Los impactos de la modernización de la actividad agrícola incluyen expulsión masiva de trabajadores rurales hacia las ciudades, incremento de la inestabilidad laboral, bajos índices de registro de trabajadores y bajas remuneraciones. Un relato sobre el desarrollo que estremece.

| Por Guillermo Neiman* |

Estructura del empleo agropecuario

La Argentina es un país que se urbaniza tempranamente, por lo que su población rural, tanto en términos relativos como absolutos, presenta una tendencia constante a la declinación desde los años ’50, lo que hace que el porcentaje de la población rural pase del 21,1% al 11,5% en el total de la población del país para 2001. Este promedio nacional es el resultado, por un lado, de importantes diferencias provinciales y, por otro, del peso relativo que aún mantiene la llamada región pampeana en el agregado rural del país (que explica aproximadamente el 40% de toda la población rural) y para la que sólo el 6,9% eran habitantes rurales en el año 2001. Un aspecto a destacar es que, para ese mismo año, una amplia mayoría (70%) de los habitantes rurales del país continuaba viviendo de manera dispersa, esto es, fuera de las pequeñas localidades o pueblos rurales, un fenómeno generalizado en todas las provincias del país.

Para la misma época (año 2002), el Censo Nacional Agropecuario registraba algo más de 320.000 unidades productivas dedicadas a la actividad, reflejando una caída de aproximadamente un 25% respecto del registro inmediato anterior (correspondiente al año 1988). A su vez, la evolución de la superficie media en producción por establecimiento expresaba este proceso que se había dado en la última década del siglo pasado, al pasar de 421 a 539 hectáreas por unidad.

Con respecto a la ocupación generada por la actividad, el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina del que se dispone de información (2001) registraba una cifra cercana al millón de ocupados en el sector agropecuario. Algo más de la mitad (54,7%) correspondía a asalariados y aproximadamente un 10% a empleadores; el tercio restante estaba conformado por trabajadores familiares incluyendo titulares de unidades productivas y miembros de sus hogares.

Según el mencionado censo agropecuario, el “trabajo familiar” (integrando el trabajo del productor y de miembros de sus familias) mantiene un aporte importante ya que está presente en forma exclusiva en prácticamente la mitad de las unidades productivas; además, combinado con el “trabajo transitorio”, su participación supera los dos tercios del total de los establecimientos del país. Los establecimientos de las provincias que componen las regiones del noreste y noroeste son las que presentan una estructura ocupacional con marcado predominio de trabajo familiar.

Por su parte, los asalariados permanentes son contratados por la cuarta parte de los establecimientos agropecuarios del país y aproximadamente un tercio del total de las unidades agropecuarias emplea asalariados transitorios. En general, las regiones y las provincias que evidencian una mayor proporción de establecimientos con asalariados permanentes también son las que tienen una participación mayor de establecimientos que contratan trabajadores transitorios.

Tecnificación y declinación del trabajo permanente en la región pampeana

Comenzando en las últimas décadas del siglo XX, el agro argentino ha venido experimentando procesos de reestructuración que han atravesado a diferentes producciones, regiones y empresas, en todos los casos con consecuencias importantes aunque de distinta índole sobre el empleo.

Los conocidos procesos de tractorización y maquinización de la actividad agrícola pampeana que se profundizan desde mediados del siglo pasado, afectaron principalmente y de manera notable el volumen de mano de obra empleado en las diferentes tareas requeridas por los cultivos de cereales y oleaginosas practicados en esa región (aun cuando inicialmente no implicaron una inmediata expulsión de mano de obra ya que primero actuaron desplazando la frontera de producción al permitir la ocupación de “nuevas” tierras aptas para la agricultura y que anteriormente estaban destinadas a la cría de animales utilizados para labranza, transporte, etc.).

Ha sido, más bien, la impresionante disminución de los requerimientos medidos en horas/hombre por hectárea de cultivo lo que llevó finalmente a que se produjera una expulsión masiva de trabajadores. Por ejemplo, en algo menos de treinta años las necesidades de mano de obra para realizar una hectárea de trigo disminuyeron 4 veces y cerca de 10 veces en el caso del maíz, correspondiéndoles las caídas más marcadas a las décadas de los ’50 y ’60. Así, mientras que hacia mitad del siglo XX se necesitaban dos jornadas de trabajo para completar el cultivo de una hectárea de trigo, en los años ’70 en dos jornadas se podían cultivar casi 4 hectáreas; en maíz, en los años ’40 se requerían 6 jornadas por hectárea y tres décadas después en ese período de tiempo se podían trabajar aproximadamente 7 hectáreas.

A partir de la década de los ’70, la superficie destinada a la agricultura crece durante varios años a una tasa anual del 4% a través de significativas modificaciones en los sistemas de producción en lo que respecta a la organización técnica y empresarial de la misma. En cuanto a las consecuencias de esa expansión sobre los requerimientos laborales –incluyendo tanto aspectos que hacen a su volumen como a su organización– se destacan dos efectos principales: por un lado, se profundiza la caída en la demanda directa de trabajo y, por otro, se intensifica la difusión de las formas de “tercerización” del trabajo.

Desde los años ’80, el proceso de “agriculturización” –primero, a partir de la combinación trigosoja y, luego con la notable expansión del cultivo de la soja bajo “siembra directa” y utilizando semilla transgénica– hizo progresar la disminución del empleo directo a partir de una caída de los trabajadores permanentes, un incremento relativo en el uso de empleados transitorios aunque contratados a través de terceros, la relocalización de la mano de obra rural en zonas urbanas y el crecimiento de empleos ligados a la provisión de servicios para la producción primaria. La disminución de los tiempos operativos de trabajo se encuentra asociada al uso de maquinarias de gran escala y mayor capacidad de labor que lleva, en última instancia, a una reducción de los requerimientos totales de empleo directo, y al mismo tiempo, a la incorporación de trabajadores especializados en la operación de las mismas (aunque en un número reducido).

Así, el ciclo completo de las tareas que requieren cultivos tales como la soja, pero que también se puede ampliar al trigo y al maíz –desde la plantación hasta la recolección–, se reduce a prácticamente dos horas por hectárea o, expresado de otra manera, en una jornada de trabajo se podría completar todas las tareas que demandan a lo largo de un año 4 hectáreas de cualquiera de esos cultivos; sólo con la aplicación de la siembra directa se estima que se opera una reducción de un 30% de la demanda de mano de obra.

Estos cambios en la organización productiva fueron acompañados por la mayor presencia de los llamados “contratistas de servicios de maquinaria”. Esta figura es clave en la flexibilidad que adquiere la organización productiva y aporta una importante cantidad de la mano de obra utilizada, aunque en este caso bajo dependencia laboral de esos contratistas. Tanto su origen como su evolución pueden mostrar distintas trayectorias, desde productores en crisis que se reconvierten en contratistas de servicios, hasta aquellos contratistas de servicios que van a ampliar su escala incluso a partir del arriendo o compra de tierras, pudiendo combinar trabajo familiar con trabajo asalariado. Algo que se ha hecho evidente es que estos contratistas aparecen “resolviendo” las necesidades de capital propias del proceso de intensificación de la agricultura pampeana pero también sus necesidades de mano de obra. En este sentido, por un lado, la mencionada reducción de los requerimientos laborales convierte cada vez más superflua la utilización de trabajadores permanentes por parte de las empresas agropecuarias.

El empleo transitorio y sus cambios en las áreas extrapampeanas

Por su parte, otro conjunto importante de producciones no pampeanas presenta un notorio crecimiento sustentado mayormente en la renovación tecnológica y de inversiones asociadas y, en menor proporción, en la expansión de la superficie plantada; además, para aquellos rubros que orientan su producción a la exportación, esta viene ejerciendo una mayor presión para adaptar la misma a las exigencias de esos mercados (por ejemplo frutales tales como uvas, limón, peras y manzanas y, aunque en menor medida, en algunos rubros de la horticultura tales como ajo). Otro grupo incluye producciones tradicionales en crisis tanto en términos de sus principales indicadores de producción como en su inserción en los mercados, principalmente aquellos de consumo interno (algodón, caña de azúcar, ciertos tipos de tabaco, por ejemplo).

En estos casos, las transformaciones en los procesos productivos y en los requerimientos de trabajo no sólo acentuaron la participación de los trabajadores temporarios sino que, además, modificaron su perfil.

Tradicionalmente, los denominados trabajadores “zafrales” responden a una demanda que se repite cíclicamente a lo largo de los años pero también hay necesidad de trabajadores para cubrir tareas que pueden no repetirse cíclicamente –muchas veces, incluso, son imprevisibles– o para aquellas que pueden no ser cíclicas pero que requieren una cierta especialización por parte de los trabajadores, conformando muchas veces verdaderos “oficios” que llevan en algunos casos a disponer de un pequeño capital en herramientas o alguna maquinaria (acercándolos en estos casos a un cierto tipo de “cuentapropismo”).

Así, estos trabajadores pasan a ocuparse crecientemente en tareas que les insumen períodos de tiempo de diferente duración, pudiendo extenderse en algunos casos a través de varios meses mientras que en otros se reduce a momentos muy puntuales del año, profundizando el carácter eventual de la demanda y de la correspondiente inserción laboral. Como consecuencia, los trabajadores intercalan períodos de ocupación plena con otros de escasas posibilidades de conseguir algún trabajo –ya sea rural o incluso urbano– y de desocupación, conformando ciclos anuales que se caracterizan por la intermitencia laboral.

Por lo tanto, las distintas formas que asume la transitoriedad incluyen, entonces, a los ocupados exclusivos de la agricultura aunque con inserciones discontinuas y períodos variables de desocupación, los insertos parcialmente en la agricultura y que trabajan también otras ramas de actividad no agrícolas y generalmente urbanas, y los estacionales tradicionales que alternan períodos de trabajo con otros de inactividad.

Esta tendencia obedecería a cierta “autonomía” del trabajo estacional respecto de las condiciones cíclicas de la actividad –y que formaba parte de la interpretación clásica acerca de la presencia del trabajo estacional agrícola– para pasar a ser explicada por las estrategias empresariales que buscan minimizar el uso de trabajadores permanentes “sustituyéndolos” por la contratación continua de trabajadores transitorios.

De esta manera, las empresas buscan reducir sus costos de producción y simplificar la gestión de la mano de obra para lo cual entre otros dispositivos recurren a distintos tipos de “intermediarios” para la contratación de trabajadores temporarios.

La “intermediación” laboral pasa a cumplir un rol fundamental particularmente para los mercados de trabajo transitorio, facilitando el acceso de las empresas a la mano de obra necesaria para el cultivo pero también para “simplificar” las formas y requisitos de contratación y para contribuir a la gestión del trabajo (en términos de su dirección y control), diluyendo de esta manera la clásica relación de dependencia laboral.

En este sentido, el funcionamiento de una variedad de instituciones más o menos formalizadas de intermediación laboral, incluyendo algunas figuras clásicas y otras más novedosas, actúa no sólo sobre la movilización y contratación de los trabajadores sino sobre la construcción de la relación laboral misma. Entre las funciones de la intermediación se destacan el reclutamiento, la organización de las tareas, el control y la supervisión del trabajo, y la externalización de los aspectos formales de la relación laboral. Por su parte, las formas que adquieren los agentes de intermediación pueden incluir la figura del contratista clásico, las denominadas cooperativas de trabajo, las empresas de prestación de servicios y las de contratación de empleo eventual.

Reestructuración productiva con persistencia de la precariedad laboral

En un contexto de crecimiento como el que ha mostrado el agro argentino durante las últimas décadas –generalizable, aunque con diferencias, a procesos de reestructuración productiva para distintas regiones del país–, la ocupación que genera la actividad continúa mostrando buena parte de los históricos déficits que son típicos del empleo en esta actividad.

En principio, tanto el volumen como la organización y los tipos de trabajadores demandados han pasado a estar influenciados crecientemente por un repertorio de acciones que generan los distintos actores participantes de los mercados de trabajo referidas a las formas de contratación y de utilización de trabajadores (disminuyendo, con ello, la incidencia del carácter “excepcional” de la actividad agrícola sometida a leyes naturales y biológicas).

En un contexto marcado por la creciente “eventualización” de los requerimientos de trabajo, se modifican también las modalidades de organización de los mercados de trabajo y de movilización de trabajadores para satisfacer la demanda laboral, incluyendo la aparición de nuevas formas de “tercerización” y de intermediación laboral. Desde el punto de vista de los trabajadores, se verá afectada la posibilidad de garantizarse un empleo estable y de calidad y con ello su capacidad de selección y negociación.

A su vez, en el marco de una tendencia general a la disminución de los requerimientos de trabajo que se observa primordialmente en las llamadas actividades extensivas (en las cuales los constantes procesos de innovación tecnológica actúan en esa dirección), la persistencia e incluso el incremento de la inestabilidad laboral en los cultivos con elevada demanda de mano de obra, unidos a los reducidos índices de registro de los trabajadores y a relativamente bajas remuneraciones, convierten a esta actividad en una de las más precarias respecto de la calidad del empleo que genera.

El bajo cumplimiento de la legislación laboral –asociado también a las limitaciones de fiscalización del Estado y a la insuficiente actividad sindical– en tanto característica histórica de los mercados de trabajo de la agricultura determina, entre otras situaciones, un reducido acceso de los trabajadores a la seguridad social; en el caso específico de las regulaciones sobre salario mínimo, la generalización de las situaciones de pobreza, principalmente entre los trabajadores no permanentes, aparece como su consecuencia directa. Las extensas jornadas de trabajo y los elevados riesgos laborales a los que se ven expuestos la mayoría de los trabajadores completan un panorama deficitario en relación a la calidad del empleo que además no se condice con la evolución productiva que ha experimentado la actividad.

* Sociólogo. Director del CEIL / CONICET. Prof. de Sociología Rural en la FCS-UBA. Coordinador Académico de la Maestría en Estudios Sociales Agrarios de FLACSO/Argentina.