| Por Alejandro Simonoff |

El objetivo de este artículo es mostrar las estrategias de Mauricio Macri y Alberto Fernández hacia Malvinas –caracterizadas por un fuerte contraste entre ellas–, y cuáles pueden ser algunos de los caminos que se podrían seguir en esta materia. Mientras el primero de los mandatarios privilegió el desarrollo de negocios con Gran Bretaña, como parte de un concepto más general de inserción económica a la tríada Estados Unidos, Europa y Japón, donde la discusión de soberanía pasó a un segundo plano, el actual presidente , más centrado en un discurso a favor de recuperar recursos y capacidades para optimizar nuestra presencia global, centró su estrategia en la cuestión de fondo.

Desde 1983 hasta diciembre de 2015 predominaron gobiernos que optaron por reencauzar la discusión de soberanía en términos bilaterales, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, no sus deseos. La excepción a esta tendencia general ha sido el gobierno de Carlos Menem con su política de promocionar la pesca y los hidrocarburos que siempre terminaron beneficiando a la potencia ocupante y una estrategia de seducción hacia los kelpers.

La Presidencia Macri: negocios por soberanía

Desde un primer momento la gestión conservadora de Mauricio Macri definió la relación con Gran Bretaña como una oportunidad para hacer negocios, comercio e inversión, dejando en un segundo plano el reclamo soberano. Así lo expresaron en varias oportunidades sus cancilleres, la ingeniera Susana Malcorra y el embajador Jorge Faurie.

En agosto de 2016 la nueva premier británica, Theresa May, envió una carta al presidente Macri abogando por la negociación de dos temas relegados, y de interés británico, en la Cuestión Malvinas: la ampliación de las frecuencias de vuelos y el levantamiento de las restricciones que habían sido impuestas por el gobierno de Cristina Fernández para realizar prospecciones de petróleo en el territorio en disputa.

Al mes siguiente, estos pedidos fueron tomados en cuenta por la administración de Cambiemos, como se observó en la Declaración Conjunta Argentino-Británica, conocida por los apellidos de sus firmantes, el vicecanciller de Argentina, Carlos Foradori, y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, Alan Duncan, en donde se trataron aquellos temas reclamados por la primera ministra, bajo el auspicio de la fórmula del Paraguas de la Soberanía establecido en los Acuerdos de Madrid. Además se incorporó el inicio del proceso de identificación de los caídos en el cementerio de Darwin.

Como hace veinte años, se habilitaría la extracción y explotación de recursos naturales, que también son objeto de disputa, bajo la promesa de hacerlo conjuntamente –cosa que en el pasado ya se impidió– y difiriendo sine die la cuestión de fondo.

A pesar de las quejas británicas sobre la falta de avance de la Declaración Foradori-Duncan ante la demora en la remoción de obstáculos a los vuelos hacia el archipiélago, permitir el desarrollo del comercio, navegación, pesca e hidrocarburos de las Islas, lo cierto fue que para el gobierno conservador ese instrumento jurídico funcionó como una hoja de ruta. Una muestra de ello fue la reunión en Londres del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) de noviembre de 2019, en la cual se trataron temas de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, pero está claro que, como ocurrió en varios asuntos vinculados a Malvinas en esa administración, solo progresaron las iniciativas británicas.

En el plano petrolero, y como parte de su estrategia de “cooperación” económica, la Secretaría de Energía argentina adjudicó áreas de explotación petrolera en el área de Malvinas a varias compañías, algunas de ellas vinculadas a los kelpers.

A fines de 2017 se avanzó en la identificación de 88 tumbas de las 123 que no lo estaban y se encontraban en el cementerio de Darwin. Más allá del reconocimiento a los caídos resultó preocupante cómo el problema de fondo, la discusión sobre la soberanía de las Islas, continuó encapsulado en esa remake de los fundamentos de la fracasada política de seducción de los años noventa.

El compromiso por despejar esa agenda de los temas de pesca y petróleo, que es una solución a los problemas logísticos y de costos de las explotaciones económicas de nuestros recursos para los británicos, pareció desarrollarse al margen de ciertos eventos positivos como la confirmación de la ampliación de nuestros límites marítimos, el Brexit y el fallo por la cuestión de las islas Chagos.

Aunque el territorio en disputa está exceptuado, el reconocimiento por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas de la incorporación de 1.633 kilómetros cuadrados de nuestra superficie marítima ha sido un gran logro para el criterio de integridad territorial sostenido por Buenos Aires en la disputa.

El resultado del referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea (Brexit) fue otra noticia favorable para esta cuestión, tanto económica, dada la dependencia de la economía pesquera isleña con el Viejo Continente, como diplomáticamente, ya que podría marcar una nueva perspectiva de Bruselas sobre nuestra disputa colonial.

Sin embargo, para el canciller macrista Jorge Faurie, el Brexit sería una oportunidad para crear confianza con los isleños y para la firma de un acuerdo de libre comercio con los británicos, no para defender nuestros intereses en disputa.

Ante la requisitoria periodística, y dada la similitud con Malvinas, la Cancillería argentina fue consultada si iba a utilizar el recurso de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), frente a la disposición de esta sobre la cuestión de Chagos en la cual sentenció a Gran Bretaña a abandonar el archipiélago a favor de la República de Mauricio, el embajador Faurie lo descartó.

Esta decisión de la CIJ sobre Chagos fue reforzada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual se hizo eco de esta medida y votó por 116 votos a favor, 6 en contra (Gran Bretaña y Estados Unidos entre ellos) y 56 abstenciones, con una resolución que exige a Londres el retiro del archipiélago del océano Índico. Los británicos indicaron su oposición a cualquier tipo de acción judicial por Malvinas y Gibraltar, a pesar de resaltar la buena relación existente con los países demandantes.

El interés del gobierno argentino por “hacer negocios, comercio, inversión” que solo usufructuaron los británicos, junto con descuidar importantes procesos políticos internacionales, producto de la subordinación de la disputa de soberanía, fueron su marca distintiva. No ocupó un lugar relevante y resultó evidente la incomodidad que generó en el diseño general de su estrategia internacional.

La Presidencia Fernández: el retorno de la cuestión de soberanía

El gobierno de Alberto Fernández nos permite rescatar algunas medidas implementadas que marcaron cambios con respecto a la administración anterior.
La primera fue la restitución del rango de secretaría al área encargada de Malvinas en la Cancillería –marcando la relevancia otorgada a este asunto, como ya había ocurrido con la Alianza y el kirchnerismo–, y el nombramiento primero de Daniel Filmus para encabezarla, quien ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Cristina Fernández, y luego en septiembre de 2021 por el ex diputado mendocino Guillermo Carmona.

Por otra parte, durante el año 2020, el Presidente logró que el Congreso aprobara tres proyectos de ley vinculados a la cuestión: el primero, la creación de un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas, destinado a garantizar una estrategia común en el largo plazo para la cuestión, que depende de la Presidencia y está integrado por diversos sectores políticos, académicos y sociales; otro que contribuye a proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del Mar Argentino, y que demarcó el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, y el último, producto de un trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, para elevar las sanciones y multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas.

Todas estas iniciativas tienen como objetivo reafirmar y darle estatus de política de Estado al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas, así como también proteger nuestros recursos naturales en el área en disputa.

En su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas de 2020 el Presidente no solo reafirmó nuestros derechos sobre el archipiélago, sino que reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones por la disputa territorial. En el marco de las acciones en esta materia, Felipe Solá marcó que, a diferencia del gobierno anterior, sí se aprovechará el Brexit para la cuestión, ya que la Argentina le solicitó a la Unión Europea que deje de considerar a Malvinas como un territorio de ultramar y lo considere uno en disputa.

El incremento del reclamo por parte de Buenos Aires llevó a que el primer ministro británico Boris Johnson declarara que las fuerzas armadas británicas mantendrán su presencia permanente en las Islas Malvinas. Para el gobierno de Fernández los británicos utilizan argumentos no reconocidos por las Naciones Unidas, como la conquista por la fuerza, para evitar el diálogo, y sostiene que la base militar atenta contra la Zona de Paz del Atlántico Sur, ya que es una amenaza, no solo para la Argentina, sino para toda la región.

A diferencia de la administración conservadora que veía en el Brexit una oportunidad para la firma de un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña, la actual busca crear mejores condiciones para que la comunidad internacional acompañe el reclamo argentino.

Con respecto a la explotación ilegal de los recursos naturales, el gobierno argentino reanudó un proceso, abandonado durante la gestión anterior, de sancionar a empresas petroleras que cuentan con licencias ilegales.

La injustificada y desmedida presencia militar británica con la instalación de armamentos y ejercicios bélicos realizados habitualmente por la potencia ocupante es producto de queja constante por Buenos Aires. Un ejemplo de aquello fueron las conclusiones de la Revisión Integrada de Defensa, Seguridad, Desarrollo y Política Exterior del Reino Unido luego del Brexit, presentadas por el premier Boris Johnson, quien destacó la búsqueda de asociaciones con países latinoamericanos basados en valores democráticos, crecimiento inclusivo y resiliente, de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur y el interés mutuo en abordar el cambio climático, pero por otro lado ratificó la presencia de sus fuerzas armadas en Malvinas. Con respecto a las primeras cuestiones, fueron recibidas con cierto escepticismo por el Palacio San Martín, ya que ve como incompatible la realización de una alianza estratégica mientras exista ocupación militar de una parte del territorio argentino, y las segundas motivaron una fuerte declaración de rechazo por el desconocimiento de los británicos a argumentos reconocidos por las Naciones Unidas y el sostenimiento de la instalación castrense que afecta a la Zona de Paz del Atlántico Sur.

Conclusiones

Desde la guerra el objetivo de los diferentes gobiernos argentinos fue volver a una negociación que resuelva la disputa utilizando dos estrategias disímiles, cuestión que permitió que hasta ahora los distintos gobiernos británicos no mostraran el menor interés por ello, utilizando argumentos lejanos al derecho internacional.

El esfuerzo de nuestro país debe ser lograr un cambio de actitud de la potencia ocupante. Para ello, las Naciones Unidas proveen el marco para disminuir las asimetrías existentes entre ambos países en las negociaciones, y con un arco tan variado e importante de apoyos no será extraña una solución acorde a nuestros intereses.

En el caso del gobierno conservador de Mauricio Macri, como en otros casos de gobiernos globalistas, mostró un desinterés por la cuestión territorial, aunque manteniendo cierta formalidad, y se concentró en cómo podría aportar a la vinculación con la hiperglobalización.

La administración de Alberto Fernández ha ido construyendo una serie de instrumentos tendientes a sostener una estrategia que se sustente en el largo plazo, la cual atienda los requerimientos específicos para reafirmar nuestros derechos y sumar poder en la búsqueda de una negociación.

Un elemento que queremos incorporar en esta reflexión, y que excede a la cuestión bilateral, es el efecto de la globalización en la disputa. En términos muy generales este proceso de unificación operativa de la economía mundial viabilizó entidades políticas que distan mucho de ser los estados-nación de otrora. Por ese motivo encontramos elementos que podrían reforzar la posibilidad de una independencia de las islas. Pero esta situación es una complicación marginal al eje del debate, no uno nuevo, como se pretende recientemente. La cuestión sigue siendo la violación de nuestra soberanía por parte del Reino Unido en 1833.

Aunque en la Argentina no debemos desatender esta cuestión, y tomar medidas que no permitan la depredación de nuestros recursos allí y el desarrollo autónomo que permita la sustentabilidad de dicho enclave colonial.

La globalización puede ser una calamidad o una ventaja, depende de qué aspectos nuestro país resalte para sacar el mayor provecho posible. Por eso, en algunos temas económicos de la globalización, como las discusiones por los subsidios agrícolas en la OMC, la Argentina y el Reino Unido tienen posiciones similares. También en el ámbito de las Misiones de Paz, ambas naciones han desarrollado prácticas conjuntas, y eso es sumamente positivo. Ambos temas pueden servir para acercar posiciones indirectamente y generar un clima de confianza necesaria para abordar el tema principal.

Para ello se requiere pensar en el largo plazo. Porque el problema a la larga no es instrumental, sino temporal. Los ingleses siempre especularon con esta cuestión y por eso plantean soluciones en el mediano y largo plazo porque saben que serán rechazadas por los gobernantes argentinos, más apremiados por respuestas rápidas, en el corto plazo.

La administración del problema como una urgencia nos llevó a más de medio siglo desde la sanción de la 2065, el logro más importante en esta materia, una guerra y casi cuarenta años de esta última, a un horizonte sin solución a la vista. Si lo pensamos y actuamos en el mediano y largo plazo, lograremos no solo una solución satisfactoria, sino en términos temporales más breves de los que ya lleva la cuestión.