| Diálogos políticos: buscando consensos |

El jefe de los diputados radicales planteó que para el futuro el país tiene cuatro ejes a abordar en su agenda: la reparación institucional, el desarrollo económico, la inclusión social y la inserción en el mundo.

Para Ricardo Gil Lavedra –presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical–, la Argentina tiene que aprovechar el contexto internacional. En conversación con Voces en el Fénix, criticó al oficialismo porque “en el momento de mayor crecimiento no consiguieron disminuir la pobreza y la desigualdad”. El objetivo es alcanzar “un mínimo de calidad de vida decente para todos los argentinos”.

–¿Qué modelo de país se aspira a construir desde el radicalismo?

–No me gusta la palabra modelo, está muy gastada. Prefiero pensar en cuál es el arquetipo, la forma, en la que se tiene que desenvolver el país. ¿Qué es necesario en la Argentina para poder consolidar el proceso democrático? Porque entiendo que la posibilidad de alcanzar una democracia sustantiva, una democracia plena, es lo que va a permitir que alcancemos a ser como los países inclusivos, con imperio de la ley, con un mínimo de calidad de vida decente para todos los argentinos. Las sociedades, cuando funciona el sistema democrático, van discutiendo cómo van reformulando su modelo de desarrollo, sus políticas. Y eso lo van decidiendo a través de las elecciones. Yo quisiera que la Argentina aproveche algunos nichos de oportunidades que tiene: impulsar la agroindustria, el turismo, la minería, las políticas integradas con Brasil, que va camino a ser un país poderoso en el mundo. Hay que empezar por el comienzo: ¿cuáles son los mejores mecanismos para el proceso democrático, que lleva consigo el ideal del autogobierno? Toda democracia lleva consigo una promesa: que la gente viva mejor, el bienestar colectivo. La democracia se legitima por dos cuestiones: sus procedimientos y su finalidad. El presupuesto es la soberanía popular. Pero el procedimiento la legitima con el cumplimiento de las reglas votadas que tienen el consenso, probablemente no de todos, pero sí hay un consenso de que deben regir esas reglas. Es probable que el sistema jurídico recoja las preferencias de la mayoría, no de la totalidad. Pero la totalidad tiene como preferencia vivir bajo un marco jurídico. Ese es el procedimiento democrático. La finalidad es que el Estado, que es el instrumento que tiene la democracia, pueda ser capaz y eficiente para que la gente viva mejor. Cuando esto no sucede, es cuando vienen estos desencuentros, que se trasuntan en el desencanto, en las crisis de gobernabilidad. En las crisis profundas de representación. Porque el sistema no está dando las respuestas para la cual está pensando.

–La democracia no pudo “dar de comer, educar y curar”…

–No cabe duda que se puede alcanzar esto con la democracia. Porque permite que el colectivo alcance esos objetivos. Es el sistema que nos da las herramientas necesarias para que todos podamos decidir nuestro destino libremente.

–En el Gobierno dicen que ellos tienen un modelo inclusivo y que la oposición no.

–Sinceramente, me parece que hay mucho de declamación. Por más que coincida en algunas de las cuestiones que el Gobierno plantea como finalidades, no coincido en la manera como las plasma y tampoco creo en su sinceridad política. No creo que sea este un gobierno progresista, aunque dice serlo. Este es el período más extraordinario argentino, no por la política, sino por el contexto enorme de oportunidades que se le dio a la región en la cual todos los países de la región han crecido a tasas bárbaras, y la Argentina también. Y sin embargo no hemos conseguido disminuir el núcleo duro de la pobreza. Estamos en los mismos porcentajes. En el momento de mayor crecimiento, no consiguieron disminuir la pobreza y la desigualdad. Algo no se está haciendo bien.

–¿Qué continuidades existen con los ’90?

–Los ’90 también fueron la época de la gran expansión del neoliberalismo en el mundo, que había empezado en los ’80. Muchas de las recetas que se aplicaron en todo el mundo hubiera sido muy difícil que no tuvieran su influencia acá en la Argentina. El justicialismo menemista aplicó con una crudeza extrema el Consenso de Washington que implicó el equilibrio de las cuentas públicas, privatizaciones y la disminución de la intervención del Estado en la economía dando paso a una gran desregulación, hasta un extremo enorme. Y esto trajo aparejado que gran parte de la población no entrara en este esquema y se generaran cuestiones muy graves de indigencia. Pero hay algunas cuestiones de los ’90 que yo creo que son rescatables. Hoy en día no puede discutirse que el Estado es un formidable redistribuidor de bienes y servicios. Lo que si se discute es que el mercado no puede regular la política. Eso tiene que ser a través de la intervención del Estado, que tiene que regular porque es el único que puede distribuir con equidad. Hay fenómenos que nacieron o se intensificaron en los ’90 de los cuales no se vuelve: la globalización, la sociedad digital, la aldea global cada vez más extendida, la penetración del comercio internacional. Son cuestiones que son imprescindibles para cualquier sociedad contemporánea. Es necesario que las sociedades, los gobiernos, los Estados, puedan establecer cuáles son las condiciones, intervenir en los mercados y en algunos aspectos de la economía para que el ingreso pueda ser distribuido con mayor equidad y la necesidad de que haya políticas activas tendientes a que haya un mínimo de goce y de disfrute de bienes públicos y de derecho.

–¿Se puede alcanzar una democracia social?

–Sí. Cuando nace la democracia social proviene de las primeras décadas de la implosión liberal en los ’30, cuando aparecen los derechos económicos y sociales que se van incorporando de modo generoso en todas las cartas constitucionales. Ahora estamos asistiendo a un fenómeno nuevo: la expansión de los derechos de la ciudadanía, la ciudadanía social. Esta concepción parte de pensar que cada hombre es portador por sí mismo de un conjunto de derechos y obligaciones inalienables. La sola existencia de una persona la hace acreedora de esos derechos. Eso hace que los Estados tengan que establecer políticas activas para poder asegurar la ciudadanía plena.

–¿Cómo se explica que pese al crecimiento a tasas chinas que hubo en estos últimos años aún siga habiendo muertes por desnutrición?

–Eso es un crimen. Si hay un derecho básico es el derecho a la vida, a no morir de hambre. La mortalidad infantil, la gente que vive en condiciones de indigencia, son cuestiones que resultan inaceptables. En definitiva, no importa qué tan pobre o rica sea una sociedad. Aun las sociedades que tengan menor producto bruto lo pueden repartir con mayor justeza y puede alcanzar para comer. Un principio básico de justicia es que los recursos tienen que distribuirse con algún grado de igualdad y si hay poco tiene que haber más reparto. Esto hace a un principio de justicia básica en cualquier sociedad. En consecuencia, la enorme deuda que tiene pendiente la democracia está en ese campo. Una democracia de pobres es una pobre democracia.

–¿Cómo se puede acabar con el hambre en la Argentina?

–Las políticas sociales en los Estados democráticos se tienen que basar en el principio de la universalidad, porque parte de la base de un derecho humano. Todos los derechos del hombre son universales, los tienen todos por su sola condición de tales. Es de una enorme importancia el debate que hubo acerca de la Asignación Universal por Hijo. Podría plantearse que ha sido un paso adelante, pero no es universal. Es una extensión de los beneficios de la seguridad social, a los trabajadores que no estuvieran registrados, pero lleno de condicionalidades y precariedades. La senda a recorrer tiene que ver con atacar la indigencia. No creo en los programas focalizados, desnaturalizan el rol central de un derecho.

–¿Qué medidas distributivas proponen que no hayan sido tomadas hasta ahora?

–La cuestión de la fiscalidad es un capítulo central. Tenemos una enorme cantidad de impuestos regresivos, que no gravan a la manifestación directa de la riqueza, sino que lo hacen de manera lateral, a todos por igual, con lo cual pagan igual los ricos y los pobres. El IVA es enormemente regresivo. La posibilidad de gravar directamente la renta es una cuestión pendiente. Para esto no hacen falta cosas muy extraordinarias. Esto ya ocurre en el mundo desarrollado. Los sistemas fiscales apuntan a capturar las rentas. Es un capítulo esencial en materia de distribución.

–¿Cómo generarían la fuerza ante las resistencias que generaría una decisión de este tipo?

–Las sociedades tienen que desarrollarse económicamente. Hay que entrar en una obsesión por el desarrollo económico. Esto no es incompatible con que el desarrollo económico, a la vez, traiga aparejada una distribución más justa y equitativa de los ingresos. Un dato de la Argentina y de la región es que los gobiernos democráticos han tenido poca capacidad de dar respuestas con sus políticas públicas, en sus programas de gobierno. Esto es porque hay, como bien se apunta en la pregunta, grupos concentrados de riqueza, sectores económicos o sindicales sumamente poderosos, poderes fácticos, que en realidad impiden u obstaculizan a los gobiernos populares que intentan llevar adelante sus propuestas. ¿Cuál es la solución? Más democracia. El poder del voto. La posibilidad de que las sociedades puedan cambiar el poder del gobierno. En democracia, la fortaleza de los gobiernos es el voto del pueblo. Las transformaciones que tenemos que hacer tienen que venir acompañadas por el respaldo democrático de la sociedad. El consenso tiene que ser popular. Cualquier fuerza política va a estar en capacidad para aplicar su programa de gobierno si tiene un apoyo muy fuerte.

–¿Sienten que se reconcilió el radicalismo con la sociedad?

–Se percibe una muy fuerte recuperación del partido, en el interior del país, en los actos, en la calle. Hay una expectativa social. Espero que estemos a la altura y que podamos dar una alternativa que la sociedad acepte. En definitiva, el pueblo decide con su voto. La recuperación del radicalismo es un elemento muy benéfico para todo el sistema político. No puede haber por definición una democracia representativa sin partidos políticos. Y no es por conveniencia o utilidad. La crisis de los partidos políticos abarca a la sociedad en su conjunto. Necesitamos partidos más fuertes, creíbles.

–¿Hay más pasión en los debates políticos?

–Es muy buena la deliberación pública, que supone el intercambio sobre la base de un mínimo ideal de información común. Lo que no le hace falta a la sociedad es el discurso divisor que plantea todo en términos de amigo y enemigo, blanco o negro, el discurso que alimenta la segmentación constante, la pelea por la pelea, las riñas inútiles. Se olvida para qué se discute: para llegar a un consenso. La democracia es la búsqueda de acuerdos a través de la discusión y la deliberación. El demócrata busca poder arribar a un acuerdo, a un consenso. Para eso discute con el otro. No es para humillarlo, para sojuzgarlo. En la Argentina se instaló la descalificación permanente al otro. Esto no responde a un espíritu democrático. Y esto le hace mal al conjunto de la sociedad. Hay que aprovechar todo lo bueno que se ha venido haciendo: todos los gobiernos tienen cosas buenas. Lo que necesita la Argentina es cordialidad. Un período de mayor unidad nacional, para tratar de forjar acuerdos básicos, que son los que permiten tener un horizonte más prolongado que da legitimidad a las políticas públicas: políticas de largo alcance que se extiendan mucho en el tiempo. Esto lo va a decidir la sociedad, sin duda. La gente está esperando vivir en paz y que nos pongamos de acuerdo en algunos puntos básicos. Y atender a estas dos grandes cuestiones: desarrollarnos, pero a la vez con inclusión.

–¿Cómo lograrían esto?

–Un eje es la reparación institucional. Es el procedimiento de la democracia que supone que todos nos vamos a sujetar a la ley, que recoge los límites al poder y los derechos. No entiendo a los progresistas que desprecian la ley. Los hombres no nacemos libres e iguales. Es la ley la que dice que debemos ser tratados como libres e iguales. Y que tienen que ser los gobiernos y los Estados los que a través de sus políticas nos hagan llegar a un nivel mínimo de igualdad y de dignidad. Hay que recuperar la credibilidad pública, la previsibilidad del país. Tiene una importancia mayúscula. Encarar un crecimiento económico: las metas tienen que ser crecer, crecer y crecer. Crear riqueza, producción, trabajo. Y simultáneamente tenemos que asegurar un mínimo común para todos. Quebrar la desigualdad la pobreza. Es posible salir de la pobreza extrema, de la indigencia, muy rápidamente si un gobierno se lo pone como objetivo. Por ejemplo, en la discusión del 82 por ciento móvil para la jubilación, lo que está en juego es un derecho básico. Nosotros creemos que con lo de la ANSeS alcanza. Y si no alcanza, habrá que distribuir recursos de otra manera. En un presupuesto de 300 mil millones, 25 mil o 30 mil millones, si se cumple con la sentencia de la Corte, no pueden ser un impedimento. Todo gobierno debe establecer prioridades. Y esta es una de ellas. Aparte de la reparación institucional, desarrollo económico e inclusión social, el otro eje es la inserción de la Argentina en el mundo. Hay que volver al mundo de las naciones civilizadas, con relaciones normales. No hay una estrategia clara. Hay que apostar a la región muy fuertemente. Brasil es una de las próximas potencias mundiales. La Argentina tiene que diseñar su política exterior para volver a ser creíble y confiable.