| Por Oscar Oszlak* |

Los trabajos que componen este primer volumen del doble número dedicado a trabajar la problemática del Estado plantean, de un modo u otro, la cuestión analizada en el artículo introductorio de Oszlak sobre el rol del Estado: qué modelo de Estado, con qué orientaciones, puede promover un proceso de desarrollo económico, al tiempo que mejora la equidad distributiva.

Desde un enfoque macro, Gantman formula en su artículo una pregunta inquietante: siendo la equidad distributiva un valor socialmente apreciado, ¿qué tipo de régimen político, en el espectro que va del autoritarismo a la democracia, contribuye a consolidar sociedades más justas? Su análisis comparativo de 89 países en desarrollo no arroja resultados concluyentes respecto de la esperable convergencia entre democracia y equidad.

Por su parte, Zurbriggen muestra en su trabajo que, según las nuevas concepciones del Estado de Bienestar, prosperidad económica y protección social no tienen por qué ser ideales antagónicos o mutuamente excluyentes, como lo demuestran tanto las experiencias de los países nórdicos como de los asiáticos. Desde la perspectiva de la distribución, observada a partir de los impuestos y la ciudadanía fiscal, el trabajo de Estévez y Esper revisa aspectos estructurales, culturales y organizacionales relevantes en el logro de un pacto social más equitativo y con mayor inclusión.

El trabajo de Cao toma como objeto de análisis a los gobiernos provinciales, con especial referencia a las provincias “emergentes”, analizando sus agendas prioritarias y sus dificultades para articular políticas con el nivel nacional de gobierno. En cambio, para el nivel nacional, el artículo de Straface propone instrumentos para modernizar la institución presidencial y su agenda de metas políticas, modificando a la vez el papel del Congreso y la Jefatura de Gabinete, de modo de lograr una gestión estatal más equilibrada.

En el plano de la gestión gubernamental, varios autores se refieren a la necesidad de innovación en políticas públicas y administración para el desarrollo con equidad. Schweinheim considera como prerrequisitos, capacidad de crítica y autocrítica, de valoración de los conflictos y desequilibrios que supone toda reasignación de recursos, de fomento de la experimentación, de debate democrático, de participación social en la elaboración de políticas públicas, de desarrollo de recursos humanos y de fomento de un liderazgo político democrático. Felcman y Blutman proponen que las nuevas políticas públicas partan de una noción del Estado como organización proactiva, capaz de planificar y gerenciar los cambios, tomando en consideración los modelos y tecnologías de gestión pública más apropiados, así como las culturas y liderazgos organizacionales. Por su parte, Iacoviello y Pulido consideran que en la alta dirección pública, talón de Aquiles del servicio civil, es donde deben concentrarse las exigencias de competencias expertas, medición de resultados y altos valores éticos por parte de dirigentes políticos y de gerentes técnicos. Por último, según Pando, la utilización de TI (tecnologías de información) que aseguren integralidad sistémica implica cambios que afectan las formas de gestión, modifican las estructuras jerárquicas, replantean flujos de trabajo, procesos y asignación de recursos, alterando el equilibrio de poder existente en los organismos públicos. La tarea supone tensiones, negociación, incertidumbres, costos y beneficios.

Con referencia a la política social, Isuani propone que, además de garantizar un consumo básico a través de ingresos y servicios públicos, el bienestar social debe asegurar el acceso a bienes y servicios inmateriales: desarrollo del conocimiento, práctica de la autonomía y libertad, promoción de actitudes solidarias y civilizadas, vinculación afectiva que ligue a los individuos y confiera sentido a sus vidas, con ejercicio de la libertad, acceso a la cultura, desarrollo de la propia identidad, participación social y política. En igual sentido, el acceso a la información es visto por Oyhanarte como un instrumento que contribuye a mejorar la calidad democrática para un desarrollo con equidad. Este derecho debe inspirar la labor de los servidores públicos y exige transparencia. Es un bien público que legitima a quienes lo respetan, mejora la gestión, alienta el cambio cultural, preserva el patrimonio nacional y permite recuperar la identidad y el sentido de país.

Finalmente, Peruzzotti observa la rendición de cuentas como elemento central de la democracia representativa: el mejoramiento de los mecanismos de fiscalización de la legalidad de los funcionarios públicos y del sistema de mediaciones políticas redunda en una institucionalidad democrática más fuerte y efectiva, promueve la capacidad estatal de comunicación con la ciudadanía y permite delinear una agenda de desarrollo más equitativo.

* Investigador principal del CONICET, con título de PhD en Ciencia Política en la universidad de California. Doctor en Ciencias Económicas de la UBA. Miembro del Plan Fénix.