| Por Martín Schorr |

A la memoria de mi querido maestro Daniel Azpiazu.

Una de las principales leyes de hierro del capitalismo es que la producción y la dinámica socioeconómica se encuentran crecientemente hegemonizadas por un número cada vez menor de grandes capitales. Este elemento estructural permite dar cuenta de por qué a través de la historia de este modo de producción el poder económico ha sido un importante y recurrente foco de preocupación analítica.

¿Cuál es la fisonomía de los sectores más concentrados del capital?, ¿cuáles son las estrategias de acumulación privilegiadas?, ¿qué control ejercen estos núcleos sobre las principales variables económicas?, ¿cuál es su accionar político bajo distintos formatos?, son ejemplos de algunas de las tantas preguntas que a lo largo de los años se han realizado aquellos que reflexionaron sobre la temática del poder económico.

En ese marco, el objetivo de este artículo es ofrecer algunas reflexiones sobre un interrogante que consideramos relevante: ¿cuáles son los horizontes estratégicos que caracterizan a las diferentes fracciones que conviven al interior de los sectores económicamente dominantes de la Argentina? Más puntualmente, ¿existe en nuestro país, como en otras latitudes, alguna fracción de la gran burguesía con un proyecto de desarrollo de largo plazo o solo se manifiestan desde esos ámbitos planteos que no hacen más que reforzar el carácter dependiente de la economía nacional?

El predominio del capital extranjero

Si bien el capital extranjero siempre tuvo un lugar destacado en la economía argentina, en las últimas décadas aumentó de manera considerable su presencia en la estructura productiva. En la primera mitad de la década de 1990 el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios públicos privatizados, mientras que en el segundo lustro la extranjerización alcanzó también a los sectores productivos, en particular a aquellas actividades que cuentan con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera, petrolera y de otros commodities. En las dos etapas las tendencias aludidas se inscribieron en una centralización de capital sumamente pronunciada y trajeron aparejada una fenomenal desnacionalización de la economía argentina: a comienzos del siglo XXI nuestro país ocupaba uno de los primeros lugares en el ranking de naciones con mayor predominio del capital foráneo.

En ese marco, ni el resurgimiento en los elencos gubernamentales de discursos favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local (privadas y estatales) supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno lograron revertir bajo los gobiernos kirchneristas el predominio extranjero. A tal punto que en la actualidad las corporaciones foráneas dan cuenta de más del 50% de las ventas totales de la elite empresaria local (se trata de las 200 firmas de mayores dimensiones que, en conjunto, concentran algo más del 20% del valor bruto de producción generado en el medio doméstico).

El predominio de las empresas transnacionales se expresa en muchos rubros, siendo particularmente intenso en aquellas actividades que tuvieron un rol destacado en la expansión económica que se manifestó en diferentes tramos del ciclo kirchnerista y algunas ramas dinámicas bajo el gobierno de Cambiemos: agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas, minería e hidrocarburos, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales externos tienen una presencia destacada en diversos servicios, como la telefonía celular y el sector financiero.

Entre otros aspectos, la centralidad estructural de los oligopolios foráneos se evidencia en el control que ejercen sobre buena parte de los sectores que definen la especialización productiva y la inserción internacional del país. Y se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior. Esto último es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de corporaciones extranjeras que ejerce un control ostensible sobre una parte relevante de las divisas generadas en el país por la vía exportadora, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos. A ello cabría adicionar el rol real o potencial de la inversión extranjera directa en la “financiación” de la balanza de pagos, así como en su “desfinanciación” a través de diversos mecanismos (remisión de utilidades y dividendos, precios de transferencia en operaciones comerciales y financieras, etc.).

Una última cuestión a mencionar referida a la dinámica del capital transnacional radicado en el país en la etapa más reciente se vincula con las distintas modalidades que asumió la extranjerización respecto de lo acontecido en los años 1990. Mientras que en este último caso había predominado una desnacionalización por “desposesión” o “extensiva” (venta de empresas nacionales al capital foráneo), durante el ciclo kirchnerista primó una extranjerización “intensiva” o en “profundidad”, a partir de las diferencias estructurales y de comportamiento observadas entre las firmas según el origen de su capital (de todos modos se resalta que algunos importantes oligopolios locales pasaron a manos extranjeras).

Ello se desprende del hecho de contar con mejor tecnología, mayores niveles de productividad y de escala. Pero también el superior desempeño de las firmas transnacionales está relacionado con que están posicionadas en rubros concentrados en un contexto de reactivación del mercado interno y/o en espacios exportadores que se favorecieron por el inicial y brusco descenso de los costos internos en dólares y la suba de los precios internacionales de las materias primas y otros commodities por varios años, todo lo cual redundó en márgenes de rentabilidad elevados.

Desde 2007 y hasta el final del kirchnerismo tuvo lugar una reversión parcial del proceso de desnacionalización de la economía doméstica, la cual se manifestó en forma paralela al retorno del Estado en calidad de accionista y/o propietario de algunas grandes empresas y el dinamismo que experimentaron algunos grupos económicos “viejos” y “nuevos”. Pero una caracterización ajustada no debería soslayar que luego de esa reversión parcial, el grado de extranjerización económica se tendió a amesetar alrededor de niveles similares a los existentes a fines de la década de 1990.

En consecuencia, bajo el esquema de acumulación que se desplegó durante los gobiernos kirchneristas no se pudo revertir las tendencias hacia una fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico local y del conjunto de la economía argentina. Naturalmente, el correlato de esta situación es una ostensible pérdida de “decisión nacional” en lo que atañe a la definición de temas relevantes para el derrotero económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje normativo-institucional vigente, en el que sobresalen la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada durante la última dictadura militar, la casi totalidad de los numerosos tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década de 1990 en pleno auge del neoliberalismo, y enormes déficits en lo referido a la legislación antimonopólica y de “defensa de la competencia”.

Si bien tras el default de la deuda, el abandono de la convertibilidad y la cancelación de la deuda con el FMI el país logró cierta autonomía respecto del capital financiero internacional, el papel central que juegan las grandes empresas extranjeras en variables clave como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, reforzó ciertos aspectos nodales de la dependencia económica. La concentración de poder económico en una fracción del capital cuyo centro de decisión escapa, en lo sustancial, a los límites territoriales de la nación, impone condicionamientos estructurales importantes al Estado argentino ante un eventual intento por definir los parámetros centrales del proceso de acumulación.

A ello se le añade una serie de elementos críticos, entre los que cabe resaltar los siguientes:
• Las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del ingreso regresiva. Asimismo, son empresas que suelen desplegar dinámicas de acumulación estrechamente articuladas al mercado mundial, de allí que para muchas de ellas los salarios que se abonan en la Argentina no constituyen un factor dinamizador de la demanda interna, sino centralmente un costo de producción que cuanto más bajo sea, tanto mejor. En consecuencia, resulta poco plausible que el poder económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un “modelo de acumulación con inclusión social”.

• Las presiones sobre las cuentas externas generadas por los actores que controlan una proporción considerable y creciente del ingreso, dado que, si bien son importantes exportadores, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus altos coeficientes de importación, la remisión al extranjero de utilidades y dividendos, el pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y patentes, los intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, la fuga de capitales, etc. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina. Máxime si se considera que se trata de capitales con una lógica global de acumulación crecientemente ordenada en torno de lo “financiero”.

• El predominio que experimenta la fracción extranjera del poder económico local involucra diversos sesgos que atentan contra la complejización de la estructura productiva, puesto que estos capitales, en procura de minimizar sus costos absolutos a nivel mundial y/o a partir de su posición dominante en el mercado interno, suelen carecer de interés real para ello. Seguramente de allí pueda desprenderse la baja tasa de reinversión de utilidades de las compañías foráneas en un escenario signado, entre otros rasgos, por la apropiación de elevados márgenes de ganancia, la ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización y de inserción internacional de la Argentina, y la profundización del cuadro (histórico) de dependencia tecnológica.

¿De qué hablamos cuando hablamos de “burguesía nacional”?

La notable extranjerización de la economía argentina en las últimas décadas no hace más que expresar la debilidad manifiesta del capital nacional respecto del extranjero. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, esta fracción del empresariado local ha venido resignando porciones importantes de la estructura económica y se ha replegado, con pocas excepciones, hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la “vieja” (pero sumamente actual) inserción del país en la división global del trabajo. Estas actividades no dependen en lo sustancial del poder adquisitivo de los salarios domésticos y son poco generadoras de empleo. Entre los “miembros ilustres” de esta fracción del poder económico se destacan los grupos Arcor, Ledesma, Madanes, Pérez Companc, Techint, Urquía y Vicentín. Se trata, en su mayoría, de unidades económicas controladas por las familias más ricas del país y que en tiempos del kirchnerismo se vieron ampliamente beneficiadas y, en muchos casos, potenciaron la internacionalización de sus actividades por la vía exportadora y/o a favor de inversiones en otros espacios nacionales (la mayoría de estos actores también ocupó el selecto “podio de ganadores” durante la última dictadura militar, el gobierno de Alfonsín, la convertibilidad y con la alianza Cambiemos).

A ellos debería agregarse un conjunto de grupos empresarios que experimentaron un crecimiento notable bajo los gobiernos kirchneristas y que antes ocupaban lugares marginales (o inexistentes) en la dinámica de acumulación general y en el interior de los sectores dominantes. Dicha expansión económica y patrimonial fue posible merced a la muy activa participación de estos conglomerados en muchas de las “áreas de negocios” que se habilitaron y se sostuvieron desde el sector público en diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación, juegos de azar, etcétera.

La expansión de estos holdings “nuevos” fue posible por tratarse en general de actividades no transables y reguladas por el Estado. Lo más interesante a remarcar al respecto, más allá de posibles hechos de corrupción, es que no se trata de un nuevo conjunto de “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal, a la manera de los chaebols coreanos, para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos y/o intensivos en conocimiento, sino que se vinculan con el aprovechamiento de ciertos espacios de acumulación que operan a resguardo de la competencia externa (Pampa, Indalo, Electroingeniería, Calcaterra, etc.).

Es por ello que, más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales y los anteriores (procedencia social de los propietarios, inserción sectorial de las firmas, grados de articulación con el capital extranjero, relación con el sistema político y la intervención estatal, etc.), es claro que, vistos en conjunto, su crecimiento en los últimos años no contribuyó a impulsar una reindustrialización basada en el desarrollo de nuevas capacidades productivas que potenciaran las ventajas dinámicas de la economía, como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir el nivel de dependencia. Si a esto se le suma la propensión a fugar capitales que ha tenido esta fracción del gran empresariado nacional en las últimas décadas, difícilmente se pueda considerar a estos actores como “agentes del desarrollo”.

De modo que en los hechos se manifiesta una fuerte confluencia de intereses en los horizontes estratégicos del capital extranjero y de los diferentes segmentos del gran capital nacional. En un caso, el de los “miembros ilustres”, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas domésticas. En el otro, el de los “nuevos burgueses”, porque allí tampoco se busca modificar las modalidades de inserción de la Argentina en la economía global, en la medida en que el objetivo casi excluyente pasa por garantizarse ciertos “nichos de privilegio” al amparo de múltiples acciones y omisiones estatales (lo que naturalmente implica sustraer recursos públicos para otros usos, lo cual va en detrimento de la mayoría de la sociedad). El problema es que, en ambos casos, el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización sumamente regresivo en diferentes dimensiones y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.

Esto marca una diferencia sustancial entre el papel de la gran burguesía argentina y otras periféricas como las del sudeste asiático, cuyas empresas nacieron mayormente como proveedoras o clientes de compañías foráneas pero luego se desarrollaron hasta terminar compitiendo con ellas. Países como Corea del Sur, Taiwán o Japón también procuraron insertarse en la economía globalizada a través de sus exportaciones, pero a diferencia del grueso de las naciones latinoamericanas, carecen de ventajas comparativas naturales y sus respectivos Estados buscaron crear o fortalecer burguesías nacionales asentadas sobre la producción industrial (con una creciente densidad tecnológica). Ello, a partir de burocracias estatales con grados más o menos relevantes de autonomía relativa respecto de la sociedad civil y en contextos específicos que no se pueden desconocer ni replicar por muchas razones.

En cambio, en la mayor parte de América latina, y particularmente en la Argentina, el grueso de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre la explotación de las ventajas comparativas que ofrecen sus recursos naturales o en “nichos” de negocios regulados por el sector público; consecuentemente, los Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial. De allí que las distintas regiones de la periferia (Este de Asia y América latina) ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional del trabajo.

En ese escenario, difícilmente la lógica de acumulación de las empresas extranjeras conlleve modificaciones sustanciales en el rol de la economía argentina en el mercado mundial, mucho menos cuando la misma casi no ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas. Pero tampoco parece existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto del que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. Ambas cuestiones quedan en evidencia cuando se observa la relativamente insuficiente inversión por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la persistencia de una parte importante del excedente en estado “líquido”, en su mayor parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior (con las recurrentes crisis de balanza de pagos que ello suele acarrear, que por lo general son “resueltas” mediante políticas de ajuste con un sesgo profundamente regresivo).

En definitiva, no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que esté en condiciones de impulsar la reconstrucción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia, lo que constituye una de las principales trabas al desarrollo nacional. Ello invita a asumir como problemática una cuestión para nada menor a la hora de pensar distintas alternativas para el desarrollo nacional: la naturaleza de los actores que tendrían por función encabezar semejante tarea.