| Por Adriana Rofman |

En el contradictorio conglomerado de imágenes que representa al conurbano bonaerense sobresalen, generalmente, los relatos sobre sus carencias y sus problemas. Poco se conoce acerca de sus riquezas: la fortaleza de su sociedad civil y, particularmente, la potencia de la participación social de base popular, que constituyen uno de los engranajes clave del desarrollo de esta gran ciudad metropolitana.

Si alguien encarara la –todavía pendiente– tarea de cartografiar el universo participativo popular en el conurbano bonaerense, encontraría una trama extensa y densa de pequeñas organizaciones de base, fuertemente vinculadas a los territorios donde nacieron. Al mismo tiempo, en nuestro país el desarrollo de la trama asociativa está estrechamente ligado con la acción del Estado y la orientación de las políticas públicas. El mapa resultante, por lo tanto, debe comprenderse en el marco del proceso histórico de formación de este tejido asociativo y su relación con los modelos de intervención estatal de cada período.

La interpretación de la realidad de la sociedad civil de base popular, entonces, no puede basarse solo en la fotografía actual, sino que resulta necesario mirarla en perspectiva histórica, a fin de capturar los distintos momentos de intervención de las organizaciones populares en la construcción de la ciudad. Los protagonistas de esas etapas siguen hoy presentes, adaptando su trabajo a los desafíos de cada momento, articulándose y transformándose mutuamente, cual capas geológicas que conforman el paisaje que captaría esa foto.

En los párrafos siguientes se presenta una sintética reconstrucción de ese recorrido, enfocando en los momentos clave del proceso, a la vez que identificando las huellas, o capas, que cada período ha dejado consolidadas hasta nuestros días en la configuración del universo participativo popular.

I. Las organizaciones vecinales, actores centrales de la urbanización

La urbanización del Gran Buenos Aires, resultado del proceso de industrialización y las consiguientes migraciones internas, es mayormente producto de una dinámica de autoconstrucción, donde los pobladores no solo fueron edificando sus propias viviendas sino también construyendo ciudad. El desarrollo de los servicios e infraestructura urbanos fue resultado de una importante inversión de esfuerzo mutuo asociativo, en compleja y variable interacción con el Estado y las políticas públicas.

Las primeras organizaciones populares nacieron a mediados del siglo pasado, con el auge de los loteos urbanos. Los recién llegados a esos espacios vacíos se asociaban para crear ámbitos de sociabilidad y de trabajo conjunto en pos de mejorar las condiciones de habitabilidad. Surgen así clubes sociales y deportivos, bibliotecas populares y sociedades de fomento, junto con otras organizaciones de vecinos que aportan colectivamente a la transformación de la cuadrícula de lotes en una ciudad habitable.

Las sociedades de fomento, en especial, canalizan el esfuerzo de los pobladores de los barrios en construcción para promover el desarrollo de los servicios urbanos en esos emplazamientos. Dos estrategias diferentes, pero complementarias, sostienen ese proceso: por un lado, la permanente demanda ante las autoridades municipales para acceder a los servicios públicos e infraestructura urbana, y por el otro, la construcción autogestionada de equipamientos comunitarios, como escuelas y centros de salud. Esta combinación de intervención estatal y autogestión para la producción de servicios urbanos queda instalada también como modalidad de gestión de los equipamientos sociales, y la colaboración con el Estado constituye la modalidad habitual de relacionamiento de estas organizaciones con las autoridades públicas. El enlace entre esta trama asociativa popular y las instituciones estatales –especialmente los gobiernos municipales– constituía de hecho una forma básica de institucionalidad pública territorial a cargo de los servicios urbanos en los momentos iniciales de la urbanización.

La implantación territorial de las sociedades de fomento sigue presente hoy en casi todos los barrios del conurbano bonaerense. A lo largo de estas décadas han ampliado sus campos de acción, incorporando actividades culturales, recreativas y educativas, que se sumaron a la tarea originaria de atender a las necesidades socio urbanas del barrio. Buena parte de estas instituciones siguen siendo actores territoriales de referencia, gracias a su temprana institucionalización y por la relación que sostienen con los organismos públicos locales.

II. Las luchas por el acceso a la tierra

Los años de la dictadura militar anuncian el fin del modelo económico desarrollista e industrializador, y llega a su límite el proceso de integración social y urbana de los sectores populares. Al declinar la venta masiva de lotes económicos, y con una demanda creciente de nuevos migrantes y pobladores expulsados de las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, la presión por el acceso a tierra urbana en el conurbano se canaliza por otras vías. Las luchas por el acceso al espacio urbano en el Gran Buenos Aires constituyen uno de los conflictos más destacados de la década de los ’80, cuando son frecuentes las ocupaciones de tierra para emplazar asentamientos irregulares y los reclamos por la regularización de la propiedad de los terrenos donde estaban asentadas las viviendas.

El movimiento vecinalista instala en el ámbito político a un nuevo actor social, formado en parte por sociedades de fomento previamente existentes, junto con organizaciones sociales que nacían en el marco de esos conflictos. La agenda y las estrategias de este movimiento se distancia de la lógica de colaboración con el Estado que primaba en el período anterior, ya que las movilizaciones y ocupaciones de tierras llevaban a fuertes confrontaciones con los gobiernos de la época.

La problemática que dio origen a este movimiento se ha mantenido vigente a lo largo de las décadas siguientes, y es así que la formación de asentamientos irregulares y la labor de las organizaciones sociales que se involucran en el problema sigue constituyendo una noticia cotidiana. Al mismo tiempo, el abordaje de la problemática del hábitat informal se ha encauzado institucionalmente, y es así que la mayoría de los actores sociales que continúan trabajando en este campo han seguido una trayectoria de formalización como ONGs, operando en el marco de políticas públicas, o en articulación con actores privados y entidades religiosas, entre otros.

III. Las organizaciones comunitarias frente a la emergencia social

El deterioro económico producto de las políticas neoliberales de la década de los ’90 lleva al incremento la desocupación y la pobreza, particularmente en el conurbano bonaerense. Este panorama impulsa la multiplicación de las organizaciones comunitarias de base dedicadas a la atención de las necesidades básicas, esto es, principalmente la alimentación. Ya la crisis de la hiperinflación de 1989 había generado numerosas “ollas populares” que fueron luego consolidándose como comedores comunitarios, y constituyen la base de las múltiples iniciativas sociales que intentaron paliar el avance de la vulnerabilidad socioeconómica durante la década siguiente.

Hablamos de una multitud de agrupaciones pequeñas e informales, algunas preexistentes y otras producto del encuentro de vecinas –puesto que son mayormente mujeres– que procuraban hacer frente al hambre a través de estrategias de autoayuda, o apelando a contribuciones externas. En esta dinámica las organizaciones comunitarias se entrelazan con la política social asistencialista y focalizada de esos años, como vía para obtener recursos que sostengan su labor.

La persistencia de la relación establecida entre esta trama organizativa de base territorial y las políticas sociales se evidencia en la consolidación de los comedores populares, que pudieron ampliar el abanico de servicios y convertirse en la red de centros de cuidado infantil que hoy ofrecen educación inicial y contención a niñes y jóvenes en todo el conurbano. Este derrotero también pone en evidencia que, como producto del vínculo de colaboración construido en esos años entre la sociedad civil popular y las políticas estatales, las organizaciones comunitarias fueron paulatinamente modelando su menú de actividades en función de la oferta de financiamiento de los programas sociales. Queda así establecido un patrón complejo de relacionamiento entre la sociedad civil de base popular y el Estado, consistente en una no siempre fluida combinación de colaboración y confrontación. La tarea asistencial desarrollada por las organizaciones populares necesita del apoyo estatal, situación que generalmente se convierte en la incorporación de las organizaciones al proceso de gestión de programas sociales; pero el papel que surge de este esquema no ha implicado reducir el mundo asociativo popular a una posición de subordinación política o clientelar, como se pudo advertir en la activa participación de este sector en la movilización de fin de siglo.

IV. La movilización política de los desocupados y el surgimiento de la economía popular

El ciclo económico neoliberal estalla a comienzos del siglo, desembocando en la tremenda crisis social, económica y política del año 2001. Durante esos meses la sociedad civil en su conjunto se movilizó en forma activa, ganando el espacio público de toda la ciudad metropolitana con marchas, asambleas populares, cortes de calles y rutas, poniendo así en acto un repertorio de acción colectiva novedoso para la tradición argentina. Los sectores populares del conurbano se sumaron a la movilización, ocupando –literalmente– el espacio público para demandar la intervención pública contra el aumento de la desocupación y la pobreza.

En los barrios populares del Gran Buenos Aires el movimiento de desocupados –o “piquetero”– no solo constituye un canal de articulación de la protesta social, sino también un espacio de ayuda solidaria frente a los efectos devastadores de la crisis. El desempeño simultáneo de ambas funciones, una más política y otra asistencial, fortalece el papel que cumplen los movimientos como instancias de interlocución con el Estado, y contribuye a cimentar el desarrollo de una red político social de fuerte inscripción territorial.

La cuestión del trabajo se presenta como el eje aglutinador de este movimiento, pero en términos bien distintos de la tradicional cosmovisión sindical, dada la progresiva reducción de fuentes de empleo. La alternativa fue la autogestión del trabajo, involucrarse en actividades económicas de producción de bienes y servicios que permitieran generar fuentes de ingreso por fuera del mercado laboral. El desarrollo de la economía popular comienza a vislumbrarse como un camino posible para salir de la crisis. Esta perspectiva, sostenida desde las organizaciones populares y también como orientación emergente en las políticas públicas, conduce a la multiplicación de emprendimientos de pequeña escala, que requieren subsidios públicos para ponerse en marcha. Este fenómeno da inicio a la incorporación de actividades productivas en el accionar del universo asociativo, tendencia que se ha extendido y profundizado en las décadas siguientes.

De este modo, las protestas enfocadas a denunciar la falta de empleo se traducían en demandas de asistencia económica para sostener las actividades de atención a las necesidades. Este nuevo universo de actores sociales del campo popular combinó, de manera original para el escenario político popular de nuestro país, la acción reivindicativa y confrontativa contra el desempleo con la generación de soluciones propias a ese problema, aunque basados en el sostén económico estatal. Siguiendo el modelo previo, como los recursos necesarios para sostener los proyectos socioproductivos provenían mayormente de las políticas sociales, las organizaciones de origen “piquetero” fueron también involucrándose en los entramados de gestión de las políticas públicas.

La participación popular ante la crisis emerge con toda la fuerza de la protesta pública, pero en paralelo a su demanda confrontativa va adoptando las pautas básicas de la interacción entre las organizaciones de la sociedad civil con el Estado establecidas en momentos anteriores, consolidando así el modelo de relacionamiento que ha continuado desarrollándose hasta nuestros días.

V. Fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil

La recuperación de la presencia estatal y el crecimiento económico de la década kirchnerista fueron, paulatinamente, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población popular del conurbano. La trama de la sociedad civil que articula a este universo también muestra los impactos de estas transformaciones. Superadas las urgencias que obligaban a concentrar los esfuerzos en la asistencia a las necesidades básicas, comenzaron a ganar espacio otras problemáticas en la agenda de las asociaciones de base, que expresaban una mirada más compleja de la desigualdad social. La situación de los jóvenes excluidos, el acceso a la cultura y la comunicación, la violencia de género, la situación ambiental, entre muchos otros temas, fomentan una interesante diversificación de la agenda y de los actores que conforman el ámbito de la sociedad civil popular.

El panorama que cabía encontrar en los barrios populares del conurbano en este período daba cuenta de una trama densa donde se mezclaban agrupaciones provenientes de diferentes recorridos, desde el vecinalismo de los ’60 y ’70, las organizaciones comunitarias de los ’80 y ’90, el movimiento de desocupados de la crisis, y una multiplicidad de nuevas agrupaciones dedicadas a los temas del siglo XXI: la comunicación, la cultura, los derechos, que recuperan agendas movimientistas del siglo anterior. En este universo se encontraban organizaciones dedicadas a la cuestión de la habitabilidad urbana, otras que prestaban servicios sociales diversos –cuidado, recreación, culturales, etc.–, organizaciones que incursionaban en actividades económicas, productivas y de provisión de servicios, así como agrupaciones que se ocupaban de problemáticas relativas a la vigencia de derechos sociales y urbanos, entre otros. En su gran mayoría, estas agrupaciones continúan combinando las tareas de ayuda mutua para generar servicios y productos que permitan atender sus necesidades, con la intervención pública, incluso de orden político, en la reivindicación de sus derechos y el reclamo de soluciones a sus problemas. Organizaciones “multifunción”, que articulaban actividades asistenciales y productivas con acciones de claro sentido político de denuncia de la desigualdad, en una perspectiva de derechos.

En este sentido, la recuperación de funciones por parte del Estado no solo implicó la reorientación de las políticas sociales en un sentido de promoción social y de universalización de la cobertura, sino que también contribuyó a reconfigurar las demandas de la sociedad en términos de derechos de ciudadanía. Muchas organizaciones recogieron esta perspectiva y redefinieron las orientaciones de sus intervenciones en una perspectiva superadora del asistencialismo, particularmente en uno de los campos principales de la acción asociativa: la atención de niñes y adolescentes.

Por otro lado, y muy relacionado con la centralidad que asigna el gobierno kirchnerista al desarrollo de las políticas públicas de promoción de la economía social, se consolida la incorporación de actividades económicas en el menú de acción colectiva de las organizaciones. Una reorientación nada sencilla, ya que el desarrollo de pequeños emprendimientos económicos, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, redes de comercio justo, etc., implicó, tanto para las organizaciones que venían de una historia de asistencia comunitaria como para las que habían crecido sobre un repertorio de acción confrontativo, entrar en una lógica de trabajo diferente, regida por criterios económicos que se entremezclaban con los principios solidarios y/o reivindicativos anteriores.

El fortalecimiento del respaldo estatal de la participación popular, tanto en el plano político como económico, reafirma el rol que desempeñaban las organizaciones populares en la gestión de las políticas sociales. En consecuencia, se fortalece la trama asociativa existente y se multiplican nuevas iniciativas, conformando así una trama organizativa territorial consolidada y fuertemente imbricada con las orientaciones de las políticas públicas.

En síntesis, el fin de este período encuentra a una sociedad civil popular sumamente activa y sólida, resultado tanto del fortalecimiento de la vinculación con el Estado como de la recuperación y actualización de agendas, repertorios de acción y modalidades organizativas desarrolladas en etapa anteriores.

VI. Una sociedad civil popular activa y movilizada hace frente al nuevo contexto

El cambio de gobierno en el nivel nacional y provincial de fines de 2015 trae consigo transformaciones muy significativas en el rumbo de las políticas económicas, y vuelve a amenazar el fantasma, cada vez más visible, de la declinación económica. En paralelo, las medidas de ajuste fiscal llevan a reducir el apoyo estatal a las políticas sociales que sostenían buena parte de las actividades del mundo asociativo popular.

Este escenario hace recordar los difíciles momentos de la década de los ’90, pero la respuesta de la sociedad no es la misma. En especial, la intensidad de la reacción social a las políticas de cuño neoliberal evidencia que la densidad organizativa de la sociedad civil del conurbano se ha sostenido durante el período de gobierno de Cambiemos, y que la fortaleza de sus agendas de acción –la tarea de integración social, la promoción de la economía popular, y la movilización política en reclamo de sus derechos– no se ha debilitado durante estos años.

Dentro del vasto universo de agrupaciones y acciones que siguen articulando a la sociedad civil de base popular en el conurbano, sobresalen dos espacios destacados: el movimiento de la economía popular y el feminismo popular.

La cuestión de la economía popular se ha convertido en eje central de articulación del sector mayoritario del mundo asociativo. En particular, el espacio que nuclea a tres grandes redes de organizaciones populares –conformado por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie– se erige como una de las principales representaciones de la sociedad civil popular frente al Estado en este período. Aun si estos tres movimientos exhiben posiciones políticas y construcciones institucionales diferentes, comparten una trayectoria fuertemente engarzada en la movilización “piquetera” de fin de siglo, que ha recorrido las etapas siguientes ampliando sus campos de intervención y fortaleciendo su inscripción territorial. Apoyados en la extensa base social que han construido a lo largo de ese proceso, durante los últimos años aparecen como referentes centrales de la dinámica de participación ya descripta: tarea asistencial y de promoción del trabajo autogestionado sostenido en parte por las políticas estatales, combinado con una persistente movilización pública confrontativa por demandas sociales.

En segundo lugar, se distingue en estos años recientes el acelerado crecimiento del movimiento feminista, movilización que incluye una muy significativa participación de las agrupaciones populares. Probablemente, buena parte de las protagonistas de esta movilización formaban parte de los espacios asociativos desde la época de las organizaciones comunitarias, y salieron a la calle en los días de la ocupación piquetera. En los años recientes, la creación de espacios de género en las organizaciones sociales expresa la rápida expansión del “feminismo popular”, fenómeno que también se evidencia en la creciente afluencia de mujeres de sectores populares a los Encuentros Nacionales de Mujeres y a las marchas públicas. La incorporación de la cuestión de la violencia de género en la agenda de esas organizaciones constituyó un impulso fundamental para el desarrollo posterior de una conciencia feminista, que luego se extendió sobre otros temas más disruptivos, como la paridad sexual en la dirección de las agrupaciones, los derechos sexuales y el aborto, entre muchos otros.

Se agregan a estos dos grandes troncos una multitud de agrupaciones, iniciativas, redes, que siguen construyendo colectivamente una sociabilidad popular, creando canales de integración social, demandando mejoras urbanas, y defendiendo derechos vulnerados… haciendo todo a la vez.

En un contexto de retracción estatal, y de veloz degradación de las condiciones de vida, la sociedad civil de base popular constituye un pilar fundamental en el sostenimiento de niveles mínimos de integración social y una cotidianeidad relativamente pacífica y democrática. El universo participativo que se ha construido, fortalecido y diversificado a lo largo de la historia de crecimiento urbano del conurbano bonaerense constituye un patrimonio social de incalculable riqueza para este territorio.