| Por Luis Suárez Salazar |

En el contexto de las diversas contiendas políticas, diplomáticas e ideológico-culturales (incluidas las vinculadas a la defensa de la memoria histórica de los pueblos y las naciones de Nuestra América) que se desplegaron en los diferentes foros gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la ya célebre VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá, en la media tarde del 11 de abril de 2015 se realizó la primera reunión formal sostenida desde el triunfo de la Revolución Cubana (1º de enero de 1959) entre un presidente de ese país y un mandatario estadounidense.

El respeto mutuo y las expresiones de cordialidad que rodearon los encuentros que se produjeron entre Raúl Castro y Barack Obama, tanto antes como después de esa histórica reunión, sus afirmaciones de que habían acordado dirimir sus múltiples desacuerdos por vías negociadas y “civilizadas”, al igual que su disposición a valorar las posibilidades de cooperación en diversos asuntos de interés mutuo, globales o hemisféricos, no pueden ni podrán ocultar las grandes dificultades que aún subsisten para emprender los diversos pasos que en el porvenir más o menos cercano pudieran conducir a la anormalización de las relaciones oficiales de los Estados Unidos con Cuba.

Fundamento esas afirmaciones en la reiterada exigencia del gobierno de ese último país de que sus futuras interrelaciones con la actual o las futuras administraciones de los Estados Unidos tendrán que desarrollarse sobre la base del más absoluto respeto a la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo cubano, al igual que sin injerencias, ni directas ni indirectas, en sus asuntos internos y externos.

Como se ha demostrado a lo largo de la historia y se sigue demostrando en la actualidad, la violación de esos principios del Derecho Internacional Público Contemporáneo (consagrados en las cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos) ha formado parte de la normalidad con la que el gobierno permanente y sucesivos gobiernos temporales de los Estados Unidos –incluido el de Barack Obama– han desarrollado sus interrelaciones políticas, diplomáticas, económicas, militares y el campo de “la seguridad” con diversos Estados del mundo y, en particular, con los ubicados al sur del río Bravo y de la península de Florida.

Cual indicaron varios jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe en sus correspondientes discursos en la VII Cumbre de las Américas, así como los cerca de 3.000 participantes en la Cumbre de los Pueblos, una de las muestras más recientes de ese comportamiento imperial fue la infundada y para algunos “ridícula” orden ejecutiva del presidente Barack Obama que el 9 de marzo del presente año declaró que el actual gobierno de la República Bolivariana de Venezuela era una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de la principal potencia del mundo.

A pesar de las aclaraciones previamente realizadas por Obama acerca de que, en su consideración, “Venezuela no era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni este para la seguridad nacional de Venezuela”, en la lógica del sistema político estadounidense ese ucase legitima “legalmente”, al menos, la aplicación de sanciones unilaterales contra el gobierno venezolano, al igual que todo el apoyo político, económico, mediático, abierto o encubierto que, con diferentes pretextos, diversas agencias del gobierno o del Congreso les han venido ofreciendo a todas aquellas organizaciones de “la sociedad civil” venezolana que, por diferentes medios, incluso violentos, han tratado, y en el futuro inmediato seguirán tratando, de derrocar al gobierno constitucional de ese país.

Por ello, y contando con el apoyo de todos los demás gobiernos latinoamericanos y caribeños –incluido el de Cuba–, de los gobiernos integrantes del Movimiento de Países No Alineados, así como de más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos de diferentes países del mundo, esa directiva fue enérgicamente rechazada por el presidente Nicolás Maduro en el discurso que pronunció ante la VII Cumbre de las Américas. En este reiteró la exigencia de que Barack Obama derogue formalmente esa “orden presidencial”, así como que adopte medidas para desmontar “la maquinaria de guerra psicológica, política, económica y militar” que, con el concurso de su embajada en Caracas y con el apoyo de sus agentes internos, ha venido tratando de “acabar con el proyecto revolucionario venezolano y con los logros sociales alcanzados en los últimos 16 años”.

Según las informaciones difundidas, esas y otras demandas fueron reiteradas por el presidente de ese país en el encuentro bilateral que, a instancias de todos los gobiernos integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sostuvo con Barack Obama unas pocas horas después de que este se reunió con Raúl Castro. Como han indicado varios analistas, aún habrá que ver cuáles serán los efectos prácticos que esa breve y sincera reunión (en la que, en las palabras de Nicolás Maduro, “se dijeron todas las verdades”), al igual que las eventuales negociaciones que en el futuro inmediato se desarrollen entre ambos gobiernos, tendrán en las diversas estratagemas empleadas por sucesivos gobiernos estadounidenses contra la Revolución Bolivariana desde 1999 hasta la actualidad.

En cualquier caso, el reiterado rechazo del gobierno y del pueblo cubano a todas esas acciones intervencionistas en los asuntos internos y externos de la República Bolivariana de Venezuela y su irrestricta solidaridad con el gobierno y el pueblo de ese país, contribuyen a explicar el criterio que –según el canciller cubano, Bruno Rodríguez– le expresó Raúl Castro al presidente Barack Obama respecto de que las relaciones diplomáticas entre sus correspondientes países se restablecerán “cuando exista una atmósfera de avenencia en las relaciones de Estados Unidos con todos los países del continente” y concluyan todos los procesos pendientes en ese país con vistas a crear “un contexto adecuado” para instalar sus correspondiente embajadas en Washington y La Habana.

Sin dudas, los sólo parcialmente conocidos acuerdos a los que arribaron Raúl Castro y Barack Obama en su reunión del 11 de abril, así como la decisión de este último (anunciada tres días después) de excluir a Cuba a más tardar en los próximos 45 días de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional que, de manera unilateral, todos los años elabora el Departamento de Estado, seguramente contribuirán a acercar la fecha en que se protocolizará el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Estas han sido valoradas por ambos mandatarios –y en especial por Raúl Castro– como uno y sólo uno de los primeros pasos del largo, complejo, difícil y, en mi consideración, aún incierto proceso que algún día conducirá a la genuina normalización de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba.

Mucho más porque, como indicó Raúl Castro en el discurso que pronunció en la Tercera Cumbre de la CELAC efectuada en Costa Rica a fines de enero de este año y de alguna manera reiteró en su primera y aclamada intervención en las Cumbres de las Américas que hasta ahora se han celebrado, para arribar a esa meta será imprescindible que el actual presidente estadounidense, además de utilizar sus facultades ejecutivas con mayor decisión que la que hasta ahora ha demostrado, logre que el Congreso de su país derogue todo el andamiaje político-jurídico que, desde 1962, ha fundamentado el genocida bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. En particular, la agresiva y extraterritorial Ley Helms-Burton promulgada por el presidente William Clinton en marzo de 1996.

A ello Raúl Castro agregó que el actual o el futuro gobierno de los Estados Unidos que resulte electo en noviembre de 2016 también tendrá que resarcirle al pueblo cubano, sin condiciones de ningún tipo, los daños humanos (entre ellos, 3.478 muertos y 2.099 discapacitados) y los inconmensurables costos económicos (valorados en cientos de miles de millones de dólares) que le han causado las multifacéticas agresiones perpetradas por sucesivos gobiernos estadounidenses desde los primeros meses de 1959 hasta la actualidad.

Asimismo, que devolverle a Cuba el territorio que ilegalmente ocupa desde hace más de un siglo la base naval estadounidense ubicada en la entrada de la Bahía de Guantánamo, interrumpir las trasmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales que se siguen realizando desde los Estados Unidos (incluidas las que realizan las mal llamadas Radio y TV Martí) y, sobre todo, archivar definitivamente sus proclamadas pretensiones de producir, con métodos más sofisticados y eficaces que los que hasta ahora se han empleado, el “cambio del régimen” político, económico, social y cultural –expresamente identificados con los ideales del socialismo– que, con el consistente apoyo de la mayoría absoluta de la población cubana, se ha venido construyendo en Cuba desde hace exactamente 54 años.

En mi concepto, mientras el gobierno permanente y el actual o los futuros gobiernos temporales estadounidenses no abandonen ese avieso objetivo, tanto en su narrativa como en sus diversas prácticas orientadas a fabricar una oposición artificial a la revolución, el pueblo cubano, su actual y sus futuros gobiernos –comenzando por el que será electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 24 de febrero de 2018– estarán constantemente obligados a resignificar las sabias y vigentes alegorías planteadas en 1891 por José Martí en su célebre ensayo Nuestra América:

“Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la presa. […] No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima…”.