| Por Abraham Leonardo Gak |

Setenta años le llevó a nuestro país universalizar la escuela primaria. Con la sanción de la ley educativa nacional en el año 2006, se incorporó la obligatoriedad de la educación secundaria.

A partir de esta evolución, se abrió la posibilidad de estimular un incremento en la demanda de estudios superiores. Con este objetivo, entre otras cosas, se promovió y financió la creación de un número importante de nuevas universidades nacionales.

Hace 100 años, el país contaba con tres universidades nacionales y dos provinciales. A fines del siglo XX, las universidades superaban las veinte y hoy contamos con cuarenta y siete.

De este modo, el sistema universitario pasó de albergar a una población de doce mil estudiantes a un número que ronda el millón y medio, lo que genera un desafío que es imprescindible enfrentar.

Gratamente, hoy podemos afirmar que se ha incorporado a los estudios universitarios una auspiciosa masa estudiantil que proviene de hogares que, durante mucho tiempo, habían sido privados de esta posibilidad.

Esto trae aparejado un doble desafío que las universidades, con el Estado como garante, deben asumir: por un lado, atender la necesidad de una población que reclama su formación académica como modo de inclusión social y, por el otro, avanzar en un desarrollo científico y tecnológico en consonancia con el nivel dinámico y cambiante que la ciencia produce y ofrece en estos tiempos.

La formación de cada ciudadano debe ser garantizada por el Estado desde el nacimiento, por lo que se requiere un esfuerzo de coordinación y continuidad entre la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria, de modo que la educación en su conjunto se convierta en la herramienta que garantice la igualdad de posibilidades para alcanzar una sociedad inclusiva.

El abordaje de las problemáticas de los estudios superiores no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta las que atraviesa el sistema educativo en su conjunto.

En este sentido ningún avance es posible sin apoyo financiero e institucional, como tampoco sin el compromiso de la sociedad. Ignorar el rol fundamental de la universidad en materia de investigación y extensión implica una mirada limitada y reduccionista del futuro del país.

Además de ser un derecho, la educación superior constituye un elemento clave en nuestro país en cuanto a nuestras oportunidades de crecimiento económico y desarrollo con equidad; no solo está profundamente relacionada con la innovación, los avances tecnológicos y la posibilidad de crear valor agregado, sino que también juega un rol importante en relación con la mejora de la calidad de vida de nuestra población.

El sistema universitario argentino tiene una sólida tradición a la hora de pensar en una universidad integrada y comprometida con la sociedad de la que forma parte. Este aspecto debe ser potenciado y multiplicado, en vez de limitado a las supuestas necesidades del mercado o del lucro individual.

Hoy, esta tradición se ve amenazada por un paradigma diferente, que pretende imponer su visión de la educación superior como una mercancía. Desde esta perspectiva, la misión de la universidad se limitaría a formar a los “recursos humanos” que el mercado demanda; en consonancia, el acceso a la educación no sería un derecho, sino que respondería a las posibilidades económicas del individuo o bien a oscuros criterios de “meritocracia”, y la formación de los alumnos estaría orientada a sus logros individuales y al provecho económico que estos suponen que van a recibir.

Frente a esto, no podemos limitarnos a asumir una posición defensiva porque, en tal caso, la universidad corre el riesgo de abroquelarse entre sus muros y aislarse. Más que nunca, todos los que formamos parte de la educación superior debemos encontrar maneras de insistir en los principios de la Reforma del ’18 e, incluso, superarlos, dando fuerza a una práctica de universidad de excelencia.

Es imprescindible para ello el compromiso de los docentes, el personal no docente, las autoridades, los científicos y, sobre todo, de los alumnos –que son la piedra angular de cada nivel educativo– y las comunidades sociales en las que el sistema universitario surgió y se diversificó. Sin el compromiso de estos actores fundamentales, el esfuerzo y la misión de las universidades no tienen sentido.