Las estadísticas son una herramienta fundamental para el diseño de una política criminal, pero las autoridades suelen utilizarlas para influir en la opinión pública y obtener réditos políticos. El desafío de hacer un uso correcto para lograr mejores análisis.

| Por Gabriel Elías Ganon* |

«…una sociedad que no posea un
sistema judicial está expuesta, como se
ha dicho, a la escalada de venganza,
a la aniquilación pura y simple que
denominamos violencia esencial…»
Rene Girard

Entre las estadísticas criminales y las designaciones oficiales: política y comunicación

Las estadísticas oficiales sobre la criminalidad no sólo son indispensables para el análisis de lo criminológico sino que se han convertido una herramienta clave para el diseño de la política criminal. En ocasiones, cuando los índices delictivos varían, su análisis y explicación es determinante.

Sin embargo, para no caer en el alarmismo estadístico-periodístico debemos tener en cuenta que con frecuencia las cifras provistas por las agencias gubernamentales suelen ser manipuladas, en más o en menos, por motivaciones políticas. La hipocresía ligada a la política y, de manera más general, a los medios de comunicación, coloca las ficciones al servicio de la construcción de la realidad. Es bastante conocido que esto ocurre porque la cotidianidad discursiva se encuentra más que nunca atravesada no sólo por los condicionantes históricos, económicos y sociales, sino especialmente por los medios de comunicación.

Por eso, está fuera de toda duda que cuando las designaciones oficiales sobre la criminalidad se divulgan a través de los medios de comunicación esas crónicas son “existencias” metódicamente representadas. Si bien es cierto que no conforman un mundo autosuficiente, pueden contribuir a determinar la agenda política y determinan los sentidos de nuestras interpretaciones.

Edgar Hoover, el FBI y la manipulación política de los índices delictivos

Quizás el pionero en la utilización de las estadísticas criminales para usos políticos haya sido el primer director del FBI, J. Edgar Hoover. Un verdadero maestro en el arte de la manipulación de la opinión pública y en el uso de índices delictivos para justificar sus pedidos de incremento presupuestario en la lucha contra el delito. Uno de sus más conocidos artilugios fue afirmar frente a sus detractores que no los entendía, porque su presupuesto era inferior en varias veces al valor de los bienes robados que la agencia recuperaba anualmente. La construcción simbólica de Hoover se basaba en dos premisas sencillas. La primera consistía en computar los robos de autos como crímenes esclarecidos, aun cuando no se identificara a los autores del robo, una vez que el vehículo aparecía. La segunda, no menos importante, consistía en saber que el 90% de los robos de autos eran a bienes en uso. Así, se mostraba a la prensa una impactante caudal de dinero acumulado y de hechos esclarecidos en el total de crímenes contra la propiedad.

Pasado el tiempo, el FBI continuó divulgando mentiras, sin vacilación ni vergüenza, para continuar justificando sus incrementos presupuestarios. En este punto sólo nos interesa rescatar dos ejemplos vinculados con el registro de las muertes violentas. El primero fue la eliminación de la distinción entre los tipos penales en el recuento anual de los homicidios. Con ello se buscaba lograr un impacto creciente y por eso se decidió colocar bajo un indicador único los asesinatos (en inglés “murder”: matar a alguien con premeditación, alevosía, ensañamiento, precio, etc.) y los homicidios (en inglés “manslaugther”: matar sin premeditación, en legítima defensa, en una pelea, en un asalto, etc.). De esta manera la opinión pública comenzó a recibir un informe estadístico en el que todos los hechos se registran en forma equivalente. Es cierto que el público sabe, nadie lo duda, que no es lo mismo matar a alguien en legítima defensa, en el marco de una pelea, o por dinero, pero como los detalles parecen ocultos resulta imposible saber cuáles muertes han sido de una manera y cuáles de otra. En este camino, las policías locales, siguiendo directivas precisas, comenzaron a registrar como homicidio todo. Así, se convirtieron en “homicidios” también aquellos casos en los que el agente policial, tras encontrar una persona muerta, no podía determinar la causa del fallecimiento. De esta manera, en el registro quedaba como “homicidio” cualesquiera fuesen las conclusiones forenses derivadas de la autopsia o las decisiones del fiscal a cargo del caso (suicidio, legítima defensa, etc.). El segundo caso fue poner bajo la lupa la habitual conclusión estadística de que en general en los homicidios la victima conoce a su ejecutor. Para ello se construyeron nuevos registros y se informó a la prensa un crecimiento en la cifra de “asesinatos entre extraños”. Sin embargo, nada había cambiado demasiado en la realidad. El mayor porcentaje de homicidios se continuaba produciendo por problemas intrafamiliares o por violencia machista. La nueva categoría incorporada, “homicidio entre extraños”, encerraba un misterio. Las investigaciones criminológicas que se sucedieron demostraron que la gran mayoría de los hechos computados como “homicidios entre extraños” respondían a una casuística particular. Internamente se los clasificaba como “drive and shooting” (conducir y disparar) y se relacionaban con disputas territoriales entre pandilleros para controlar el negocio del tráfico de estupefacientes. Los hallazgos comprobaron que encasillar como “asesinato entre extraños” es poco menos que dudoso porque existen pocas chances de pensar que víctima y agresor no se conocían previamente.

Este curioso proceso estadístico sirvió para incrementar la sensación de inseguridad ciudadana, pero especialmente para negar la ineficacia de la agencia, que sólo durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994 había sufrido un descenso de más del 5% en las cifras de esclarecimiento de homicidios en relación con lo ocurrido en los diez años anteriores.

La manipulación de las estadísticas criminales de este lado del Atlántico. La Argentina, Santa Fe, Rosario y el brutal crecimiento del índice de homicidios en 2011

Con una lógica similar a la descripta, que conduce tanto al ocultamiento como a la confusión de la opinión pública, se distribuyeron comentarios, datos y explicaciones oficiales en la provincia de Santa Fe cuando se conocieron los números de homicidios en el 2011 para la ciudad de Rosario (170). Los números que colocaban a la ciudad de Rosario con una tasa de 13 cada 100.000 habitantes llamaban a la reflexión. Más aún cuando la tasa había variado muy poco desde 2007 (115 en 2007; 120 en 2008; 124 en 2009; 126 en 2010). Sin embargo, lejos de intentar dar un diagnóstico o elaborar explicaciones sobre las causales de semejante crecimiento, las autoridades santafesinas intentaron cercar la interpretación mediante la utilización de un sinnúmero de seductoras frases clichés. Así, se comenzó por instalar la idea de que “…los números suelen ser engañosos porque la suma de los homicidios no implica mayor inseguridad, como sí lo suponen las muertes violentas ocurridas en ocasión de robo…”, ejemplificando que “…sólo uno de cada diez homicidios ocurrió en ocasión de robo…”, o finalmente que ese tipo de violencia es una violencia incontrolable porque ocurre entre delincuentes que “ajustan sus cuentas”. Las explicaciones oficiales instalaron una idea que seducía a la lectura social equivocada vedando el acceso al intento de acciones de políticas preventivas.

Información oficial e información pública: la construcción de la realidad cotidiana

Así las cosas, las crónicas policiales que se editan sobre la información que entrega a la prensa la propia policía suelen decir cosas como las siguientes al referirse a los crecientes homicidios urbanos: “Ejecutaron en Rosario a un joven a balazos en un ajuste de cuentas: Un joven de 23 años fue asesinado este viernes a primera hora de la tarde en la esquina de Oroño y La Broca (extensión de Jorge Cura). En el lugar, donde hay una estación de servicio y también un local de la cadena de locales de comida rápida McDonald’s, se generó un gran revuelo, ya que es una zona muy transitada. La víctima, identificada como Gabriel Matías M., estaba parada junto con otra persona en la ochava noreste, donde hay un minimarket, cuando varias personas que se movilizaban en motos le dispararon desde los mismos rodados, para luego darse a la fuga. Según indicaron fuentes policiales en base a la declaración de testigos, los autores de los disparos gritaron «Te encontramos, acá estás» antes de tirar. Con ese dato, los investigadores suponen que el asesinato fue el resultado de conflictos interpersonales previos entre la víctima y los agresores. El cuerpo tenía once impactos de bala. En tanto, en el piso, había doce vainas servidas. Los agresores usaron aparentemente una escopeta de caño recortado. Según trascendió, luego del ataque la persona que estaba junto a la víctima salió corriendo y aparentemente tiró un arma calibre 32 que fue encontrada después por la policía. El joven asesinado contaba con antecedentes policiales por hechos menores: resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Hasta este viernes a la noche, la Brigada de Homicidios de la Policía tomaba declaración a testigos y buscaba a los autores de los disparos…” (Nota Rosario 3 Digital 31/3/12).

Como las crónicas periodísticas son popularmente aceptadas como manifestaciones de la realidad. La “noticia” que se encuentra pegada a los datos policiales reproduce sin filtro la retórica policial. El relato contiene prejuicios sobre víctima y victimario e implícitos conceptos de venganza, culpabilidad y castigo. En cierto sentido, transforma el desorden en orden. La secuencia se inicia con el “ajuste de cuentas”, continúa exhibiendo territorios y personas fuera de la ley del Estado. Así, en clave cinematográfica, la realidad exhibe dos caras. La primera, la legitimación de la idea de la venganza cuando se trata de venganza entre delincuentes. La segunda, mucho más sutil que la primera: se instala la idea de que la intervención de las agencias del Estado en la represión del delito se encuentran eximidas de intervenir y castigar.

De esta manera queda siempre fuera de análisis inmediato y futuro las relaciones directas de la violencia con el Estado, la economía y la estructura social. La simplificación informativa termina atentando contra el corazón del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Todo se reduce a colocar el eje en una eventual “guerra de bandas”. No hace falta aclararlo demasiado pero es bastante conocido que, en el lunfardo, el ajuste de cuentas no es otra cosa que la “la justicia o venganza practicada entre delincuentes”. Esta forma de hablar que se introduce desde la comunicación oficial/policial del Estado termina acostumbrando, naturalizando la violencia, legitimando represalias, armando a los individuos. Pero instala en el sentido común la simulación/aceptación de que todo se trata de una “pelea entre iguales fuera de la ley” y oculta que la venganza es un dispositivo que históricamente ha socializado a través de la violencia.

Decía Jean Paul Sartre que las palabras no son objetos sino designaciones de objetos. Poco importa si agradan o desagradan, importa sólo si denominan a las cosas con precisión. Claramente hablar públicamente en una sociedad democrática con tanta naturalidad discursiva corroe el modelo de monopolio de la violencia legítima. Si bien es cierto que la cultura de masas dificulta el acceso a la profundidad del lenguaje, no menos cierto es que transmite prejuicios sin delatarlos. Por eso, como decía Walter Benjamin, cada día que pasa se hace más necesario “…forjar a martillazos el lenguaje a contrapelo de la costra que ciega a la palabra desgastada por el uso, la máscara que ahoga a la palabra convencional, la rigidez que asfixia a la palabra burocrática…”. Por eso, no podemos ni debemos permitir que desde el mismo Estado se instale como idea cualquier simplificación y/o clasificación para rotular lo que no es ni más ni menos que un homicidio, como cualquier otra cosa, ya sea como “ajuste de cuentas” o “conflictos interpersonales”. Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación, con intereses particulares o sin ellos, continúan haciéndose eco de las comunicaciones oficiales facilitando que la idea de la venganza privada y/o del ajuste de cuentas sea naturalizada en el sentido común. Poco importa si detrás de esos crímenes que probablemente jamás sean castigados lleguen otros y/o se escondan “negocios ilegales” ajustados y tolerados por la policía.

Por eso, el paulatino descenso de la temperatura debería conducirnos al análisis y reflexión sobre los indicadores de homicidios, para que el tiempo, otras noticias o el cambio de estación no se lleven los recuerdos de la sucesión de muertes anunciadas, ocurridas con el comienzo del verano y ancladas todas en razones tan diversas como complejas. Bajo este sentido, para que todas ellas sean recordadas, leídas y descifradas con un único código, debemos comenzar por afirmar con insistencia que ninguna de todas esas muertes es más o menos valiosa que la otra. Todas deben perdurar con igual intensidad en la memoria colectiva para evitar su olvido o canalización, porque la muerte de Elías Gabriel Bravo, “Jeri” Trasante, Adrián “Patón” Rodríguez; Claudio “Mono” Suárez; Alejandro Darmiño; Jesús Ronane; Carlos Honores; Daniel Pérez; Darío Cardoso; Julio Zalazar; José Sauco; Marcelo Farías; Cristian Ocampo; Ramón Humeres; Edilse Cicarelli; Ariel Herrera; Sebastián Castro, Carlos Arriola; Juan Pablo Fadus; Rodrigo Jara; Damián Urquiza; Maximiliano Gómez; Carlos Medina; Ramón Andrada; Eduardo Camarún, Nicolás Varela, Alberto Palomares, Walter Gómez, Marcelo Traico; Nicolás Benítez; Juan Gonzalo Mansilla; Daniel Burgos, Claudio Fernández; Jonathan Arias; Jonathan Alexis Morales; Alicia Ruggeri; Domingo Sánchez; Rodrigo Arostegui; Fabio Acosta; Irina Rojas; Damián López; Gustavo Gabriel Cáceres; Carlos Hoffken y Gabriel Melián tienen en común, o al menos deberían tener, el mismo poder de revelación.

El único dato permeable es el que desde que comenzó el año han muerto en la 2ª Circunscripción, en forma violenta, 49 personas, casi todos varones y muy jóvenes. Este paradigmático dato de muertes violentas en ascenso debe servir para comenzar a pensar en explicaciones plausibles que tomen en consideración no sólo “razones” individuales coyunturales, sino también aquellas fuertemente estructurales. En el contexto resulta tan inútil considerar al delito como un defecto superficial extirpable de urgencia, como interpretar que los autores de semejantes injustificables conductas, que merecen castigarse, hayan sido la consecuencia de un padecimiento moral individual. Afirma Rene Girard que en un mundo donde sigue volando la idea de la venganza privada se debe evitar alimentar ideas equívocas sobre ella. En este sentido, no caben dudas de que clasificar a los homicidios como “ajuste de cuentas” o “riñas interpersonales”, se quiera o no, termina por legitimar la inacción tanto judicial como policial para otorgar legitimidad a la venganza privada. Es bastante conocido que el sentido dado a las cosas oculta su interpretación.

No sólo porque la mera referencia a arcaicas ideas comunes que responden a un trabajo de definición, recolección, clasificación y de convención facilita tanto el transcurrir normal del pensamiento como permite excluir del ojo de la polémica a las autoridades estatales que tienen la obligación de sancionar y castigar. No es otro que el sistema de justicia penal el encargado de alejar la idea de la venganza privada. Por eso no resulta para nada casual que se reproduzcan las protestas clamando justicia. Con este sentido, vale la pena preguntarnos por ejemplo entre otras cosas: ¿cuántos de estos crímenes aún se encuentran impunes porque no han sido encontrados sus autores materiales? ¿Quiénes son las agencias estatales (policías, jueces y fiscales) que han fracasado en la investigación y el castigo de sus culpables? ¿Cuáles cambios han facilitado la transición regresiva del monopolio estatal de la violencia hacia la venganza sanguinaria o el mal llamado ajuste de cuentas? ¿Cuánta relación existe en el fracaso del ejercicio de la punición estatal en el regreso de la cultura del duelo o de los códigos mafiosos de venganza personal? ¿Quién o quiénes pueden ocultar su responsabilidad apelando a clasificaciones diferenciadas en un hecho que penalmente es un homicidio? Si tratándose como se trata de que en la mayoría de los casos víctima y victimario se conocen, comparten edades, dificultades de inserción social, vecindario y clase, ¿cuáles son las causas que viabilizan y facilitan la resolución violenta de sus disputas? Aunque la muerte no es más que la peor violencia que puede sufrir el hombre, la situación no excluye que como consecuencia de negligencias compartidas los hechos sigan revelando la humana finitud de la existencia.

* Profesor de planta permanente de grado y posgrado de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario. Defensor General de la Provincia de Santa Fe.