Las medidas y proyectos desarrollados por el gobierno en los últimos años tienden a consolidar un modelo de acumulación del capital transnacional desconociendo las consecuencias sociales, económicas y ambientales que las mismas ya tienen sobre la población y la naturaleza.

| Por Tamara Perelmuter* y Carla Poth** |

Durante la década de los ’90 el Estado argentino llevó adelante medidas administrativas de rápida implementación con el fin de dinamizar las transformaciones del sector agrario. A los dispositivos de control de la salud y el ambiente se sumaron la creación de organismos de asesoramiento como la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria (CONABIA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), rápidamente disuelto y vuelto a instalar años más tarde. La presencia de estas medidas, junto a la desregulación de la economía, favoreció la introducción masiva de las semillas transgénicas y el paquete que las acompaña. La liberalización de la soja transgénica, en 1996, significó el primer paso para la consolidación de este modelo biotecnológico en el agro argentino. La inserción del paquete “semillas transgénicas- agroquímicos-siembra directa” implicó, así, la reconfiguración de las relaciones de producción.

Estimulado por las empresas transnacionales como Monsanto, Cargill y Nidera, este modelo generó un triple proceso en el que se advierte la concentración económica, de la naturaleza y de los saberes. Con la concentración económica se visualizó la apropiación de tierras y capitales y la consecuente expulsión y desempleo de productores rurales que, en muchos casos, se asociaron para conformar movimientos campesinos o de pequeños y medianos productores. Estos actores agrarios perdieron su autonomía con el aumento del control de las empresas agroindustriales sobre las variedades de semillas patentadas. La tendencia hacia el monocultivo orientado a la exportación vulneró las economías regionales al transformar la soja transgénica en el principal commodity, desplazando otras producciones importantes para el mercado interno y también para el externo. La dificultad del Estado para proteger los recursos naturales favoreció la concentración de la biodiversidad en las empresas transnacionales. Los conocimientos alternativos fueron desplazados y expropiados a través de un nuevo sistema de patentes consolidado en los tratados internacionales. Como resultado, se vieron fuertemente vulneradas la soberanía y la seguridad alimentaria.

En la actualidad, con el modelo de producción plenamente consolidado tanto en términos económicos como políticos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) se encuentra aún a la cabeza de la implementación del mismo.

Hacia el análisis de las políticas vigentes en torno al modelo biotecnológico

Actualmente, la Argentina es el segundo productor mundial de Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) y posee 22 eventos liberados para la comercialización, de los cuales tres son de soja, tres son de algodón y los 16 restantes de maíz. Además, encontramos la novedad de que entre estos últimos se encuentra liberada una variedad de maíz que incluye la combinación de dos eventos, la tolerancia al glifosato –RR– y la resistencia a Lepidópteros –BT–.

Durante 2010, el 100% de la superficie sembrada con soja fue transgénica, así como el 90% de la de maíz y el 75% de la de algodón. Sólo en ese mismo año se recibieron casi 230 solicitudes para liberación de OVGM, en su mayoría eventos asociados a resistencia a enfermedades o tolerancia a herbicidas. Al mismo tiempo, en el período que va de 1997 a 2011, el uso de agroquímicos para la producción se incrementó de 28 a 300 millones de litros. Finalmente, al día de hoy, el 82% de los productores en el país poseen el 13% de las tierras cultivadas, mientras que sólo el 4% tiene el 65% de las mismas.

Estos datos brindan una noción de la envergadura de un modelo que se encuentra en pleno funcionamiento.

La ciencia en el Estado

El Estado, durante los últimos años, ha consolidado políticas que promueven la producción de las biotecnologías, al tiempo que reconfiguran sus aspectos regulatorios.

En estos términos, desde el Estado se fomenta la producción de conocimiento aplicado al mercado, abandonando otros espacios de investigación básica. La ley 26.270 de Promoción del Desarrollo y Producción de Biotecnología Moderna, de 2007, y la constitución del Instituto INDEAR, en Rosario, son algunos de los ejemplos de esta apuesta del gobierno argentino a la investigación y generación de estas nuevas tecnologías. Así, la producción del conocimiento se configura sobre dinámicas que sirven a la consolidación de un proyecto político donde la reproducción de las dinámicas del mercado capitalista impera, al tiempo que se sostiene una aparente “neutralidad” y un también aparente “progreso científico-tecnológico”. En estas dinámicas preponderan el “secreto académico” y la relación entre el sector público y el privado, ya sea en el marco del financiamiento a universidades (donde el caso más paradigmático es el de la Maestría de Agronegocios, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires), centros de investigación o programas concretos de desarrollo de biotecnologías (como el convenio de fomento de la investigación suscrito entre Monsanto y el CONICET denominado “Animarse a aprender”).

Pero el fomento de estas tecnologías no sólo surge de las políticas de promoción. Los espacios donde se regulan estas tecnologías (CONABIA), y las medidas que lo hacen, establecen mecanismos que facilitan el desarrollo de las biotecnologías sin una apertura crítica de espacios de debate. Estas instancias de regulación se encuentran hegemonizadas por intelectuales que adscriben a un modelo de ciencia que se sostiene sobre dos pilares fundamentales.

Por un lado, impone la supremacía del método científico positivista, el cual sirve a la creación de una forma unívoca para definir cuál es el riesgo de los transgénicos y cómo se mide (con evaluaciones de impacto en el medio ambiente y la salud humana). Si bien existen sobradas evidencias científicas que definen las consecuencias negativas que los transgénicos han conllevado a las economías locales, o la desarticulación de sociedades enteras por la migración y el desempleo, ninguno de estos elementos es considerado al momento de analizar el posible “riesgo” de los transgénicos a liberar. En estos espacios de decisión política no sólo no participan académicos provenientes de disciplinas diferentes a la biología molecular o la ingeniería agronómica, sino que tampoco se visualiza o contempla la participación de los múltiples sujetos implicados en la problemática, ya que indefectiblemente sus argumentos no se sustentan en el discurso científico. Incluso, cuando de las consecuencias en la salud se trata, si bien las principales características evaluadas e incorporadas a OVGM son la tolerancia a herbicidas, y aunque se corroboran paulatinamente las consecuencias concretas del crecimiento en el uso de agroquímicos, la medición del riesgo en la salud no contempla la definitiva asociación que tienen los transgénicos con los agroquímicos. Estos últimos son analizados de manera independiente a su uso y, en la actualidad, no son regulados por ningún tipo de legislación nacional (son todas de carácter provincial o municipal).

Por el otro, los sujetos y las miradas políticas disidentes no tienen representación en estos espacios por el aparente hecho de tener opiniones políticas o “politizadas”. Estas miradas no se sostienen sobre la búsqueda de neutralidad científica, sino que representan intereses específicos que no permiten el “progreso” de la ciencia. Es en este marco que, por ejemplo, el informe sobre el glifosato elaborado por el Dr. Andrés Carrasco, que confirma las denuncias acerca de que el uso del herbicida genera malformaciones en embriones animales, ha sido negado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; de la misma manera que organismos como el CONICET cierra filas, poniendo límites a la libre expresión de sus investigadores, siendo sólo las autoridades quienes pueden expresar opinión desde ese organismo.

Así, se observa que en estos espacios de decisión política la ciencia se consolida como un elemento fundamental para la construcción de un consenso (que se sostiene sobre el silenciamiento a las posturas críticas al modelo biotecnológico agrario) que permite el desarrollo de medidas tendientes al fortalecimiento y expansión de un modelo agrario que extrae y produce valor para la acumulación capitalista. En este sentido caminan las reformas realizadas al marco regulatorio para la liberación de semillas transgénicas que, desconociendo elementos básicos del principio de precaución, dejando en intereses privados los mecanismos de monitoreo de las evaluaciones, y continuando con una dinámica que ignora problemáticas concretas del modelo (como es el caso, por ejemplo, de la contaminación por glifosato), agilizan los tiempos de liberación a los fines de competir comercialmente con Brasil en lo que respecta a la temática.

Propiedad intelectual y Ley de Semillas

Cuando analizamos la posición adoptada por el gobierno en torno a la cuestión de las leyes de semillas y la propiedad intelectual, el planteo se vuelve ambivalente. En este tema es nodal analizar el cobro de regalías a los productores. Para el caso de la soja RR, Monsanto nunca la patentó en nuestro país, por lo que quedó en dominio público y se difundió masivamente. A partir de 2002 la empresa comenzó a ejercer intimidaciones a los productores por el supuesto uso ilegal de las semillas cobrando regalías en los puertos de destino de exportación de la soja de aquellos países donde sí tienen la patente. En julio de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resolvió mediante un fallo que la compañía “no puede prohibir” la comercialización en Europa de la harina de soja argentina que contiene, en estado residual, una secuencia de ADN patentada por la empresa estadounidense en algunos países de Europa pero no en la Argentina. El Estado argentino, mientras que por un lado se enfrentó a Monsanto en torno a la cuestión de las regalías con un discurso público muy fuerte en contra del accionar de la empresa, por el otro intentó compensarla con la constitución de regalías globales que la beneficiaban directamente. Al mismo tiempo, el gobierno nacional se mostró muy complaciente con el proyecto de reforma de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas Nº 20.247 que tiende a recortar los derechos de los pequeños productores hacia la libre circulación de semillas, concentrando aún más las mismas en manos de las grandes corporaciones.

¿Alimentos o energía?

En lo que respecta a la cuestión de los agrocombustibles, observamos un posicionamiento sin fisuras por parte del Estado a favor de la promoción de su producción y comercialización, tanto a nivel nacional como para la exportación. En estos términos, el modelo de producción biotecnológico se motoriza y profundiza (aumentando la cantidad de hectáreas producidas y fortaleciendo la presencia de los insumos biotecnológicos). Como un claro ejemplo de esto, en febrero de 2010 se oficializó la distribución de un cupo de unas 859.820 toneladas entre 19 empresas elaboradoras de biodiesel, para cumplir con el corte del 5% previsto por la legislación. Este corte luego se incrementó al 7% y el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de elevar al 10% la cantidad que debe mezclarse para 2012. La capacidad de producción de biodiesel se ha cuadruplicado en el país. Según estimaciones oficiales, durante 2011 la Argentina produjo alrededor de 2,5 millones de toneladas de biodiesel (en base a aceite de soja), de las cuales unas 700.000 se destinaron a abastecer el mercado interno para cumplir con el corte obligatorio establecido en la legislación. Con estos datos, hoy la Argentina es el 8° productor mundial de biodiesel y el mayor exportador.

Para el año 2012, en tanto, el gobierno argentino alentará la producción de biocombustibles con exenciones impositivas cercanas a los U$S 450 millones, según prevé el proyecto de Presupuesto de la administración pública, elevado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Esa cifra prácticamente duplica (es 97,5% superior) el estímulo concedido en 2010, cuando se puso en marcha el régimen para la producción y uso sustentable de biocombustibles, creado por la ley 26.093, sancionada en 2006 y reglamentada el año siguiente. La norma exime a los fabricantes del sustituto energético del pago de los impuestos a los combustibles; sobre el gasoil y el GLP; y a las naftas y el GNC, lo que ya representó en 2011 beneficios por 1.682 millones de pesos.

Así, mientras el gobierno plantea la necesidad de estimular la soberanía alimentaria, en el marco de este emprendimiento de producción energética, vemos que la producción de soja se vuelve fundamental e inevitable a los fines de proveer energía, realizándose en detrimento de otras producciones agrícolas, fundamentales para la alimentación. Además, se promueve una mayor concentración de la cadena en empresas multinacionales petroleras, biotecnológicas y de autos, que deciden sobre los nuevos paisajes rurales de América latina en general y la Argentina, en particular.

Las frutillas de la torta

A fines del 2011 se aprobó una ley enviada al Congreso por el gobierno nacional que estipula que no podrá haber más de un 15% del territorio rural argentino en manos extranjeras y cada extranjero no podrá tener más de 1.000 hectáreas a su nombre. Las estimaciones –porque no hay un catastro bien confeccionado– indican que las tierras hoy en manos de extranjeros oscilan entre el 7 y el 10 por ciento. De esta manera, fijar un límite del 15% prácticamente convierte al proyecto en uno de promoción para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La problemática de la concentración de la tierra es un tema crucial, pero no sólo por capitales extranjeros sino también por capitales nacionales. Así lo demuestran las más de 18 mil hectáreas propias y las más de 150 mil arrendadas que posee Gustavo Grobocopatel. Asimismo, no sólo debe discutirse el origen, extranjero o nacional, de quien la posee, sino que es relevante debatir el uso social de la tierra, es decir, para qué se utiliza y qué tipo de modelo agroalimentario estamos reproduciendo en el país. El proyecto hace alusión a la tierra como un recurso estratégico natural escaso y no renovable. Desde los albores de la agricultura, la tierra fue utilizada como un recurso renovable en el que ciclo tras ciclo hombres y mujeres extraían sus alimentos. Esto implica que la instancia de “renovabilidad” del suelo está vinculada con el uso que se hace de él y con el tipo de producción que se realiza.

Nada dice la ley acerca del acaparamiento de tierras mediante el cual gobiernos importadores de alimentos comenzaron a comprar o arrendar grandes superficies de tierra en África, Asia y América latina con el fin de producirlos. El caso local más emblemático es el de las 240 mil hectáreas entregadas a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang a partir de un acuerdo firmado con la provincia de Río Negro, para el cultivo de soja, además de derechos de irrigación y la concesión del puerto atlántico de San Antonio.

Nada dice tampoco de los reclamos que vienen haciendo desde hace décadas las víctimas del modelo, como el freno a los desalojos que impulsan las organizaciones campesinas; la reglamentación y efectivo cumplimiento de la Ley de Bosques que impida los desmontes, y la prohibición de las fumigaciones en zonas pobladas.

Estos elementos se fortalecen luego de la aprobación del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2020. El plan establece un crecimiento de 150 millones de toneladas de granos para el 2020, aumentando la superficie producida con granos de 34 a 42 millones de hectáreas. En el marco de este proyecto se busca fomentar el desarrollo de las tecnologías agrarias ya vigentes a los fines de aumentar los rindes, al tiempo que se “incorporan” nuevos productores a las grandes escalas productivas del modelo. De esta manera, se busca profundizar la exportación, en detrimento de la producción de alimentos para el consumo interno, y se apuesta al aumento del uso de insumos agrarios (entre algunos de ellos, semillas transgénicas y agroquímicos), en menoscabo del desarrollo de una agricultura sustentable.

A modo de conclusiones

En la actualidad podemos entonces observar que se plantean muchas continuidades con las políticas de la década de los ’90, donde la transnacionalización, la financierización del modelo de acumulación y la consolidación de las biotecnologías tuvieron su sostén.

Las medidas y proyectos políticos del gobierno tienden a consolidar un modelo que sostiene la predictibilidad de la acumulación del capital transnacional fomentando la investigación en biotecnologías sin contemplar, en líneas generales, las consecuencias de su implementación en las regiones agrarias, asociando la investigación científica a la lógica productivista y acumulativa, y desconociendo las posibles consecuencias en lo que respecta a la contaminación y extracción de recursos naturales, la salud humana, y los impactos sociales y económicos. Pero además, plantean una profundización de los elementos básicos del modelo de acumulación, lo cual puede visualizarse en el fuerte apoyo a los agrocombustibles y los intentos de modificación de las leyes de semillas, así como también en permitir la permanente avanzada, incluso a través de la represión y el asesinato por parte de fuerzas de seguridad locales o paraestatales, sobre los territorios de las comunidades que intentan resistir a las múltiples embestidas de este modelo.

Tanto durante el conflicto que el gobierno mantuvo con la “mesa de enlace” por la resolución 125, como en la justificación del PEA, se hace mención a la defensa de la soberanía alimentaria. Sin embargo, lo que quedó evidenciado a lo largo del artículo es que estos aparentes planteos se desmoronan cuando vemos que las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo no ponen en discusión un modelo agrario de producción que se encuentra ciertamente alejado de alguna forma posible de producción y consumo sustentables y sanos.

Así de lejos queda también la idea de soberanía alimentaria esbozada por la Vía Campesina que refiere al derecho de la gente a una comida saludable, culturalmente adecuada, producida con métodos ecológicamente responsables y sostenibles. Es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin perjudicar la agricultura de otros países. Pone las necesidades y aspiraciones de la gente que produce, distribuye y consume la comida en el centro del sistema de producción, por encima de las empresas y demandas del mercado transnacional e internacional. Da prioridad a la producción alimentaria, las economías y mercados locales y nacionales y fortalece a los campesinos y a la agricultura de conducción familiar.

Es claro que desde el gobierno, hoy en la Argentina, no está en discusión qué se produce, quién lo produce, para qué lo hace, cómo se usan nuestros recursos y a qué se destinan.

* Lic. Ciencia Política. Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)-UBA.
** Lic. Ciencia Política. Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).