supuestamente) construir una democracia más sólida en Nicaragua. El objetivo no confeso era acabar con el sandinismo.

El actual gobierno estadounidense, en parte para diferenciarse de las estrategias militares directas utilizadas por su antecesor George W. Bush, ha recuperado la diplomacia pública (como algo supuestamente positivo), estrechamente relacionada a la idea de soft power (poder blando). El poder blando, por definición, se articula con el poder duro (pues ambos deben conjugarse para lograr el objetivo de afectar el comportamiento de otros) y tiene tres pilares: cultura, valores políticos y política exterior. Podemos observar que coincide con varios de los aspectos de la guerra psicológica.

Tanto el poder blando como la diplomacia pública han sido la fachada discursiva de los diversos operativos (asociados por sus ejes, objetivos y actividades, a la guerra psicológica) implementados para difamar, desprestigiar e incluso desestabilizar gobiernos de América latina que han buscado de una u otra manera, con diversos aciertos y limitaciones, hacer valer la soberanía y la autodeterminación en tanto atributos de estatidad básicos.

Uno de los casos paradigmáticos de esta guerra es la dirigida contra los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque parezca simple y repetido, el petróleo es sin dudas el eje de esta contienda, pues se trata de un recurso fundamental para la reproducción del complejo industrial-militar de Estados Unidos.

Lo primero que hay que recordar es la complicidad de la prensa nacional e internacional en el golpe de Estado de 2002, que ha sido ampliamente demostrada. Interesa entonces, sin dejar de estar alerta ante la presión permanente de los medios masivos, poner en evidencia otras cuestiones menos obvias, como el modo en que se ha articulado el sector “estudiantil” en oposición al gobierno, así como el modo en que se opera desde la academia. En los enfrentamientos de febrero de 2014 uno de los sectores que alcanzó mayor visibilidad y logró legitimidad fue el de los estudiantes. Los diversos medios de comunicación a nivel internacional comunicaron que tales levantamientos estudiantiles eran totalmente espontáneos y, por lo tanto, carentes de todo tipo de organización previa y financiamiento. Se los describe como movimientos antipartidistas, por fuera de la política, y que se basan en la “no violencia”. Tal como figura en un extracto de un manual de entrenamiento militar estadounidense, “las operaciones psicológicas recomiendan y planean el tipo de acciones como desobediencia civil, mítines y manifestaciones que degradan o neutralizan la influencia hostil en las audiencias target”.

Esto se logra mediante la articulación de parte de la elite venezolana con la elite (política, académica y empresarial) estadounidense para la formación de cuadros que operan en contra de cualquier tipo de proyecto/gobierno que atente contra los intereses del capital. Precisamente, el intercambio estudiantil y la formación de buena parte de la elite venezolana en la academia estadounidense constituyen algunas de las condiciones de posibilidad de estos supuestos levantamientos espontáneos. Sin ir más lejos, Leopoldo López, el dirigente más visible de la oposición, ha cursado parte de sus estudios en Harvard. Parte de esta dinámica busca institucionalizarse en la Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas lanzada por el gobierno de Obama y que comenzará en 2016.

El rol de la academia también ha sido fundamental, sobre todo en el mediano plazo. Dentro de esta problemática, una de las posturas desde las que se critica al “chavismo” proviene de una nueva categoría gestada a inicios del siglo XXI: “Regímenes autoritarios competitivos”. Se trata de regímenes post-Guerra Fría donde las instituciones democráticas formales son un medio para llegar al poder y que ya en funciones de gobierno, se comete fraude, se violan las libertades civiles y se abusa de la prensa y los recursos del Estado. Al mismo tiempo, se ocupan de anular las posibles acciones de la oposición.

Este concepto se presentó por primera vez en un artículo de Levitsky & Lucan, publicado “casualmente” por el Journal of Democracy, bajo el auspicio de la National Endowment for Democracy (recuérdese el rol de este organismo en la guerra contra el sandinismo) y la universidad Johns Hopkins. Los autores sostienen, por ejemplo, que México, que era un régimen competitivo autoritario, a partir de los ’90 se volcó hacia una mayor democracia; en cambio, afirman que la Venezuela de Chávez podría entrar en la definición de “autoritarismo competitivo” debido a la decadencia del régimen democrático (gobiernos elegidos libremente que desestabilizan las instituciones democráticas, por ejemplo a través de un autogolpe y continuos abusos selectivos). Desde esta perspectiva, México es una democracia ejemplar al día de hoy, aunque desde una mirada crítica está claro que se trata de un país devorado por el neoliberalismo y la privatización (¡ya se privatizó el petróleo!), la pauperización y la reactivación del terrorismo de Estado; Venezuela, en cambio, según el modelo de “regímenes autoritarios competitivos”, se aparta de la democracia al auspiciar un nacionalismo que es asociado a la “no libertad” o a los “abusos no democráticos”, lectura muy similar a la aplicada a los gobiernos nacionalistas-reformistas durante la Guerra Fría.

En otro artículo publicado en esta ocasión directamente por NED, se plantea que la democracia venezolana perdió legitimidad y legalidad debido a que Chávez convocó a múltiples elecciones, pero que eran viciadas por el sistema autoritario y de liderazgo carismático, anulando los espacios para la oposición, que a pesar de la saña del gobierno, fue “ganando terreno”. Además, se argumenta que mayor cantidad de elecciones no garantizan una mejor democracia. Eso implica asumir que una de las herramientas clave de ese sistema político no sirve. De este modo, en el caso de Venezuela “no valen” las reglas de la democracia liberal representativa como en otros lados. Los referéndums y elecciones son considerados como una mera fachada formal, cuando ha sido uno de los gobiernos en los que la gente participó en mayor número, dándoles sentido a las elecciones.

El asunto es que los profesores, investigadores y estudiantes que leen estos materiales que hemos mencionado, los cuales gozan de gran alcance por ser publicados en inglés y porque circulan en journals renombrados (tanto en el mundo anglófono como en América latina), consideran que lo que exponen es la “realidad real”. Es decir, se transforman en las “voces autorizadas” sobre el tema.

Otros gobiernos que han sido afectados por estas estrategias son los de Bolivia y Argentina. El gobierno de Evo Morales acusó formalmente al embajador estadounidense en el país (y lo expulsó) por haber participado en los procesos de desestabilización perpetrados contra el gobierno en la zona de la Media Luna, a mediados del 2008; también destituyó a la USAID (Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional) por su injerencia en cuestiones políticas. En el caso de Argentina, en el contexto de la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández y los fondos buitre, la prensa estadounidense y la local calificaron de improcedente, ilegal, etc., el planteo del gobierno, generando una especie de “caos” en la población. La sensación que comenzó a imponerse era que si Argentina no pagaba tal como lo solicitaba el juez Griesa, la economía se caería a pedazos. Lo importante es que ya instalada la idea, es difícil desarticularla, por más que la realidad no se ajuste a ese presupuesto.

No se trata aquí de quitar responsabilidades a las elites o a los grupos en el poder locales, ni de sacralizar a los gobiernos de América latina que se han opuesto (con mayores o menores contradicciones) a algunos de los lineamientos políticos, económicos y de seguridad diagramados por los gobiernos estadounidenses. En cambio, intentamos arrojar luz sobre estrategias que se vienen aplicando al menos desde la Guerra Fría pero que han tendido a invisibilizarse, habilitando una permanente injerencia en asuntos internos, vulnerando los atributos de estatidad más elementales.

Por último, deseamos destacar que el poder blando, la guerra mediática, la extorsión económica, la presencia de bases militares con fines humanitarios, las películas y series de Hollywood que banalizan las realidades locales o a las formas de vida que cuestionan al consumismo, el intercambio estudiantil y el financiamiento de programas educativos favorables al statu quo, son acciones que forman parte de la guerra psicológica para ganar “los corazones y las mentes” a favor del “modo de vida americano”, es decir, del consumo perpetuo. Se trata de diversas estrategias para garantizar lo mismo: la reproducción de la idea-realidad de que este sistema es el único posible, el más “justo” y el más adecuado para promover la “libertad”. La creciente desigualdad, las injusticias económicas, políticas y sociales que asolan a gran parte de la población mundial no son consideradas como la base del modo en que funciona el sistema, sino como “efectos colaterales” de un sistema que “funciona bien”.

Bibliografía sugerida para ampliar los temas tratados
http://www.consortiumnews.com/lostchapter.pdf
– Doctrine for Special Forces Operations (1990). Non Classified, Field Manual, April. Digital National Security Archive. Washington
– FRUS 1952–1954, Vol. IV, The American Republics, Doc. 3 Statement of Policy by the National Security Council. Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina del Historiador, Foreign Relations of the United States.
– Kornblith, Miriam (2013) “Chavismo after Chávez?” Journal on Democracy, vol 24, n 3, National Endowment for Democracy & Johns Hopkins University, pp. 47-61
– Levitsky, Steven y Way, Lucan (2004) “Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”. Estudios Políticos N. 21, enero-junio. Medellín, Colombia, pp. 159-176.
https://share.america.gov/es/preguntas-y-respuestas-sobre-la-iniciativa-del-presidente-para-los-jovenes-lideres-de-las-americas-ylai/

Autorxs


Silvina M. Romano:

Doctora en Ciencia Política, Licenciada en Historia y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Posdoctora por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y la Sociedad-CONICET.